Procede el desalojo de un inmueble del Estado aún cuando no se acredite su sometimiento a una concesión

subasta-inmueblePartes: A. A. B. E. c/ Florida Paddle Tenis s/ lanzamiento Ley 17.901

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: A

Fecha: 26-sep-2016

Cita: MJ-JU-M-101294-AR | MJJ101294 | MJJ101294

Sumario:

1.-Corresponde revocar la providencia que denegó el desalojo solicitado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado al tener por no acreditado que el inmueble hubiera estado sometido a una concesión, ya que de acuerdo a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el procedimiento previsto en la Ley 17.091 es aplicable no sólo respecto de los concesionarios, sino también de cualquier otro ocupante de los predios de dominio público de que se trate.

Fallo:

Rosario, 26 de septiembre de 2016.

Visto, en acuerdo de la Sala “A”, el expediente Nro. FRO 30628/2015, caratulado: “A.A.B.E c/ Florida Paddle Tenis y otros s/ Lanzamiento Ley 17.901”, proveniente del Juzgado Federal Nro. 1 de Rosario, del que resulta, Vienen los autos para resolver el recurso de apelación que interpuso -en subsidio del de revocatoria- la representante de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (fs. 42) contra la providencia del 6 de octubre de 2015 (fs. 39) que dispuso “No encontrándose acreditados los extremos de la ley invocada, toda vez que no consta que se hubiesen concesionado los inmuebles cuyo desalojo se persigue (art. 1ro de la ley 17.091) a lo solicitado NO HA LUGAR”.- Elevados los autos se dispuso la intervención de esta Sala. A fs. 58 se ordenó el pase de los autos al acuerdo, quedando la causa en estado de resolver.- La Dra. Eleonora Pelozzi dijo:

1.- La Agencia de Administración de Bienes del Estado (A.A.B.E) promovió demanda de Lanzamiento conforme Ley 17.091 contra “Florida Paddle Tenis, Club de Fútbol B.A.N.C.O, Tiro Federal y/o Asentamiento Irregular y/o todo otro ocupante y/o tenedor y cualquiera sea el título que invoque.”, quienes ocuparían unos terrenos de esta ciudad que son propiedad del Estado Nacional.- Mediante el decreto que recurre, el porque entendió que no había constancia de que los inmuebles en cuestión hubiesen sido concesionados, presupuesto que exige la ley 17.091.Dicho temperamento fue ratificado por el a quo al rechazar la revocatoria que la actora articuló contra ese decreto.- La apelante sostiene que la interpretación que el juez hizo de la ley 17.091 no se condice con los criterios sustentados por nuestra Corte Suprema en los precedentes que invoca.- Destaca que esa norma es plenamente aplicable contra todo ocupante de predios de dominio público o privado de titularidad del Estado Nacional, esto último según el criterio adoptado por nuestro máximo tribunal en el fallo “Ferrocarriles Metropolitanos S.A.”.

Especifica que el precepto es de orden público y sirve para que la administración recupere los inmuebles de su propiedad, tanto del concesionario como de cualquier otro ocupante, a los efectos de garantizar la tutela de los bienes públicos y/o privados del Estado, como también su administración y el normal desempeño de los organismos cuyos bienes están asignados a un fin específico.- Resalta que en el presente caso se trata de diversos ocupantes ilegítimos (es decir, sin contrato alguno que habilite su ocupación) quienes se apropiaron de un bien estatal, afectando el patrimonio del Estado Nacional y a la comunidad en su conjunto, porque impide la implementación de políticas habitacionales, que se ven frustradas y/o demoradas por dicha ocupación.- Recuerda cuál es la naturaleza jurídica del organismo que representa (A.A.B.E) y las finalidades que persigue.También afirma que la ley 17.091

es el principal mecanismo con que cuenta para lograr el recupero, custodia y resguardo del patrimonio inmobiliario estatal.- Destaca además que intimó la restitución del inmueble mediante acta notarial en el plazo fijado en la ley, tal como esa norma exige y por ende debió ordenarse el lanzamiento en los términos de la normativa vigente.-

