Responsabilidad del fabricante de automotores ante el incumplimiento del deber de información por parte del concesionario automotriz

COLMA, CA - APRIL 26:  A customer looks over a Ford Fusion parked on the lot at the Serramonte Ford dealership on April 26, 2011 in Colma, California.  Benefiting from strong demand for smaller cars and pickups Ford Motor Co. beat out Wall Street's estimates by reporting its best first quarter earnings since 1998 with a reported earnings of 2.6 billion dollars.  (Photo by David Paul Morris/Getty Images)

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 7-jul-2016

Cita: MJ-JU-M-100605-AR | MJJ100605 | MJJ100605

cuadro-1

Sumario:

1.-Corresponde resaltar la gran influencia que ejercen sobre el público las marcas y la publicidad. La complejidad del contrato y la falta de información no permiten a los usuarios comprender las reglas y el funcionamiento interno de la operatoria. Estas relaciones internas no interesan al tercero que confía en el pseudo- representante (la concesionaria) como si realmente lo fuera, porque hay una apariencia creada por quienes intervienen en este tipo de negocios y esa apariencia es la que lo vincula con los consumidores.

2.-En el ámbito de los planes de ahorro previo, la Resolución Gral. 8/82 de la I.G.J. establece la responsabilidad de la administradora y del fabricante por actos de la concesionaria, siendo esa también la tendencia jurisprudencial, dada la posición que ocupa el fabricante y/o la administradora dentro de la operatoria económica. Su responsabilidad se extiende a las consecuencias de los actos de los concesionarios y agentes de los fabricantes de los bienes a adjudicar, a través de la apariencia configurativa de un mandato tácito.

3.-Cabe extender la responsabilidad aquellos otros sujetos o a otras empresas que no revisten el carácter de contratantes directos y con los que el consumidor formalmente no contrata, pero que sin embargo participan de esa actividad y comparten un mismo interés económico. Ese nexo funcional que existe entre las distintas empresas económicas es el que permite la expansión de la responsabilidad de quienes concurren a integrar la organización económica, obteniendo los beneficios. Dicha línea es la receptada por la Ley de Defensa del Consumidor en su art. 40 el cual establece la responsabilidad objetiva y solidaria del fabricante, importador, distribuidos, proveedor, vendedor, y quien haya puesto su marca en la cosa o el servicio.

4.-La norma del art. 40 de la LDC no hace más que consagrar la responsabilidad por el ejercicio de la actividad más favorable al consumidor y a su vez el art. 37 prescribe que: La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable al consumidor .

5.-No puede desconocerse la modalidad de contratación cuando se trató de “contratos vinculados entre sí por haber sido celebrados en cumplimiento del programa de una operación económica global”, para cuya interpretación debe tenerse en cuenta ese nexo a fin de atribuirles el sentido que mejor se adecue al conjunto de la operación.

6.-Los contratos conexos han quedado regulado en el art. 1073 del recientemente sancionado Código Civil y Comercial de la Nación, que reza así: Hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hallan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido , y que, en orden a su interpretación, se ha expresado que cabe atribuirles …el sentido apropiado que surge del grupo de contratos, su función económica y el resultado perseguido (CCivCom. 1074 ).

7.-La empresa concesionaria de venta de automóviles debe brindar al actor adquirente, que aquí es consumidor o usuario, en forma cierta y objetiva, información veraz y detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales del producto y/o servicio.

8.-Bajo el amparo de la referida Ley de Defensa del Consumidor es necesario efectuar algunas breves consideraciones acerca del deber de información establecido en el art. 4 de la ley 24.240 -t.o. Ley 26.361 -, en cuanto dispone que El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión .

9.-La razón de ser de la norma del art. 4º de la LDC -que encuentra base en el art. 42 de la CN. en cuanto consagra el derecho de los consumidores a una información adecuada y veraz; notas que son complementadas por el art. 46 de la Constitución porteña al agregar que la información debe ser transparente y oportuna- se halla en la necesidad de suministrar al consumidor conocimientos de los cuales legítimamente carece, al efecto de permitirle efectuar una elección racional y fundada respecto de un determinado bien o servicio. El porqué de la necesidad de una información al consumidor o al usuario radica precisamente en la desigualdad evidente que tiene respecto del proveedor de los conocimientos sobre los productos y servicios.

10.-El agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas; entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad psíquica, los afectos familiares, etc.. No se reduce al pretium doloris, pues involucra todo daño a intereses jurídicos extrapatrimoniales, sino que se trata de una lesión susceptible de causar lo que una aguda fórmula ha llamado modificaciones disvaliosas del espíritu .

11.-El agravio moral debe ser entendido en su doble función, como sanción ejemplar al proceder reprochable y como reparación a quienes padecieran las aflictivas consecuencias de dicho proceder.

12.-Encontrándose decidida la procedencia del daño moral, en el caso concreto la determinación del quantum puede quedar librada al prudente arbitrio judicial, debiendo recordarse el carácter restrictivo que la jurisprudencia asigna a la reparación de esta clase de daño en materia contractual, criterio que tiende esencialmente a excluir de este ámbito las pretensiones insustanciales, basadas en las simples molestias que pueda ocasionar el incumplimiento del contrato. Sin embargo, esa razonable restricción no puede erigirse en un obstáculo insalvable para el reconocimiento del agravio moral cuando el reclamo tiene visos de seriedad suficientes y encuentra base sólida en los antecedentes de la causa.

13.-Es perceptible, a los fines de la procedencia del daño moral, advertir la situación del actor, que padeció una injuria moral y una afectación de la tranquilidad de espíritu, por la razonable frustración que le produjo no haber podido adquirir el vehículo pretendido ni tampoco hubiera recibido solución a sus numerosos reclamos y no puede desdeñarse el sufrimiento anímico de quien ve quebrada sus expectativas y confianza por la falta de cumplimiento de las demandadas que lo condujo a comprar otro automóvil de similares características.

