Procede la acción por cobro del saldo de precio de una compraventa de acciones pactada en dólares, pesificado con adición del CER

abogadosdolaresPartes: Erintur Corporation S.A. c/ Vieira Argentina S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 13-jul-2016

Cita: MJ-JU-M-100678-AR | MJJ100678 | MJJ100678
Sumario:

1.-Resulta inverosímil que recién en ocasión de tener que pagar la primera de las cuotas pendientes, la demandada haya detectado que le asistía derecho a efectuar determinadas compensaciones, cuando habían pasado, para ese entonces, casi tres años desde que ella había accedido al patrimonio que indirectamente le había sido transferido.

2.-Si nos encontramos ante un contrato de los llamados paritarios (art. 959 CCyC), esto es, celebrado entre sociedades que se encontraban entre sí en situación de paridad y sin que existiera en cabeza de la compradora ninguna necesidad vital por cubrir al tiempo en que se produjo la celebración respectiva, ello lleva a concluir que, si el convenio se concertó en esas condiciones, fue porque ellas le resultaron convenientes.

3.-Sostener ahora que a una de las partes, en un contrato celebrado entre sociedades que se encontraban en igualdad de paridad, le asisten derechos que renunció allí de forma clara, expresa e informada mediante elementos que ella misma estimó suficientes, sería tanto como convalidar una actuación de mala fe y, lo que es más grave, aceptar que es posible que, alterando la ecuación económica diseñada y aceptada por los propios contratantes, los jueces puedan irrumpir en el contrato a efectos de alterarlo en su significación económica al tener por no escrita una cláusula cuya nulidad no ha sido solicitada, ni se advierten elementos que puedan justificarla.

4.-Si bien en los denominados contratos paritarios puedan configurarse vicios de la voluntad susceptibles de invalidarlos, pero la la viabilidad de una declaración semejante debe descartarse cuando por aplicación del principio de congruencia que indica que, ante la ausencia de toda impugnación vinculada a la nulidad de una de las cláusulas del contrato celebrado, este tribunal no podría declararla inválida.

5.-Cuando una sentencia se halla teñida de determinados vicios o se han producido modificaciones notorias de las circunstancias que le han dado origen resulta factible impugnarla, como modo de remediar lo que es denominado presupuesto de falibilidad humana , que puede traer aparejado que, por defectos del juez o de las partes o por oscuridad de los preceptos generales o ante la eventualidad de interpretar en varios sentidos las disposiciones normativas, es frecuente y factible que algunas de las normas concretas creadas por los tribunales presentan una inconformidad con las reglas abstractas que necesariamente deben acatar.

6.-La posibilidad de impugnar de nulidad una sentencia por las circunstancias apuntadas tiene como presupuesto esencial la existencia de un vicio, de una deformación de naturaleza substancial que afecte los actos del proceso o, lo que es igual, de un defecto que no debe ser de aquéllos denominados formales, cuya corrección se logra mediante los institutos procesales de práctica.

7.-Existe el deber de dictar sentencia ante una litis concreta, en tanto no es función de la judicatura emitir declaraciones abstractas; y es precisamente por esto que si al tiempo de dictar la sentencia ha desaparecido el interés jurídico concreto del instante, no cabe pronunciamiento alguno. Esto, toda vez que -insisto- los pronunciamientos abstractos son impropios de las decisiones judiciales, por lo que no es función de la judicatura emitirlos.

8.-La ley 25.820 (modificatoria de la normativa de emergencia), previó, para las relaciones entre particulares no vinculadas con el sistema financiero, un amplio margen de flexibilidad en la búsqueda de soluciones que permitan amortiguar los efectos distorsivos de la nueva paridad cambiaria sobre el sinalagma contractual y fue así que desde esta perspectiva, en numerosos precedentes este Tribunal hizo lugar a la aplicación de la doctrina del esfuerzo compartido.

9.-Cuando las decisiones de la autoridad pública basadas en una declarada situación de emergencia han producido una profunda alteración de las reglas de juego afectando los presupuestos mismos de las relaciones contractuales al alterar abruptamente lo que debía ser el patrón de medida, parece claro que aplicar mecánicamente el conjunto poco coherente de normas de emergencia, convirtiendo sin más a pesos las sumas establecidas en dólares (u otras monedas extranjeras) a la paridad uno a uno, lesiona el derecho de propiedad del acreedor, que los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional ampara.

10.-El régimen normativo de la ley 25820 no impuso una pesificación definitiva a través de la aplicación de la paridad y el coeficiente de estabilización de referencia -CER-, sino que contempló la posibilidad de un ulterior reajuste a pedido de parte, cuando el resultado provisto por la utilización de dicha paridad y el coeficiente correspondiente con el valor resultante de la cosa, bien o prestación al momento del pago, resultara insuficiente.

11.-La denegatoria de la agregación de una nueva prueba importaría, a mi juicio, un apego extremo a las formas rituales con olvido de la verdad jurídica objetiva que constituye el fin último del proceso, debiendo recordarse al respecto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho, in re: Colalillo (Fallos: 238-550) y reiterado en Fallos 302:1611 y 302:1614, que la interpretación de las normas procesales no puede prevalecer sobre la necesidad de acordar primacía a la verdad jurídica objetiva, pues de otro modo se vulneraría la exigencia del adecuado servicio de justicia que garantiza el art. 18 de la Constitución Nacional; ha señalado también que el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales, sino que su norte es el establecimiento de la verdad jurídica objetiva; y decidido que si bien por vía de principio es propio de los jueces de la causa disponer lo conducente para el respeto de la igualdad en la defensa de los derechos, tal cosa no basta para excluir de la solución dada al caso su visible fundamento de hecho, porque la renuncia consciente a la verdad es incompatible con el servicio de justicia.

12.-Aún cuando la pericia no tenga carácter vinculante para el juez, el apartamiento de sus conclusiones debe encontrar apoyo en razones serias, en fundamentos objetivamente demostrativos de que no se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia; resulta preciso invocar razones fundadas las que, a su vez han de reposar sobre elementos de juicio al menos de igual jerarquía que los invocados por el experto, que permitan desvirtuar el informe.

13.-Una regla básica del derecho de los contratos es que éstos deben celebrarse, interpretarse y cumplirse acorde al principio de la buena fe, principio éste que fue impuesto y extendido con causa en las intensas modificaciones de la vida política, económica, jurídica y social, y que por ello opera en la actualidad como hecho, como valor, como modo de interpretación e integración.

14.-La reforma introducida el año 1968 por la ley 17.711 modificó filosófica e ideológicamente el Código Civil. Así, las características y funciones de la buena fe tuvieron un viraje indisimulado en la doctrina, en contraste con los juristas decimonónicos que aceptaban sus efectos sólo en los casos en que la norma la aludía directamente. Más aún, en los Códigos de tercera generación (v. gr. Código Suizo de las Obligaciones) la función de la buena fe prescinde de la causa ocupando su lugar. De esta manera se sustituye la tipicidad causal característica de los derechos latinos, por la tipicidad legal en beneficio de la seguridad del tráfico, y es por esto que la buena fe exige a las partes recíproca lealtad que debe apreciarse objetivamente, aplicando a cada situación el criterio de lo que ellas hubieren hecho estimándose los parámetros brindados por el honor y la razonabilidad.

15.-Actualmente el art. 9 del Cód. Civil y Comercial constituye un principio general informante de la totalidad de la regulación jurídica y así vista, la buena fe exige una conducta diligente en la concertación y cumplimiento de los actos jurídicos, y viene a constituirse en el trasfondo y superficie de la relación jurídica anudada.

16.-El principio de la buena fe concurre en los casos de desigualdad de fuerza económica o -cual aquí ocurrió- de aprovechamiento entre las partes, para alumbrar la conclusión de las obligaciones contractuales y el ejercicio de las pretensiones dentro de las pautas de razonabilidad exigibles, sin menoscabar los dictados que imponen el espíritu de justicia y equidad, porque de lo contrario se entraría en el campo del abuso del derecho.

17.-Si el móvil perseguido por una de las partes de la convención al ejercer sus atribuciones contractuales no guarda armonía con esa buena fe -sea en lo relativo a la celebración o al cumplimiento del contrato, como en lo referente al ejercicio de las facultades que el vínculo le otorga- provoca una disociación entre el derecho subjetivo y el precitado principio. Es ese ejercicio antifuncional, irrazonable o irregular de la prerrogativa contractual -y como tal, violatorio del principio de la buena fe- lo que constituye la conducta abusiva.

18.-Según la Real Academia de la Lengua Española, la voz devengar significa adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título , por ende, no corresponde asimilarla a la voz pagar , de manera que más allá de la fecha en que los gastos informados, hubieren sido sufragados, cupo que su monto se detrayera del saldo del precio del contrato.

19.-La sentencia incongruente es un pronunciamiento viciado, aunque de la gravedad de su falta de adecuación a las peticiones de las partes dependerá la sanción de nulidad o la posibilidad de su reparación por vía de la apelación.

20.-Siempre que el deudor enfrente una dificultad seria que impida el seguro ejercicio de su jus solvendi, se halla legitimado para satisfacer el pago con intervención judicial, o sea, mediante un juicio por consignación (arts. 757 y sig. del derogado Cód. Civil; ahora, arts. 904 y sig. del Cód. Civil y Comercial).

21.-El hecho de la mora no hace caducar el jus solvendi del deudor; por tanto, si éste tiene derecho a pagar, se sigue de ello que puede consignar el pago apropiado que no quiera recibir el acreedor. Y si éste no tiene motivo legítimo para rechazar ese pago, la consignación deberá ser aceptada: tal es el principio general, con el aditamento de que la consignación que intente el deudor moroso tendrá que ser suficiente, debiendo comprender no solo la prestación debida, sino también el complemento referente a la reparación del daño moratorio. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 13 días del mes de julio de dos mil dieciséis, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos «ERINTUR CORPORATION S.A. c/ VIEIRA ARGENTINA S.A. s/ ORDINARIO» (expte. n° 32.076/2002), «FRIGORÍFICO DELFÍN S.A. c/ VIEIRA ARGENTINA S.A. s/ ORDINARIO» (expte. n° 70.796/2003), y «ERINTUR CORPORATION S.A. c/ VIEIRA ARGENTINA S.A. s/ ORDINARIO» (expte. n° 21.180/2005), todos ellos originarios del Juzgado n° 12, Secretaría n° 24, en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: doctores Garibotto, Villanueva y Machín.

Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver: ¿Es arreglada a derecho la sentencia única dictada en fs. 3423/44 del expediente caratulado «Erintur Corporation S.A. c/ Vieira Argentina S.A. s/ incidente-cuaderno de prueba unificada», pronunciamiento que también involucró a la causa «ALVAMAR S.A. Y OTROS c/ VIEIRA ARGENTINA S.A. s/ ORDINARIO» (n° 60.393/2003) que se tiene a la vista, en el que fue desistido el recurso allí introducido por la parte actora?

El Señor Juez de Cámara, doctor Juan Roberto Garibotto dice:

La litis.

Para la mejor comprensión de cuanto diré, veo conveniente formular una apretadísima síntesis de lo que constituyó el objeto de todos esos litigios.