2.- El artículo 1º de la ley 17.091 establece que “En los casos en que se hubiere otorgado la concesión de inmuebles de propiedad del Estado {.} una vez vencido el plazo pactado o declarada su rescisión por la autoridad administrativa, el concesionario deberá restituir los bienes dentro del término de diez (10) días corridos. Caso contrario el organismo competente, acreditando el cumplimiento de los recaudos establecidos en el párrafo anterior, podrá requerir a la justicia el inmediato desalojo del concesionario o de cualquier otro ocupante”.- Como vimos antes, el magistrado no hizo lugar al pedido de la Agencia de Administración de Bienes del Estado porque entendió que no había constancia de que los bienes que se pretendían recuperar hubiesen sido concesionados.- Si interpretamos literalmente la norma podemos arribar a una conclusión similar, puesto que el artículo que analizamos dice que se aplica en aquellos casos “en que se hubiere otorgado la concesión de inmuebles” por lo que, si falta ese presupuesto, es lógico concluir que el trámite tampoco resulta aplicable.-

Sin embargo, conforme lo previsto por el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación “La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas. de modo coherente con todo el ordenamiento”.

Además, como acertadamente menciona la recurrente, a la hora de analizar el tema no podemos ignorar la doctrina que -sobre idéntica cuestión- surge de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.- En el precedente “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Ferrocarriles Metropolitanos S.A.c/ Intrusos y/u ocupantes inmueble” del 13 de agosto de 1998 el máximo tribunal, se remitió al dictamen del Procurador General que dijo:

“A mi modo de ver, una inteligencia de la preceptiva principal invocada por el peticionante, esto es, la ley 17.091, tendiente a hacerse pleno cargo de su espíritu, habilita la aplicación del procedimiento compulsivo que dicho texto prevé al subjudice, desde que del mismo surge literalmente que se autoriza el desalojo no sólo del concesionario, sino de cualquier otro ocupante, de los predios del dominio público de que se trata. Es decir. Aun de todos aquellos que no están ni estuvieron sujetos a un contrato de concesión, no resultando, por ende, razonable el criterio de los jueces de la causa de ceñir su aplicación a la exclusiva existencia de ese vínculo convencional. Tal interpretación, valga destacarlo, se condice con los fundamentos dados en la nota de elevación del proyecto de ley, de donde se desprende que el fundamental objetivo de la norma es la de crear un instrumento legal que habilite al Estado Nacional a hacerse de los aludidos espacios del dominio público, sin sufrir contiendas judiciales que por su dilación demoraren considerablemente la recuperación de los inmuebles afectados”.-

“Por consiguiente, no se advierte cual sería el sentido de que sólo fuera aplicable a los supuestos en que existió una relación jurídica, o compromiso del Estado expresado mediante una relación contractual, y en cambio no lo fuese respecto de las ocupaciones sin derecho o compromiso alguno, cuando en rigor, además, también resultan ser ocupantes ilícitos quienes permanecieran en los espacios ya vencida la concesión”.-

3.- En consecuencia, y de conformidad con los lineamientos señalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que acabamos de citar, el proveído de fs. 39 debe revocarse.-

A idéntica conclusión arribó la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (“ADIF S.E. c.Bermúdez, Carlos y/u otro” del 04/11/2010, publicado en La Ley 2011-B, 236) y la Sala B de esta Cámara Federal de Apelaciones (Ac. del 20 de octubre de 2015 en Expte. FRO 2522/2015 y del 4 de noviembre del mismo año, Expte. FRO 2523/2015, que pueden consultarse en la página web del Centro de Información Judicial).-

Así voto.-

El Dr. Fernando Lorenzo Barbará dijo:

Adhiero al voto de la Dra. Eleonora Pelozzi.

Por lo tanto, SE RESUELVE:

Revocar la providencia del 6 de octubre de 2015 obrante a fs. 39, en cuanto fue materia de recurso. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada nº 15/13 de la C.S.J.N. y oportunamente devuélvanse los autos al Juzgado de origen. No participa del Acuerdo el Dr. Carlos F. Carrillo por haber cesado en sus funciones (Ac. 84/2016).- E.C-J.d.T

FERNANDO LORENZO BARBARÁ

JUEZ DE CAMARA

ELEONORA PELOZZI

JUEZA DE CAMARA (Subrogante)

Ante mi

Raquel Bolzico

Secretaria de Cámara