14.-La mora del deudor resulta motivación suficiente para autorizar, ante la expresa petición de la contraparte, el devengamiento de los accesorios que derivan de la ausencia de cumplimiento tempestivo de la obligación (arts. 509 y 622 Cciv.). De modo que los accesorios se adeudan por la demora en el cumplimiento de la obligación y tal es el fundamento que la demandada dice desconocer y que justifica el devengamiento de réditos. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los siete días del mes de julio de dos mil dieciséis, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “FERNANDEZ ETEROVIC JORGE ALBERTO CONTRA ALRA S.A. Y OTRO SOBRE ORDINARIO”, EXPTE. N° COM. 28.984/2012, en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctora Tevez, Doctor Ojea Quintana y Doctor Barreiro.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 474/483?

La Sra. Juez de Cámara Doctora Alejandra N. Tevez dice:

Antecedentes de la causa.

Jorge Alberto Fernández Eterovic (en adelante, “Fernández”) inició demanda contra Alra S.A. y Volskwagen S.A. de Ahorro para fines determinados (en adelante, “VW Ahorro S.A.”) por pesos $407.000, intereses y costas.

Relató que el 27.03.10 en la revista “Autofoco” se publicó una oferta para la venta de un rodado marca VW modelo Tiguan, previo pago de $ 1.100. Expuso que se contactó con el vendedor por mail y que Alra S.A. ofreció 4 opciones para adquirirlo.

Agregó que el 08.04.10 depositó en la cuenta de Alra S.A. $

100. Dijo también que para financiar el precio de la adquisición, suscribió, en esa fecha, el contrato de adhesión al plan de ahorro previo por un rodado modelo Suran Confortline, sistema 70/30. Añadió que luego de la adjudicación podía realizar el cambio al modelo Tiguan.

Arguyó que, por mail, los vendedores le informaron que el saldo del 30 % y la diferencia de precio por el cambio de modelo -de Suran Tiguan- sería financiado en cuotas fijas, en pesos, sin interés (v. fs.55 vta.) y que para ello debía pagar, al menos, 4 cuotas en término del plan de ahorro.

Adujo que cumplió con sus obligaciones y que, frente a los incumplimientos de VW ahorro S.A. y Alra S.A., intimó por carta documento a la entrega del rodado Tiguan y a la concesión de la financiación acordada -la diferencia de precio por cambio de modelo prorrateada sin interés y en pesos en las cuotas restantes-.

Dijo que en marzo de 2012 le adjudicaron el vehículo Suran y que lo rechazó, pues no se ajustaba a lo pactado.

Reclamó en concepto de: i) daño moral: $ 75.000; ii) daño emergente: $ 140.000; iii) lucro cesante: $ 165.000; y iv) privación de uso del rodado, un monto que no especificó (v. fs. 64/64vta.).

Al tiempo en que practicó liquidación, requirió cierta suma que individualizó como “cuotas abonadas y otros conceptos: $ 27.000” (sic.; v. fs. 64 vta.) mas sin describir ni explicar el rubro reclamado.

Ofreció pruebas.

A fs. 161/169 Alra S.A. contestó demanda. Solicitó el rechazo de la acción con expresa imposición de costas.

En lo que aquí interesa referir, negó que: i) publicara oferta en la revista “Autofoco”, ii) a partir de esa información Fernández se contactara con un vendedor de Alra S.A., iii) enviara correos electrónicos al actor desde un dominio distinto al que posee “@alravw.com.ar”, iv) Eduardo Martín González (en adelante, “González”) fuera empleado de Alra S.A., v) prometiera financiar el saldo no financiando del plan de ahorro y la diferencia de precio por el cambio de modelo en cuotas en pesos y sin interés, y vi) los daños reclamados.

Desconoció los mails, las grabaciones telefónicas y el correo de “Autofoco”.

Reconoció que el actor suscribió en Alra S.A.un plan de ahorro para adquirir un vehículo marca VW modelo Suran, tal como se describe en la demanda y surge de la “Solicitud de Adhesión”.

Como argumento de su defensa, negó que González fuera empleado de Alra S.A. y, en tal sentido, alegó que nunca ofreció ni avaló las propuestas de financiación que refiere el actor.

Aclaró que lo que sí ofreció fue financiar el 30% del valor no financiado del plan de ahorro y la diferencia de precio por el cambio de modelo, pero en ambos casos con intereses.

Ofreció pruebas y fundó en derecho su pretensión.

c. A fs. 174/198 VW Ahorro S.A. contestó demanda. Solicitó el rechazo de la acción con expresa imposición de costas.

Desconoció la documental.

Sostuvo que Fernández suscribió el plan de ahorro nro. 0083¬0 037 cuyas particularidades están puntillosamente previstas en las condiciones generales de contratación que integra la solicitud de adhesión.

Arguyó que fuera de lo que allí dice no asumió otra obligación y el reclamo por supuestas condiciones especiales que el actor pactó con Alra S.A. le son ajenas. Así, expuso que no incumplió el contrato de ahorro previo.

En este sentido, alegó que el propio actor reconoció que había contratado un plan de ahorro por un modelo -Suran- que era diferente al que deseaba pues Alra S.A. le había informado que cuando le fuera adjudicado el auto oportunamente podía ejercer la opción -de acuerdo a la cláusula 8va.- y elegir el modelo que pretendía. En este sentido, dijo que no comprendía por qué razón Fernández se había negado a hacerlo cuando tuvo la oportunidad.

Ofreció pruebas y fundó en derecho su pretensión.

La sentencia de primera instancia.

La sentencia de fs. 474/483 admitió parcialmente la demanda y condenó solidariamente a Alra S.A. y VW de Ahorro S.A. a pagar al actor $ en concepto de daño moral con más los intereses desde el 13.6.11 a la tasa allí dispuesta.Desestimó el daño emergente, lucro cesante y privación de uso. Impuso las costas a los defendidos sustancialmente vencidos.

