No procede la suspensión del abogado en el registro de la Anses

ansesPartes: R. P. D. M. c/ EN – ANSES s/ amparo Ley 16.986

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 1-nov-2016

Cita: MJ-JU-M-101689-AR | MJJ101689 | MJJ101689Sumario:

1.-Corresponde confirmar el rechazo del recurso de apelación deducido contra la sentencia que dejó sin efecto la suspensión impuesta al accionante en el registro de abogados habilitados para actuar ante el organismo demandado, toda vez que descartar la vía judicial rápida y expedita, implicaría ignorar el estándar que se aplica en la materia y los derechos cuya defensa procura el actor por medio de este amparo.

2.-Toda vez que con el título habilitante y la inscripción en la matrícula profesional correspondiente, el abogado se encuentra en condiciones de actuar profesionalmente ante cualquier organismo de la administración pública nacional, se juzga que la suspensión preventiva debe dejarse sin efecto pues, al involucrar el establecimiento de un régimen sancionatorio en infracción al principio de reserva legal, se superpone con las facultades disciplinarias atribuidas a los colegios profesionales.

3.-Puesto que el amparo se relaciona con la afectación de su derecho a trabajar mediante una vía de hecho, en infracción al principio de inocencia, corresponde confirmar el rechazo del recurso deducido por la demandada, que dejó sin efecto la suspensión del actor en registro de abogados habilitados, por estar en curso una investigación penal en su contra.

4.-Se confirma que la suspensión impuesta al accionante debe dejarse sin efecto pues para determinar si se configura una conducta lesiva o que afecta derechos constitucionales con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de modo tal que haga procedente el amparo, solamente se requiere confrontar los hechos reconocidos, probados y las razones invocadas para disponer la suspensión preventiva en cuestión, operación que puede formularse adecuadamente en este cauce procesal.

5.-Puesto que la demandada recurrente no presentó el acto administrativo que instrumente una decisión de tal gravedad como la que implica la suspensión del registro de un abogado, tal circunstancia impide a esta alzada revisar la calificación de vía de hecho formulada en la instancia de origen y resulta suficiente para sellar la suerte adversa de la apelación.

Fallo:

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016.

Y VISTOS:

El recurso de apelación deducido a fs. 139/143 por la Administración Nacional de la Seguridad social (ANSES) contra la sentencia de fs. 138 y vta, que hizo lugar a la acción de amparo y dejó sin efecto la suspensión impuesta al accionante en el registro de abogados habilitados para actuar ante ese organismo; y

CONSIDERANDO:

1º) Que, de conformidad con lo dictaminado por el fiscal de la instancia a fs. 131/136, el juez de grado tuvo por acreditada la suspensión del letrado del registro que lo habilita a realizar trámites ante el ANSES, a raíz de una investigación penal en curso, y entendió que aquel temperamento configuraba una vía de hecho administrativa, toda vez que tal decisión no fue instrumentada mediante un acto administrativo, carácter que -según entendió- no correspondía atribuir al dictamen del servicio jurídico en la medida en que no fue notificado por la autoridad competente para su dictado.

2º) Que el recurrente se agravió del tratamiento de la cuestión mediante la excepcional vía del amparo y citó en su respaldo un precedente de la sala II de esta Cámara en el marco de una acción deducida por otra letrada involucrada en la investigación del mismo hecho presuntamente delictivo (causa 31293/2014, “D.D.E.O. c/ EN – ANSES s/ amparo ley 16.986”, resol. del 21/4/15). Asimismo, describió la maniobra que se imputa al actor con la participación necesaria de agentes del organismo, la cual fue objeto de una denuncia en sede penal que se encuentra en trámite. Por último, destacó -con apoyo en el referido precedente- que la suspensión del registro de abogados y gestores administrativos cuestionada no importa ni puede equipararse a una inhabilitación para el ejercicio de la profesión.

3º) Que, sin perjuicio de la conexidad de la presente con la causa “D.D.”, el Tribunal reasumió su competencia para entender en este proceso, toda vez que la Sala II no aceptó el desplazamiento propuesto (fs.177/179) y, por lo demás, no formuló un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, sino que se limitó a desestimar la idoneidad formal del amparo.

