Responsabilidad concausal entre la víctima y el organizador del espectáculo deportivo ante los perjuicios sufridos por el actor en ocasión de los festejos luego del partido de fútbol

futbol-2Partes: N. E. E. c/ Club Atlético Newell´s Old Boys s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: III

Fecha: 3-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100859-AR | MJJ100859 | MJJ100859

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Sumario:

1.-Cabe condenar a la entidad deportiva demandada a indemnizar los perjuicios sufridos por el actor en ocasión de los festejos luego de un partido de fútbol desde que más allá del grado de acierto en lo dicho por el demandado respecto de la conducta de la actora – como imprudente – la circunstancia de que dicha conducta se desarrolle de manera habitual por un importante número de personas da cuenta de una falta de control frecuente y generalizada, circunstancia que refleja el incumplimiento del deber de seguridad y cuidado denunciado por la accionante en su presentación inicial.

2.-Cuando el accionar imprudente de la actora combinado con la falta de control generalizada imputable a la demandada han dado lugar conjuntamente a la producción del daño, revistiendo ambos temperamentos antijurídicos un adecuado nexo de causalidad con el hecho dañoso, debe distribuirse en un 50% en cabeza de cada uno de las partes.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 03 días del mes de agosto de 2016, se reunieron en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala Tercera Integrada de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Dres. Mario E. Chaumet, Darío L. Cúneo, Oscar R. Puccinelli, Ariel C. Ariza y Edgar J. Baracat, para dictar sentencia en los caratulados “N. E. E. C/ CLUB ATLETICO NEWELL´S OLD BOYS S/ DAÑOS Y

PERJUICIOS”, Expte. N° 148/15, venidos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 12da Nominación de Rosario, en apelación de la Sentencia N° 2842 de fecha 25 de septiembre de 2014, obrante a fs.

355/364, y habiéndose efectuado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

PRIMERA: Es nula la sentencia recurrida? SEGUNDA: Es ella justa? TERCERA: Qué pronunciamiento corresponde dictar? Efectuado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Dres. Chaumet, Cúneo, Puccinelli, Ariza y Baracat.

A la primera cuestión, dijo el Dr. Chaumet: El recurso de nulidad deducido en autos no se mantiene en esta sede. Por ello, y por no advertir vicio substancial alguno que autorice la revisión oficiosa de la causa, voto por la negativa.

A la misma cuestión, dijeron los Dres. Cúneo y Puccinelli: De conformidad con lo expuesto por el Sr. vocal preopinante, votamos por la negativa.

A la segunda cuestión, dijo el Dr. Chaumet: El caso.

1.1. El actor inició demanda de daños y perjuicios contra el Club Atlético Newell´s Old Boys tendiente al cobro de la suma de $20.000.- en concepto de indemnización por los daños sufridos.

Relató que ocasión de encontrarse festejando un acontecimiento en el estadio del Club, y luego de un pretenso intento de robo de su calzado, trepó al alambrado que luego se precipitó sobre el campo de juego, sufriendo así politraumatismos que dejaron secuelas de un 15% de su capacidad total.

1.2. Al contestar la demanda, el C.A.N.O.B.negó todos los hechos invocados por la actora que no fueran expresamente reconocidos por su parte.

Asimismo, sostuvo que del propio relato de la actora se desprendía la culpa de la víctima -como eximente de responsabilidad- por haberse trepado en un lugar prohibido al publico.

Además planteó la prescripción de la acción y la existencia de prejudicialidad en los términos de los arts.

4037 y 1101 Cód. Civ. respectivamente.

1.3. Por su parte, Surco Compañía de Seguros S.A declinó su citación por tratarse de un hecho no previsto en la cobertura asegurativa vigente al momento de los acontecimiento.

Sin perjuicio de ello, y en el mismo sentido que el Club, negó cada uno de los extremos fácticos afirmados por la accionante y aseveró que se daba en el caso un supuesto de eximente de responsabilidad por culpa de la víctima.

1.4. El Órgano Fiduciario, al contestar la vista, expresó que si bien podía darse un supuesto de responsabilidad del C.A.N.O.B. como organizador del evento, lo cierto era que la conducta de la actora -consistente en treparse al alambrado- tuvo una incidencia causal directa y adecuada sobre el hecho dañoso, con el agravante de que no se produjeron pruebas relativas a la pretensa tentativa de robo.

1.5. Mediante sentencia n° 2842 de fecha 25 de septiembre de 2014 (fs. 355/364) el juez de grado resolvió “.1) Rechazando el planteo de prejudicialidad esgrimido por la demandada. 2) Haciendo lugar al planteo de falta de legitimación pasiva esbozado por la compañía aseguradora citada en garantía. 3) Rechazando el planteo de prescripción esgrimido por la demandada. 4) Haciendo lugar parcialmente a la demanda y, en consecuencia, condenado a la demandada Club Atlético Newell´s Old Boys a abonar a la actora E. E. N. la suma de pesos once mil novecientos sesenta ($11.960.-) con más intereses conforme lo expuesto en la parte considerativa.El cobro de la referida acreencia deberá encaminarse conforme lo preceptuado en el plan de cancelación de pasivo dictado en el marco del régimen de salvataje de entidades deportivas (Ley 25.284), sirviendo en su caso la presente como título verificatorio. 5) Las costas generadas en virtud de la intervención en autos de “El Surco Compañía de Seguros S.A.” serán soportadas en un 50% a cargo de la parte actora y un 50% a cargo de la parte demandada. 6) Las demás costas generadas por el presente se distribuirán en un 50% a cargo de la parte actora y un 50% a cargo de la parte demandada.”.

Para así decidir sostuvo -en lo sustancial- que en lo atinente a la prejudicialidad “.entiendo que no existe tal peligro por cuanto ya se ha dispuesto el archivo de la causa penal y por tanto, la aplicación del instituto de la prejudicialidad devendría en una irrazonable y estéril postergación de la justicia.”.

Respecto al planteo de prescripción argumentó que “.le asiste razón a la accionante en que la promoción de los caratulados “N. E. E.C/ CLUB ATLÉTICO NEWELL ´S OLD BOYS S/ DECLARATORIA DE POBREZA” (900/09)

-concretamente, la notificación de la demanda de pobrezarevestiría efecto interruptivo de tal prescripción, la que no habría pues operado.” .

En cuanto a la falta de legitimación pasiva invocada por la aseguradora expresó que la misma debía ser acogida por cuanto “.Los festejos durante los cuales habría tenido lugar el hecho dañoso no encuadran en ninguno de tales supuestos por lo que deben tenerse por extraños a la cobertura asegurativa que brinda tal empresa.”.

Destacó que “.lo que ocurre en el presente caso es que el riesgo claramente no se encuentra entre los cubiertos.”.

Asimismo, dijo que “.En relación a las costas generadas a raíz de la participación en el proceso de la Compañía Aseguradora cabe señalar que, si bien es cierto que la misma fue denunciada por la parte demandada, no es menos cierto que ha sido la propia actora quien optó por notificarle el traslado de la demanda y llevar adelante el proceso a su respecto, todo con posterioridad a la declinación de la citación.”.

En lo relativo al fondo de las cuestión consideró acreditado:a) la concurrencia de la parte actora a los festejos que tuvieron lugar en el Estadio del Club Atlético Newell´s Old Boys, pasadas las 16 horas del 16 de octubre de 2003, festividades conocidas como “banderazo”, y su caída de la Tribuna en la cual se encontraba; b) las lesiones padecidas con motivo de dicha caída y el porcentaje de incapacidad permanente resultante (8% según perito médico oficial). Sin embargo destacó la falta de prueba en lo relativo al motivo por el cual el actor se trepó al alambrado perimetral.