Liminarmente dijo el primer sentenciante que Fernández suscribió con Alra S.A. el contrato de adhesión al plan de ahorro previo para adquirir un rodado marca VW, modelo Suran.

Luego juzgó que, si bien no está acreditado que Alra S.A. conociera los mails que remitió el actor a González ni que aquella publicara en la revista “Autofoco” cierto aviso publicitario; las manifestaciones realizadas al contestar demanda que refieren a que ofreció un plan de ahorro con la posibilidad de cambiar el modelo -incluso al que pretendía el actor cuando lo exacto era que no había planes para ese modelo, eran errónea que razonablemente pudo llevar a Fernández a adherir al plan en el convencimiento de que podía optar por el modelo que finalmente deseaba.

Como elemento coadyuvante, meritó que del contenido de las notas de fs. 123 y fs. 126 surge que la accionada le ofrecía tal cambio.

Subrayó el juez que nunca se informó que no existían planes de ahorro adjudicados para adquirir el rodado Tiguan y que, en tal sentido, Alra S.A. incumplió con el art. 4 de la Ley 24.240 que establece que debe suministrar al consumidor en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales del producto y/o servicio ofertado.

Aludió al carácter esencial de la información en etapas precontractuales -oferta y publicidad- a fin de que el consumidor pueda prestar su consentimiento con los conocimientos necesarios para comprender el alcance y efectos de la contratación.

Tras ello, juzgó que la concesionaria nunca despejó las dudas del actor ni aun cuando por carta documento reclamó la entrega del modelo Tiguan.

Añadió que tampoco VW Ahorro S.A.cumplió con su deber de información, pues omitió advertir, al contestar la misiva del accionante, que la entrega del rodado Tiguan era de cumplimiento imposible.

En definitiva, consideró el juez que ambas codemandadas no informaron sobre la imposibilidad fáctica de entregar el auto que el actor pretendía.

Sobre tales bases rechazó la defensa de falta de legitimación pasiva que interpuso VW Ahorro S.A.

Respecto de los perjuicios reclamados, otorgó $ 15.000 en concepto de daño moral y rechazó los restantes rubros (daño emergente, lucro cesante y privación de uso).

Los recursos. Apelaron VW Ahorro S.A., Alra S.A. y el actor a fs. 487, fs. 491 y fs. 493. Sus recursos fueron concedidos libremente a fs. 487, fs. 492 y fs. 494 respectivamente.

Los agravios del actor corren a fs. 503/07 y recibieron respuesta de Alra S.A. a fs. 530/33 y de VW Ahorro S.A. a fs. 541/47.

Las quejas de VW ahorro S.A. y Alra S.A. corren a fs. 509/20 y fs. 523/33 y recibieron respuesta a fs. 537/39 y fs. 535/36.

A fs. 548 se llamaron autos para dictar sentencia y el sorteo se practicó a fs. 549.

Los agravios.

Las quejas del actor transcurren por los siguientes carriles: i) omitió el a quo escuchar las grabaciones telefónicas que adjuntó en el anexo “D”, esenciales y decisivas pues sustentan el contenido de su pretensión, ii) se juzgó que no acreditó que González tuviera vinculación comercial con Alra S.A., iii) el primer sentenciante nada dijo sobre si Alra S.A. debe restituirle los fondos que entregó para abonar las cuotas del plan de ahorro con más los intereses, pues el contrato de acuerdo a lo que le fue ofertado resulta de cumplimiento imposible.

Se quejan VW Ahorro S.A. y Alra S.A. de que el magistrado de la anterior instancia las condenara solidariamente a abonar $ 15.000 en concepto de daño moral derivado de la falta de suministro de información que les adjudica.

V.La solución.

Recuerdo que el a quo hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a las defendidas a abonar a Fernández $ 15.000. Para así decidir juzgó que Alra S.A. y VW Ahorro S.A. violaron el deber de información previsto en el art. 4 de la LDC. Estimó que este incumplimiento provocó un daño moral que cuantificó en esa suma. Rechazó los restantes daños pretendidos.

b. Adelanto que el interés económico comprometido en los recursos de las partes no supera el parámetro pecuniario previsto en el artículo 242 del Cpr. y, en tal sentido, corresponde declararlos inaudibles.

Me explico. La pretensión que abarca el planteo recursivo del actor es incongruente, pues difiere de aquella que plasmó en su demanda. En tal sentido, el contenido económico disputado en último término -para con él decidir si supera el límite de la apelabilidad- no puede ser discernido sobre la base del discurso que desplegó al expresar agravios, pues, como señalé, mutó en esta Al zada su pretensión (conf. arg. art. 163, inc. 6 y art. 34 inc. 4 y art. 277 del Cpr.).

Obsérvese, en efecto, que de la lectura integral de la demanda surge que Fernández inició esta acción para que se condenara a las accionadas a cumplir con cierto contrato de ahorro previo de acuerdo a la oferta que -dijo- fue publicada. Así, solicitó la entrega de un rodado modelo Tiguan y la financiación en cuotas de la diferencia de precio -con el modelo Suran, objeto del plan de ahorro- en pesos y sin interés (v. fs. 55 vta. 4to. párrafo, v. fs. 56. vta. 2do. párrafo).

No obstante -y como anticipé-, al expresar agravios nada dijo sobre su pretensión inicial ni sobre los rubros que el a quo había rechazado. Adviértase que solo requirió que se condenase a las accionadas a restituir la suma de dinero abonada para cancelar cada una las cuotas del plan de ahorro con más los intereses desde cada desembolso (v. fs.506).

Coadyuvante, tal como lo prevé el art. 277 del Cpr., la Alzada, por ser un espacio de revisión, carece de poderes para decidir temas que no fueron sometidos al juez inferior. Ello pues la función prístina del “ad quem” no es la de fallar en primer grado sino la de controlar la decisión de los magistrados de la anterior instancia (conf. Hitters, Juan Carlos, “Técnicas de los recursos ordinarios”, p. 405 y ss, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1988).

Repárese sobre el particular que no se trata aquí de un supuesto en que el primer sentenciante no se ocupó del tratamiento de argumentos introducidos oportunamente por la defendida, caso en el cual cabría a la Alzada intervenir a través el recurso de apelación correspondiente.

Por el contrario, y como quedó dicho, el juez dictó sentencia expidiéndose sobre los planteos efectuados tanto por la actora como por las accionadas en sus escritos troncales del proceso.

En tales condiciones, y considerando que -tal como se desprende de la descripción efectuada más arriba- fue recién al momento de expresar agravios contra la sentencia definitiva que Fernández modificó su discurso y pretendió que se condenara a las accionadas a restituir la suma de dinero que había abonado para cancelar cada una las cuotas del plan de ahorro con más los intereses desde cada desembolso, y que ello importó alterar y mutar los argumentos esgrimidos, no corresponde que este Tribunal se pronuncie sobre ellos (conf. arg. art. 277 del Cpr. y esta Sala F, 28.6.2016, “Paraná S.A. de Seguros c/ Equivial S.A. y otro s/ Ordinario”).

Desde estas distintas perspectivas procesales y en tanto que – como ya dije- el contenido económico de los agravios del actor difiere, en sustancia, con la pretensión inicial; no es factible concluir que el monto cuestionado en último término supere el umbral de audibilidad previsto en el 242 Cpr.

Consecuencia de lo anterior, los recursos de las demandadas también devienen inaudibles.Ello pues ambas pretenden se revoque la sentencia de primera instancia en aquel punto que las condenó al pago de $ en concepto de daño moral por violación del deber de información.

En ese escenario, es preciso poner de relieve que la ponderación de la apelabilidad en atención al monto objeto de impugnación, es una solución que procura compadecerse con la “ratio” de la mencionada regla procesal, orientada a evitar la intervención de la Alzada en disputas de menor significación económica.

Esa conclusión, a su vez, aparece expuesta por la C.S.J.N. en los autos “Koch”, del 10/11/92 (JA 1993-III, pág. 486, Fallos 315:2679), en el sentido de que el gravamen de la apelante se configura por el monto “disputado en último término”, con prescindencia de la cuantía económica controvertida en primera instancia (esta Sala, 28.12.09, “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Guastella Sebastián Antonio s/ ejecutivo”, del 28.12.09; íd. “Linares Eduardo Enzo c/ Bosan S.A. s/ ordinario”, del 01.06.10; id. 16/6/2011, “Colcas SRL c/ Goitea Lucía Beatriz s/ ordinario”, del 16.06.11; entre muchos otros).

Finalmente, destácase que el recurso es inaudible, sea o no, acertado lo decidido por el a quo, pues a estar a la ley procesal vigente la apelabilidad depende exclusivamente del monto comprometido en el proceso y no de la magnitud del error atribuido a la sentencia apelada (conf. esta Sala, 22/12/09, “Tarshop SA c/Burgos Bárbara Noemí s/ejecutivo s/queja”; en igual sentido, 30/12/09, “Tarshop SA c/Ause Selva Claudia s/ejecutivo s/ queja”; 15/4/10, “Agrimarketing SA c/ Marcobank SA y otro s/ordinario s/queja”, entre otros).

Como corolario de todo lo anterior, corresponde declarar la inaudibilidad de los recursos propuestos.

VI. Conclusión.

Por lo expuesto, si mi voto fuera compartido por mis distinguidos colegas del Tribunal, propongo al Acuerdo: declarar inaudible los recursos en los términos del art. 242 del Cpr.Con costas en el orden causado, habida cuenta la forma en que se resuelve.

Así voto.

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana dice:

Que sin perjuicio de ponderar las razones que informan el voto preopinante de mi distinguida colega, existen a mi parecer motivos suficientes para declarar audible el recurso pues, aunque desde una perspectiva distinta, considero que el monto comprometido en la apelación supera el límite previsto por el art. 242 del Cpr, teniendo en cuenta las consideraciones que desarrollaré infra que refieren al daño material.

Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los acápites I a III de la ponencia precedente, razón por la cual me remito a lo allí expresado.

Los agravios.

1- El actor en sus agravios (agregados en fs. 503/507) cuestionó el alcance de la condena decidido en la sentencia de grado, específicamente en punto al pago de las cuotas del plan de ahorro suscripto pues arguyó que no debió continuar abonándolas y, además, que solicitó el reintegro de lo desembolsado con más los intereses.

2- La codemandada Volkswagen al fundar su recurso en fs. 509/520 cuestionó lo resuelto en la instancia de grado. Sus críticas pueden sintetizarse del siguiente modo: i) afirmó que está demostrado que el actor había contratado un plan para adquirir un vehículo modelo Suran y no Tiguan -pues, además, no existe en el mercado un plan de ahorro para ese modelo-; objetó la imputación de responsabilidad fundada en la supuesta falta de información brindada al ahorrista y dijo que de las constancias del expediente se desprende el pleno conocimiento del actor respecto al modelo que adquirió; (iii) criticó el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva que interpuso y reiteró que su parte fue ajena a las condiciones especiales que el Sr.Fernández Eterovic pactó; (iv) se quejó de la procedencia del daño moral pues no estaría acreditada su configuración; (v) se opuso también al modo en que se computaron los intereses ya que según arguyó, el daño moral no se incrementa ni se actualiza con el tiempo; (vi) se agravió de la imposición de las costas del juicio y solicitó que fueran soportadas por el actor, pues la demanda prosperó parcialmente (se receptó un 5% del reclamo).

3- Los agravios de la codemandada ALRA S.A. lucen agregados a fs. 523/539 y transitan por los siguientes carriles: (i) objetó la conclusión del anterior sentenciante en cuanto le imputó un incumplimiento al deber de información, pues adujo que no era imposible que el actor recibiera el vehículo que pretendía al suscribir el plan y que podía acceder a esta opción pagando la diferencia de modelos pero, en el caso, la licitación quedó desierta por no haber realizado el pago correspondiente; (ii) resaltó, entonces, que el objeto de la demanda era la financiación de la diferencia del modelo, lo cual excedía lo acordado en el plan de ahorros; (iii) por último, criticó la distribución de las costas y solicitó que se condenara al actor al pago del 96% de las mismas -pues ese fue el porcentaje por el que prosperó su reclamo-.

La Solución.

a. En primer término, deben dirimirse las quejas de la codemandada Volkswagen referidas a su legitimación para ser aquí demandada.

El anterior sentenciante rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por Volkswagen pues decidió que fue quien primero incumplió con su deber de informar al actor acerca de la imposibilidad de adquirir el modelo pretendido por él. No obstante ello, de la sentencia se desprende que el juicio de reproche contra ella prosperó en menor grado que respecto de la concesionaria.

A fin de resolver este planeo cabe efectuar un análisis conceptual de las relaciones que se generan como consecuencia del contrato que motivó el conflicto que aquí se debate.Volkswagen S.A. de Ahorro P/F Determinados se desempeñó como administradora de un plan de ahorro, de modo que representa, en esencia, una modalidad que se hubo generalizado en nuestro medio desde hace años para la comercialización de automotores.

Es dable destacar que si bien la concesionaria no resulta dependiente de la recurrente, el accionante pudo legítimamente suponer que existió tal representación o al contratar lo hacía, aunque de forma mediata con ella y, que por lo tanto, los actos de Alra S.A. estaban avalados por Volkswagen S.A. -sociedad administradora y/o fabricante-.

Teniendo en consideración lo expuesto, corresponde resaltar la gran influencia que ejercen sobre el público las marcas y la publicidad. La complejidad del contrato y la falta de información no permiten a los usuarios comprender las reglas y el funcionamiento interno de la operatoria. Estas relaciones internas no interesan al tercero que confía en el pseudo- representante (la concesionaria) como si realmente lo fuera, porque hay una apariencia creada por quienes intervienen en este tipo de negocios y esa apariencia es la que lo vincula con los consumidores (conf. Sala A, in re: “Poggi Raúl Alberto y otra c/ Laprida S.A.C.I. y otro s/ ordinario” del 29.12.2008).

En este sentido, cabe recordar que, en el ámbito de los planes de ahorro previo, la Resolución Gral. 8/82 de la I.G.J. establece la responsabilidad de la administradora y del fabricante por actos de la concesionaria, siendo esa también la tendencia jurisprudencial, dada la posición que ocupa el fabricante y/o la administradora dentro de la operatoria económica. Su responsabilidad se extiende a las consecuencias de los actos de los concesionarios y agentes de los fabricantes de los bienes a adjudicar, a través de la apariencia configurativa de un mandato tácito (v.fallo

cit.).

No es un dato menor, que tampoco podría eximirse de responsabilidad toda vez que no ha probado que la causa del daño le ha sido totalmente ajena, es decir que se ha roto el nexo causal. En este sentido, cabe extender la responsabilidad aquellos otros sujetos o a otras empresas que no revisten el carácter de contratantes directos y con los que el consumidor formalmente no contrata, pero que sin embargo participan de esa actividad y comparten un mismo interés económico. Ese nexo funcional que existe entre las distintas empresas económicas es el que permite la expansión de la responsabilidad de quienes concurren a integrar la organización económica, obteniendo los beneficios.

Dicha línea es la receptada por la Ley de Defensa del Consumidor en su artículo 40 el cual establece la responsabilidad objetiva y solidaria del fabricante, importador, distribuidos, proveedor, vendedor, y quien haya puesto su marca en la cosa o el servicio. Dicha norma no hace más que consagrar la responsabilidad por el ejercicio de la actividad más favorable al consumidor”; a su vez el art. 37 prescribe que: “La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable al consumidor”.

Por lo demás, no puede desconocerse la modalidad de contratación, pues se trató de “contratos vinculados entre sí por haber sido celebrados en cumplimiento del programa de una operación económica global”, para cuya interpretación debe tenerse en cuenta ese nexo a fin de atribuirles el sentido que mejor se adecue al conjunto de la operación (ver el art. 1030 del Proyecto de Código Unificado de 1998; conc. art. 218, incs. 1° y 2°, Cód. de Comercio) (conf. CNCom., Sala C, “Olguín de de Pereyra c/ Autolatina Argentina S.A.de Ahorro para Fines Determinados y otro”, 18.8.2000, LL 2001-A , 134, DJ 2001-1 , 646, AR/JUR/2965/2000; y antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales allí cit.).

Agréguese que ello ha quedado regulado en el artículo 1073 del recientemente sancionado Código Civil y Comercial de la Nación, que reza así: “Hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hallan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido”, y que, en orden a su interpretación, se ha expresado que cabe atribuirles “.el sentido apropiado que surge del grupo de contratos, su función económica y el resultado perseguido” (CCyC 1074).

Desde tal perspectiva doctrinaria y jurisprudencial considero que cabe confirmar lo decidido por el anterior sentenciante sobre la legitimación pasiva de Volkswagen S.A. de Ahorro P/F determinados.

Por lo demás, la conducta asumida por la referida codemandada, corrobora tal temperamento pues no fue ajena al reclamo del demandante sino que por el contrario, que recibió una intimación del Sr.

Fernández y no le dio ninguna respuesta (fs. 14).

a. Cabe atender en segundo término a las objeciones de las demandadas quienes, aunque por motivos diversos, cuestionaron la imputación de responsabilidad decidida en la instancia de grado.

Es preciso recordar que el magistrado de la anterior instancia admitió la acción iniciada por el Sr. Fernandez Eterovic por considerar demostrado el incumplimiento de las demandadas en informar oportuna y correctamente a su cliente de acuerdo con la manda del art. 4 de la ley 24.240 (en concordancia con los arts. 1100 y 1101 del Código Civil y Comercial de la Nación).

Liminarmente y de conformidad con los antecedentes valorados por el magistrado de grado, adelanto que fue acertado el temperamento asumido en su decisión.

