Normativa aplicable para regular honorarios en un proceso de disolución y liquidación de sociedad comercial

sociedades-comercialesPartes: G.C. s/ estimación de honorarios por diligenciamiento de exhorto

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: quinta

Fecha: 7-jun-2016

Cita: MJ-JU-M-100301-AR | MJJ100301Sumario:

1.-Es procedente confirmar la regulación de honorarios efectuada en primera instancia en un proceso de disolución y liquidación de sociedad comercial, porque siendo que ese proceso conlleva la división de los bienes entre los socios, se impone la aplicación del art. 9.b de la Ley 3.641 de la Provincia de Mendoza, por ser la más ajustada al caso.

2.-La base regulatoria de los honorarios por los trabajos profesionales realizados en un proceso de disolución y liquidación de sociedad comercial debe fijarse tomando el interés del actor al iniciar el proceso, cual es la recuperación de sus acciones, como consecuencia directa de esa disolución y liquidación.

3.-El proceso por disolución y liquidación de sociedades comerciales no merece el dictado de dos regulaciones de honorarios, una para cada uno de ellos, dada la inexistencia de una norma material o formal que impida articular en un mismo juicio ambas pretensiones, como suele ocurrir en el práctica tribunalicia.

Fallo:

Mendoza, 07 de Junio de 2016.-

Y VISTOS:

Los autos arriba intitulados n° 251.639/52.193, originarios del Tribunal de Gestión Asociada en lo Civil, Comercial y Minas N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, en estado de resolver y,

CONSIDERANDO:

I. Que el Sr. Juez de Primera Instancia hizo lugar al incidente de estimación de honorarios articulado por los Dres. C.G.S., A.I.G. y P.L.L. por sus actuaciones profesionales en los autos n° 9.656 caratulados: “P.B.A. c/ F.A. y otros p/ Ordinario”.

Aplicando el artículo 5 y 9.b de la Ley Arancelaria, consideró que la base para la regulación de los honorarios generados en el juicio de disolución de Bahía Verde S.A. está constituida por el valor de tasación de la totalidad de los bienes inmuebles que poseía la sociedad al tiempo de la interposición de la demanda principal.

Sobre ese monto, utilizó las escalas porcentuales normadas en el artículo 12 LA sobre conclusión del proceso antes de la sentencia (50%), en el artículo 13 LA sobre concurrencia de patrocinios (50%), y en el artículo 31 sobre los honorarios del procurador (50%); obteniendo así las sumas consignadas en la resolución que se apela.

A fs. 161 se dicta auto que, haciendo lugar parcialmente al recurso de aclaratoria interpuesto a fs. 159 por los incidentantes, modifica los montos de la regulación efectuada con anterioridad. Asimismo, regula los honorarios diferidos en el auto de fs. 88 que había resuelto el incidente de hecho nuevo y nueva prueba.

II. Contra tal regulación el Dr. D.O.W., en representación de la B.A.P. interpone recurso de apelación en los términos del artículo 133 del CPC; y recurso de apelación conforme lo dispone el artículo 40 CPC.

A fs. 180 funda su recurso, agraviándose de la resolución de Grado por entender que la normativa utilizada fue incorrecta, ya que la misma debió basarse en el artículo 10 de la L.A.por tratarse de un juicio cuyo objeto no puede ser valuado; y no como lo hizo el aquo que utilizó el art. 9.b, referido exclusivamente a procesos en los que se busque la división de bienes comunes.

Afirma que el objeto de un proceso de disolución no tiene monto y debe en consecuencia regularse por el artículo 10 LA. El fin último de este proceso está constituido por la determinación de la existencia de una causal de disolución de una sociedad anónima. Una vez disuelta la sociedad se requiere de un juicio posterior, con otro objeto: el proceso de liquidación. Este proceso nunca fue iniciado.

Señala que si se hubiese querido hablar del monto de la sociedad se deberían haber incluidos las deudas y cargas de la misma, que surgirían del proceso de liquidación, que no se realizó.

En segundo lugar, dice que no se puede hablar de que los letrados incidentantes “defendieron” a la Sra. B.P., ya que los mismos abandonaron el proceso antes de la producción de la prueba, motivo por el cual no a los incidentantes no les correspondería la regulación de honorarios.

En tercer término se quejan de la resolución porque de la misma resulta que la actora en los autos principales es titular de un 50% de las acciones sociales, lo que no es correcto, ya que Bahía Verde S.A. estaba integrada por tres socios: B.P., A.F. y su hija S.L.F.P.

Por último plantean la nulidad del auto de fs. 88, por imponer las costas en del incidente de hecho nuevo a la demandada cuando en este tipo de procesos no se debe imponer costas.