4º) Que el Fiscal General se remitió a lo dictaminado en la causa “D.D.” (fs. 166/168, en especial punto 3º, primer párrafo), oportunidad en la que había destacado la inadmisibilidad de la vía elegída para el tratamiento de la pretensión.

5º) Que las constancias de la causa dan cuenta de que la Coordinadora de Asuntos Penales del ANSES solicitó a la Coordinadora de Registro de Gestores y Profesionales y Apoyo Técnico de ese organismo disponga la suspensión preventiva del actor -junto con otros letrados- del registro de abogados para actuar ante ANSES, hasta que concluyera la causa penal iniciada a raíz de los hechos que se le imputaron (conf. dictamen jurídico del 17 de enero de 2014 y nota CAP 86/14 del 23 de enero de 2014).

Asimismo, en oportunidad de contestar la medida para mejor proveer dispuesta por el Tribunal (fs. 183 y vta), el actor informó que aún se encuentra vigente la suspensión preventiva (fs. 185).

6º) Que la cuestión a decidir se vincula con la posibilidad de ANSES de impedir válidamente el ejercicio profesional del actor ante sus sede durante la sustanciación de un proceso penal.

Así delimitado el thema decidendi, cabe recordar que no se debe resistir dogmáticamente la admisibilidad del amparo para ventilar un asunto que, como cualquier otro que se promueva a través de esa acción, contaría, desde luego, con vías ordinarias alternativas, ya que de otro modo cabría considerar que la Constitución Nacional en su art. 43 ha establecido una garantía procesal que, en definitiva, resultaría intransitable (Fallos: 331:1755).

Al respecto, la Corte Suprema ha exigido que los jueces efectúen un examen atento y circunstanciado de las constancias de la causa para determinar si es procedente rechazar aquella acción por ese motivo.En tal sentido, descalificó decisiones de este tipo cuando se adoptaron por aplicación de un criterio en extremo formalista, que atentaba contra la efectiva protección de los derechos que aquel instituto busca asegurar, por ejemplo, cuando no se acreditaron en forma concreta cuáles fueron los elementos probatorios que no se pudieron utilizar para dilucidar la cuestión, así como la incidencia que éstos hubieran podido tener sobre el resultado final del proceso, al considerar que esa omisión era demostrativa de la deficiente fundamentación del pronunciamiento (Fallos: 327:2955; 329:899). Por el contrario, admitió la vía en aquellos casos en que dicha acción no había reducido las posibilidades de defensa del interesado, en cuanto a la amplitud de debate y prueba referentes a las cuestiones planteadas y decididas, y cuando las partes contaron con la efectiva oportunidad de formular las alegaciones pertinentes y obtener las medidas de prueba conducentes (Fallos: 322:792; 324:1177. En el mismo sentido, esta Sala, causa 9068/2012. “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. c/ EN – JGM – SMC s/ amparo ley 16.986”, sent. del 6/6/2013).

La concreta aplicación de tales pautas al sub lite permite concluir en que no asiste razón al apelante, tanto por la existencia de otra vía como por la necesidad de mayor debate y prueba.

Ello es así, porque descartar en el sub lite la vía judicial rápida y expedita, implicaría ignorar el estándar que surge de los precedentes del Máximo Tribunal desarrollados supra cuando se repara en la materia y los derechos cuya defensa procura el actor por medio de este amparo a la luz de los hechos que le dieron origen.En efecto, ellos se relacionan con la afectación de su derecho a trabajar mediante una vía de hecho, en infracción al principio de inocencia.

Tampoco cabe admitir el agravio en punto a la necesidad de mayor debate y prueba para resolver la cuestión, ya que con los hechos reseñados en el considerando 5º no han sido controvertidos y resultan suficientes para resolver la cuestión sometida a decisión judicial, sin que se advierta, por otra parte, que para ello resulten imprescindibles otros medios probatorios.

Es que, para determinar si en autos se configura una conducta lesiva o que afecta derechos constitucionales con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de modo tal que haga procedente el amparo, solamente se requiere confrontar los hechos reconocidos, probados y las razones invocadas para disponer la suspensión preventiva del actor, operación que puede formularse adecuadamente en este cauce procesal. De manera que desestimar el amparo con el argumento de que se requiere mayor debate y prueba sería aplicar un criterio excesivamente formalista, descalificado por la Corte Suprema en los precedentes citados.