En el expte. n° 32.076/2002, Erintur Corporation S.A., que demandó a Vieira Argentina S.A. por cumplimiento de un contrato de compraventa de acciones anudado el 6 de abril del año 2000, adujo haber enajenado a ésta 9.900 acciones de una sociedad llamada Artesis S.A.cuyo único activo lo eran 80.495 acciones de la empresa Pescasur S.A.

Explicó que así lo hizo en la suma de U$S14.000.000; dijo que por el saldo del precio -de U$S3.000.000-fue acordada la constitución de una garantía hipotecaria sobre un buque de propiedad de Pescasur S.A. denominado Alvamar Cuatro; aludió a lo pactado en un acuerdo complementario y modificatorio del anterior mediante el que se ajustaron los importes a ser garantizados con el gravamen real y agregó que cuando la compradora Vieira Argentina S.A. debió constituir el mencionado derecho real pretendió hacerlo en una suma expresada en moneda del país, invocación mediante de lo dispuesto por el Dec. 214/02 cuya inconstitucionalidad Erintur Corporation S.A. solicitó sea declarada, bien que en subsidio pretendió la aplicación del coeficiente de estabilización de referencia -CER-.

Vieira Argentina S.A. sostuvo la constitucionalidad de aquel plexo normativo, afirmó la existencia de un saldo en su favor y, por ende, dijo haber cancelado el precio de la operación.

Las terceras citadas a ese juicio, Alvamar S.A., Luzpesca S.A. y Pesquera Dalba S.A., aseveraron su ajenidad respecto del negocio jurídico anudado entre actora y demandada.

En el expte. n° 60.393/2003, Alvamar S.A., Luzpesca S.A. y Pesquera Dalba S.A. demandaron a Vieira Argentina S.A. por cobro de $3.256.356 en concepto de los daños y perjuicios que, según dijeron, derivaron de la renuncia que en el marco de un acuerdo formuló Pescasur S.A. respecto de reclamar reembolsos de exportación -denominados también «patagónicos»- anteriores a la promulgación de la ley 25.454.

La allí demandada sostuvo haberse conducido del modo dicho, en virtud de lo decidido en los fallos dictados sobre la cuestión.

En el expte. n° 70.796/2003, Frigorífico Delfín S.A. demandó a Vieira Argentina S.A.por cobro de U$S536.823,11.

Adujo que por una nota fechada el 31 de marzo de 2000 Pescasur S.A., ahora Vieira Argentina S.A., habíale reconocido un crédito a ser sufragado acreditación mediante de un porcentaje proveniente de la venta de pescados y mariscos que fue incumplido, y planteó la inconstitucionalidad de la denominada normativa de emergencia.

La defendida Vieira Argentina S.A. si bien admitió la existencia de aquel crédito, dijo que de aquella suma cupo descontar cierta cantidad, y además, que el saldo debió pesificarse.

iv. Por fin, en el expte. n° 21.180/2005, Erintur Corporation S.A. demandó a Vieira Argentina S.A. por cumplimiento de una obligación de pago según lo pactado en las cláusulas c y d del contrato de compraventa de las acciones de Artesis S.A., y planteó también la inconstitucionalidad de las normas de emergencia.

Vieira Argentina S.A. si bien reconoció la existencia de ese débito que le fue atribuido, reconvino a la actora por cobro de suma de $18.088,40; basó esa articulación en la existencia de pasivos ocultos, cosa que la reconvenida negó y tachó de extemporánea.

Quienes fueron citadas como terceros -Alvamar S.A., Luzpesca S.A. y Pesquera Dalba S.A.- solicitaron el rechazo de la contrademanda y sostuvieron serle inoponibles los efectos del contrato anudado entre actora y demandada.

La sentencia de primera instancia.

El sr. juez de grado (i) desestimó los planteos de inconstitucionalidad de las normas de emergencia y dispuso la aplicación de la doctrina del esfuerzo compartido; (ii) rechazó la totalidad de lo pretendido por las susodichas actoras; (iii) hizo lugar a la reconvención deducida por Vieira Argentina S.A. contra Erintur Corporation S.A. a quien condenó a pagar una suma expresada en moneda de curso en esta República cuya determinación difirió para la etapa de ejecución del veredicto; (iv) extendió los efectos del pronunciamiento a las terceras Alvamar S.A., Luzpesca S.A.y Pesquera Dalba S.A.; y (v) impuso las costas a éstas, a Frigorífico Delfín S.A. y a Erintur Corporation S.A.

Sobre lo articulado en el expte. n° 32.076/2002, basado en lo dictaminado por la sra. Agente Fiscal, el a quo desestimó el planteo de inconstitucionalidad de la normativa de emergencia, con igual sustento consideró aplicable al caso la denominada doctrina del esfuerzo compartido y, por consecuencia, mandó convertir la suma de condena a la paridad U$S1 = $1 con más el 50% de la diferencia existente entre esa paridad y el valor actual de dólar estadounidense según cotización del tipo vendedor en el mercado oficial.

Sustentado en ello, el magistrado juzgó que Vieira Argentina S.A. se condujo con arreglo a derecho y que no fue responsable por no haber constituido el gravamen hipotecario según lo previsto en el contrato de compraventa de acciones, aunque de seguido aludió al ofrecimiento formulado por ésta a Erintur Corporation S.A., el 21 de febrero de 2002, concerniente a su disposición de constituir la garantía.

De ello concluyó en la sinrazón del planteo formulado por la actora, en tanto contrario a la legislación vigente en ese momento y, además, consideró ser contradictorio haber demandado el cumplimiento de la aludida obligación de escriturar y, coetáneamente, el cobro del saldo insoluto.

En lo que respecta al planteo subsidiario formulado por Erintur Corporation S.A. concerniente a la constitución del gravamen hipotecario en moneda de curso legal más el CER, lo denegó.

En lo que se refiere al expte. n° 60.393/2003, apoyado en una renuncia/acuerdo celebrado por Vieira Argentina S.A. con el Estado Nacional y la Aduana por cobro de reembolsos de exportación -«patagónicos»-, el a quo consideró no demostrado por las allí actoras Alvamar S.A., Luzpesca S.A. y Pesquera Dalba S.A. el menoscabo patrimonial que ellas invocaron.

Aludió el sr. juez a lo dispuesto en la Res.1.229/96 emanada de la Administración Nacional de Aduanas sobre la inaplicabilidad de los mencionados reembolsos a las exportaciones de productos del mar luego de su dictado; trajo a colación lo dispuesto por la Corte Federal en los precedentes que citó y señaló no obstar a aquella conclusión el hecho de que ni Erintur Corporation S.A. ni las demandantes en ese juicio hubieren dado su conformidad, en tanto consideró que esa conducta no produjo daño cierto, concreto y comprobado.

Respecto del expte. n° 70.796/2003, el magistrado de grado comenzó por señalar la ausencia de controversia en cuanto a la existencia de un documento en el que Pescasur S.A., absorbida por Vieira Argentina S.A., reconoció adeudar una suma expresada en moneda foránea a Frigorífico Delfín S.A., sin perjuicio de lo cual juzgó que ese instrumento se agotó en sí mismo y careció de causa legítima y de respaldo contable.

Sustentó esa conclusión en lo declarado por el testigo Domingo A. Martínez, quien intervino en la operación; también en lo normado por el art. 722 del Cód. Civil entonces vigente, y añadió no existir correlato de esa deuda ni en la contabilidad de la demandada Vieira Argentina S.A. ni en aquélla perteneciente a la actora Frigorífico Delfín S.A. y, por ello, consideró incumplida la norma del art. 43 del Cód. de Comercio.

Acerca de lo actuado en el expte. n° 21.180/2005, luego de analizado el peritaje contable y de recordado que el precio de la compraventa de acciones debió ser satisfecho en moneda de curso legal, el a quo halló que ninguna pregunta fue hecha al perito para que cierta y concretamente dictaminara a cuánto ascendían los supuestos créditos de los que Erintur Corporation S.A. y Vieira Argentina S.A. recíprocamente dijeron ser titulares.

Puesto a desentrañar tal cosa, el sr.juez señaló que la primera había reconocido que el precio de venta debió ajustarse según liquidación por gastos a ser realizada por la segunda; empero, no encontró razón por la que alguno de esos gastos no fueron afectados por la actora a la variación del precio estipulado, citó a modo de ejemplo los de ANSES, honorarios Bosch y reparación de buques; y advirtió que contrariamente a lo invocado por la demandante Erintur Corporation S.A., ambas partes habían acordado, en la cláusula 3°, que los descuentos se efectivizarían sobre impuestos y cargas devengadas en cabeza de Pescasur S.A. sin mención alguna a su efectiva cancelación.

Por otra parte, más allá de que aún establecido que la determinación del precio por variación tuvo un plazo de dos meses, el magistrado consideró ser irrazonab le esa cláusula, y basado en los descuentos que la defendida mencionó en su alegato de bien probado que juzgó demostrados en vía pericial contable y naval, el a quo juzgó que no existe saldo en favor de Erintur Corporation S.A. y que sí lo hay en cabeza de Vieira Argentina S.A. cual así ésta lo reclamó en la reconvención, bien que difirió su cuantificación a la etapa ulterior.

Finalizó el sr. magistrado desestimando el planteo de inconstitucionalidad de las normas de emergencia formulado por la allí actora.

Los recursos.

Esa única decisión adoptada en el quicio del incidente caratulado «Erintur Corporation S.A. c/ Vieira Argentina S.A. s/ incidente-cuaderno de prueba unificada», que en copia certificada fue incorporada a cada uno de los expedientes fue apelada por Erintur Corporation S.A., quien así lo hizo (i) en el expte. n° 32.076/2002 (fs. 3211) en el que expresó los agravios de fs. 3224/7, que fueron respondidos por Vieira Argentina S.A. en fs. 3233/53; y (ii) en el expte. n° 21.180/2005 (fs. 638), donde expresó las quejas de fs. 657/64, que merecieron la respuesta de Vieira Argentina S.A. de fs.666/86.

También recurrió la sentencia Frigorífico Delfín S.A. en el expte. n° 70.796/2003 (fs. 1739), en el que expresó los agravios de fs. 1758/64, que fueron respondidos por Vieira Argentina S.A. en fs. 1766/86.

Resta señalar, en fin, que el recurso que interpuso Erintur Corporation S.A. en el expte. n° 60.393/2003 (fs. 3016) fue luego desistido, según así surge de la pieza de fs. 3033.

Agravios vertidos por Erintur Corporation S.A. en el expte. n° 32.076/2002.

La quejosa tachó de incongruente el fallo.

Señaló que lo demandado fue el cumplimiento de la obligación de constitución de una hipoteca naval que reposó en cabeza de Vieira Argentina S.A. según lo pactado en el contrato, con el objeto de garantizar el pago de las dos últimas cuotas del precio de la compraventa expresado en dólares estadounidenses; dijo que si bien inicialmente, la demandada en vía epistolar había hecho conocer su disposición para obrar de tal modo aunque en moneda del país, tres meses después, al contestar la demanda, negó la existencia de la deuda a ser garantizada en cualquier tipo de moneda y, además, reclamó un saldo en su favor.

Con esa base, afirmó la recurrente que la sentencia hubiere juzgado que fue Erintur Corporation S.A. la responsable de la ausencia de constitución del gravamen, soslayando cuanto sobre ese asunto había respondido la demandada, fue incongruente.

