Prescripción de las acciones de recomposición patrimonial en la quiebra

quiebraPartes: Frigorífico San Carlos S.A. s/ quiebra – incidente de Francisco Armando Aznar y otros

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 11-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-101039-AR | MJJ101039 | MJJ101039Sumario:

1.-Existe consenso doctrinario y jurisprudencial en el sentido de que la razón por la cual la ley exige hoy la obtención de la conformidad de los acreedores de que se trata, estuvo dada por la eventual incidencia de las costas ante acciones riesgosas que pudieran intentar los síndicos, y que en caso de imposición al concurso habrían de gozar de la preferencia del art. 240 LCQ. De tal modo, ese requerimiento de autorización previa es requisito previsto en beneficio exclusivo de los acreedores llamados a otorgar el asentimiento, lo cual demuestra que la eventual irregularidad que en tal obtención pudiera plantearse, no es susceptible de causar agravio a los demandados.

2.-Si bien es indudable que el magistrado puede suspender el trámite de un proceso, ninguna norma autoriza a que un juez suspenda, en cambio, el curso de la prescripción de una acción susceptible de ser entablada contra un tercero.

3.-Las acciones susceptibles de ser deducidas por el síndico de la quiebra deben considerarse suspendidas en su prescripción cuando el funcionario se halla imposibilitado de deducirlas en razón de presentarse necesaria una investigación previa enderezada a dilucidar si concurren o no los presupuestos de su ejercicio.

4.-Resulta imprescindible resaltar que, al llevar a cabo sus investigaciones, el síndico debe ser extremadamente diligente, toda vez que sólo en la medida en que esa investigación necesaria se esté llevando a cabo, puede entenderse justificadamente producida la aludida suspensión.

5.-La prescripción de las acciones es instituto de interés público, en tanto se funda en la necesidad de otorgar estabilidad a las relaciones y conducir a la paz social evitando que los conflictos se mantengan latentes en forma indefinida. Esta es la razón por la cual, en la quiebra, la cuestión enfrenta dos intereses jurídicos igualmente dignos de tutela: por un lado, la necesidad de que la sindicatura, que no ha intervenido ni estado presente al tiempo en que se produjeron los hechos que dañaron el patrimonio de la fallida, pueda llevar a cabo la aludida investigación a efectos de conocer esos hechos y, por el otro, el interés de los posibles demandados de no verse privados de un derecho que, como lo es el de invocar la prescripción, expresamente les reconoce la ley. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016.

VISTOS:

1. Viene apelada por las demandadas Mónica Alejandra, Cristina Isabel y Silvia Liliana Aznar la resolución de fs. 249/253 en cuanto rechazó la defensa de falta de legitimación pasiva y la excepción de prescripción opuestas.

Los agravios fueron expresados a fs. 279/285 y fs. 270/277 y contestados por la sindicatura a fs. 287/292.

2. En primer lugar, cabe poner de resalto que asiste razón a la recurrente Silvia Aznar en el sentido que el planteo por ella efectuado vinculado con el error en su segundo nombre consignado en la demanda, no es susceptible de otorgar fundamento a la excepción de falta de legitimación pasiva.

Aún advertido el yerro en el nombre, contestó demandada y opuso las defensas que consideró pertinentes.

En tales condiciones, subsanado el defecto, no cupo imponerle las costas cuando -en rigor- el planteo efectuado en tal sentido, como se dijo, no había importado ninguna causal autónoma destinada a resistir la acción.

Con ese alcance, este aspecto del recurso será admitido y, en consecuencia, las costas de ambas instancias serán impuestas por su orden, dadas las particularidades que el caso presenta.

