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Admisibilidad de la apelación deducida contra la sentencia que condenó de oficio al demandado a abonar rubros indemnizatorios no peticionados por el actor

juez-sentenciaPartes: Miranda Mónica E. c/ Fernández Miguel A. y otro s/ juicio ordinario

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto

Fecha: 16-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-101527-AR | MJJ101527 | MJJ101527Sumario:

1.- Debe admitirse parcialmente el recurso de apelación deducido contra la sentencia que hizo lugar oficiosamente a rubros indemnizatorios que no fueron demandados, pues la exigencia de precisar los rubros y el monto reclamado en la demanda se relaciona con el principio de congruencia, pues tales rubros y sus montos marcan el límite objetivo de la pretensión y el ámbito dentro del cual han de ejercitarse válidamente los poderes del órgano jurisdiccional toda vez que si se excede cualitativa o cuantitativamente el objeto de la pretensión se menoscaba el derecho de defensa, al reducirse o privarse las facultades procesales para alegar y probar.

Fallo:

En la ciudad de Venado Tuerto, a los 16 días de Agosto de 2016, se reunieron en acuerdo los Sres. Miembros de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, de Venado Tuerto, Integrada, Doctores Héctor M. López, Juan Ignacio Prola y Edgar J. Baracat, éste último por la vacancia del Dr. Carlos Alberto Chasco, con el fin de dictar sentencia en los caratulados «MIRANDA, MÓNICA ESTER c/ FERNÁNDEZ, MIGUEL ANGEL y OT. s/ JUICIO ORDINARIO» (Expte. Nro. 235/2015), venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia de Distrito Nro.3 en lo Civil y Comercial de Venado Tuerto, de Primera Nominación, estableciéndose al efecto plantear las siguientes cuestiones:

Primera: ¿Es nula la sentencia recurrida?

Segunda: ¿Es ella justa?

Tercera: ¿Qué resolución corresponde dictar?

Correspondiendo votar en primer término al Sr. Vocal Dr. Héctor M. López, a esta primera cuestión dijo:

El recurso de nulidad interpuesto (fs. 227) no ha sido sustentado en esta instancia. Tampoco se advierte la existencia de vicios o irregularidades procesales declarables de oficio y, a todo evento, las quejas de la recurrente son canalizables por el recurso de apelación ya que denuncian la existencia de supuestos errores in iudicando y no in procedendo, sumado a ello que la nulidad es estricta y restrictiva.­

Así me expido (art. 360 y 361 del C.P.C.C.)

A la misma cuestión el señor vocal Dr. Juan Ignacio Prola a quien le correspondió votar en segundo lugar dijo: Que adhiere a los fundamentos expuestos por el Sr. Vocal Dr. Héctor M. López, y vota de la misma manera.

Concedida la palabra al señor vocal Dr. Edgar J. Baracat, a quien correspondió votar en tercer término, y a esta cuestión dijo: Que habiendo tomado conocimiento de los autos y advertir la existencia de dos votos totalmente concordantes, invoca la aplicabilidad al caso de lo dispuesto por el art. 26 de la ley 10.160, absteniéndose de emitir opinión.­

A la segunda cuestión el Dr.López dijo:

No hubo cuestionamiento de las partes al relato de los antecedentes de la causa que registra el fallo cuestionado por lo que hago remisión del caso, como parte integrante del acuerdo.­

La Sra. Juez de Primera Instancia, mediante la sentencia Nro. 611, de fecha 03 de Junio de 2015, obrante a fs. 219/225 y vto., hizo lugar a la demanda condenando a la demandada a abonar al actor dentro del término de diez días las sumas consignadas en los considerandos. Impuso las costas a la demandada.

Contra dicho decisorio interpuso recurso de apelación la demandada (fs. 227), que le fueran concedido a fs. 228 expresando agravios a fs. 246/248, los que fueron contestados a fs. 250 vto./252. Por su parte el actor adhirió al recurso, expresando sus agravios a fs. 250 y vto., los que fueron contestados a fs. 255/256 y vto.

En su memorial recursivo cuestionó la demandada la sentencia sosteniendo: a) Lo agravia que el fallo condene a pagar la suma de $ 30.000,00, en concepto de daños materiales, $ 4.900,00, por desvalorización del rodado, más $ 1.440,00 por privación de uso. Lo agravia la atribución de causalidad. El a.quo no ha merituado las fotografías. El vehículo asegurado no estaba detenido sobre la ruta. La actora no circulaba con la debida atención en el tránsito. La colisión no se produjo sobre la ruta sino en la banquina; b) Lo agravia el rubro daños materiales. Lo agravia la condena al pago de la suma de $ 4.900,00 por desvalorización del rodado y demás consideraciones que vierte.

