En tanto la actora, vinculada a un funcionario público, no se encuentra dentro de la categoría de persona privada, su información no debe ser removida de los buscadores

busquedaPartes: F. A. E. c/ Yahoo de Argentina S.A. s/ incidente de apelación

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 28-jun-2016

Cita: MJ-JU-M-101099-AR | MJJ101099 | MJJ101099
Sumario:

1.-Corresponde revocar la medida precautoria otorgada toda vez que de la prueba documental acompañada por la emplazante no surgen los resultados agraviantes denunciados del motor de búsqueda de la empresa demandada, por lo que se deduce que no está, prima facie, demostrada la conducta antijurídica que la actora le imputa a la señalada sociedad.

2.-Al no encontrarse acreditado, ni liminarmente, el antecedente fáctico denunciado, no es viable analizar la posible afectación de los derechos personalísimos de la actora por parte de la codemandada que justifiquen la confirmación de la medida cautelar; máxime siendo que la emplazante no se encuadra dentro de la categoría de persona privada, y que por tal motivo, no le resultaría aplicable el máximo umbral de protección que la doctrina le otorga tales sujetos.

3.-No resulta aplicable a la actora el máximo umbral de protección destinado a proteger personas privadas toda vez que no es posible soslayar que las noticias a las que hacen referencia los portales denunciados se vinculan a una supuesta relación sentimental que tendría la demandante con su empleador, y siendo que este es funcionario estatal, reviste el carácter de persona pública.

4.-Si bien el hecho de que la actora haya trabajado en el ambiente televisivo como guionista de varias series exitosas puede determinar cierto interés público comprometido en la difusión de noticias e informes vinculados a su persona, ello no implica cohonestar las afirmaciones realizadas por algunos de los artículos periodísticos denunciados por la actora, de modo tal que justifiquen la confirmación de la medida cautelar tendiente a removerlos de los buscadores.

5.-Toda vez que la búsqueda, recepción y difusión de ideas de toda índole, a través del servicio de internet se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión (conf. art. 1° de la Ley 26.032), esa libertad, expresamente contemplada en nuestro ordenamiento (conf. arts. 14 y 32 CN; art. 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos), conlleva un derecho público subjetivo y protege a la difusión de noticias que tienen relevancia pública, se refieran o no al desempeño de funcionarios estatales.

Fallo:

Buenos Aires, 28 de junio de 2016.- SD

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la sociedad codemandada, Yahoo! de Argentina S.R.L, a fs. 52/53; que fue concedido en relación conforme surge de fs. 69, fundado con la presentación de fs. 156/168, que no mereció réplica de la contraria, contra la resolución que en copia obra a fs. 41/41 vta.; y

CONSIDERANDO:

1) Que la emplazante inició la presente acción sobre daños y perjuicios contra Google Inc.; Google Argentina S.R.L. -en adelante Google-; Yahoo! de Argentina S.R.L. -en adelante Yahoo!-; Agencia Nova S.A. y/o a quien resulte civilmente responsable por la emisión de los contenidos; información e imágenes publicadas en internet a través de los motores de búsqueda de las sociedades accionadas. Y solicitó además, una medida cautelar a fin de que las demandadas impidan que ingresando su nombre o en los sitios que indica, se acceda al contenido y a las imágenes publicadas en los links: http://site.informadorpublico.com/?p=13254; https://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://site.informadorpublico.com/wp-content/uploads/2012/06/a.-f.-y-
abriel-mariotto.jpg&imgrefurl=http://siete.informadorpublico.com/?p%3D13254&h=252&w=480&sz=23&tbnid=v0ewj
a0kQTZeM:&tbnh=90&tbnw=171&prev=/search%3Fq%3Dana%2Bf.%2Bgabriel%2Bmariotto%26tbm%
3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=ana+f.+gabriel+mariotto&usg=Es1v2NNE8QzJsg96u5SEejAbkhc=&docid=tsKltKwIzsdw
M&sa=X&ei=QWXIUZqnIIjq8gSls4HwCA&ved=0CDAQ9QEwAQ&dur=66; http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2012_12_5&id=34739&id_tiponota=4; http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2012_8_18&id=33014&id_tiponota=9; http://www.infobyn.com.ar/a.-f.-enojada-con-su-amante-gabriel-mariotto-porque-le-debe-dinero_p-1850#.Uchmwdzf
Uk; http://www.genesislujan.com.ar/nota.php?ID=1004006; http://www.treslineas.com.ar/f.-enojada-con-su-amante-gabriel-mariotto-porque-le-debe-dinero_p-761946.html, conforme detalla a fs.34 vta., en razón de que la publicación, contenido e imágenes dañarían su buen nombre, honor e imagen (ver fs. 25/36).

Principalmente, sostuvo que, a mediados del mes de Septiembre de 2012, a través de distintos llamados y avisos de personas cercanas, tuvo conocimiento que ingresando su nombre como patrón de búsqueda en los sitios «Google» y Yahoo», éstas guían hacia una serie de sitios y portales que afectan su integridad como persona y contienen información falsa sobre su desempeño profesional y su vida privada. Agregó que se han publicado fotos que no se condicen con el contenido de la nota y que han sido ilícitamente tomadas, publicadas y difundidas sin su consentimiento. Y afirmó que tal accionar demuestra que hubo dolo en operar y dañar al que fuera vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto.

Aseguró que solicitó a las demandadas la eliminación del contenido sin obtener respuesta, continuando se exhibición, por ello las considera responsable de las consecuencias dañosas generadas.

Cita jurisprudencia, funda en derecho su petición y acompaña documental en apoyo de sus dichos.

2) Que el señor juez de la anterior instancia hizo lugar a la medida precautoria pretendida por la señora A. E. F.

Para así decidir, señaló -inicialmente- que las medidas cautelares innovativas son medidas precautorias excepcionales que exigen una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión.

Agregó que en la interpretación que conduzca a la restricción de garantías constitucionales debe prevalecer un criterio estricto.

A su vez, consideró -especialmente- la documentación acompañada por la parte actora a fs. 3/16 -acta notarial- y la necesidad de prevenir ciertos daños susceptibles de producirse durante la sustanciación del proceso.

3) La referida decisión motivó el cuestionamiento por parte de Yahoo!, quien apeló la medida y expresó sus agravios en el memorial de fs.156/168, cuyo traslado no fue contestado por la parte accionante.

4) La recurrente se queja de que la resolución de fs. 41/ 41 vta. le ordena que «elimine el web site accesible desde las direcciones electrónicas los resultados de búsqueda que se ofrecen al ingresar el nombre y apellido de la actora», cuando los sitios no se encuentran en el buscador de su parte, sino que su servicio consiste únicamente en informar las URLs de terceros que contienen las palabras indicadas en el patrón de búsqueda, servicio que está amparado por la garantía constitucional de libertad de expresión (conf. Ley 26.032).

Por otra parte, detalla cómo operan los motores de búsqueda a través de los patrones de búsqueda -como por ejemplo el nombre de la actora- y qué actividades pueden realizar y cuáles no. Consecuentemente, informa que la empresa codemandada puede dejar de informar una URL determinada o alguna cuyo patrón de búsqueda se señale de antemano -verbigracia «A. F.»- pero no puede eliminar y/o modificar el contenido de las URLs creadas por terceros y alojadas en sitios de terceros o dejar de informar URLs de terceros que mencionen a una persona (por ejemplo: a la actora) en los casos que el patrón de búsqueda no contenga el nombre de esa persona (v.g.: F.).

Cita la jurisprudencia de la CSJN en la causa: «Rodríguez, María Belén c/ Google Inc s/ daños y perjuicios», cuya sentencia ha sido dictada el 28 de octubre de 2014, que sienta los principios de la responsabilidad subjetiva por parte de los buscadores, como también, de esta Cámara y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en el mismo sentido.