Asimismo, dijo que “.si bien es cierto que la conducta de la actora debe entenderse imprudente, no es menos cierto que la circunstancia de que dicha conducta se desarrolle de manera habitual por un importante número de personas da cuenta de una falta de control frecuente y generalizada, circunstancia que refleja el incumplimiento del deber de seguridad y cuidado denunciado por la accionante en su presentación inicial. Estimo que nos encontramos pues frente a lo que la doctrina ha denominado “concausas”, pues el accionar imprudente de la actora combinado con la falta de control generalizada imputable a la demandada han dado lugar conjuntamente a la producción del daño, revistiendo ambos temperamentos antijurídicos un adecuado nexo de causalidad con el hecho dañoso.La responsabilidad habrá entonces de distribuirse en un 50% en cabeza de cada uno de las partes.”.

Respecto de la indemnización por el daño material manifestó que “.atendiendo al valor estimado del punto de incapacidad, circunstancias personales de la accionante al momento del hecho, y siendo que la responsabilidad de la parte demandada se ha limitado a un 50% conforme lo precedentemente expuesto, la indemnización a fijar asciende a la suma de pesos $9.200.”.

En cuanto al daño material dijo que “.siendo que la responsabilidad de la parte demandada se ha limitado a un 50% conforme lo precedentemente expuesto, la indemnización a fijar asciende a la suma de pesos $ 2.760.”.

Por último fijó los intereses “.en la tasa promedio entre activa y pasiva empleadas por el Nuevo Banco de Santa FE S.A., sumada, desde la ocurrencia del hecho y hasta el acogimiento por parte de la concursada al régimen de salvataje de entidades deportivas normado por la Ley 25.284.”.

2. Contra dicho pronunciamiento se alzaron las partes.

2.1.El actor se agravia por cuanto considera exiguos los montos otorgados en concepto de daño patrimonial y moral.

Respecto del primero dice que el sentenciante menospreció la pericial médica donde consta que la incapacidad del actor es del 8% de la total corporal, por lo que el monto fijado resulta exiguo atendiendo el valor del punto de incapacidad a la fecha de la sentencia.

Agrega que entender que el daño material es igual al daño patrimonial es tomar una posición restringida sobre el tema y afirma que sólo el reconocimiento jurisdiccional de ambas pretensiones económicas (daño patrimonial “en sentido estricto” y el daño material “en sentido amplio”) plasmará la reparación integral de la víctima.

En definitiva, postula que se eleve la indemnización por daño patrimonial en la suma de $20.000.- En cuanto al daño moral, refiere a la autonomía del mismo respecto de los daños económicos, cita antecedentes jurisprudenciales, y pretende la elevación a la suma de $15.000.- En segundo término, se agravia porque el juez de grado dispuso que su parte debe afrontar el 50% de las costas generadas por la participación en autos de la aseguradora “El Surco Compañía de Seguros S.A.” cuando fue la propia parte demandada en el escrito de contestación de demanda (fs. 18) quien denunció la citación.

Asimismo, dice que no resulta cierto lo sostenido por el juez de grado en cuanto a que su parte optó por notificar la demanda y llevar el procedimiento adelante contra la citada en garantía ya que recién se corrió traslado de la excepción de falta de legitimación pasiva (fs. 286) previo a dictar sentencia.

En tercer lugar se queja respecto de la tasa de in terés fijada (promedio entre la activa y la pasiva) siendo que estamos viviendo en el país una constante devaluación del signo monetario.En consecuencia, solicita que se modifique la tasa de interés fijada y se aplique desde la fecha del hecho y hasta la fecha de su efectivo pago la tasa activa capitalizada que cobra el NBSF.

2.1.1. Los agravios serán admitidos parcialmente.

En relación a los agravios vinculados a los montos indemnizatorios, en especial daño patrimonial, cabe señalar que la Corte Suprema de la Nación reiteradamente ha dicho que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo a la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende, a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural, social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 321:1124; 322:1792; 322:2002; 322:2658; 322:3101). Por lo tanto, cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas, como en el caso, en forma permanente esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen que desempeñe o no una actividad productiva, pues la integridad física es en sí mismo un valor indemnizable (Fallos: T.320-1361; T.323-2930), debiéndose tener en cuenta las circunstancias personales de la víctima, la entidad de las secuelas, su edad, condición social, la afectación o limitación a su vida de relación, entre otros elementos (Fallos: T.320-1361; T.321-1124; T.322-2002, entre otros).