Igual defecto atribuyó al pronunciamiento en lo que se refiere a la juzgada contradictoria conducta que allí se atribuyó a la apelante y, también, en lo tocante a la decidida pesificación de la obligación.

Agravios vertidos por Erintur Corporation S.A. en el expte. n° 21.180/2005.

En éste, derechamente la apelante aseveró ser nula la sentencia en tanto el pronunciamiento fue apoyado en cuanto surge de una pericia naval que, según la quejosa afirmó, fue incorporada al expediente ilegalmente y en franca contradicción con lo que antes había sido resuelto.Agregó que el planteo de nulidad que en vía incidental formuló sobre esa cuestión fue desestimado.

Abundó sobre todo esto.

También criticó cuanto fue decidido en el quicio de ese expediente.

Se agravió de que la sentencia hubiere soslayado lo que concierne al plazo de caducidad dentro del cual debieron documentarse y deducirse los gastos devengados por la reparación de los buques y, por ende, considerado que ese lapso contractualmente pactado no fue razonable.

Sobre esto, entre otras cosas dijo que el magistrado se apartó de lo que las partes expresamente habían convenido, que careció de facultades para así hacerlo, y añadió que recién corridos ocho meses parcialmente esa obligación fue cumplida por la defendida.

Se quejó por haber sido admitidos determinados rubros a ser descontados del saldo del precio de la operación.

Acerca de ese extremo, adujo que la sentencia carece de fundamentación suficiente y, como tal, violenta las reglas de la sana crítica racional.

Agravios vertidos por Frigorífico Delfín S.A. en el expte. n° 70.796/2003.

Sostuvo la quejosa que la sentencia se apartó notoriamente de las pruebas producidas en la causa y, por esto, sostuvo que el pronunciamiento no constituye una derivación razonada del derecho.

Cuestionó la forma con que fueron concebidos los «resultandos» de la sentencia, donde fue omitido mencionar que la demandada se abstuvo de cuestionar la deuda parcialmente sufragada y su causa; igual cosa adujo respecto a que esa misma parte, al aludir a un reconocimiento de deuda en favor de Frigorífico Delfín S.A. por U$S744.000 se refería a una comunicación que aquélla había cursado a la aquí apelante el 3 de abril de 2003, suma esa que luego fue pesificada; y afirmó que todo ello surge del proceso.

Se agravió de la forma con que fue valorado el peritaje contable, que llevó al sentenciante a considerar la inexistencia de correlato en la contabilidad llevada por Vieira Argentina S.A. y, asimismo, se quejó por haber sido omitido el examen de lo declarado por el testigo Claudio A.Güida.

Abundó sobre todo esto.

Criticó la sentencia en tanto juzgó carente de causa la obligación cuyo cumplimiento se demandó.

Invocó la norma del art. 500 del entonces vigente Cód. Civil; sostuvo que la existencia de causa se presume aunque ésta no resultó expresada en el documento cuyo contenido sí fue reconocido por la deudora; y afirmó que fue ésta quien, ante aquella presunción, debió demostrar la inexistencia de la causa de la obligación y no lo hizo.

Concluyó del modo siguiente: aseveró que lo pretendido en este expediente versó sobre la moneda de pago con la que cancelar el crédito pendiente de pago, dijo que Vieira Argentina S.A. además de resistir esa pretensión de pago en la moneda expresada en el contrato y el planteo de inconstitucionalidad de las normas de emergencia formulado por la actora ofreció sufragar aquel saldo actualizado según lo dispuesto en esas mismas normas, salvo intereses, y que la sentencia exorbitó aquellas cuestiones y declaró la inexistencia del crédito en cuestión por ausencia de causa.

La solución.

Acerca de la pretendida incongruencia y nulidad de la sentencia de grado.

Cuando una sentencia se halla teñida de determinados vicios o se han producido modificaciones notorias de las circunstancias que le han dado origen resulta factible impugnarla, como modo de remediar lo que es denominado «presupuesto de falibilidad humana», que puede traer aparejado que, «por defectos del juez o de las partes o por oscuridad de los preceptos generales o ante la eventualidad de interpretar en varios sentidos las disposiciones normativas, es frecuente y factible que algunas de las normas concretas creadas por los tribunales presentan una inconformidad con las reglas abstractas que necesariamente deben acatar» (Kelsen, en «Teoría general del Derecho y del Estado», pág. 125, trad.de García Maynes, 2a ed., México, 1958).

En términos llanos, la posibilidad de impugnar de nulidad una sentencia por las circunstancias apuntadas tiene como presupuesto esencial la existencia de un vicio, de una deformación de naturaleza substancial que afecte los actos del proceso o, lo que es igual, de un defecto que no debe ser de aquéllos denominados formales, cuya corrección se logra mediante los institutos procesales de práctica (CNCom, Sala integrada por los Dres. Monti y Díaz Cordero, «Leiva, Juan Carlos c/ Rusek, Estanislao Francisco», 15.2.00; esta Sala, «Grupo Pilares S.R.L. c/ Cencosud S.A.», 17.6.14; íd., «Hangar Uno S.A. c/ Provincia Seguros S.A.», 19.6.14; íd., «Lorena Automotores S.A. c/ Renault Argentina S.A.» , 17.7.15; íd., «Lucky Marchand S.A. c/ Motorcam S.A.» , 17.3.16).

Pues bien.

Luego de una detenida, cuidadosa y meditada lectura del fallo, no advierto la existencia de vicio, defecto u omisión alguna de envergadura tal que la invalide como acto jurisdiccional, cual postuló Erintur Corporation S.A.

Por ello, sin perjuicio de lo que diré en el cap. 5. respecto del recurso interpuesto por Frigorífico Delfín S.A., y aunque como luego se verá no comparto en su totalidad la solución a la que arribó el primer sentenciante, tales cosas a mi juicio no alcanzan para invalidar la sentencia como acto jurisdiccional.

Así lo dejo propuesto, lo que si es compartido por mis colegas, autoriza el tratamiento de lo restante de lo que fue recurrido.

Del contrato de compraventa de acciones y su complementario, que vincularon a Erintur Corporation S.A. y a Vieira Argentina S.A.

El 6 de abril del año 2000, la aquí recurrente Erintur Corporation S.A. y Vieira Argentina S.A. anudaron el contrato copiado en fs. 51/62 del expte. n° 32.076/2002, que luego, el 20 de diciembre de ese mismo año fue complementado y parcialmente modificado (fs.42/50 del mismo expte.).

En el primero de esos instrumentos se hizo constar que Erintur Corporation S.A., propietaria de 9.900 acciones de la sociedad Artesis S.A. quien de su lado tenía como único activo 80.495 acciones de la firma Pescasur S.A., enajenó a Vieira Argentina S.A. aquel capital accionario (Considerandos y cláusula 1°).

De ese documento me interesa destacar que el precio de la compraventa fue fijado en la suma de U$S14.000.000 pagaderos de la siguiente forma: U$S5.000.000 de contado y U$S6.000.000 a los dieciocho meses contados desde la fecha puesta en el contrato (cláusula 2°, inc. a y b), y U$S1.500.000 a los treinta y seis meses computados desde ese mismo momento y U$S1.500.000 a los cuarenta y ocho meses contados de igual manera (cláusula 2°, inc. c y d).

En garantía de esos pagos fue acordada la constitución de una hipoteca sobre el buque Alvamar Cuatro en un plazo máximo de sesenta días contados desde la emisión de un certificado de libre deuda de cargas previsionales a ser emitido por la administración, a lo cual se obligó Vieira Argentina S.A.(cláusula 2°, últimos párrafos).

Asimismo necesario es señalar que a mbas partes acordaron un plazo máximo de dos meses, computado también desde la data de suscripción del contrato, dentro del cual debieron documentarse y en su caso deducirse determinadas partidas del activo y del pasivo respecto de los valores establecidos en el anexo IV que podrían variar el precio fijado (cláusula 3°).

A ese contrato se agregaron diversos anexos, cuyo contenido fue especificado en los «Considerandos» del documento a que aludo.

(ii) En el segundo de los instrumentos, luego de formulada una síntesis de lo acordado en el anterior con especial mención de lo estipulado en la cláusula 3°, ambas partes acordaron mantener la validez y vigencia de lo pactado (cláusula 1°), bien que convinieron, entre otras cuestiones, ajustar el precio de la operación en favor de la vendedora (de Vieira Argentina S.A.) en U$S178.587 (cláusula 2°).

Asimismo, se acordó lo concerniente al tratamiento a dar respecto a los impuestos devengados según lo pactado en la cláusula 3° del contrato de compraventa, se dejó constancia de un pago de U$S1.450.000 por parte de la compradora (cláusula 4°), y se estipuló que por medio de la hipoteca naval se garantizaría el pago del saldo con deducción de las sumas establecidas en las cláusulas 3° y 4° (cláusula 7° in fine).

Del recurso que Erintur Corporation S.A. interpuso en el expte. n° 32.076/2002.

Fue con sustento en todo ello que Erintur Corporation S.A., en el expte. n° 32.076/2002, el 7 de mayo de 2002 demandó a Vieira Argentina S.A.por cumplimiento de una obligación de hacer, pidió que ésta fuera condenada a otorgar la hipoteca naval en garantía del saldo insoluto de la operación de compraventa de acciones conforme lo pactado en los instrumentos recién referenciados y planteó la inconstitucionalidad de la normativa de emergencia, bien que en subsidio solicitó que el gravamen real fuera constituido en moneda de curso legal con más el coeficiente de estabilización de referencia – CER- según lo normado por el art. 4° del Dec. 320/02 (fs. 254/67).

Corresponde destacar que por ese entonces, el plazo para el pago de aquellas dos últimas cuotas no había fenecido: ese hecho -me refiero al vencimiento de los plazos pactados para el pago de las dos últimas cuotas- acaeció tiempo después, y fue por esto que, con igual sustento contractual, el 7 de junio de 2005 Erintur Corporation S.A demandó a Vieira Argentina S.A. por cobro de la suma insoluta según lo que había sido pactado en la cláusula 2°, inc. c y d del contrato de compraventa de acciones (fs. 12/30 del expte. n° 21.180/2005).

Podemos así advertir que, contrariamente a lo juzgado en el expediente a que me refiero, no fue contradictoria la conducta seguida por la quejosa Erintur Corporation S.A.

Antes bien, frente a la evidenciada resistencia por parte de Vieira Argentina S.A. de constituir el gravamen real, antes de que vencieran las cuotas cuyo pago debió esa deudora garantizar constitución mediante de la hipoteca naval sobre el buque Alvamar Cuatro, la actora de ese juicio n° 32.076/2002 demandó el cumplimiento de esa obligación de hacer, y una vez fenecido el plazo para el pago de aquellas mismas cuotas, en el expte. n° 21.180/2005, tres años y un mes después de interpuesta aquella pretensión, demandó su cobro.

No existió, insisto en esto, la apuntada contradicción.

Por cierto que no dejo de advertir que cuando la quejosa Erintur Corporation S.A.alegó de bien probado (lo que así hizo, al igual que Vieira Argentina S.A., en el quicio del expte. caratulado «Erintur Corporation S.A. c/ Vieira Argentina S.A. s/ incidente-cuaderno de prueba unificada» (v. fs. 3367/80), señaló que «Al haberse iniciado con posterioridad a la promoción de la presente acción (con referencia a la deducida en el expte. n° 32.076/2002) la acción ordinaria por cobro del saldo de precio del contrato, sin haberse obtenido sentencia en el presente, resultará abstracto expedirse acerca de si corresponde cumplir o no con la obligación de constituir una hipoteca en resguardo del crédito.» (v. concretamente fs. 3369, párrafo 3°).

Dado lo acaecido, en mi criterio cupo declarar la abstracción de esa misma cuestión cual así lo pidió: como es sabido, es requisito necesario para el dictado de la sentencia, que la controversia que se somete a consideración del Tribunal no se reduzca a una cuestión abstracta (CSJN, Fallos, 198:245; 247:469), como también lo es que, en todo proceso, cabe decidir según la situación existente al dictarse la sentencia definitiva (cpr 163: 6°), y que como principio, las sentencias han de ceñirse a las circunstancias dadas cuando se dictan.

Es que existe el deber de dictar sentencia ante una litis concreta, en tanto no es función de la judicatura emitir declaraciones abstractas; y es precisamente por esto que si al tiempo de dictar la sentencia ha desaparecido el interés jurídico concreto del instante, no cabe pronunciamiento alguno. Esto, toda vez que -insisto- los pronunciamientos abstractos son impropios de las decisiones judiciales, por lo que no es función de la judicatura emitirlos (esta Sala, «Bas, Patricia Josefina c/ Círculo de Inversores S.A. de ahorro para fines determinados», 7.9.10; íd., «De Pablo, Gustavo Martín c/ Banco Patagonia S.A.», 12.10.10.; íd., «Garriga Lacaze, Julieta c/ Loffreda, Ricardo», 5.11.10; íd., «Carrera, Guido c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires», 21.3.11; íd., «Polero y Hendi S.R.L.s/ quiebra c/ R.G. Polero y Asociados S.R.L.» , 4.4.13; íd., «Santos Vega S.A.A.G. c/ Inspección General de Justicia» , 24.2.15; íd., «Ruberto, Guillermo Miguel c/ Caputo S.A.I.C. y F.», 8.3.16).

Firme se halla ahora, por ausencia de recurso, que el plexo normativo «de emergencia» no es inconstitucional cual así lo invocó Erintur Corporation S.A. y, por ende, es cosa juzgada que la suma expresada en moneda foránea correspondiente a las cuotas cuyo pago fue pactado en los inc. c y d de la cláusula 2° del contrato de compraventa debió pesificarse.

Sobre esto elocuente es lo dictaminado en fs. 3182 del expte. n° 32.076/2002 y en fs. 610 del expte. n° 21.180/2005 donde, además, la sra. Fiscal en lo Civil y Comercial opinó ser aplicable en la especie la llamada doctrina del esfuerzo compartido y aconsejó convertir a la paridad U$S1 = $1 el capital adeudado con más el 50% de la brecha existente entre un peso y la cotización del dólar estadounidense en el mercado libre de cambios, tipo vendedor, correspondiente a la fecha de vencimiento de cada una de las susodichas cuotas.

La ley 25.820 (modificatoria de la normativa de emergencia), previó, para las relaciones entre particulares no vinculadas con el sistema financiero, un amplio margen de flexibilidad en la búsqueda de soluciones que permitan amortiguar los efectos distorsivos de la nueva paridad cambiaria sobre el sinalagma contractual.

fue así que desde esta perspectiva, en numerosos precedentes este Tribunal hizo lugar a la aplicación de la doctrina del esfuerzo compartido (v. entre muchos, «López, Walter c/ Cejas, Rosa» , 11.5.04; «Nogaret S.A. c/ Santín, Mora», 31.10.08; «Sascaro Juan c/ Manelma S.A.», 30.4.10; The Cápita Corporation de Argentina S.A. c/ Costasán S.R.L.», 22.10.10; «Todoroff, Gabriel Pedro c/ Liberty Seguros Argentina S.A.», 3.12.10; «Entretelas Americanas S.A.c/ Polimet S.A.», 10.6.11).

En todos esos casos juzgó esta Sala que, cuando las decisiones de la autoridad pública basadas en una declarada situación de emergencia han producido una profunda alteración de las reglas de juego afectando los presupuestos mismos de las relaciones contractuales al alterar abruptamente lo que debía ser el patrón de medida, parece claro que aplicar mecánicamente el conjunto poco coherente de normas de emergencia, convirtiendo sin más a pesos las sumas establecidas en dólares (u otras monedas extranjeras) a la paridad uno a uno, lesiona el derecho de propiedad del acreedor, que los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional ampara.

Así fue decidido, pues aquel régimen normativo no impuso una pesificación definitiva a través de la aplicación de la paridad y el coeficiente de estabilización de referencia -CER-, sino que contempló la posibilidad de un ulterior reajuste a pedido de parte, cuando el resultado provisto por la utilización de dicha paridad y el coeficiente correspondiente con el valor resultante de la cosa, bien o prestación al momento del pago, resultara insuficiente.

A pedido de la parte acreedora, dije.

Mas aquí ocurre que la acreedora Erintur Corporation S.A. nada sobre este asunto pidió; y no sólo no lo hizo sino que, además, en la subsidiaria petición que formuló tanto en el quicio del expte. n° 32.076/2002 (demanda, cap. IX, ap. 6, fs. 267) cuanto en aquél n° 21.180/2005 (demanda, cap. II, anteúltimo párrafo, fs. 12) solicitó que, en caso de rechazarse el planteo de inconstitucionalidad de la normativa de emergencia, su crédito en moneda extranjera fuera convertido a la paridad U$S1 = $1 con más el llamado CER.

Dado entonces que en el expte.n° 32.076/2002 parte del recurso que la quejosa interpuso fue destinado a criticar la juzgada aplicación de la doctrina del esfuerzo compartido, por los argumentos que dejo expuestos y, especialmente por cuanto voluntariamente la actora se condujo del modo dicho, opino que la sentencia debe ser modificada y, por ende, disponer que el crédito en cabeza de la actora Erintur Corporation S.A. debe pesificarse en la medida y con los alcances señalados en el ap. anterior.

Así lo dejo propuesto al Acuerdo.

Del recurso que introdujo Erintur Corporation S.A. en el expte. n° 21.180/2005.

Cuando la actora, en el expte. n° 21.180/2005, demandó el cobro de la acreencia basada en lo acordado en los inc. c y d de la cláusula 2° del contrato de compraventa de acciones y en aquél complementario que le siguió, sustentada en lo actuado en un expte. de igual carátula «s/ diligencia preliminar», expresamente dijo haberle sido imposible determinar «en forma precisa y concreta el sald o correspondiente al precio de las acciones societarias que le fueron transferidas» (sic, fs. 14, cap. III, 2° párrafo), de modo tal que ese crédito cuyo cobro allí pretendió no fue cuantificado.

a esto se añade que cuando Vieira Argentina S.A. respondió la demanda en ese mismo expte., no sólo negó deber alguna suma a Erintur Corporation S.A. sino que, además, invocó la existencia de un crédito en su favor y, por ello, reconvino a aquélla (fs. 308/412), quien resistió esa pretensión (fs. 415/30).

Quedó arriba dicho que el primer sentenciante rechazó la demanda e hizo lugar a la reconvención, y que esa decisión fue apelada por Erintur Corporation S.A.

El recurso que contra esa particular decisión fue introducido, conviene recordarlo, fincó sobre tres extremos:(i) fue criticado que el primer sentenciante valorara cuanto surge de una pericia naval que, según la quejosa, fue ilegalmente incorporada a las actuaciones toda vez que la oferente de esa prueba había sido declarada negligente en su producción; (ii) asimismo lo fue que el juzgador hubiere soslayado lo que concierne al lapso de caducidad dentro del cual debieron documentarse y deducirse los gastos devengados por la reparación de los buques, y que hubiere juzgado ser irrazonable ese mismo plazo contractualmente estipulado y, por fin (iii) también se quejó la recurrente por haber sido juzgada la procedencia del descuento de diversos rubros sobre el saldo del precio de la operación.

Es evidente que el día en que fue suscripto el contrato de compraventa de acciones (el 6 de abril del año 2000; v. otra vez fs. 51/62 del expte. n° 32.076/2002), Vieira Argentina S.A. adquirió, entre otros activos, los buques Alvamar III, Alavamar IV, Alvamar V, Alvamar VI y Alvamar VII los cuales, según ella dijo, no pudo revisar por hallarse en ese momento afectados a la actividad que les es propia, y explicó que se condujo de ese modo dada la gran confianza existente entre quienes intervinieron en la operación y la confidencialidad de las tratativas previas a su concreción (contestación de demanda, específicamente cap. IV, aps. 3.2. y 3.3., fs. 314 vta.; y ap. 3.4., fs. 315).

Igual cosa reiteró en el mismo escrito de responde (en el ap. 2.4. del cap. desde fs. 325 vta.) en el que, además, adujo haber obrado del modo dicho con base en la descripción de los navíos efectuada por la enajenante y por el corredor designado por ésta (por Erintur Corporation S.A.), Albino Morán & Partners Shipbrokers, para tal menester aps. 3.3. y 3.4., desde fs. 324 vta.).

Probado está que ese corredor actuó del modo allí relatado.

En efecto.

Tal cosa surge del instrumento denominado «Memorándum confidencial» cuya copia debidamente autenticada se glosó en fs. 1760/74 del expte.n° 32.076/2002 en el que, en lo que se refiere al estudio de la cuestión que ahora me ocupa, se aclaró que los principales activos pertenecientes al «Grupo Pescasur» lo era «la calidad de su flota y el número de buques disponibles» a los que se calificó de «magníficos», se dijo allí ser «óptimos para las actividades a las que se dedican y (hallarse) completamente equipados» y tratarse «de los mejores buques existentes en Argentina en sus respectivas especialidades» (fs. 1763 del cit. expte.).

Según se desprende del pie de cada una de las fojas que conforman el documento a que aludo, éste aparece confeccionado por Albino Morán & Partners Shipbrokers.

Igualmente quedó demostrado que la operación de compraventa se anudó sobre la base de lo surgente del documento a que recién me referí, que las negociaciones que precedieron a la suscripción del contrato se efectuaron en un estricto marco de confidencialidad, y que por causa de la gran confianza existente entre quienes conformaban ambas partes del negocio no se inspeccionaron los barcos que formaban parte de los activos enajenados.

Sobre esto ilustra cuanto declaró en fs. 2506/11 del «cuaderno de prueba unificada» el testigo Daniel A. Badens, de profesión abogado, quien por Vieira Argentina S.A. participó en la casi totalidad de las reuniones que las partes del contrato efectuaron antes de su suscripción (respuesta a la 1° preg.).

Ese testigo, preguntado que fue acerca de las características de la operación, luego de aludir al contenido del arriba mencionado «Memorándum confidencial», entre otras cosas dijo que «Dentro de una negociación en confianza y buena fe se aceptó no requerir efectuar una auditoría y análisis profundos de la empresa confiando en la particularidad de dicha negociación y tomando recaudos contractuales como por ejemplo difiriendo parte del pago del precio para cubrir eventuales pasivos ocultos o defectos en los bienes que integraban el activo de Pescasur S.A.» (respuesta a la 2° preg.).