Agrega que de la documentación acompañada por la demandante no surge que su parte arroje los resultados a los que aquella hace referencia pues no se han adjuntado impresiones de los resultados de búsqueda arrojados por Yahoo!al ingresar el nombre y apellido de la actora como patrón de búsqueda, ya que la documentación que acompaña pertenece a terceros que han publicado tal contenido. Por ello, entiende que no se encuentran acreditados los hechos invocados por aquella.

Destaca la improcedencia de la medida cautelar pues la accionada no crea, avala o respalda los contenidos de los sitios que aparecen listados en los resultados de búsqueda; como tampoco provee el acceso a dichos sitios. Y agrega que aunque elimine los sitios del buscador, el contenido seguirá estando activo a través de otros buscadores en tanto los propietarios de aquellos no remuevan el nombre o imagen de la actora de los mismos.

4) Así las cosas, resulta pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos los argumentos articulados por las partes, sino únicamente aquellos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (CSJN, Fallos: 276:132; 280:320; 303:2088; 304:819; 305:537 y 307:1121 entre otros).

5) En el apretado marco de conocimiento que permite el trámite cautelar resulta insoslayable recordar que la búsqueda, recepción y difusión de ideas de toda índole, a través del servicio de internet se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión (conf. art. 1° de la ley 26.032). Esa libertad, expresamente contemplada en nuestro ordenamiento (conf. arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional; art. 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos), conlleva un derecho público subjetivo y protege a la difusión de noticias que tienen relevancia pública, se refieran o no al desempeño de funcionarios estatales (ver esto último en: Bianchi, Enrique T. – Gullco, Hernán V., El derecho a la libre expresión, Ed. Platense, 1997, pág.124).

Del mismo modo, en materia de libertad de expresión la Suprema Corte de los Estados Unidos tiene dicho que en el corazón de la primera enmienda de la Constitución norteamericana -que contempla una previsión análoga a la de nuestro ordenamiento- está el reconocimiento de la importancia fundamental de la libre circulación de ideas y opiniones sobre asuntos de interés público. Y por ello ha estimado que la libertad de expresión no es sólo un aspecto de la libertad individual -y por lo tanto un bien en sí mismo- sino también es esencial en la búsqueda común de la verdad y la vitalidad de la sociedad en su conjunto -conf. «Hustler Magazine v. Falwell», 485 U.S. 46 (1988)-.

Mediante diversos tratados internacionales nuestro país contrajo el compromiso de tutelar el derecho de toda persona a la libertad de investigar, opinar, expresar y difundir su pensamiento por cualquier medio (v. art. IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), sin que pueda ser molestada a causa de ellas, derecho que también incluye el de investigar y recibir informaciones y opiniones, de difundirlas, sin limitación de fronteras (conf. art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). Ese derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección (conf. art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

De allí que, en este estado larval del proceso, bien podría sostenerse que la libertad de expresión también rige frente a cuestiones que no son puramente gubernamentales o involucren a fondos públicos.En todo caso, frente a la tensión que suele suscitarse entre esa garantía y el derecho a la intimidad, lo que irá variando es el umbral de protección que reconoce el ordenamiento jurídico a la persona afectada, en función de su carácter público o privado (ver en este sentido lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, in re «Gertz v. Robert Welch Inc.», 481 US 323 -1974-, donde se efectúa una limitación a la doctrina sentada en el precedente «New York Times v. Sullivan», 376 US 254 -1964-; conf. también las decisiones adoptadas por esta Sala en la causa «Nara, Wanda Solange», causa n° 8.952/09, sentencias del 30.11.10 y 5.7.12 y causa «Filocamo, Yanina Vanesa», causa nº 1605/13 del 14.08.13).