También la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe ha señalado que para la estimación del monto por daño derivado de la incapacidad parcial y permanente también deben evaluarse las circunstancias personales de la víctima, mediante la comprensión integral de los valores en juego (CSJSF, AyS 124-406, causa “Quiroga c.Municipalidad de Rafaela”, y sus referencias).”.

Por lo demás, se sostiene que el resarcimiento no se mide exclusivamente en función de un trabajo determinado, sino atendiendo a las genéricas posibilidades productivas de la afectada, pudiendo resultar intrascendente la falta de prueba de la labor desempeñada o que no ejerciere actividad lucrativa alguna (CCCRos, Sala I, “Speranza c. T.U.P., Línea nº 4”, Ac. Nº 99 del 14.12.1993); es decir, el resarcimiento no se mide exclusivamente en función de un trabajo determinado sino atendiendo a las genéricas posibilidades productivas del afectado (CCCRos, Sala I, “Ciampore c.

Empresa General Mosconi”, JS 18-95; íd., “Corbellini c.

Serrani”, Ac. Nº 4 del 14.02 2000 y sus citas).

Además, la lesión derivada de la incapacidad sobreviviente no se limita a la actividad económica directa, sino que abarca diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural, social, relacionado con el desarrollo pleno de la vida, y aunque no se haya acreditado la existencia de un lucro cesante ello no es óbice para resarcir la incapacidad que soporta el actor. (Corte de la Nación, “Pose c. Provincia de Chubut”, LL 1994-B-433, reiterada la doctrina en LL 1997-F-157).

En función de ello, y siguiendo la jurisprudencia mayoritaria de las Salas de esta Cámara, para la cuantificación del daño material cabe tener en cuenta el porcentaje de incapacidad física, la lesión psicológica, su estado civil, su actividad laboral, etc., todo ponderado en virtud de lo previsto por el art. 245 del CPCC.

En este orden de pensamiento, resulta oportuno citar al Dr.Ciuro Caldani en cuanto dice que “la vinculación con el ser y con la vida es fundamental para que las nociones de daño y reparación no se conviertan en abstracciones inadecuadas a los fines que se pretenden”.

(Bases jusfilosóficos para la comprensión del daño y la reparación, LA LEY 29/09/92).

En consecuencia, atento los extremos probados en el proceso, lo informado por el perito médico (8% de incapacidad), la edad de la víctima, las actividades que realizaba (la falta de acreditación fehaciente de ingresos), la cuantificación que para este tipo de daños vienen haciendo los distintos Tribunales de este fuero (en especial los criterios de cuantificación que al tiempo de la presente vienen sosteniendo los Tribunales con competencia en responsabilidad extracontractual de esta ciudad), y lo dispuesto por el artículo 245 del C.P.C.C., considero que corresponde hacer lugar a la suma de $ 20.000 reclamada por la actora en concepto de indemnización por daño patrimonial. Por otra parte no surge de lo expresado por las partes, otros datos mensurables que permitan aparatarse de los parámetros habituales para la determinación del monto.

En lo que respecta a la indemnización por daño moral cabe decir: “.Aquí la compensación pecuniaria por dicho padecimiento espiritual es de naturaleza resarcitoria y no debe necesariamente guardar una proporción equivalente con el daño patrimonial. Así lo ha sostenido la Sala 1 de esta Cámara al afirmar que:”Cabe recordar que el daño moral debe ser visto como un detrimento que por su índole espiritual debe tenérselo por configurado por la sola producción del evento dañoso y a los fines de la fijación de su quantum debe tenerse en cuenta la índole del hecho generador, la naturaleza resarcitoria del mismo, que no tiene que guardar relación de proporcionalidad con el daño material, incluso puede faltar éste, ya que el daño moral no es un elemento accesorio del daño material, debiéndose evaluar las condiciones personales de la víctima tales como su edad, su condición social, sexo, entre otras consideraciones, y el sufrimiento y mortificación, aunque hayan sido temporarios (conceptual sobre el daño moral y los elementos para la fijación de su quantum: Corte de la Nación, Fallos: 308:698; 316:2894; 318:1598; 321:1117; 325:1156; 326:847; 329-2-2088 y T.329-2-2702, entre otros; también se sigue los parámetros de la doctrina de la Corte de la Provincia de Santa Fe, causa “Quiroga c. Municipalidad de Rafaela”). Como dijo la Corte Federal que “por no ser el daño moral susceptible de apreciación económica, sólo debe buscarse una relativa satisfacción del agraviado, proporcionándole una suma de dinero que no deje indemne el agravio” (Fallos: 329:1179), entendido como lo más cercano a la reparación integral del perjuicio padecido por la parte damnificada. Cabe agregar que especializada doctrina ha señalado que para esclarecer una particular gravedad del daño moral que incida en la cuantificación se requiere, en principio, el aporte de circunstancias objetivas que permitan evaluarlo en su justa medida, resultando conveniente suministrar prueba pericial o testimonios de los allegados (ZAVALA DE GONZÁLEZ, ob. cit., p.386/388) (CCCR, Sala 1, Acuerdo 41/08, en autos: “GALLEGOS, Guillermo D. y Otro contra ALEMI TOURS y Otros sobre Daños y perjuicios”, expte. Nro.41/08).”.

En virtud de lo expresado, las circunstancias del presente caso y lo normado por el art.245 del CPCC, corresponde fijar una indemnización en la suma de $7.000.- 2.1.2. Respecto del segundo agravio, resulta oportuno recordar que “.en nuestro derecho positivo predomina -con variantes según cada ordenamiento local- la regla de que “el que pierde el juicio paga las costas”, por el sólo hecho objetivo del vencimiento. Se trata de la aplicación de la tesis Chiovendiana, según la cual la condena en costas al vencido corresponde con independencia de toda idea de culpa, dolo o negligencia en su actuación.

Quien se ha debido servir del proceso para la declaración o actuación de un derecho -enseña Chiovenda- debe obtener tal declaración o reconocimiento como si lo fuera al momento de demandar, y sin que su patrimonio sufra merma por tener que solventar gastos causídicos. De haberlos realizado, debe ser resarcido por aquél contra el que se declaró el derecho en la sentencia, simplemente porque éste ha participado en un proceso en el que la ley no actuó en su favor.” (Abriendo surcos en el criterio objetivo para la distribución de las costas, Código Procesal de Santa Fe, María C. Eguren y Marcela García Solá, Publicado en el boletín Zeus Nº 11008 el 22/06/2009 ).

Sentado ello, coincido con lo expresado por el C.A.N.O.B. al contestar agravios a fs. 403 en cuanto sostuvo que “.Queda claro que al contestar el traslado que le fue corrido a la actora sobre la excepción interpuesta por la aseguradora, bien podría haberse allanado a la misma, y así evitar la imposición de costas que le generó su oposición.”.

Cabe aclarar, que más allá de que a fs. 18 la demandada haya citado a la aseguradora, fue la propia actora quien solicitó su denuncia a fs.4.

Por lo tanto, siendo que la accionante se opuso a la excepción de falta de legitimación propuesta por la aseguradora, cuestión no sustanciada con el C.A.N.O.B., fue quien resuló vencida en dicha incidencia, debiendo cargar con las costas del mismo conforme lo dispuesto en el art. 251 CPCC.

En cuanto a la queja relativa a los intereses cabe decir en primer término que la actora no esgrime fundamentación tendiente a refutar lo sostenido por el juez de grado respecto a que los intereses corren “.desde la ocurrencia del hecho y hasta el acogimiento por parte de la concursada al régimen de salvataje de entidades deportivas normado por la Ley 25.284.”.

En virtud de ello, entiendo que este Tribunal solo debe pronunciarse respecto del tipo de tasa que corresponde aplicar durante dicho período, que cabe anticipar, no es la pretendida por la recurrente.

Si se aplicara una tasa de interés activa capitalizable desde la fecha del hecho como lo propone la actora, se incurriría en un enriquecimiento indebido por parte del acreedor en detrimento del deudor. Más aún si se tiene en cuenta que los considerandos precedentes se han elevado los montos indemnizatorios del daño patrimonial, como así también del daño moral.

La base argumental a esta postura, reiteradamente viene siendo sostenida por esta Sala y reside en que no corresponde la aplicación de la tasa activa (o mixta) cuando los valores admitidos se encuentran fijados o establecidos al momento del dictado de la sentencia, puesto que tal proceder representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido a favor del acreedor y en detrimento del deudor que la Justicia no puede convalidar.

Es que, sin duda alguna, se estaría computando dos veces la misma cosa:la desvalorización monetaria operada entre la fecha del hecho, o posterior a él, y la sentencia, dado que en ésta se contemplaron valores a la época de su dictado; en tanto que la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación monetaria (Borda, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, 8va. de., T.I, p. 338; Casiello, Juan J., Los intereses y las deudas de valor, LL 151-864; Durañona y Vedia y Quintana Terán, La depreciación monetaria y los intereses, JA 1970-332, Cap. V).

Considero apropiado recordar que en el Plenario “Samudio”, el voto de la mayoría sostuvo que: “.La tasa de interés (activa) fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido.”.

El motivo de la salvedad, reiterado en la mayor parte de los votos, es que si se fija el capital a valores actuales (digamos, a la fecha de la sentencia), y si la tasa contempla la depreciación de la moneda, entonces tenemos una doble actualización. En otras palabras, según el plenario, cuando el capital está dado en valores actuales, no corresponde aplicar una tasa que no sólo retribuye el uso del capital, sino que intenta recomponer el capital mismo. Y si el capital está fijado a valores actuales, no hay nada que recomponer (Barbero, Ariel E., Interés moratorio: se vuelve a la buena senda. Plenario de la Cámara Civil de la Capital, LL 04/05/2009, 5).

Dentro de este orden de ideas, la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Rosario In Re: “Calabrese, Sandra y Otros c/ AUFE S.A.C. s/ Daños y Perjuicios”, (Acuerdo n° 443, 10/11/09) descartó expresamente la aplicación del Fallo “Samudio” toda vez que el capital indemnizatorio fue fijado a valores actualizados a la fecha de la sentencia apelada.En este aspecto, señaló que “.precisamente se ha entendido, en juicios por daños y perjuicios como el de autos donde se fijaron valores actualizados a la fecha del fallo apelado, que cuando los valores admitidos en una acción de daños y perjuicios se encuentran fijados al momento de la sentencia, la tasa activa establecida en el plenario Samudio, no puede aplicarse desde la fecha pretendida porque existiría un enriquecimiento indebido a favor del acreedor en detrimento del deudor, al computarse dos veces la misma desvalorización monetaria, razón por la cual se aplicó una tasa de interés puro del 6% anual desde el hecho hasta la sentencia.”.

La jurisprudencia ha dicho que “.en una acción de daños y perjuicios, corresponde que al monto de condena se aplique una tasa de interés del 8% anual, desde la mora y hasta el dictado de la sentencia de primera instancia, y desde allí y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, en tanto en dicho decisorio la suma indemnizatoria fue fijada a valores actualizados.” (CNCiv., Sala A en autos: “Rojas, Alicia Susana y otro c/ Sanatorio Modelo Adrogué S.A. y otros”, La Ley Online, AR/JUR/4074/2011).

Se ha puesto de manifiesto que la jurisprudencia mayoritaria es conteste en reconocer intereses compensatorios a la indemnización reajustada, porque la actualización del capital y la imposición de intereses responden a dos objetivos distintos: una a compensar la depreciación sufrida por la moneda, la otra a resarcir el perjuicio originado por la privación temporaria del capital, perjuicio que existe lo mismo con desvalorización que sin ella.

Habiendo sido el capital debidamente integrado, reparado, y actualizada a la fecha de la sentencia, el interés a otorgarse debe tener por finalidad únicamente reparar la demora en el pago.

