fbpx

No procede la demanda por mala praxis en tanto la actora no invocó en la demanda la demora en el diagnóstico

medico-guantesPartes: S. H. G en repr. de su hijo M.G.S. c/ Unión Personal s/ inc. apelación

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

Sala/Juzgado: I

Fecha: 12-oct-2016

Cita: MJ-JU-M-101446-AR | MJJ101446 | MJJ101446
Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución que hizo lugar a la medida cautelar para que se ordene a la demandada la cobertura total de las prestaciones indicadas por la médica pediatra que asiste a un menor que padece de trastorno generalizado del desarrollo no especificado, pues debe considerarse el grave daño a la salud que le puede irrogar al menor no contar con las prestaciones solicitadas durante la tramitación de la causa, teniendo en cuenta las indicaciones de la médica que lo atiende.

2.-A los efectos de resolver el caso de autos, es menester considerar que la Ley 24.901 instituyó un sistema de prestaciones básicas de atención integral en favor de las personas con discapacidad, de acuerdo a sus necesidades y requerimientos , de modo que no puede, habiéndose probado los requisitos de la medida interpuesta, negar las prestaciones solicitadas por la actora, que incluso, debieran ser cubiertas por el PMO.

Fallo:

Y VISTOS: CONSIDERANDO:

I. – Vienen estos autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la resolución de Fs. 85/87, en la que el Sr. juez «a-quo» hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los actores II. – Es principio general que la finalidad del proceso cautelar, consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en una causa; y la fundabilidad de la pretensión que configura su objeto, no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el juicio principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda la relación jurídica. De lo contrario, si estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la obligación de no prejuzgar que pesa sobre él, es decir, de no emitir opinión o decisión anticipada a favor de cualquiera de las partes (Fallos: 306:2062 y 314:711).

El deslinde entre tales perspectivas de estudio debe ser celosamente guardado, pues de él depende la supervivencia misma de las vías de cautela. En efecto, requiere un ejercicio puntual de la prudencia a fin de evitar la fractura de los límites que separan una investigación de otra.

Para la procedencia genérica de las medidas precautorias son presupuestos de rigor, la verosimilitud del derecho invocado «fumus bonis iuris» y el peligro de un daño irreparable «periculum in mora», ambos previstos en el Art. 230 del ritual, a los que debe unirse un tercero, establecido, de modo genérico, para toda clase de medidas cautelares en el Art.199 del mencionado Código (esta Sala causas 1539/91, 2174/10 y 131/11, resueltas el 1/7/91, 10/2/11 y 15/2/11, respectivamente entre otras). Estos recaudos se hallan de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigentes en la gravedad e inminencia del daño, y viceversa, cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad e irreparable, el rigor acerca del «fumus» se puede atenuar.

III. – En la especie, el actor por derecho propio y en representación de su hijo menor M.G.S. peticionó una medida cautelar para que se ordene a la demandada la cobertura total de las prestaciones indicadas por la médica pediatra que lo asiste -Dra. Silvia Algieri-: integración escolar con equipo de coordinación y supervisión de ADIP (lunes a viernes de 7:30 a 12:30 Hs.), tratamiento cognitivo conductual (40 horas mensuales), terapia ocupacional (8 horas mensuales), fonoaudiología (12 sesiones mensuales) y terapia para padres (8 sesiones mensuales) por el ciclo enero a diciembre de 2016.

De las constancias de autos surge que el menor cuenta con 9 años de edad, posee certificado de discapacidad y padece de trastorno generalizado del desarrollo no especificado; y la médica tratante solicitó las prestaciones, acordes a su enfermedad (vid. Fs.3/10).

Por su parte, la recurrente expresó que la medida cautelar se otorgó sólo teniendo en cuenta las consideraciones de la parte actora. Agregó que la obra social aprobó las prestaciones solicitadas por el período de abril a diciembre de 2016 y afirmó que la actora no acreditó que las prestaciones se hayan llevado a cabo entre los meses de enero y marzo de 2016. Los agravios fueron contestados por la actora a Fs.109/110Vta. y el Sr. Asesor de Menores a Fs.117/119.