Esa especial protección constitucional determina, tal como lo ha resuelto rei teradamente esta Sala, que si se invoca como fundamento de la medida la lesión a la intimidad, honor o buen nombre a través de medios electrónicos, la carga de la prueba sobre ese extremo recae sobre quien pretende la restricción cautelar (esta Sala, in re «Servini de Cubría», causa n° 7.183/08, del 3.6.09; «Bernstein, Luis Marcelo», causa n° 4.718/09, del 8.6.10; «Nara», del 30.11.10; «Dragonetti Hugo Alberto», causa n° 978/10, del 12.7.11 y las citas efectuadas en esos precedentes).

Además, no está de más recordar que la Corte Suprema de nuestro país ha resuelto que toda restricción, sanción o limitación a la libertad de expresión debe ser de interpretación restrictiva y que toda censura previa que sobre ella se ejerza padece una fuerte presunción de inconstitucionalidad (conf. lo resuelto recientemente en «Rodríguez, María Belén» , del 28.10.14).

6) Sentado lo anterior, es preciso señalar que – tal como lo alega la codemandada en su memorial de agravios (ver fs.164)- de las impresiones acompañadas por la emplazante al escrito inicial -suscriptas por el escribano Enrique de Andreis (ver fs. 5/14)- no surgen resultados del motor de búsqueda de la empresa Yahoo!, de lo que se deduce que no está -prima facie- demostrada en autos la conducta antijurídica que la actora le imputa a la sociedad apelante.

Por ello, al no encontrarse acreditado -aunque sea liminarmente- el antecedente fáctico no es viable analizar la posible afectación de los derechos personalísimos de la actora por parte de la codemandada. De allí que, no estando demostrado -al menos, por el momento, con los elementos de convicción obrantes en autos- algún hecho que pudiera ser imputable a la accionada, correspondería hacer lugar al recurso deducido por Yahoo! de Argentina S. R .L.

7) Sin perjuicio de lo expuesto, y a fin de no esquivar el análisis sustancial de la controversia planteada en autos, cabe señalar que -a la luz de la jurisprudencia citada en el considerando 5- la emplazante no se encontraría dentro de la categoría de persona privada y como tal, no le resultaría aplicable el máximo umbral de protección que la doctrina, tanto de la Suprema Corte de los Estados Unidos como la de Nuestro Máximo Tribunal, ha otorgado a tales sujetos.

Ello es así, pues tal como lo ha señalado la actora en su escrito constitutivo, aquella ha trabajado en el ambiente televisivo -como guionista de varias series exitosas-; habría tenido vinculaciones contractuales con el Senado de la Provincia de Buenos Aires para brindar charlas sobre la problemática de la violencia de género, por las que habría recibido sumas de dinero que corresponderían al erario público de dicho estado provincial; trabajo que -además- hasta habría generado una nota de agradecimiento de la ex Presidenta de la Nación.

Consecuentemente, puede existir cierto interés público comprometido en la difusión de noticias e informes vinculados a su persona.Esto no implica, claro está, cohonestar las afirmaciones realizadas por algunos de los artículos periodísticos denunciados por la actora o que la respuesta jurisdiccional a sus pretensiones deba ser negativa.

Por otra parte, no es posible soslayar que las noticias a las que harían referencia los portales -aparentemente, con domicilio en la provincia de Buenos Aires, respecto de los cuales, siquiera liminarmente, ha justificado la imposibilidad de ubicar e intimar para que den de baja tales sitios- se vinculan a una supuesta relación sentimental que tendría la demandante con su empleador -funcionario estatal- que reviste el carácter de persona pública.

Con relación a la fotografía publicada en los referidos portales de noticias, en las cuales se puede observar a la actora desprovista de algunas prendas íntimas, es preciso señalar que no luce -prima facie- acreditado que fuera tomada de un ámbito privado.

Por tanto, la petición cautelar carece del «fumus bonis iuris» requerido por las normas procesales (art. 230 del CPCCN).

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: revocar la resolución de fs. 41/41 vta. respecto de la empresa apelante.

La doctora Graciela Medina no interviene en virtud de la excusación formulada a fs. 185, la que es aceptada por el Tribunal en este acto (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase a primera instancia.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

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