A su turno, la actora se agravia por lo siguiente:Porque sólo condenó en costas a la demandada y no a la citada en garantía.

1) Paso a dar tratamiento al recurso en ciernes.

De la lectura de los argumentos sustentando por la recurrente en su memorial, conceptúo que el thema decidendi traído a esta alzada pasa por analizar si la a.quo resolvió sin valorar adecuadamente la prueba (fotografías en nuestro caso) y los montos de condena por daño materiales y desvalorización del rodado, ello en tanto establece el art. 365 del C.P.C.C. «La expresión de agravios deberá indicar concretamente los puntos de la sentencia con los que el recurrente está disconforme.»

«. el Tribunal verificador tiene una serie de limitaciones en cuanto al objeto de la apelación, ya que por vía de principio, solo posee competencia funcional para examinar el foco litigioso planteado en primera instancia, y dentro de los límites que le presente el quejoso, ya que el ad­quem no puede suplir sus agravios, y no está facultado para abocarse a temas que no fueron motivos de embate por el vencido» (Hitters, Juan Carlos – Técnica de los Recursos Ordinarios Ed. Platense S.R.L. p. 387)

Guarda ello relación con el principio «Tantum devolutum quantum apellatun». La Cámara puede abrir sus compuertas congnocitivas en la medida del agravio traída por el quejoso que, de ese modo, le fija indeleblemente los limbos dentro de los cuales debe moverse el organismo ad­quem» (Autor y obra citada p. 407)»

A fin de dar respuesta a la queja extractada en apartado a), he de recordar que los jueces no se encuentran constreñidos a analizar toda la prueba sino aquella que resulte conducente a la solución del litigio.La apreciación de la prueba queda librada a criterio del soberano juzgador, salvo el caso de ser manifiestamente absurda, entendiéndose por tal la que escapa a las leyes lógicas formales, transgrediéndolas, o lo que es impensable o inconcebible y no puede ser de ninguna manera por haber quedado al margen de las reglas del raciocinio, lo que no se avizora en autos.­

En tal sentido se ha dicho «En la labor de la valoración probatoria, el juez no está obligado a la evaluación analítica de todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes, sino que le corresponde una valoración sintética que sirva de fundamento racional a la conclusión» (Dr. Martínez, Hernán J. – Recurso de Inconstitucionalidad en la Provincia de Santa Fe Ed. Zeus S.R.L. p. 77).­

La Sra. Juez a.quo fundamentó su sentencia, en punto a la mecánica del accidente en virtud de la Pericial Mecánica obrante a fs. 147/149 y vto.

Se reitera como en otros anteriores que en materia de prueba pericial «El Juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica.y.si bien.es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos, sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas.Ahora bien.el rechazo del juez del dictamen de los peritos debe basarse en razones serias, en una análisis crítico tanto de los fundamentos como de las conclusiones que lo llevan al convencimiento de que carece de los requisitos.exigidos» (Hernando Devis Echand´ía (Compendio de la Prueba Judicial Tomo II Ed. Rubinzal­Culzoni p. 134).­

«Si bien el juez se asesora con la pericia y no se encuentra obligado por sus conclusiones, es evidente que no puede emitir una opinión distinta de la pericial sin fundarla cientificamente, ya sea mediante sus propios conocimientos, opiniones científicas comprobables en textos de carácter y opiniones de otros expertos.» CNTrab., Sala VI, 31/05/85. Ledesma, Juan F. c/ F.XV. Fábrica de equipos y Vehículos S.R.L.Y Otro, JA, 1985 IV 186.­

Debe agregarse que, ni al ponerse de manifiesto ni en los alegatos, el demandado ha impetrado impugnación alguna respecto de la la Pericia Mecánica mencionada.

Al paso de ello, tengo para mi que las fotografías consignadas por la quejosa han sido objeto de reconocimiento, apartándose así de la exigencia impuesta por el artículo 1026 del C. Civil «Los instrumentos privados, por no haber intervenido en su formación un oficial público, no tienen por sí mismos ninguna fuerza probatoria, ni entre las partes, ni con relación a terceros» (Salvat – López Olaciregui, Tratado de Derecho Civil Argentino. Parte General, 1964, t. II, p. 479, nro. 2204).­

«Ello es lógico porque carecen de todos los recaudos que la ley exige en los instrumentos públicos para que se presuma su autenticidad, de los cuales deriva su eficacia como medio de prueba.

O sea que de la mera existencia de un instrumento privado, nada puede inferirse en relación con su autenticidad o falsedad» (Bueres, Alberto J. ­ Highton, Elena I. Código Civil y Normas Complementarias Tomo 2 C de. Hammurabi p. 177/178).

Es por ello que se rechazará la queja en este aspecto.

Con relación al agravio por el monto de daño material, la demandada recurrente se limita a manifestar su disconformidad con la sentencia, más no da ningún tipo de pauta concreta que permita dar viabilidad a su agravio, por lo que, a mi sentir, no logra conmover la Justeza del Fallo Alzado. Sentado ello, y por lo demás, conceptúo que el agravio de la actora resulta insuficiente para conmover el fallo alzado, desde que no cumple con los requisitos que impone el art.365 del C.P.C.C., al no concretar una crítica razonada del pronunciamiento y acerca de la valoración fáctica y probatoria y aplicación del derecho objetivo por parte del Juez sentenciante (Vide Acuerdo 16­91). En el mismo se dice que toda expresión de agravios impone una pieza procesal mediante la cual se fundamente el recurso de alzada y donde se debe exteriorizar en concreto los errores que a juicio del recurrente ostenta el pronunciamiento recurrido (Zeus T. 14 J. 355; Juris 66­41), con la debida indicación de los puntos de hecho y de derecho o la defectuosa aplicación de la Ley que se hayan concretado en el fallo y en su caso la demostración de la imputada equivocación del proceso mental y lógico del pensamiento del Juez. Los agravios requieren esa crítica razonada contra el pensamiento del sentenciante (juris 43­138; Juris 70­122) y que refute todos y cada uno de los pronunciamientos (juris 52­132) e indicando concretamente los puntos con los cuales el apelante está disconforme debiendo demostrar y resaltar los errores de hecho y de derecho de la sentencia (Juris 101­125; Juris 11­71). En este contexto no es suficiente una crítica generalizada a que pretenda concretar remisiones o repeticiones de otros escritos del pleito, pues se requiere que la expresión de agravios sea autosuficiente (Juris 12­177; Juris 44­33; Juris 70­132 y demás jurisprudencia provincial). Para expresar agravios no basta efectuar teorizaciones, afirmaciones o interrogaciones, sino que es menester realizar un enjuiciamiento razonado y fundado de las afirmaciones hechas por el Juez, demostrando en base a argumentaciones o probanzas individualizadas, cual es el error en el que ha incurrido.­

De tal modo, el libelo no constituye sino una exposición circular de una protesta.­

En torno a la queja vinculada con el rubro desvalorización del rodado, conviene recordar que, conforme conspicua doctrina la demanda «.consiste en el ejercicio de la acción abstracta, a través de un acto procesal, pero que no contiene necesariamente una o más pretensiones.En principio apreciamos que es un acto jurídico y por lo tanto voluntario, como acto formal requiere el cumplimiento de una serie de requisitos mínimos, cuál es la expresión por escrito y la firma (excepcionalmente algunas demandas son orales). Ahora bien, si queremos referirnos en especial a la demanda de los procesos de conocimiento y en la inteligencia de que se realiza con la intención de obtener un resultado favorable a nuestros intereses debemos decir que la demanda es un acto jurídico procesal formal cuya procedencia se funda en la acción, se realiza por escrito y contiene una o más pretensiones y peticiones de certeza positiva relacionadas con el objeto reclamado y peticiones procesales destinadas a la formación y desarrollo del proceso» (Falcón, Enrique M. Tratado de Derecho Prcoesal Civil y Comercial – Tomo I Parte General. Demanda. Ed. Rubinzal – Culzoni p. 1072/1073).