No fue desconocido que el accionante suscribió el formulario de adhesión n° W006331632 ofrecido por la codemandada Volkswagen S.A.de ahorro P/F determinados y así pasó a integrar el Grupo 0083, Orden 037 para adquirir un vehículo marca Volkswagen modelo Suran. Esa operación la realizó por intermedio de la concesionaria Alra S.A.

El accionante explicó que celebró el contrato en esos términos por consejo de ALRA pero la finalidad que persiguió y comunicó oportunamente era la de adquirir un vehículo modelo Tiguan.

El magistrado de grado realizó una reseña de los antecedentes fácticos de la causa, de los que surge que:1) el actor suscribió la solicitud de adhesión que luce agregada a

fs. 119/121; el vehículo le fue adjudicado al Sr. Fernández Eterovic, pero al no haberse realizado el pago, quedó desierta esa adjudicación.

El demandante expuso que no realizó ese pago pues difería de lo que habían acordado con la concesionaria, quien se comprometió a financiar el valor del 100% de la unidad e incluía el cambio de modelo;

En la solicitud está expresamente previsto que el adherente podía cambiar el modelo -además de establecer el procedimiento que debía seguirse para realizar el cambio de modelo y la facultad de la sociedad administradora de aceptar o denegar ese pedido-;

Ambas demandadas mencionaron que no existían planes de ahorro de los vehículos modelo Tiguan y que, por eso, nunca le pudieron haber realizado un ofrecimiento en esos términos (v. contestación de demanda de Volkswagen, fs. 183 vta. y declaración testimonial de un empleado de Alra, Sr. Marchese, fs. 321/326).

De los documentos referidos y de los dichos de la concesionaria en su contestación de demanda se desprende que Alra le ofreció al Sr. Fernandez la financiación del 30% de la parte del plan no cubierta por Volkswagen (v. fs. 123) y la diferencia de precio por cambio de modelo (refiriendo expresamente al modelo Tiguan, fs. 164).

Ahora bien, ninguna de las accionadas en sus agravios desvirtuó lo decidido por el anterior sentenciante en punto al ofrecimiento que realizaron al Sr. Fernández y a que esto era imposible de cumplir.En efecto el modelo Tiguan no solo no podía entregarse ni por medio de un plan de ahorro sino que tampoco podía financiarse lo que le restaba pagar. Ello pues la única posibilidad de acceder a lo que él pretendía era adquiriendo una unidad automotor de la propia concesionaria, lo cual no era posible para la coaccionada Alra que no vende autos adjudicados de cartera propia sino planes ya adjudicados de cartera propia (v. testimonio del Sr. Marchese, fs. 321/326)

De allí, entonces, deriva el incumplimiento al deber de información que se le imputa a las demandadas (cfr. art. 4 de la Ley 24.240 – T.O. ley 26.361-) pues no brindaron al actor, que aquí es consumidor o usuario, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales del producto y/o servicio.

Es que lo que se valoró para decidir en ese sentido, fue la información imprecisa que recibió el Sr. Fernández Eterovic en oportunidad de contratar que lo condujo a entender, con cierto grado de razonabilidad, que al adherir a esa plan recibía la financiación del 30% no alcanzado por el plan de ahorro así como del cambio de modelo. Por el contrario, no se aclaró que no existían planes para adquirir el automóvil modelo Tiguan y tampoco le fueron despejadas esas dudas cuando el accionante intimó a ambas demandadas a cumplir con lo pactado (v. intimaciones de fs. 13 y 14, la cual fue respondida únicamente por Alra, con la comunicación agregada a fs. 7).

Bajo el amparo de la referida Ley de Defensa del Consumidor es necesario efectuar algunas breves consideraciones acerca del deber de información establecido en el art. 4 de la ley 24.240 -t.o. Ley 26.361-, en cuanto dispone que “El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización.La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión”.

La razón de ser de la norma -que encuentra base en el art. 42 de la Constitución Nacional en cuanto consagra el derecho de los consumidores a una información adecuada y veraz; notas que son complementadas por el art. 46 de la Constitución porteña al agregar que la información debe ser transparente y oportuna- se halla en la necesidad de suministrar al consumidor conocimientos de los cuales legítimamente carece, al efecto de permitirle efectuar una elección racional y fundada respecto de un determinado bien o servicio. El porqué de la necesidad de una información al consumidor o al usuario radica precisamente en la desigualdad evidente que tiene respecto del proveedor de los conocimientos sobre los productos y servicios (cfr. López Cabana, Roberto, “Deber de información al usuario”, Actualidad en Derecho Público (AeDP), nro. 12, pág. 89).

En el caso considero que la información que recibió el accionante en la oportunidad de adherir al referido plan no cumplió con los requisitos enunciados en la mencionada norma y provocó una legítima expectativa de obtener la financiación del 100% del auto que pretendía comprar -lo que comunicó en oportunidad de suscribir el plan- (el 30% que quedaba por fuera del valor del plan de ahorro así como de la diferencia de modelo).

Por lo demás, de los dichos del demandante y del hecho que hubiera comprado en ese tiempo una camioneta de similares características pero de otra marca (v. constancias de compra de la camioneta HONDA CR- VEXL, en julio 2011, fs. 97/99), demuestra que el modelo elegido y las condiciones de adquisición pactadas eran dirimentes para celebrar el acuerdo ya que, de lo contrario, probablemente no hubiera suscripto ese plan.

C abe aclarar, por último y en función de los términos utilizados por las reclamadas en sus agravios, que se encuentra fuera de discusión que el Sr.Fernández suscribió un plan de ahorro por una Surán, pero lo que aquí se analiza es la legitimidad de la denegación del cambio de modelo del auto, extremo que como se dijo, fue tenido en miras por el ahorrista en oportunidad de suscribir la solicitud.

Las recurrentes soslayan que la adquisición del plan por parte del consumidor lo fue en la inteligencia de poder acceder a una modificación del vehículo adquirido, circunstancia después denegada por las demandadas.

Se confirma, entonces, la imputación de responsabilidad decidida por el magistrado de grado por incumplimiento del deber de información previsto por el art. 4 de la ley 24.240, lo que echa por tierra los elementos de los demandados.

En atención a la solución propiciada, cabe analizar los daños procurados por el demandante.

La indemnización

Contra los rubros indemnizatorios decididos en la anterior instancia formularon quejas el actor, quien solicitó la devolución de las cuotas del plan abonadas, y la demandada Volkswagen, que objetó la procedencia del daño moral.

Daño material

El actor se agravió de los alcances de la condena de la anterior instancia y manifestó que el juez a quo omitió expedirse respecto del reintegro de las sumas abonadas.

No soslayo, sobre este aspecto recursivo, que una aplicación rigurosa del Cpr. 277 conduciría al rechazo de su planteo, mas creo que prevalece aquí el principio de derecho de defensa en juicio y, en consecuencia, puede juzgarse con razonabilidad que el reclamo concreto del daño emergente involucró la devolución de las cuotas. Nótese que al considerar ese rubro el propio demandante hizo mención al doble gasto que importó la circunstancia de abonar las cuotas y a su vez el costo de otro vehículo por no acceder al modelo pretendido (v. fs. 63 vta.).

De allí que resulta de toda lógica inferir -sin perjuicio de la imprecisión técnica del demandante- que el reclamo de lo ya abonado de ningún modo pudo ser ajeno a la pretensión del actor.Máxime cuando, la solución contraria implicaría un enriquecimiento incausado de la demandada.

De este modo, el accionante en su escrito de inicio mencionó que “ante la extensa demora, adquirí un rodado HONDA modelo CRVEXL, como ya explicara anteriormente y de esto se produjo una erogación doble, ya que debía pagar el auto nuevo así como continuar pagando hasta la fecha las cuotas” (fs. 63 vta.).

En esa misma línea, al practicar liquidación de daños reclamados incluyó el rubro: “CUOTAS ABONADAS Y OTROS CONCEPTOS: $27.000” (fs. 64 vta.).

En consecuencia, de los términos expresados en el reclamo y de una lectura integral del escrito de demanda realizada en concordancia con el referido principio de defensa en juicio (art. 18 CN), puede desprenderse sin duda que el actor reclamó la devolución de las cuotas pagadas y en consecuencia, corresponde incluir en el monto de condena la devolución de los pagos realizados (reconocidos por la inimpugnada pericia contable fs. 313). Los mismos devengarán intereses desde la fecha de cada desembolso y de conformidad con los parámetros fijados en la sentencia de grado.

Daño moral

La codemandada Volkswagen arguyó que no se había acreditado la configuración de esta arista de la indemnización y solicitó la revocación de lo decidido al respecto.

El agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas; entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad psíquica, los afectos familiares, etc. (conf. CNCom., Sala B, in re: “Katsikaris A. c. La Inmobiliaria Cía. de Seguros s. ordinario”, del 12.08.86). No se reduce al pretium doloris, pues involucra todo daño a intereses jurídicos extrapatrimoniales (conf. CNCom., Sala B, in re: “Galán, Teresa c. Transportes Automotores Riachuelo S.A. s. sumario”, del 16.03.99). Se trata de una lesión susceptible de causar lo que una aguda fórmula ha llamado “modificaciones disvaliosas del espíritu” (v.Pizarro Daniel, “Reflexiones en torno al daño moral y su reparación”, JA del 17.09.86, especialmente pág. 6 y doctrina allí citada).

No puede dejar de tenerse en cuenta que el agravio moral debe ser entendido aquí en su doble función, como sanción ejemplar al proceder reprochable y como reparación a quienes padecieran las aflictivas consecuencias de dicho proceder (conf. C.N.Com, Sala C, in re: “López, Carlos c/ Banco Roca Coop. Ltda. s/ordinario”, del 12.10.94.; in re: “Rodrigo, Juan Carlos y otros c/ Esso S.A.P.S.A. s/ ordinario”, del 23.3.99; in re: “Porcel, Roberto José c/ Viajes Futuro S.R.L. s/ sumario, del 28.3.03; in re: “Albín Gabriel F. y otro c. Club Vacacional S.A. -Rincón Club- y otros s. ordinario”, del 20.04.2007).

De seguido diré que encontrándose decidida su procedencia, en el caso concreto la determinación del quantum puede quedar librada al prudente arbitrio judicial (conf., entre otros, CNCom., Sala B, in re: “Albrecht Estímulo”, del 06.07.90; “Muzaber c. Automotores y Servicios”, del 23.11.90; ídem. “Kofler c. David Escandarami”, del 26.02.91; ídem, “Villacorta de Varela c. Plan Rombo S.A. de Ahorro”, del 15.11.91; ídem, “Greco c. Círculo de Inversores S.A.”, del 10.02.92).

Cabe señalar, asimismo, el carácter restrictivo que la jurisprudencia asigna a la reparación de esta clase de daño en materia contractual, criterio que tiende esencialmente a excluir de este ámbito las pretensiones insustanciales, basadas en las simples molestias que pueda ocasionar el incumplimiento del contrato (conf. Guillermo A. Borda, “La reforma de 1968 al Código Civil”, p. 203; Ed. Perrot, Bs. As., 1971). Sin embargo, esa razonable restricción no puede erigirse en un obstáculo insalvable para el reconocimiento del agravio moral cuando el reclamo tiene visos de seriedad suficientes y encuentra base sólida en los antecedentes de la causa (conf. C.N.Com., Sala C, in re: “Giorgetti Héctor R. y otro c. Georgalos Hnos.S.A.I.C.A. s. ordinario”, del 30.6.93; in re: “Miño Olga Beatriz c. Caja de Seguros S.A. s. ordinario”, del 29.5.2007).