Corrido el traslado de ley, contestan los incidentantes a fs. 185, quienes solicitan el rechazo del recurso articulado, por los motivos que allí expresan y a los que remitimos brevitatis causae.

A fs. 189 el Dr. Daniel Ortiz Wancel, por la actora, alega razones de conformidad con lo normado por el artículo 40 del CPC.Nuevamente, y con idénticos fundamentos solicita se deje sin efecto la regulación practicada por el Sr. Juez aquo y en consecuencia se practique la misma aplicando el artículo 10 LA.

Llamados autos para resolver a fs. 191, se practica sorteo a fs. 192.

III. Que a fin de resolver la apelación articulada de conformidad con el artículo 133 CPC, debemos dilucidar si el objeto del proceso por disolución y liquidación de sociedades comerciales tiene un objeto susceptible de ser valuado pecuniariamente.

Ante todo, entendemos que no puede tener asidero el argumento esgrimido por la incidentada, cuando afirma que los procesos de disolución y liquidación, al ser distintos, merecen el dictado de dos regulaciones, una para cada uno de ellos. Se discrepa con esta aseveración, atento a que no existe ninguna norma material ni formal que impida articular en un mismo juicio ambas pretensiones, como suele ocurrir en el práctica tribunalicia y sucedió en los presentes.

Sentado lo anterior, y entrando en el análisis objetivo de los hechos de la causa, observamos que el objeto de la pretensión articulada en los autos principales se refleja en los términos de la demanda, cuando la actora solicita “que al resolver declare disuelta dicha sociedad y, con costas a la demandada, disponga su liquidación”.

Repárese en lo siguiente: la consecuencia inmediata de la extinción de una persona jurídica es la distribución de los bienes y deudas de la misma entre los socios de conformidad a la proporción accionaria.

De lo expuesto, no puede sino concluirse que la demanda tenía un objeto patrimonial, claramente determinable, constituido por el interés del actor al iniciar el proceso. Este interés es la recuperación de sus acciones, como consecuencia directa de la declaración de disolución y liquidación de la sociedad anónima. Este monto deberá servir para calcular la base regulatoria.

De hecho, en el caso de marras la realidad objetiva que subyace es que la Sra. P. y el Sr. F. crearon una S.A.mientras estuvieron casados, y que, luego de la disolución del vínculo matrimonial, la Sra. P., sin interés en continuar la sociedad con su anterior consorte, y con el fin de obtener la mitad de los bienes sociales, inicia un juicio por disolución y liquidación de la misma.

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que el proceso de disolución de sociedad comercial conlleva la división de los bienes entre los socios, se impone la aplicación del artículo 9.b de la ley 3.641, por ser la más ajustada al caso.

El mismo dispone: “Tratándose de división de bienes comunes, mensuras o deslindes se atenderá al valor del bien, conforme al artículo 5, si la labor a regular hubiese sido de beneficio general, y al de la cuota o parte defendida si la labor fuera solamente en beneficio del patrocinado. En la división de bienes comunes la demanda se considerará de beneficio común en los caso de incontestación de la demanda o cuando a esta hubiese precedido emplazamiento fehaciente a dividir el condominio sin respuesta satisfactoria o cuando el demandado contestare la demanda y resultare vencido.”

Como bien puede observarse de la lectura de la normativa citada, la misma estudia de manera diferenciada lo referente a los actos de beneficio común y los actos de beneficio particular a los fines de la regulación de honorarios profesionales.

En el sub judice, el interés del actor fue recuperar su parte accionaria del el 50% de las acciones. De ello se desprende que el valor de su interés fue la mitad del precio de tasación de los bienes de la sociedad.

Vale aclarar en este momento que, a diferencia de lo dicho por la incidentada apelante, de la lectura de la escritura de constitución de la S.A. surge que existían tan dos socios de Bahía Verde S.A: la actora, y la demandada, cada uno suscribiendo sesenta acciones por el valor de $1.200 pesos cada una.En un reciente fallo, en el que se discutía la normativa de aplicación en un supuesto de disolución de una sociedad anónima, este Tribunal se expidió en este mismo sentido. (Expte n° 51644 caratulado NOGUERA JORGE LUIS C/ LUAR S.A. P/ CUEST.DERIV. LEYDESOCIEDADES, fecha: 15-03-2016)

Del mismo modo ha resuelto la Tercera Cámara Civil, que manifestó: “Es aplicable la escala para monto determinado a los casos de disolución y liquidación de sociedades comerciales. Si no se han impuesto las costas en el orden causado, la regulación de honorarios debe efectuarse sobre el monto del interés social de cada parte. Por tanto, si por ejemplo, a un socio le corresponde un veinticinco por ciento y al otro un setenta y cinco por ciento del activo societario, debe considerarse que es en ese porcentaje la base que han defendido.” (Tercera Cámara Civil, expte.: 118997 Santamaría, José Víctor Arroyo ordinario, fecha: 30/05/1994, ubicación: LA073-349).