Repreguntado que fue por el letrado de Erintur Corporation S.A.acerca de esos dichos, el testigo recordó que sus mandantes «insistieron (en) revisar los buques, pero en todo momento se planteó que la operación era condición del grupo vendedor que no trascendiera el ámbito de las personas que estaban participando.», y aludió a una única ocasión en la que, disfrazada como «casual» con el objeto de resguardar la confidencialidad de la negociación, pudieron ser vistos ingresando al puerto dos de los navíos de Pescasur S.A., a los que sólo hicieron una visita de cortesía.

Agregó ese testigo que los compradores no pudieron inspeccionar los navíos (respuesta a la 9° repreg.), e insistió en cuanto a que la única información sobre los buques fue la surgente del aludido «Memorándum confidencial» (respuesta a la 10° repreg.).

Ese testimonio, que es valorado según la regla del cpr 456 y no mereció impugnación de la defensa, es serio y preciso, viene a corroborar cuanto sobre este extremo relató la parte demandada, y nada amerita dudar de la veracidad de aquella declaración.

Sólo agregaré que, cual es sabido, respecto de la apreciación de la prueba, en especial la testimonial, el juzgador puede inclinarse por la que le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que pudieran obrar en el expediente, siendo, en definitiva ello, una facultad privativa del magistrado, y es por esto que excluir el mérito de la declaración testimonial única con base en el viejo aforismo testis unus-testis nullus resulta injustificable, toda vez que implicaría una limitación a la libre valoración que le es propia al juez de la credibilidad que le merezca el testimonio (esta Sala, «O. Ferrari S.R.L. c/ Compañía Instrumental del Litoral S.A.», 1.8.89; íd., «A.T.C. S.A.c/ Conti, Jorge Horacio», 20.11.09; íd., «Rittner, Irene c/ Lago Espejo Resort S.A.», 5.2.10; íd., «Bertelegni, Diana Beatriz c/ Garbarino S.A.», 2.3.10; íd., «Maciñeiras Martínez, Roxana c/ Francisco Osvaldo Díaz S.A.», 13.12.12; íd., «Delfino, Daniel c/ Automóvil Club Argentino», 6.10.15).

Cuando la demanda fue respondida y la reconvención deducida por Vieira Argentina S.A. en el expte. n° 21.180/2005, entre otras pruebas, ésta ofreció producir un peritaje naval como modo de demostrar la existencia de severos desperfectos en los buques que, detallados en el anexo IV del contrato de compraventa de acciones al que tantas veces aludí, le fueron transferidos (v. específicamente, fs.403, punto 2.6. de esos autos).

Tiempo después, en el marco del expte. caratulado «Erintur Corporation S.A. c/ Vieira Argentina S.A. s/ ordinario s/ incidente-cuaderno de prueba unificada», la actora pidió se declarara negligente a su oponente en la producción de (entre otras) esa prueba pericial (v. fs. 2406, punto a).

El sr. juez de grado atendió el planteo y, por ende, Vieira Argentina S.A. fue declarada negligente en la producción de ese medio probatorio en la interlocutoria que corre en fs. 2413/6 de ese mismo expte. que, fechada el 5 de junio de 2013 fue ordenado notificar.

Empero, esa manda no fue cumplida; esto es, ninguna cédula fue cursada por la actora a la demandada como modo de anoticiar a ésta de lo que en la mencionada resolución había sido decidido.

El 27 de ese mismo mes y año el peritaje naval fue acompañado por el experto e incorporado al expediente, lo que fue mandado conocer también por cédula (fs. 2419/66 y providencia de fs. 2467), y ese mismo día Vieira Argentina S.A. dedujo recurso de reposición contra la mencionada interlocutoria de fs. 2413/6 (así lo hizo en fs.2468/9).

Ese planteo fue atendido y, por lo tanto y por aplicación del principio de amplitud de la prueba, se dejó sin efecto aquella declarada negligencia y dispuesto notificar tal cosa por cédula a la demandante (fs. 2470, puntos 3° y 4°).

Notificada que fue Erintur Corporation S.A. (fs. 2491 y vta.), poco después interpuso un incidente de nulidad de la interlocutoria recién mencionada (fs. 2481/5), que fue liminarmente desestimado (fs. 2486).

Mas no culminó allí este asunto: la misma actora planteó otra incidencia en la que solicitó se revocara esa última resolución, que en subsidio apeló (fs. 2494/7), todo lo cual corrió igual suerte (fs. 2498).

A mi juicio, esa cuestión fue bien juzgada en la instancia de grado.

Pues más allá de que la declarada negligencia nunca fue notificada a la oferente de la prueba en cuestión, por sobre cualquier consideración que pudiere formularse, ignorar cuanto de la mencionada pericia se desprende que, como dije, escasos días luego de aquella declaración de negligencia fue agregada al expediente, importaría, a mi juicio, un apego extremo a las formas rituales con olvido de la verdad jurídica objetiva que constituye el fin último del proceso.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho, in re: «Colalillo» (Fallos: 238-550) y reiterado en Fallos 302:1611 y 302:1614, que la interpretación de las normas procesales no puede prevalecer sobre la necesidad de acordar primacía a la verdad jurídica objetiva, pues de otro modo se vulneraría la exigencia del adecuado servicio de justicia que garantiza el art.18 de la Constitución Nacional; ha señalado también que el proceso civil no puede ser cond ucido en términos estrictamente formales, sino que su Norte es el establecimiento de la verdad jurídica objetiva; y decidido que si bien por vía de principio es propio de los jueces de la causa disponer lo conducente para el respeto de la igualdad en la defensa de los derechos, tal cosa no basta para excluir de la solución dada al caso su visible fundamento de hecho, porque la renuncia consciente a la verdad es incompatible con el servicio de justicia.

En esa línea se ha pronunciado esta Sala, y juzgado que la verdad debe primar sobre las formas (en autos «Mamo, Sergio Alfonso c/ Caja de Seguros de vida S.A.», el 31.10.00; en «Toller, Nelson Javier c/ Ford Credit Compañía Financiera S.A.» , el 29.6.10; en «Bas, Patricia Josefina c/ Círculo de Inversores S.A. de ahorro para fines determinados», el 7.9.10; en «Haz Sport Agency S.A. c/ Asociación Atlética Argentinos Juniors» , por sentencia del 11.3.14; y más recientemente en las causas «Casellas, Eduardo Enrique c/ Banco Santader Río S.A.», el 14.4.15 y «Delfino Daniel c/ Automóvil Club Argentino», el 6.10.15).

Corresponde pues, que valoremos cuanto surge del peritaje a que aludo.

hecho esto, resulta que aparece palmariamente probado que los cinco buques que fueron transferidos a Vieira Argentina S.A., desde ese momento denominados como «Vieirasa 11», «Vieirasa 14», «Vieirasa 15», «Vieirasa 16» y «Alvamar 7» ostentaron los severos desperfectos que el experto describió con precisión (v. otra vez fs. 2419/66 del «inc. s/ cuaderno de prueba unificada).

Resta señalar que Erintur Corporation S.A.ninguna explicación solicitó del perito ni impugnó el dictamen, y que como es sabido, la pericia traduce a los jueces -legos en materia naval- en lenguaje inteligible, las vinculaciones de causa-efecto que puedan suceder entre acontecimientos probados.

Su apreciación corresponde a los magistrados.

aún cuando la pericia no tenga carácter vinculante para el juez, el apartamiento de sus conclusiones debe encontrar apoyo en razones serias, en fundamentos objetivamente demostrativos de que no se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia; resulta preciso invocar razones fundadas las que, a su vez han de reposar sobre elementos de juicio al menos de igual jerarquía que los invocados por el experto, que permitan desvirtuar el informe (esta Sala, «Cuzzuol S.R.L. c/ Federación Patronal Cía. de Seguros S.A.», 24.6.11; íd., «De Fazio, Néstor Norberto c/ Automóvil Club Argentino», 1.6.12; íd., «Garac, José c/ Ford Argentina S.A.», 4.6.12; íd., «Maciñeiras Martínez, Roxana c/ Francisco Osvaldo Díaz S.A.», 13.12.12; íd., «Palumbo, Guillermo Gabriel c/ Ford Argentina S.C.A.», 3.6.14; íd., «Katz, Christian Manuel c/ Acura S.A.», 10.3.15; íd., «Lucky Marchand S.A.c/ Motorcam S.A.», 17.3.16).

Esto no fue hecho en el curso de la litis, de modo que, según las reglas de la sana crítica (cpr 477 y 386) hallo suficientemente fundado el peritaje analizado, que aparece confeccionado por quien resulta ser idóneo en la materia de que se trata.

Es verdad, no lo olvido y así lo sostuvo la quejosa, que en la cláusula 3° del contrato de compraventa de acciones, que fue rotulada «Ajuste del precio», fue señalado que el precio pactado había sido fijado independientemente del valor contable que registrara la sociedad y sin perjuicio de las variaciones que pudieran sufrir, en más o en menos, determinadas partidas del activo y pasivo respecto de los valores ponderados en el anexo IV, con las excepciones anunciadas en el mismo dispositivo convencional.

En lo que ahora importa destacar, fue allí acordado que «Las Partes procederán, en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de este contrato (es decir, desde el 6 de abril de 2000) a determinar el importe de tales variaciones y a liquidar la cantidad que deba ser reintegrada a la VENDEDORA (a Erintur Corporation S.A., se comprende) o, en su caso, abonada por ésta a la COMPRADORA (a Vieira Argentina S.A.), en el plazo máximo de quince días desde la notificación de la liquidación definitiva.» (v. concretamente fs. 54/5 del expte. n° 32.076/2002).

Mas aquí ocurre que, frente al escenario en el que se desarrollaron las tratativas que precedieron a la formalización del contrato que arriba quedó delineado, en el cual por sobre el cuidado y la prudencia con que debió conducirse Vieira Argentina S.A. primó la buena fe con que ella entendió conducidas las negociaciones por ambas partes, y específicamente la probada imposibilidad en que la compradora se halló de revisar los buques derivada de la absoluta confidencialidad que Erintur Corporation S.A.imprimió a las tales tratativas, a lo que se suma que la mayoría de los navíos se encontraba en alta mar (recordemos que de los cinco, sólo dos de los buques pudieron ser brevemente visitados por personal de la parte compradora una vez que arribaron a puerto), me persuade de que la fijación de ese acotado plazo exorbitó los parámetros de la buena fe con que la aquí actora debió conducirse.

Porque es notorio que la demandante en estos juicios nros. 32.076/2002 y 21.180/2005 no pudo ignorar que las naves detentaban los serios desperfectos cuya existencia fue pericialmente comprobada, de manera que todo me conduce a sostener que la fijación de aquel acotado plazo de caducidad incorporado al dispositivo convencional que ambas partes anudaron fue abusiva, y sólo tuvo la finalidad de aventar cualquier reclamo que la adquirente pudiere formular.

Digo entonces que una regla básica del derecho de los contratos es que éstos deben celebrarse, interpretarse y cumplirse acorde al principio de la buena fe, principio éste que fue impuesto y extendido con causa en las intensas modificaciones de la vida política, económica, jurídica y social, y que por ello opera en la actualidad como hecho, como valor, como modo de interpretación e integración (v. Piaggi, en «Reflexiones sobre dos principios basilares del derecho: la buena fe y los actos propios», publ. en «Tratado de la buena fe en el derecho», pág. 107, ed. La Ley, Buenos Aires, 2004).