El art. 130 en su inc. 3) expresa que «La demanda será deducida por escrito y expresará: .3) la designación precisa de lo que se demanda y su apreciación pecuniaria.»Estos requisitos están enderezados a la individualización del objeto litigioso .está dado por la relación jurídica que se ventila en el proceso, por un estado de cosas cuya modificación, reparación, etc., se provoca por la petición de una sentencia que puede ser de prestación o condena, declarativa o constitutiva.»(Peyrano, Jorge W. ­ Vázquez Ferreyra, Roberto A. ­ Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe – Análisis Doctrinario y Jurisprudencial, Tomo 1 Ed. Juris p. 367 cit. Carli, Carlo La demanda civil Edit. Lex, Bs. As. 1973, pág. 81)

La exigencia de precisar los rubros y el monto reclamado en la demanda se relaciona con el principio de congruencia, pues tales rubros y sus montos (éstos últimos si pueden precisarse ab initio) marcan el límite objetivo de la pretensión y el ámbito dentro del cual han de ejercitarse válidamente los poderes del órgano jurisdiccional. Su fundamento no es otro que el art.18 de la Constitución Nacional, pues si se excede cualitativa o cuantitativamente el objeto de la pretensión se menoscaba el derecho de defensa, al reducirse o privarse las facultades procesales para alegar y probar

Por ello es que, resultó a mi sentir, un yerro jurisdiccional del a.quo, hacer lugar oficiosamente al rubros que no han sido demandados y para probar tal yerro, basta con preguntarse ¿Que pasaría si la actora no los reclamó simplemente porque le habían sido ya abonados? Indudablemente que se estaría frente a un latrocinio al derecho de propiedad del demandado, a partir de un acto jurisdiccional que por tal, goza de una presunción de validez.

Es por ello, que propicio dar cabida al agravio de la demandada, en este aspecto.

En lo concerniente al único agravio de la actora, se hará lugar al mismo puesto que, habiendo resultado perdidosa la demandada y la Citada en Garantía, resulta atinado extenderle solidariamente la responsabilidad en la medida de la póliza contratada.

Es claro que la se trató de una omisión involuntaria de la Sra. Juez a.quo, (bastando para ello una rápida lectura de sus considerandos) subsanable o bien por vía de aclaratoria o bien apelatoria.

En cuanto a la imposición de costas, habiendo sido receptado parcialmente los agravios de ambas recurrentes, lo que se refleja en un éxito en su labor profesional, más en atención a la naturaleza extracontractual de la pretensión, propongo que las de esta instancia se distribuyan en un noventa por ciento (90 %) a la demandada y en un diez por ciento (10 %) a la actora (art. 252 del C.P.C. y C.).­ «Tratándose de materia indemnizatoria, rige lo dispuesto por el artículo 252 del Código Procesal Civil y Comercial, que establece que en caso de que el pleito fuese parcialmente favorable a ambos litigantes las costas se distribuirán en proporción al éxito obtenido. (Del voto de la Mayoría – C. Civ. Y C. Rosario (S.F.), Sala 4a, 29/11/84. Zampogna, Ivo c/ Lucero, R. s/ Daños.Zeus Tomo 45, Sección Reseña (nro. 8576), Pag. R­55).­

En consecuencia, a esta segunda cuestión voto pues, por afirmativa y por la negativa.­ A la misma cuestión el Dr. Juan Ignacio Prola dijo :.Adhiero al voto precedente.­ Concedida la palabra al Sr. vocal Dr. Edgar J. Baracat dijo: Me remito a lo expuesto en la primera cuestión.

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones planteadas, el pronunciamiento que corresponde dictar es: Desestimar el recurso de nulidad. Receptar parcialmente el recurso de apelación de ambas recurrentes, modificando el fallo alzado, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente. Las costas en esta sede se imponen en un noventa por ciento (90 %) a la parte demandada y diez por ciento (10 %) a la actora. Los honorarios de la alzada se regulan en el cincuenta por ciento de los que correspondan a la sede de origen.­

Así voto.­

A la misma cuestión el Dr. Juan Ignacio Prola, dijo: Adhiero al voto precedente. Concedida la palabra al Sr. vocal Dr. Edgar J. Baracat dijo: Me remito a lo expuesto en la primera cuestión.

En mérito a los fundamentos expuestos en el Acuerdo precedente, la Cámara de Apelación, en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto;

RESUELVE: I.­) Desestimar el recurso de nulidad. II) Receptar parcialmente el recurso de apelación de ambas recurrentes, modificando el fallo alzado, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente; III) Las costas en esta sede se imponen en un 90% a la parte demandada y 10% a la actora; IV) Los honorarios de alzada se regulan en el 50% de los que correspondan a la sede de origen.

Insértese, hágase saber y bajen. (Expte. Nro. 235/2015)

Dr. Héctor Matías López

Dr. Juan Ignacio Prola

Dr. Edgard Baracat

art. 26 LOPJ­

Dra. Andrea Verrone

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