Por las razones expuestas y jurisprudencia citada corresponde el rechazo del recurso de apelación articulado de conformidad con los artículos 133 y sgtes del CPC.

V- Que respecto al planteo de nulidad del auto de fs. 88, por cuanto el mismo impone las costas a su parte en un proceso de estimación de honorarios, oponiéndose de este modo con lo resuelto por la normativa arancelaria y Jurisprudencia mayoritaria; el mismo no puede tener andamiento, desde que fue interpuesto contra una resolución firme.

El auto de fs. 88 que resuelve la admisión del hecho nuevo y nuevas pruebas ofrecidas a fs. 75/76 por el actor, fue notificado el día nueve de setiembre 2014, y apelado el día 23 de ese mismo mes.Luego, mediante resolución de este Tribunal, dictada el día 24 de abril de 2015, se resolvió declarar mal concedido el recurso de apelación, ordenando que bajen las actuaciones a fin de la prosecución de la causa.

La incidentada, hoy apelante, debió articular los remedios procesales adecuados en tiempo oportuno, a fin de modificar el auto que de fs. 88. La firmeza de la resolución impide a esta Alzada entrar en su tratamiento.

VI.- Que, en lo referido al recurso de apelación interpuesto conforme al artículo 40 CPC, atento a que los fundamentos en los que se sustentan los agravios son coincidentes en un todo con los empleados en el recurso de apelación articulado conforme al artículo 133 CPC, es que por las razones dadas, correspondería s u rechazo.

Ahora bien, debe señalarse que la particular estructura prevista en el artículo 40 del C.P.C., impone a este Tribunal el deber de revisar la regulación apelada, aún cuando no se hayan expresado agravios concretos respecto a la resolución recurrida, de tal manera que estas facultades amplias permiten considerar incluso cuestiones no planteadas expresamente por las partes.-

Sabido es que cuando el recurso de apelación se interpone con fundamento en el artículo 40 del C.P.C. sólo pueden discutirse los montos de los honorarios apelados, la normativa aplicable para su cuantificación y si corresponde o no diferirlos.-

La base regulatoria tomada en cuenta por el Sr. Juez aquo fue el valor de tasación de los bienes de la sociedad que se trataba de disolver. El mismo resultó de la sumatoria de las tasaciones realizadas por el martillero 52/53 y a fs. 150.

Respecto a la normativa arancelaria utilizada, se coincide en un todo con el criterio utilizado en Primera Instancia.

En conclusión, corresponde el rechazo del recurso de apelación articulado conforme al artículo 40 CPC por la Sra. B.A.P. y, en consecuencia confirmar la resolución practicada por el Sr.Juez de Grado.

VII.- Que, atento a que el presente incidente tiene por fin la determinación de los honorarios profesionales, y no pudiendo hablarse de vencedor ni vencido, corresponde no imponer costas en esta Alzada (artículo 40 CPC).

En fallos precedentes, esta Cámara tiene dicho que en el trámite reglado en el art. 21 (con idéntico tramite al reglado pro el Artículo 23) de la ley 3641, es decir, la estimación de un monto y la vista a la contraria al solo objeto de observar el monto estimado y el valor objeto del proceso, no genera imposición de costas, toda vez que no puede hablarse técnicamente de vencedor y vencido. (LA 004 – Fs.110), lo que, por otra parte también ha sido el criterio de otros Tribunales de Alzada, a saber:

“El incidente de estimación de honorarios que regula el art. 21 de la ley 3641 reformada por el Dec. 1304, no genera costas, salvo que en él se hayan producido pruebas o diligencias onerosas.” (Tercera Cámara Civil, LA 093 – Fs.036) y con criterio idéntico Cuarta Cámara Civil (LA 146 – Fs.140).

Por ello, este Tribunal:

RESUELVE:

1). No hacer lugar a los recursos de apelación articulados por la Sra. B.A.P. a fs. 166 de conformidad con lo normado por el artículo 133 CPC y 40 CPC.

2). No imponer costas (artículo 40 CPC).

CÓPIESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y BAJEN.-

DRA. BEATRIZ MOUREU

Juez

DR. ADOLFO RODRIGUEZ SAÁ

Juez

DR. OSCAR ALBERTO MARTINEZ FERREYRA

Juez