La reforma introducida el año 1968 por la ley 17.711 modificó filosófica e ideológicamente el Código Civil. Así, las características y funciones de la buena fe tuvieron un viraje indisimulado en la doctrina, en contraste con los juristas decimonónicos que aceptaban sus efectos sólo en los casos en que la norma la aludía directamente. Más aún.

En los Códigos de tercera generación (v. gr. Código Suizo de las Obligaciones) la función de la buena fe prescinde de la causa ocupando su lugar.De esta manera se sustituye la tipicidad causal característica de los derechos latinos, por la tipicidad legal en beneficio de la seguridad del tráfico, y es por esto que la buena fe exige a las partes recíproca lealtad que debe apreciarse objetivamente, aplicando a cada situación el criterio de lo que ellas hubieren hecho estimándose los parámetros brindados por el honor y la razonabilidad (v. Messineo, en «Doctrina General», t°. II, pág. 110, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1952).

Resta señalar que en consonancia con lo expuesto, actualmente el art. 9 del Cód. Civil y Comercial constituye un principio general informante de la totalidad de la regulación jurídica.

Así vista, la buena fe exige una conducta diligente en la concertación y cumplimiento de los actos jurídicos, y viene a constituirse en el trasfondo y superficie de la relación jurídica anudada.

Resulta de esto que el principio de la buena fe concurre en los casos de desigualdad de fuerza económica o -cual aquí ocurrió- de aprovechamiento entre las partes, para alumbrar la conclusión de las obligaciones contractuales y el ejercicio de las pretensiones dentro de las pautas de razonabilidad exigibles, sin menoscabar los dictados que imponen el espíritu de justicia y equidad, porque de lo contrario se entraría en el campo del abuso del derecho.

De modo tal que si el móvil perseguido por una de las partes de la convención al ejercer sus atribuciones contractuales no guarda armonía con esa buena fe -sea en lo relativo a la celebración o al cumplimiento del contrato, como en lo referente al ejercicio de las facultades que el vínculo le otorga- provoca una disociación entre el derecho subjetivo y el precitado principio.

Es ese ejercicio antifuncional, irrazonable o irregular de la prerrogativa contractual -y como tal, violatorio del principio de la buena fe- lo que constituye la conducta abusiva (esta Sala, «Niro S.A. c/ Renault Argentina S.A.», 25.10.12; íd., «T.V. SAT S.M. Andes S.R.L.c/ DirecTV Argentina S.A.» 19.11.13; íd., «Santa María y Cía. S.A. c/ Toyota Argentina S.A.», 27.12.13; íd., «Lorena Automotores S.A. c/ Reanult Argentina S.A.», 17.7.15; íd., «Lavenás, Jorge Gastón c/ Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados», 4.12.15; también CNCom Sala B, «La Central de Tres Arroyos S.A. c/ Greco S.A.», 23.9.08; íd., «Kodak Argentina S.A. c/ Foto Express S.A.», 5.6.08; Sala D, «Saucedo, Ernesto c/ Fiat S.A. de ahorro para fines determinados», 23.9.08; v. Cifuentes, en «Código Civil comentado y anotado», t°. II, págs. 313 y sig., ed. La Ley, Buenos Aires, 2004, con copiosa cita de jurisprudencia; Bueres- Highton de Nolasco en «Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial», t°. 3-A, págs. 118 y sig., ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2010; Salas, en «Código Civil anotado», t°. I, págs. 535 y sig., ed. Depalma, Buenos Aires, 1981).

Es desde esta perspectiva que encuentro procedencia a la tesis sobre la que la defensa sustentó esta cuestión, y es por esto mismo que he de proponer la desestimación de los dos primeros agravios que introdujo la actora en el expediente a que me refiero n° 21.180/2005.

También se quejó Erintur Corporation S.A., en el último de los agravios que expresó en ese mismo expediente, por haber sido juzgada la procedencia del descuento de diversos rubros sobre el saldo del precio de la operación.

En cuanto a esto concierne, sólo parcialme nte, a mi juicio, la recurrente lleva razón.

No la lleva en lo que se refiere a la procedencia de los descuentos pues, con sustento en lo pactado en la cláusula 3° del contrato y en su complementario, a todo lo cual aludí en el ap. iii. de este mismo cap.4., veo que allí se facultó a la adquirente de las acciones a deducir del saldo del precio de la compraventa determinadas partidas que se hubieren «producido y devengado».

Dos consideraciones acerca de esto:

La primera, que según la Real Academia de la Lengua Española, la voz «devengar» significa «adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título», por ende, no corresponde asimilarla a la voz «pagar», de manera que más allá de la fecha en que los gastos informados, cuya autenticidad probó Vieira Argentina S.A. hubieren sido sufragados por ésta, cupo que su monto se detrayera del saldo del precio del contrato.

la segunda, que la realidad de los gastos devengados sobre cuya base en vía reconvencional la nombrada solicitó se descontaran del saldo del precio de la operación, fue suficientemente probada en vía pericial contable y naval (cfr. fs. 2188/223 2419/66, respectivamente, del expte. «s/ cuaderno de prueba unificada») e informativa (v. fs. 184/353, 674, 692, 713/6, 727/47, 998/9, 1004/49, 1677, 1904/61, 2166, 3417/8 del mismo expte. «de prueba unificada»).

Ningún párrafo destinó la quejosa para rebatir puntualmente la declamada improcedencia de esos rubros, como tampoco algo adujo acerca de la juzgada procedencia del rubro pérdida de la chance derivado de la imposibilidad en que se halló Vieira Argentina S.A. de explotar los buques en cuestión por padecer éstos de los severos vicios a los que arriba aludí.

En el aspecto examinado, pues, el recurso se encuentra desierto por ausencia de crítica concreta y razonada (cpr 265).

Alcanza entonces con recordar que doctrinariamente, respecto de la expresión «crítica razonada» fue sostenido que «El apelante debe fundamentar la expresión de agravios sobre la base de los errores en que ha incurrido la sentencia, según su apreciación.A tal efecto, no interesa si esos errores son de hecho o derecho; en la primera hipótesis se las pone de manifiesto teniendo en cuenta lo alegado y probado en la causa, y en la segunda, la argumentación jurídica está dirigida a rebatir la tesis jurídica del sentenciante».

en lo que concierne a la «crítica concreta», la doctrina enseña que «El análisis crítico del fallo debe ser efectuado punto por punto -se entiende que nos referimos a aquellos que lesionan el interés del apelante-; no olvidemos que la omisión de crítica acerca de alguno de ellos implica el consentimiento. No se considera expresión de agravios la mera disconformidad o discrepancia.» (cfr. Serantes Peña-Palma, en «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación», t°. I, pág. 629, ed. Depalma, Buenos Aires, 1983).

Bueno es señalar, al hilo de lo expuesto, que en una expresión de agravios no basta el quantum discursivo sino la qualitae razonativa y crítica.No alcanza el disentimiento con la sentencia, pues disentir no es criticar al punto que el recurso debe bastarse a sí mismo.

Esto es así, pues tanto los disensos subjetivos como la exposición retórica de la posibilidad de haber sido interpretados los hechos de modo distinto de lo apreciado por el juez, si bien constituyen modalidades propias del debate dialéctico, no lo son de la impugnación judicial.

Por el contrario, la refutación de las conclusiones de hecho y de derecho en que el juez de la primera instancia basa su pronunciamiento y la indicación de las circunstancias fácticas y razones jurídicas en virtud de las cuales el apelante tacha de equivocadas las conclusiones del fallo, son presupuestos esenciales para que el acto procesal intentado configure una auténtica expresión de agravios, de lo que se sigue que discutir el criterio de valoración judicial sin apoyar la oposición o dar base jurídica a un enfoque distinto, no es expresar agravios (esta Sala, «Vasile, Viviana Andrea c/ Banco Itau Buen Ayre S.A.», 4.12.09; íd., «Mach, Luis Osvaldo c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.», 30.12.09; íd., «Agua Va S.A. c/ Danone Argentina S.A.», 30.4.10; íd., «Friedrichs, Jorge Walter c/ Macrelli, Roberto», 15.6.10; íd., «Chacras Del Molino S.A. C/ Villalba, Gloria», 19.10.10; íd., «Potasz, Daniel c/ Oviedo, Diego Héctor», 4.2.11, íd., «Vera, Guillermo Antonio c/ Ford Credit Cía. Financiera S.A.» , 13.5.11; íd., «América TV S.A. c/ Emprender Producciones S.A.», 19.8.11; íd., «Bipolar S.R.L. c/ Aeropuertos Argentina 2000 S.A.» 13.3.12; íd., «Sabaj, Leonardo Isaac c/ Carballo, Carlos Rodolfo», 31.5.12; íd., «Ramos, Marcelo Fabián c/ Citibank N.A.», 2.10.12; íd., «Ghirardi, Alberto César c/ Borello, Rubén Alberto», 26.2.13; íd., «Wainer, Sergio Claudio c/ Cleona S.A.» , 25.3.13; íd., «Nastasi, Gustavo Daniel c/ B.Braun Medical S.A.» , 17.7.15; íd., «Delfino, Daniel c/ Automóvil Club Argentino», 6.10.15; íd., «Autopistas del Sol S.A. c/ La Construcción S.A. Compañía Argentina de Seguros», 4.12.15; íd., «Fregonessi, Rodolfo Ítalo c/ ADT Security Services S.A., 15.3.16).

Empero, sí acertó la quejosa en cuanto a que por cuanto parte de aquellos mismos descuentos fueron expresados en moneda extranjera (euros y dólares estadounidenses), la cuenta que en el alegato de bien probado formuló Vieira Argentina S.A. (en el ap. 28 de la foja 3417 vta. del expte. «s/ cuaderno de prueba unificada») carece de homogeneidad.

Así las cosas, por cuanto es cosa juzgada que la suma expresada en moneda foránea correspondiente a las cuotas cuyo pago fue pactado en los inc. c y d de la cláusula 2° del contrato de compraventa debió pesificarse, y que para tal menester ese crédito del que es titular Erintur Corporation S.A. debe convertirse a la paridad U$S1 = $1 con más el llamado CER, pues entonces corresponde adoptar igual decisión en lo que se refiere a las sumas que, determinadas en euros y dólares, conforman parte del haber en cabeza de Vieira Argentina S.A.

Por esto es que en la etapa de ejecución del veredicto se practicarán las cuentas correspondientes, con más intereses que se computarán a la alícuota del 4% anual (CSJN in re: «Massa» y «Kujarchuck») y, una vez conocido su resultado, previa compensación se sabrá cuál de las partes -si Erintur Corporation S.A. o Vieira Argentina S.A.- reviste la condición de acreedora de la otra.

Basado en estas consideraciones, opino que el recurso de que trato procede parcialmente, con los alcances recién delineados.

De la queja que interpuso Frigorífico Delfín S.A. en el expte.n° 70.796/2003.

Lo que en el expediente a que ahora me refiero demandó Frigorífico Delfín S.A., fue el cobro de la U$S536.823,11 que, según se instrumentó en un documento fechado el 31 de marzo del año 2000, Pescasur S.A. reconoció adeudar a aquélla (en rigor, inicialmente reconoció deber una suma mayor), que derivó de operaciones de venta de pescados y mariscos (fs. 28).

Algo más de tres años después, el 3 de abril de 2003 (luego de adquiridas las acciones de Pescasur S.A. por Vieira Argentina S.A. según el mencionado contrato de compraventa al que varias veces me referí), Vieira Argentina S.A. cursó a Frigorífico Delfín S.A. la nota cuya copia puede leerse en fs. 38/40 de la que, en lo que me importa destacar, se desprende que la remitente sólo cuestionó la composición de aquel crédito, mas no negó su existencia.

En efecto.

La suscribiente de ese instrumento mencionó que «.el saldo que informan (que informa Frigorífico Delfín S.A., se comprende) omite computar una operación realizada por Pescasur S.A. bajo el Acuerdo (.) al amparo de la factura 0001-00000218.En consecuencia, a fin de vuestra revisión y conformidad, detallamos a continuación la liquidación que estimamos correcta de las cuentas y operaciones realizadas bajo el Acuerdo».

A esa manifestación siguió la anunciada liquidación, que arrojó por resultado un monto «pesificado» al que se sumó el CER, de $770.716,94 y se explicó la razón de esa conversión del crédito originalmente reconocido en dólares estadounidenses a moneda del país.

Culminó esa misiva haciendo saber a la acreedora del monto así determinado que a partir del 7 de abril del año 2003, y hasta el día 16 de ese mismo mes y año, podría retirar un cheque por aquel importe de las oficinas de la deudora.

Frigorífico Delfín S.A., tanto en vía epistolar cuanto jurisdiccional, controvirtió la procedencia de la apuntada pesificación.

Lo primero se desprende del contenido con que fue confeccionada la nota que, pocos días después, cursó (fs. 44/5).

Lo segundo surge del escrito inaugural de este expte. n° 70.796/2003, en el que la ahora recurrente demandó a Vieira Argentina S.A. por cobro de U$S536.823,11 (suma esta coincidente con el resultado de la liquidación practicada en la misiva de fs. 38/40 por Pescasur S.A. y Vieira Argentina S.A., previa a su pesificación), y pidió se declarara la inconstitucionalidad de la normativa de emergencia (fs. 51/60).

Cuando respondió esa demanda, Vieira Argentina S.A., que formuló extensísimas alegaciones acerca de las tratativas que le llevaron a adquirir las acciones de Pescasur S.A. y de la conducta que desplegaron sus vendedores, no negó la existencia de ese débito en su cabeza, sino que reconoció adeudar aquel monto de U$S536.823,11 bien que sostuvo la procedencia de su pesificación (fs.1406/32).

La litis, pues, quedó trabada en tales términos.

De modo que lo que único que debió ser juzgado fue si la suma que la demandada por dos veces expresamente reconoció adeudar a la actora, resultó alcanzada por la normativa de emergencia y, por lo tanto, si debió o no pesificarse.

Visto así este asunto, la procedencia del recurso de que ahora trato es la fatal consecuencia.

Puesto que al haber decidido del modo en que lo hizo, el sr. juez exorbitó la litis y falló extra petita.

En cuanto a esto, pues, opino que el pronuncia miento de grado es incongruente, en tanto excedió las peticiones que conformaron la litis.

Enseña la doctrina que la sentencia incongruente es un pronunciamiento viciado, aunque de la gravedad de su falta de adecuación a las peticiones de las partes dependerá la sanción de nulidad o la posibilidad de su reparación por vía de la apelación (CSJN, Fallos: 217:1043; 225:298; 294:466; 325:2512; 327:1607; 327:3087 v. Fenochietto-Arazi, en «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación», t°. I, pág. 562, ed. Astrea, Buenos Aires, 1983; también Bustamante Alsina, en «El principio ‘iuiria novit curia’ autoriza a modificar la calificación de la acción pero no a cambiarla por otra», publ. en ED. 114-353 con abundante cita de doctrina y jurisprudencia).

Es esto último lo que aquí ocurre: aún viciado, el pronunciamiento puede ser corregido en esta instancia.

Y puede serlo, con sustento en cuanto fue juzgado en los expedientes acumulados a éste, en los que según se vio, se decidió la procedencia de la pesificación de las recíprocas obligaciones que derivaron del negocio que vinculó a Erintur Corporation S.A. con Vieira Argentina S.A.: alcanza, sobre esto, con hacer remisión a cuanto expuse en el cap. 3.iv. de este Consid. IV. sin que sea necesario, por lo tanto, reiterar lo allí dicho.

En conclusión, el crédito en cabeza de Frigorífico Delfín S.A.habrá de pesificarse a la paridad U$S1 = $1 con más el CER e intereses que se calcularán a la tasa del 4% anual según doctrina emergente de los fallos de la Corte Federal arriba citados.

Procede el devengamiento de esos réditos, desde que aún reconocida por dos veces la deuda por parte de Vieira Argentina S.A. y más allá de haber puesto a disposición de la acreedora Frigorífico Delfín S.A. un cheque por la suma que entendió deber (y ya se vio que en cuanto esto llevó razón), aún así, frente a la resistencia de la acreedora, nada hizo aquélla.

Es sabido que siempre que el deudor enfrente una dificultad seria que impida el seguro ejercicio de su jus solvendi, se halla legitimado para satisfacer el pago con intervención judicial, o sea, mediante un juicio por consignación (arts. 757 y sig. del derogado Cód. Civil; ahora, arts. 904 y sig. del Cód. Civil y Comercial).

El hecho de la mora no hace caducar el jus solvendi del deudor; por tanto, si éste tiene derecho a pagar, se sigue de ello que puede consignar el pago apropiado que no quiera recibir el acreedor. Y si éste no tiene motivo legítimo para rechazar ese pago, la consignación deberá ser aceptada: tal es el principio general, con el aditamento de que la consignación que intente el deudor moroso tendrá que ser suficiente, debiendo comprender no solo la prestación debida, sino también el complemento referente a la reparación del daño moratorio.

Basado en lo anterior, he de proponer a mis colegas revocar el pronunciamiento dictado en lo que a este expte. n° 70.796/2003 se refiere y, por lo tanto, condenar a Vieira Argentina S.A.a pagar a Frigorífico Delfín S.A., en diez días de aprobada la cuenta correspondiente, $536.823,11 con más el CER e intereses que se computarán a la tasa del 4% anual, hasta su efectivo abono.

Sobre las costas derivadas de los actuado en ambas instancias.

Aún no conocemos, por ausencia de cuenta liquidatoria que deberá realizarse con los alcances expuestos en los cap. 3.v. y 4.v. de este mismo Consid. IV, si Erintur Corporation S.A. resulta ser acreedora de Vieira Argentina S.A. o si ésta lo es de aquélla.

No obstante ello, en las particulares contiendas habidas entre ambas partes en los exptes. nros. 32.076/2002 y 21.180/2005, Vieira Argentina S.A. ha resultado vencedora en lo principal.

Frente a este panorama, no dudo que las costas que derivaron de esos expedientes fueron correctamente impuestas a Erintur Corporation S.A.

Y otro tanto opino en lo que se refiere a las costas emergentes de lo actuado en esta segunda instancia, pues más allá de que los recursos que en ambos expedientes introdujo la mencionada Erintur Corporation S.A. progresaron parcialmente, también respecto de lo substancial de lo que fue apelado esa parte resultó perdidosa.

Diversa solución, empero, debemos adoptar respecto de lo obrado en el expte. n° 70.796/2003 pues, de ser compartido cuanto sobre lo allí debatido dije, resulta que Frigorífico Delfín S.A. ha triunfado.

La conclusión.

Propongo, pues, al Acuerdo que estamos celebrando: (i) desestimar el planteo de nulidad de la sentencia de grado, formulado por Erintur Corporation

S.A.; (ii) estimar solo parcialmente los recursos interpuestos por esa misma parte en los exptes. nros. 32.076/2002 y 21.180/2005; (iii) estimar la apelación introducida por Frigorífico Delfín S.A. en el expte.n° 70.796/2003; por consecuencia, (iv) modificar parcialmente el pronunciamiento de grado y disponer la pesificación de las sumas en todos los expedientes involucrados a la paridad U$S1= ?1 = $1 con más el CER e intereses que se calcularán a la tasa del 4% anual desde la mora acaecida en la fecha de vencimiento de cada crédito, hasta su efectivo abono, fijando en diez días el plazo para el pago de las sumas resultantes, que se computará desde que las cuentas que se manda formular resulten aprobadas; y (v) por los argumentos aquí expuestos, confirmar la sentencia en lo restante de lo que juzgó. Todo ello con costas de ambas instancias que se distribuirán con arreglo a lo señalado en el cap. 6. del Consid. anterior.

Así voto.

Disidencia parcial de la Dra. Villanueva:

Aun cuando se compartieran las consideraciones que han llevado a mi distinguido colega preopinante a sostener que el peritaje naval referido en su ponencia debe ser admitido, lo cierto es que, según mi ver, no sería posible -ni siquiera en tal caso- atribuir a ese peritaje la eficacia de probar que los cinco buques que fueron transferidos a Vieira SA hayan exhibido, en época anterior a la firma del contrato aquí debatido, los severos desperfectos que la demandada invocó en su defensa.

Hago notar, en tal sentido, que dicho experto produjo ese dictamen 12 años después de que esos buques hubieran sido entregados a la compradora, y que, para llegar a la conclusión de que los aludidos desperfectos se encontraban ya afectando los barcos durante ese tiempo anterior al contrato, se basó en el escaso tiempo de navegación que esas naves habían tenido hasta las fechas en que habían debido ser reparadas, conclusión a la que arribó a la luz de «.la información disponible.».

Sostuvo que ese dato, analizado a la luz de las facturas e informes que habían sido expedidos por los astilleros que se habían ocupado de las reparaciones en cuestión, lo llevaba a concluir que «.no [era] técnicamente probable queel buque o sus sistemas [hubieran] sufrido deterioros de significación.» durante el tiempo que indicó (ver fs. 2432 del expediente 21180/2005/1).

Consideró, entonces, que «.[era] posible asumir que las deficiencias [habían sido] preexistentes.» (sic, ver fs ), y, lo cual también es relevante, arribó a esas conclusiones tras afirmar que «.[partía] de la premisa de que las tareas efectuadas [habían sido] necesarias al momento en que se realizaron.» (sic).

De los textos del dictamen que acabo de transcribir surge que el razón de que sólo argumentó a partir de aquello que le resultó meramente verosímil- acerca del asunto debatido, compulsando sólo documentación (no la efectiva concreción de las reparaciones, que habrían sucedido mucho tiempo atrás).

A ello se agrega que, de todos modos, fue probado en autos que el elemento (tiempo de aplicación de los buques a la navegación) que el experto refirió en respaldo de sus conclusiones, no se corresponde con las constancias de la causa, pues tal dato no encuentra objetivo respaldo en la contestación proporcionada por Prefectura Naval a fs. 749/57.

Pero, con prescindencia de ello, no encuentro concebible que, celebrado el contrato el día 6/4/2000 e ingresada la compradora en la posesión del patrimonio que le había sido transmitido en forma inmediata, no haya hecho ningún reclamo vinculado a esas reparaciones sino hasta el momento en que le fue requerido el pago de la primera de las cuotas que habían quedado pendientes.

Es decir:recién «recordó» que tenía derecho a cobrar lo que había sufragado por esos conceptos cuando su adversaria le exigió el pago del precio que había quedado adeudando, sin que antes de ello hubiera planteado ningún reclamo, y tras haber realizado esas supuestas reparaciones sin proporcionar a quien -según su versión- debería pagarlas la oportunidad de verificarlas.

Más inverosímil resulta esa pretensión si se atiende a que las partes volvieron a reunirse el día 20/12/00 -nueve meses después de celebrado el contrato- a efectos de cumplir con los parámetros que habían sido fijado a fin de proceder al llamado «reajuste del precio».

Tampoco en esta ocasión -sucedida, reitero, varios meses después de haber tomado posesión de los barcos- la compradora siquiera insinuó que tuviera algún reclamo que efectuar con motivo de reparaciones vinculadas con defectos que los navíos hubieran presentado con anterioridad, pese a que, según surge de sus propios dichos, esas reparaciones ya habían comenzado a practicarse en algunos de ellos.

Y, lo que es más gráfico aún, tampoco esgrimió reclamo alguno por los conceptos que trato en ocasión de enviar a su contraria la carta en la que le anticipó su decisión de «pesificar» los importes correspondientes a las cuotas pendientes de pago en el mes en el que cursó tal notificación, esto es, en febrero de 2002.

Hago notar que, con prescindencia de que la nombrada introdujo en esa oportunidad su aludida intención de «pesificar», quedó claro que ella se consideraba deudora en ese acto de la totalidad de las cuotas cuya pesificación procuraba.

Mejor dicho:con prescindencia del derecho que podía corresponderle por aplicación de otras disposiciones del contrato, dejó claro allí que no era su intención obtener ningún «descuento» de lo adeudado con motivo de un pretenso derecho suyo a compensar esa deuda con el importe de las reparaciones que en este juicio adujo haber sufragado.

Más allá de que ese reconocimiento de deuda no puede ser soslayado, lo cierto es que me resulta inverosímil que recién en ocasión de tener que pagar la primera de las cuotas pendientes la nombrada haya detectado que le asistía derecho a efectuar las compensaciones que aquí destaco.

Habían pasado, para ese entonces, casi tres años desde que ella había accedido al patrimonio que indirectamente le había sido transferido, lo cual me releva de la necesidad de abundar en mayores consideraciones a fin de destacar lo inverosímil de los hechos que sustentaron este tramo de la defensa.

De todos modos, la argumentación que acabo de realizar podría incluso considerarse irrelevante, desde que esa actuación -omisión de todo reclamo durante tres años después de celebrado el contrato- de la compradora, no hace sino reflejar en grado de notoriedad que ella bien sabía que no le asistía derecho a ningún reclamo por el aspecto que trato.

Así lo juzgo a la luz de lo pactado en el mismo contrato de cuya interpretación se trata, del que se desprende con nitidez que la compradora resignó todo derecho en tal sentido.

Por su elocuencia, transcribo a continuación lo que en ese contrato se expresó:

«TERCERA:AJUSTE DEL PRECIO.El precio pactado en el presente contrato se considera cierto y se ha fijado por las partes con independencia del valor contable de la SOCIEDAD, todo ello sin perjuicio de las obligaciones reciprocas de reintegración o abono que puedan resultar de la variación, al alza o la baja, a la fecha de 31 de marzo de 2000 de determinadas partidas del activo y del pasivo, en relación con los valores reflejados en el ANEXO IV del contrato, excepción hecha de las variaciones relativas a los bienes de uso, materiales de empaque, redería y repuestos, cuya valoración es inamovible al haberse acordado por las partes el valor con el que figuran en dicho ANEXO.» (ver fs. 54/5 del expediente 32076/02).

Esa cláusula, de la que surge con claridad que ningún reclamo posterior podía ser efectuado con sustento en los valores asignados a los bienes de uso, fue de ese modo interpretada por la propia compradora, como puede inferirse de la ya destacada omisión suya de realizar todo reclamo durante aquellos tres años; conducta que encuadra en lo que disponía el derogado art. 218 inc. 4 del código de comercio, según el cual «.los hechos de los contrayentes, subsiguientes al contrato, que tengan relación con lo que se discute, será la mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de celebrar el contrato.» (esa norma, vigente a la época de los hechos, encuentra correlato hoy en el art. 1065, inc. b, del nuevo código).

Es decir:el convenio previó bases diversas en lo concerniente a cuáles eran los reclamos que la adquirente se reservaba a efectos de obtener un reajuste del precio en cuestión.

Por un lado, se contempló la eventualidad de reajustar ese precio en función de las modificaciones que experimentara el balance del 31/12/99 ante vicisitudes que pudieran impactar en él entre esa fecha y la firma del contrato tres meses después.

Y, por el otro, se contempló también la posibilidad de hacer lo propio en función de pasivos laborales y contingencias de otro tipo que en el mismo contrato y su complementario fueron descriptas.

En cambio, como dije, no sólo no medió previsión de esa especie en lo vinculado a los eventuales gastos que hubieran de ser sufragados con motivo de posibles reparaciones en los barcos, sino que sucedió todo lo contrario mediante una manifestación de la compradora que, como la que acabo de transcribir, no dejó duda alguna acerca de que era su intención aceptar esos navíos sin derecho alguno a reclamo posterior.

Esta actuación de la nombrada no fue improvisada, sino motivada por el informe producido por la firma «Albino Morán», que daba cuenta de que las embarcaciones estaban en buen estado.

Como es claro, su parte aceptó esa información -proveniente, vale aclarar, de una empresa especialista en el rubro que gozaba de gran prestigio a nivel mundial- como suficiente, aceptación que se produjo en términos tales que la llevaron a desligar a la vendedora de toda eventual responsabilidad por acontecimientos que pudieran verificarse en este aspecto.

No hay elementos que permitan en esta causa relevar a la nombrada de las pautas previstas en el contrato que firmó.

Así debe juzgarse, con mayor razón, si se atiende a que nos encontramos ante un contrato de los llamados «paritarios» (art.959 CCyC), esto es, celebrado entre sociedades que se encontraban entre sí en situación de paridad y sin que existiera en cabeza de la compradora ninguna necesidad vital por cubrir al tiempo en que se produjo la celebración respectiva, lo cual me lleva a concluir que, si el convenio se concertó en esas condiciones, fue porque ellas le resultaron convenientes.

Sostener ahora que le asisten derechos que renunció allí de forma clara, expresa e informada mediante elementos que ella misma estimó suficientes, sería tanto como convalidar una actuación de mala fe y, lo que es más grave, aceptar que es posible que, alterando la ecuación económica diseñada y aceptada por los propios contratantes, los jueces puedan irrumpir en el contrato a efectos de alterarlo en su significación económica al tener por no escrita una cláusula cuya nulidad no ha sido solicitada, ni se advierten elementos que puedan justificarla.

No importa esto desechar que, aun en contratos de esta naturaleza, puedan configurarse vicios de la voluntad susceptibles de invalidarlos.

Pero la viabilidad de una declaración semejante debe descartarse en el caso.

Primero, por aplicación del principio de congruencia que indica que, ante la ausencia de toda impugnación vinculada a la nulidad de la cláusula más arriba destacada, este tribunal no podría declararla inválida.

segundo, porque, de todos modos, no existe el más mínimo elemento que pueda siquiera llevar a inducir la existencia aquí vicio alguno en el consentimiento que la compradora prestó al contratar, por lo que tengo por cierto, aun si se entendiera probado -lo que no está- que los desperfectos aludidos sucedieron en el tiempo pretendido por la defensa, lo cierto es que, de todos modos, ellos no podrían -por las razones ya expresadas- considerarse aptos para fundar el reclamo que sobre esa base esa compradora ha introducido en autos.

Por lo expuesto, es mi conclusión que la pretensión de la demandada de obtener los descuentos que esgrimió con el aludido sustento debe ser rechazada, lo cual impone, naturalmente, rechazar también su pretensión deobtener el lucro cesante que invocó haber sufrido a causa de la privación de uso de los buques en los que se habrían configurado los desperfectos.

En lo demás, comparto las razones que han llevado al Dr. Garibotto a proponer las soluciones que se exhiben en su ponencia, máxime cuando «Erintur» no ha expresado agravio claro en contra de la procedencia de los demás rubros cuyo descuento fue solicitado por su adversaria.

En tales condiciones, si mi criterio fuera compartido, estas causas deberán ser resueltas del modo propuesto por mi colega, salvo en lo referente a la demanda deducida por Erintur SA contra Vieira SA por cobro del saldo de precio, la que prosperará -con consecuente rechazo de la reconvención deducida por ésta- por la suma que resulte de aplicar las pautas aquí señaladas, con costas a Vieira SA por haber resultado sustancialmente vencida (art. 68 del código procesal).

Voto del Dr. Machin:

En este caso, he de apartarme parcialmente de la solución brindada por mi colega Dr. Garibotto en aquellos puntos señalados en la disidencia parcial formulada por mi colega Dra. Villanueva, por cuanto he de compartir los fundamentos expresados por la misma.

Así voto.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Eduardo R. Machin, Julia Villanueva, Juan R. Garibotto (en disidencia parcial). Ante mí: Rafael F. Bruno. Es copia de su original que corre a fs. del libro de acuerdos N° Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala «C».

Rafael F. Bruno – Secretario

Buenos Aires, 13 de julio de 2016.

VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve (i) desestimar el planteo de nulidad de la sentencia de grado, formulado por Erintur Corporation S.A.; (ii) estimar solo parcialmente los recursos interpuestos por esa misma parte en los exptes. nros. 32.076/2002 y 21.180/2005; (iii) respecto de este último, declarar procedente la demanda deducida por Erintur Corporation S.A. contra Vieira S.A.por cobro de saldo de precio por las sumas que resulten de aplicar las pautas señaladas en el voto de la Dra. Villanueva, con el consecuente rechazo de la reconvención deducida por Vieira S.A.; (iv) estimar la apelación introducida por Frigorífico Delfín S.A. en el expte. n° 70.796/2003; por consecuencia, (v) modificar parcialmente el pronunciamiento de grado y disponer la pesificación de las sumas en todos los expedientes involucrados a la paridad U$S1= ?1 = $1 con más el CER e intereses que se calcularán a la tasa del 4% anual desde la mora acaecida en la fecha de vencimiento de cada crédito, hasta su efectivo abono, fijando en diez días el plazo para el pago de las sumas resultantes, que se computará desde que las cuentas que se manda formular resulten aprobadas; y (vi) por los argumentos aquí expuestos, confirmar la sentencia en lo restante de lo que juzgó.

Las costas de ambas instancias se distribuirán de la siguiente manera: (i) en cuanto al expediente n° 32.076/2002, a Erintur Corporation S.A; (ii) con respecto al expediente 21.180/2005, a Vieira S.A.; (iii) y finalmente en relación al expediente 70.796/2003, también a Vieira S.A.

Notifíquese por Secretaría.

Oportunamente, cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la E xcma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del

21.5.2013.

Hecho, devuélvase al Juzgado de primera instancia.

Eduardo R. Machin

Julia Villanueva

Juan R. Garibotto (en disidencia parcial)

Rafael F. Bruno – Secretario

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