En virtud de lo precedentemente expuesto, corresponde aplicar una tasa de interés pura del 8% anual.

2.2.La demandada se agravia por cuanto el sentenciante consideró la existencia de “concausas” en la producción del accidente y que le haya imputado a su parte la responsabilidad por falta de control generalizada, imponiendole así el 50% de responsabilidad en la producción del accidente.

Dice que el accionar antijurídico de la víctima (subirse al alambrado) se encuentra expresamente prohibido e interrumpió el curso normal y natural de las cosas.

Asimismo, manifiesta que el hecho de que en dicho evento el actor se haya trepado al alambrado no significa que dicha actividad sea frecuente.

Expresa que si bien la ley le asigna a su parte un deber de seguridad general hacia todos los espectadores, es imposible asignarle asegurar que cada persona no se dañe a si misma.

En otro orden de ideas, se agravia respecto de la condena en costas impuestas a su parte en relación al rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la Aseguradora citada en garantía, como así también se agravia por la tasa de interés aplicada.

2.2.1. Los agravios serán admitidos parcialmente.

En lo que respecta a la primera cuestión, corresponde señalar que todo organizador de un espectáculo deportivo tiene una obligación de seguridad respecto de los asistentes, con fundamento general en el art. 1198 del Código Civil y especial en la ley 23.184. Ese deber de seguridad es expresivo de la idea de que quienes asisten a un espectáculo lo hacen en la confianza de que el organizador ha dispuesto las medidas necesarias para cuidar de ellos.

La CSJN ha señalado, que las relaciones de complacencia ante los integrantes de la hinchada revelan una manifiesta negligencia en el cumplimiento de las medidas de seguridad y que el club organizador del espectáculo deportivo, tiene el deber de tomar todas las medidas necesarias para que el evento se desarrolle normalmente, sin peligro para el público y los participantes (Fallos:321:1124, considerando 11), para ello debe impedir el ingreso de inadaptados, y exigir a los concurrentes el cumplimiento de las leyes y reglamentos, extremando las medidas de seguridad a la entrada de los estadios -por ejemplo, revisando bolsos, paquetes, portación de armas, etc.

– (fallo citado, considerando 14). En el presente caso, y como se ha hecho referencia al examinar la causalidad a nivel de autoría, no cabe duda alguna de que el incumplimiento de las estrictas medidas de seguridad que cabe exigir al organizador de un espectáculo deportivo, han sido violadas, toda vez que el accionar de un grupo de espectadores escapó a todo control y causó daños a terceros. (Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Mosca, Hugo A. c. Provincia de Buenos Aires y otros”, 06/03/2007, La Ley, Cita Online:

AR/JUR/102/2007).

Sentado ello, y más allá del grado de acierto en lo dicho por el C.A.N.O.B. respecto de la conducta de la actora, comparto lo dicho por el juez de baja instancia en cuanto a que “.si bien es cierto que la conducta de la actora debe entenderse imprudente, no es menos cierto que la circunstancia de que dicha conducta se desarrolle de manera habitual por un importante número de personas da cuenta de una falta de control frecuente y generalizada, circunstancia que refleja el incumplimiento del deber de seguridad y cuidado denunciado por la accionante en su presentación inicial. Estimo que nos encontramos pues frente a lo que la doctrina ha denominado “concausas”, pues el accionar imprudente de la actora combinado con la falta de control generalizada imputable a la demandada han dado lugar conjuntamente a la producción del daño, revistiendo ambos temperamentos antijurídicos un adecuado nexo de causalidad con el hecho dañoso.La responsabilidad habrá entonces de distribuirse en un 50% en cabeza de cada uno de las partes.”.

Es que como bien lo sostiene la CSJN los Clubes cumplen con su deber de seguridad, entre otras maneras, mediante la exigencia a los concurrentes del cumplimiento de las leyes y reglamentos de la institución.

En el caso de autos, es el propio C.A.N.O.B. quien reconoce en su expresión de agravios que la conducta desarrollada por el actor “.se encuentra expresamente prohibida.” (fs. 403 vta.), por lo que al no haber probado su parte que había cumplido -en un mínimo de exigencia- con su deber de seguridad (vgr. impedir que el actor se trepara al alambrado o en su defecto solicitarle que bajara del mismo), no parece equivocado ni desajustado a derecho asignarle un porcentaje de responsabilidad en la producción del daño.