Es aquí perceptible, a poco que nos emplazamos en la situación del actor, que padeció una injuria moral y una afectación de la tranquilidad de espíritu, por la razonable frustración que le produjo no haber podido adquirir el vehículo pretendido ni tampoco hubiera recibido solución a sus numerosos reclamos. No puede desdeñarse el sufrimiento anímico de quien ve quebrada sus expectativas y confianza por la falta de cumplimiento de las demandadas que lo condujo a comprar otro automóvil de similares características.

A mi modo de ver, ello superó sin dudas la frontera de las simples inquietudes o incomodidades, para tornarse en una situación en la cual se causó al demandante un disgusto que trasciende las molestias que han de tolerarse en el cotidiano plano contractual.

En consecuencia, dentro de los parámetros de prudente discrecionalidad que deben orientar la labor judicial en estos casos, estimo adecuado confirmar la indemnización por este concepto decidida en la resarcimiento por daño moral.

Sobre la cuestión este Tribunal ha sostenido que la mora del deudor resulta motivación suficiente para autorizar, ante la expresa petición de la contraparte, el devengamiento de los accesorios que derivan de la ausencia de cumplimiento tempestivo de la obligación (arts. 509 y 622 Cciv.) (conf. esta sala, “Maero Suparo Hernán Diego y otros c/ Banco Francés S.A. s/ ordinario” del 28/8/2012; íd., “PBB Polisur S.A. c/ Julast S.A. s/ ordinario”, del 14/6/2012). Recuérdese, por lo demás, que el pago de intereses sanciona el retardo en el cumplimiento de la prestación debida (CSJN, “Insaurralde, Jorge c/ Transportes Olivos SACI”, del 24/04/2007; y CNCom., Sala E, “Casa Otto Hess S.A.c/ Terumo Medical Corporation s/ ordinario” , del 12/04/2011, esta Sala, “Issa Hugo Omar c/ Bottinelli Jonathan Pablo s/ ordinario” del 25.8.2015; entre otros).

De modo que los accesorios se adeudan por la demora en el cumplimiento de la obligación y tal es el fundamento que la demandada dice desconocer y que justifica el devengamiento de réditos.

– Las costas

Se quejan las demandadas en tanto los gastos causídicos no fueron distribuidos teniendo en cuenta el monto por el cual prosperó la demanda ni las sumas reclamadas por el actor y el anterior sentenciante.

Sin embargo, ponderando el sentido de la solución que se propone, cabe confirmar la imposición de las costas.

Es que resulta de plena aplicación en el sub lite el inveterado criterio que sostiene que, en los reclamos por daños y perjuicios, las costas deben imponerse a la parte que con su proceder dio motivo al pedido resarcitorio, de acuerdo con una apreciación global de la controversia y con independencia que las reclamaciones del perjudicado hayan progresado

parcialmente respecto de la totalidad de los rubros o montos pretendidos, sin que quepa sujetarse en esta materia a rigurosos cálculos aritméticos (CNCom., Sala C, “Enrique R. Zenni y Cía. S. A. c/Madefor S. R. L. y otro s/ ordinario” del 14/2/1991″; “Martín, Oscar C. c/Toyoparts S. A. s/sumario” del 11/2/1992; “Levi, Raúl Jacobo c/ Garage Mauri Automotores s/ordinario” del 23/3/1994; “Alba de Pereira, Victorina c/Morán, Enrique Alberto s/daños y perjuicios” del 29/3/1994; “Pérez, Esther Encarnación c/Empresa Ciudad de San Fernando S. A. y otro s/ sumario” del 2/2/1999; entre otros; esta Sala, “Fernández Blanco Guillermo Eduardo c/ Volkswagen Argentina S.A.y otros s/ordinario” , del 7/4/2015).

Ya ha expresado esta Sala que la noción de vencimiento ha de ser establecida -a los efectos de distribuir las costas del trámite- con sujeción a una visión sincrética de lo sucedido en el juicio (CNCom, Sala D, “Lanci c/ Costa”, del 30/6/1982) y no mediante una simple comparación aritmética entre lo pretendido y su resultado (CNCom., Sala F, “Escandón Ghersi Gon zalo Arturo c/ Martinelli Guillermo y otro s/ ordinario” del 21/3/2013).

Desde dicha perspectiva y en tanto la interposición de la litis resultó necesaria para el reconocimiento del derecho del actor (esta Sala, “Bebebino Anabella Karina c/ Ford Argentina y otro s/ ordinario”, del 6/12/2011; “Ortega Patricia Lucía c/ Fiat Auto S.A. de Ahorro P/F Determinados s/ ordinario” del 10.9.2015; entre otros) y teniendo en consideración especialmente que ha sido admitido el incumplimiento de la reclamada, corresponde confirmar lo decidido en la instancia anterior, es decir, que los gastos causídicos sean afrontados por las demandadas en su calidad sustancial de vencidas (Cpr. 68). 5. Conclusión.

En razón de lo expuesto, considero que corresponde receptar el planteo del actor y condenar a las demandadas a la devolución de las cuotas abonadas por el ahorrista con más los intereses desde que se efectuó cada desembolso; rechazar los restantes planteos recursivos. Imponer las costas de Alzada a las demandadas vencidas (Cpr. 68).

Por análogas razones el doctor Rafael Barreiro adhiere al voto del Dr. Ojea Quintana.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:

Rafael F. Barreiro

Juan Manuel Ojea Quintana

Alejandra N. Tevez

María Florencia Estevarena – Secretaria

Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: receptar el planteo del actor y condenar a las demandadas a la devolución de las cuotas abonadas por el ahorrista con más los intereses desde que se efectuó cada desembolso; rechazar los restantes planteos recursivos. Las costas de Alzada se imponen a las demandadas vencidas (Cpr. 68).

Notifíquese (Ley n° 26.685, Ac. C.S.J.N. n° 31/2011 art. 1° y n° 3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).

Rafael F. Barreiro

Juan Manuel Ojea Quintana

Alejandra N. Tevez

(en disidencia parcial)

María Florencia Estevarena – Secretaria