Por último, la invocación del precedente de la Sala II de esta Cámara en sentido contrario a lo aquí resuelto tampoco es suficiente para revocar la sentencia, ya que las cámaras no están obligadas a aplicar la jurisprudencia de casos análogos ni aun de otras salas de la misma cámara o similares (conf. doctrina de Fallos: 302:1415; 303:1266; 324:3421; y esta sala, causa N° 19.547/2012 “Electricidad Argentina SA C/ EN – AFIP DGI s/ proceso de conocimiento”, res. del 11/12/12), en tanto cada tribunal debe atender a las particularidades del caso que le corresponda conocer (esta Sala, causa N° 1944/12 “Ormazabal Jorge Ángel c/ UCESCI s/ amparo por mora”, resol.del 7 de febrero de 2013).

7º) Que, ello sentado, lo cierto es que el recurrente omitió rebatir el argumento dirimente de la sentencia de grado, vinculado con la ausencia de un acto administrativo que instrumente una decisión de tal gravedad como la cuestionada, circunstancia que impide a esta alzada revisar la calificación de vía de hecho formulada en la instancia de origen y resulta suficiente para sellar la suerte adversa de la apelación (art. 271, in fine, CPCCN).

8º) Que, en este último sentido, esta Sala tiene dicho, en relación con un reglamento que entró en vigencia con posterioridad a los hechos que dieron origen a la suspensión aquí cuestionada (resol. 479/14 BO 10/9/14), que la ANSES no puede válidamente impedir que un letrado que no se encuentra inscripto en el citado registro pueda actuar ante ella, ni establecer un régimen sancionatorio (causa nº 46134/2014/2/CA1 “Federación Argentina de Colegios de Abogados c/ EN-ANSeS s/ proceso de conocimiento”, resol. del 22 de setiembre de 2015).

Ello exige rechazar el agravio vinculado con la ausencia de una equiparación de una inhabilitación para el ejercicio de la profesión con la suspensión del registro de abogados y gestores administrativos aquí cuestionada.

En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en oportunidad de expedirse con relación a la obligación de matriculación en el Colegio Público de Abogados, afirmó la razonabilidad de la reglamentación del ejercicio de la abogacía por parte del legislador en nombre del constitucional poder de policía del Estado y sostuvo, asimismo, que “la facultad atribuida al Congreso Nacional para dictar normas generales relativas a las profesiones cuyo ejercicio es consecuencia de los títulos habilitantes otorgados por las universidades nacionales, por el art. 67, inc. 16, de la Constitución Nacional, no es exclusiva ni excluyente de las potestades de reglamentación y policía locales, en tanto no enerven el valor del título.” (Fallos: 308:987, consid.7° y sus citas – La Ley, 1986-D, 308). Asimismo, en los casos en los que se hallaba en juego la posibilidad de que profesionales no matriculados ejercieran en las provincias con la oposición de los respectivos colegios, la Corte juzgó que era atribución de los estados locales reglamentar la práctica de las profesiones liberales en sus respectivas jurisdicciones, en la medida en que con dicha reglamentación no se alterasen sustancialmente los requisitos exigidos al efecto por la norma nacional; pues, dentro de lo razonable, las provincias pueden establecer los requisitos complementarios que, en el ejercicio del poder de policía, les corresponde (conf. d octrina de Fallos: 320:89).

En otras palabras, con el título habilitante y la inscripción en la matrícula profesional correspondiente (sea ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o una Cámara Federal del interior del país), el abogado se encuentra en condiciones de actuar profesionalmente ante cualquier organismo de la administración pública nacional. De modo que la suspensión preventiva involucra el establecimiento de un régimen sancionatorio en infracción al principio de reserva legal (arg. Fallos 328:940; entre otros), cuya aplicación, por otra parte, se superpone con las facultades disciplinarias atribuidas a los colegios profesionales (esta Sala, causa “Federación Argentina de Colegios de Abogados” citada).

En mérito a todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso y confirmar la decisión apelada. Sin especial imposición de costas dada la ausencia de contradicción (fs. 154).

Se deja constancia de que el juez Jorge Eduardo Morán no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

ROGELIO W. VINCENTI