Cabe agregar, que es de público conocimiento que este tipo de festejos se venían desarrollando de manera repetida (desde hacía varios años) en el Club demandado, con lo cual atento la previsibilidad del mismo no parece imprudente exigirle a la accionada un nivel de control acorde a las particulares circunstancias del festejo, cosa que evidentemente no hizo.

En virtud de lo expuesto, el agravio sera desestimado.

En relación a los agravios relativos a la condena en costas impuesta a su parte respecto al rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la Aseguradora y la tasa de interés aplicada, cabe señalar que dichas temáticas fueron analizadas en oportunidad de tratar los agravios de la parte actora, por lo que atento los argumentos expuestos en aquella oportunidad, a los cuales me remito a los fines de evitar reiterarlos, corresponde admitir los agravios vertidos por el C.A.N.O.B. en tal sentido.

2.3. Voto pues parcialmente por la afirmativa.

A la misma cuestión, dijeron lo s Dres. Cúneo y Puccinelli: Compartiendo los argumentos expuestos por el Dr.

Chaumet, adherimos a su voto.

A la tercera cuestión, dijo el Dr. Chaumet:

Corresponde: 1.Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora, y por consiguiente, revocar parcialmente la sentencia alzada en lo que respecta a los montos indemnizatorios, debiendo estarse a las sumas consignadas en los considerandos de la presentes, esto es $20.000.- por daño patrimonial y $7.000.- por daño moral.

Costas en un 50% a cargo de la actora y un 50% a cargo de la demandada (art. 252 CPCC). 2. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el C.A.N.O.B., y en consecuencia revocar parcialmente la sentencia alzada en lo relativo a la tasa de interés aplicable y la condena en costas del incidente relativo a la excepción interpuesta por la aseguradora, y en su lugar se dispone: condenar a la actora al pago de las costas derivadas de la actuación de la aseguradora y aplicar la tasa de interés fijada en los considerandos de la presente. Costas en un 50% a cargo de la demandada y un 50% a cargo de la actora (art. 252 CPCC).

A la misma cuestión, dijeron los Dres. Cúneo y Puccinelli: El pronunciamiento que corresponde dictar en los presentes autos, es el que formula el Dr. Chaumet. En tal sentido votamos.

Seguidamente dijeron los Dres. Ariza y Baracat:

Habiendo tomado conocimiento de los autos, y advirtiendo la existencia de tres votos coincidentes en lo sustancial, que hacen sentencia válida, nos abstenemos de emitir opinión (Art. 27, ley 10.160).

Con lo que terminó el Acuerdo, y atento sus fundamentos y conclusiones, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, integrada; RESUELVE: 1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora, y por consiguiente, revocar parcialmente la sentencia alzada en lo que respecta a los montos indemnizatorios, debiendo estarse a las sumas consignadas en los considerandos de la presentes, esto es $20.000.- por daño patrimonial y $7.000.- por daño moral.

Costas en un 50% a cargo de la actora y un 50% a cargo de la demandada (art. 252 CPCC). 2. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el C.A.N.O.B., y en consecuencia revocar parcialmente la sentencia alzada en lo relativo a la tasa de interés aplicable y la condena en costas del incidente relativo a la excepción interpuesta por la aseguradora, y en su lugar se dispone: condenar a la actora al pago de las costas derivadas de la actuación de la aseguradora y aplicar la tasa de interés fijada en los considerandos de la presente. Costas en un 50% a cargo de la demandada y un 50% a cargo de la actora (art. 252 CPCC).

Insértese, hágase saber, bajen y déjese nota marginal de esta resolución en el protocolo del juzgado de origen.

CHAUMET

CUNEO PUCCINELLI

ARIZA BARACAT

(ART. 27, LOPJ) (ART. 27, LOPJ)

Sabrina Campbell (Secretaria)