3. Sentado lo expuesto, corresponde ingresar en la consideración de los restantes agravios vinculados con el rechazo de la defensa de falta de acción, sustentada en la insuficiencia de las conformidades reunidas en los términos del art. 119 LCQ, y de la excepción de prescripción.

a. Trámite vinculado a la obtención de las conformidades requeridas por el art.119 LCQ:

La excepción de falta de legitimación activa planteada por los codemandados Alberto Claudio y Alberto Aznar con remisión a los mismos fundamentos esgrimidos por las aquí recurrentes fue rechazada por el juez de grado.

En tales condiciones, aun cuando esa decisión no hubiera sido cuestionada por los defendidos, lo cierto es que los reparos que efectuaron las apelantes a la procedencia de la acción, como defensa de fondo, deben considerarse debidamente tratados.

En consecuencia, toda vez que han podido ejercer su derecho de defensa, tanto al contestar demandada como lo hacen ahora por la vía recursiva, ningún perjuicio deriva de aquel proceder.

Consecuentemente, el Tribunal habrá de abocarse al tratamiento de los agravios vinculados a la metodología empleada para obtener las conformidades y la insuficiencia de las mayorías reunidas.

Las apelantes se agraviaron del modo en que tal consentimiento fue obtenido, considerando incumplido el requisito exigido por art. 174 LCQ (por remisión al art. 119).

Existe consenso doctrinario y jurisprudencial en el sentido de que la razón por la cual la ley exige hoy la obtención de la conformidad de los acreedores de que se trata, estuvo dada por la eventual incidencia de las costas ante acciones riesgosas que pudieran intentar los síndicos, y que en caso de imposición al concurso habrían de gozar de la preferencia del art. 240 L.C.Q. (Rivera – Roitman – Vítolo, “Ley de concursos y quiebras”, T. III, pág. 146, edit. Rubinzal Culzoni, 2005; Fassi – Gebhardt, “Concursos y quiebras”, pág. 295, edit. Astrea, 1998; Grispo, “Tratado sobre la ley de concursos”, T. IV, pág. 385, edit. Ad Hoc, 2000; Farina – Farina “Concurso preventivo y quiebra”, T. II, pag. de responsabilidad, del 30/07/97; Sala B, en autos “Bodegas y Viñedos Recoaro S.A. s/ quiebra s/ inc.verificación (por Huete Enrique)”, del 30/12/08; entre muchos otros).

De tal modo, ese requerimiento de autorización previa es requisito previsto en beneficio exclusivo de los acreedores llamados a otorgar el asentimiento, lo cual demuestra que la eventual irregularidad que en tal obtención pudiera plantearse, no es susceptible de causar agravio a los demandados.

Por tales razones, corresponde confirmar el pronunciamiento que, sobre el punto, fue dictado en la anterior instancia, teniendo en consideración al efecto que, en lo atinente a la suficiencia de las conformidades reunidas, comparte el Tribunal las conclusiones a las que arribó la Sra. Fiscal en su dictamen, a cuyos fundamentos se remite.

b. Prescripción:

La quiebra de Frigorífico San Carlos S.A. fue decretada con fecha 23/11/2005 y la presente acción fue promovida el 2/9/2011, tras reunirse las conformidades requeridas a partir de lo actuado en autos el 19/04/2010.

El juez a quo consideró que no había operado la prescripción acusada.

Puso de relieve que con fecha 21/11/2007 se había suspendido el plazo de prescripción de la acción prevista en el art. 174 LCQ, suspensión que se había considerado producida desde la formación del incidente de investigación deducido por la sindicatura hasta que tal incidente concluyera en forma definitiva.

A juicio de la Sala, la suspensión de la prescripción dispuesta por el juez debe considerarse inoperante a los efectos que aquí interesan.

Primero, porque si bien es indudable que el magistrado puede suspender el trámite de un proceso, ninguna norma autoriza a que un juez suspenda, en cambio, el curso de la prescripción de una acción susceptible de ser entablada contra un tercero.segundo, porque si alguna duda planteara la cuestión, es claro que esa duda no podría subsistir en un caso como el de autos, en el que esa decisión judicial fue adoptada sin otorgar audiencia alguna a los sujetos que habría eventualmente de perjudicar.

Esta última consideración es suficiente para descartar que corresponda otorgar relevancia alguna a esa resolución judicial, que no reviste el carácter de cosa juzgada en razón de que nada juzgado hubo frente a los aquí demandados, que no intervinieron en la incidencia.

Así las cosas, corresponde que la Sala se aboque a determinar si, no obstante ello, la prescripción en curso a partir de la quiebra se vio suspendida o interrumpida en términos tales que pueda hoy sostenerse que las acciones que nos ocupan hayan sido tempestivamente deducidas.

A estos efectos, cabe comenzar por señalar que la Sala comparte el criterio según el cual las acciones susceptibles de ser deducidas por el síndico de la quiebra deben considerarse suspendidas en su prescripción cuando el funcionario se halla imposibilitado de deducirlas en razón de presentarse necesaria una investigación previa enderezada a dilucidar si concurren o no los presupuestos de su ejercicio.

No obstante, resulta también imprescindible resaltar que, al llevar a cabo esa investigación, el síndico debe ser extremadamente diligente, toda vez que sólo en la medida en que esa investigación necesaria se esté llevando a cabo, puede entenderse justificadamente producida la aludida suspensión.

Es del caso señalar que, como es sabido, la prescripción de las acciones es instituto de interés público, en tanto se funda en la necesidad de otorgar estabilidad a las relaciones y conducir a la paz social evitando que los conflictos se mantengan latentes en forma indefinida.

Esta es la razón por la cual, en la quiebra, la cuestión enfrenta dos intereses jurídicos igualmente dignos de tutela.

Por un lado, la necesidad de que la sindicatura, que no ha intervenido ni estado presente al tiempo en que se produjeron los hechos que dañaron elpatrimonio de la fallida, pueda llevar a cabo la aludida investigación a efectos de conocer esos hechos.

Y, por el otro, el interés de los posibles demandados de no verse privados de un derecho que, como lo es el de invocar la prescripción, expresamente les reconoce la ley.

Aplicados estos conceptos al caso se advierte que, aun cuando el trámite del llamado “incidente de investigación” que dedujo el síndico consumió varios años, la Sala ha estudiado ese incidente y ha podido advertir que la dilación no puede ser imputada al síndico.

Nótese que fue necesario aquí investigar hechos que habían acaecido en extraña jurisdicción motivando denuncias por parte de los acreedores que dieron nacimiento a actuaciones policiales que el síndico requirió por medio de reiterados oficios que no fueron contestados sino hasta de mayo de 2008.

Recién entonces y con esas constancias a la vista, el funcionario pudo proponer las medidas que estimó pertinentes a efectos de dilucidar aquí si el vaciamiento empresario allí denunciado se había o no producido a manos del director que a sus efectos citó para que brindara las explicaciones del caso.

Fue recién el día 23 de febrero de 2010 que esas explicaciones llegaron a conocimiento del síndico por lo que las actuaciones deducidas por éste el 19 de abril de 2010 a efectos de permitir el inicio de las acciones que nos ocupan, deben considerarse tempestivamente promovidas.

Por tales razones, la prescripción deducida habrá de ser rechazada.

4. Por lo expuesto, se resuelve:

a. Admitir el recurso deducido por la demandada Silvia Liliana Aznar y revocar la decisión apelada en cuanto le impuso las costas derivadas del rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva. Costas por su orden dadas las particularidades del caso.

Rechazar el recurso deducido por Mónica Alejandra, Cristina Isabel y Silvia Liliana Aznar, con costas.

Notifíquese por Secretaría.

Póngase en conocimiento de la Sra. Fiscal General a cuyo fin remítanse las actuaciones a su despacho.

EDUARDO R. MACHIN

JULIA VILLANUEVA

JUAN R.GARIBOTTO

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CÁMARA