Sin perjuicio de lo sostenido por la demandada en su memorial de agravios, debe resaltarse que la médica que asiste al menor indicó todas las prestaciones para el período de enero a diciembre de 2016 -tal como fue ordenado por el Sr.juez «a quo» en la medida cautelar-.

Al respecto, este Tribunal al resolver en las causas 94/13, 35600/14 y 12093/14, el 19/2/13, 17/10/14 y 14/11/14 puso de resalto lo dictaminado por el Cuerpo Médico Forense en el sentido de que el profesional de la medicina que trata la patología del paciente, es quien, previo a efectuar los estudios correspondientes, prescribe la prestación que le proporcione mejores resultados.

Ahora bien, se está frente a valores tales como la preservación de la salud y de la vida misma de las personas, derechos estos reconocidos por la Constitución Nacional (Arts. 14, 14 bis, 19 y 33), en el caso de un niño también específicamente garantizados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. VII); la Declaración de los Derechos Humanos (Art. 25, Inc. 2°); el Pacto de San José de Costa Rica (Arts. 4°, Inc. 1° y 19); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 24, Inc. 1°), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 10, Inc. 3°), la Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 23, Incs. 1° y 2°), los que tienen rango constitucional (Art. 75, inc. 22).

Asimismo, debe tomarse en consideración que la ley 24.901 instituyó un sistema de prestaciones básicas de atención integral en favor de las personas con discapacidad, de acuerdo a «sus necesidades y requerimientos»; poniendo a cargo de las obras sociales, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones enunciadas en la normativa -entre otras, de rehabilitación y de educación general básica (Arts. 1°, 2°, 6°, 15 y 22). La ley 26.682 que delineó el marco regulatorio de las empresas de medicina prepaga, en su Capítulo III, «De las prestaciones», dispone que éstas deben cubrir en sus planes, como mínimo, el Programa Médico Obligatorio vigente y el Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad previsto en la ley 24.901 y sus modificatorias (Art.7°).

Las circunstancias apuntadas y sin perder de vista el ámbito provisional que es propio de estas medidas, tornan «prima facie» verosímil el derecho invocado por el peticionante a la cobertura solicitada para su hijo menor.

Así pues, el anticipo de jurisdicción en las medidas cautelares innovativas no importa una decisión definitiva sobre la pretensión concreta de los actores. Lleva ínsita la evaluación del peligro de permanencia en la situación actual a fin de habilitar una resolución que concilie -según la verosimilitud- los probados intereses de aquélla y el derecho de defensa del demandado (Fallos: 320:1632).

En este orden de ideas, se advierte que el peligro en la demora esgrimido tiene suficiente grado de credibilidad en la etapa inicial del proceso de acuerdo a la documentación acompañada. Debe considerarse el grave daño a la salud que le puede irrogar al menor no contar con las prestaciones solicitadas durante la tramitación de la causa, teniendo en cuenta las indicaciones de la médica que lo atiende; sin que implique otorgar a la presente una declaración anticipada sobre el fondo del asunto.

Por lo expuesto y oído que fue el Sr. fiscal general, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución de Fs. 85/87, con costas en la Alzada a la recurrente vencida (Arts. 17 de la ley 16.986; 68 y 69 del CPCC). A los fines del Art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se deja constancia del caso de vacancia en este Tribunal por Decreto 417/15.

Regístrese, notifíquese, hágase saber a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N.

(Acordada 24/13 y ley 26.856) y devuélvase.-

Fecha de firma: 12/10/2016

MARCELO DARIO FERNANDEZ

JUEZ DE CAMARA

ALBERTO AGUSTIN LUGONES

JUEZ DE CAMARA

GONZALO AUGUSTE

SECRETARIO DE CAMARA

A %d blogueros les gusta esto: