Responsabilidad del concesionario automotriz y del banco otorgante de un crédito prendario por la frustración de la operación de compraventa de un automotor. Cuadro de rubros indemnizatorios

COLMA, CA - APRIL 26:  A customer looks over a Ford Fusion parked on the lot at the Serramonte Ford dealership on April 26, 2011 in Colma, California.  Benefiting from strong demand for smaller cars and pickups Ford Motor Co. beat out Wall Street's estimates by reporting its best first quarter earnings since 1998 with a reported earnings of 2.6 billion dollars.  (Photo by David Paul Morris/Getty Images)

Partes: Costales Claudia Andrea c/ Maynar AG Sociedad Anónima s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 3-jun-2016

Cita: MJ-JU-M-100425-AR | MJJ100425 | MJJ100425

cuadro

Sumario:

1.-La inhibición solamente impide la venta de bienes registrables, pero no su adquisición, aunque simultáneamente se constituya un gravamen sobre el mismo, como lo es una hipoteca.

2.-Si bien no puede soslayarse que la existencia de una inhibición general de bienes en cabeza de quien pide un crédito aun prendario puede convertirse en un obstáculo que frustre la posibilidad de esa persona de acceder a la financiación que busca, pero es claro que, si ese hubiera sido el caso -esto es, no ya la imposibilidad de inscribir la prenda, sino la decisión de no otorgar financiamiento por no reunir la actora las condiciones crediticias necesarias-, las demandadas debieron haber procurado esa información antes de celebrar el contrato y, en su caso, haberse abstenido de concretar esa celebración, toda vez que se trata, por su naturaleza, de una información que debe ser obtenida por el interesado en forma previa, en tanto condiciona la misma posibilidad de celebrar el convenio en ciernes.

3.-Si existían obstáculos que habrían de impedir la celebración o subsistencia del convenio, las demandadas debieron comprobarlos antes de celebrar el contrato, so pena de no poder alegarlos después a efectos de pretender que el vínculo debía entenderse extinguido por culpa de su contratante. La cuestión evoca -aunque supera- los presupuestos que la doctrina ha considerado configurativos de la llamada culpa in contrahendo o precontractual , que ha llevado a considerar responsable a quien rompe tratativas después de haber permitido que una negociación avance lo suficiente como para despertar en la otra parte una legítima expectativa acerca de su culminación.

4.-Incurre en esa culpabilidad quien omite las diligencias apropiadas para acceder al perfeccionamiento de un contrato en vías de formación (, estimándose que este comportamiento importa un abuso de la libertad de no contratar, que es una especie del género abuso del derecho, un comportamiento que defrauda la legítima expectativa de otra persona en orden a la conclusión del negocio, produciendo con ello un daño cierto.

5.-Si quien incurre en culpa in contrahendo debe considerarse responsable, con mayor razón debe serlo quien, tras dotar a la expectativa de su contratante de la certeza de un contrato celebrado, pretende evadirse de su obligación de cumplirlo con la invocación de que no estaban dadas las condiciones necesarias para celebrarlo.

6.-Dado que la intensidad de la responsabilidad pre contractual es menos intensa que la que deriva del incumplimiento de un contrato, el razonamiento recién efectuado autoriza a concluir que el proceder de las demandadas fue abusivo, por lo que deben ser condenadas por el daño que han causado.

7.-El agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas, entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física, los afectos familiares, hallándose vinculado con el concepto de desmedro extrapatrimonial o lesión en los sentimientos personales.

8.-Para que la indemnización por daño moral resulte procedente, no se requiere la producción de prueba directa, sino que puede tenérselo por comprobado ante la razonable presunción de que el hecho que motiva el juicio generó un padecimiento espiritual susceptible de justificar la indemnización reclamada. Ese temperamento se encuentra hoy expresamente admitido en el art. 1744 del nuevo CCivCom. que, al regular la prueba del daño, admite que éste se tenga por acreditado cuando surja notorio de los propios hechos.

9.-Más allá de su denominación, el concepto de daó punitivo no conlleva ninguna indemnización de daños, sino la imposición de una sanción, cuya procedencia debe ser interpretada con el criterio restrictivo inherente a la aplicación de toda pena.

10.-Los daños punitivos son sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro .

11.-A los fines de determinar la procedencia del daño punitivo, no basta, entonces, con que el proveedor haya incumplido con las obligaciones a su cargo, sino que es necesario también probar la concurrencia de una grave inconducta suya, cuya fisonomía requiere la verificación de dos extremos: un elemento subjetivo dado por el dolo o la culpa grave y un elemento objetivo, representado por el enriquecimiento indebido del dañador. De ello se deriva el carácter excepcional de la figura, a tal punto que tanto en el derecho comparado como en la doctrina nacional que se ha ocupado del tema, se ha recalcado que sólo procede en casos de particular gravedad.

12.-Aun apreciada la procedencia del daño punitivo con carácter restrictivo, encuentro que la conducta de las demandadas que ha sido comprobada en autos presenta los caracteres que tornan procedente la multa en cuestión, cuando el comportamiento de la demandada exhibe un propósito deliberado de obtener un rédito con total desprecio de la integridad o dignidad de la consumidora que se constituyó en su víctima.

13.-Procede el daño punitivo cuando los demandados, al incumplir el contrato como lo hicieron, no sólo mostraron que no les interesaba en lo más mínimo defraudar las legítimas expectativas que habían generado en la actora, sino que, además, demoraron insólitamente la devolución de las sumas que ésta les había entregado pese a que, en rigor, las nombradas jamás hubieran debido acceder a esas sumas y, por si fuera poco, obligaron a la demandante a deducir este juicio a fin de obtener la devolución de un importe de escasa significación. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los 3 días del mes de junio de dos mil dieciséis hallándose reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos los autos “COSTALES CLAUDIA ANDREA c/ MAYNAR AG S.A. Y OTRO s/ ORDINARIO” (expediente nro. 13616/2012; Juzg. Nº 16, Sec. Nº 32), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Julia Villanueva (9), Juan Roberto Garibotto (8) y Eduardo R. Machin (7).

Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 543/50? La señora juez Julia Villanueva dice:

La sentencia apelada.

Mediante el pronunciamiento obrante a fs. 543/50, el señor juez de grado rechazó la demanda entablada por la señora Claudia Andrea Costales en contra de Maynar AG S.A.y de HSBC Bank SA a fin de obtener la reparación de los daños y perjuicios que la actora adujo haber padecido tras haberse frustrado, por causas que imputó a las demandadas, su intento de comprar el vehículo que individualizó en el escrito inicial.

Para así decidir, el sentenciante tuvo por acreditado que desde el año 2006 pesaba sobre la demandante una inhibición general de bienes inscripta en el Registro de la Propiedad Automotor, comprobación que lo condujo a concluir que, al dejar sin efecto la operación, las demandadas no habían actuado de manera antijurídica puesto que, en esas condiciones, no era posible inscribir la prenda que habría de afectar el rodado pretendido.

Destacó, asimismo, que el préstamo que el HSBC Bank SA habría de otorgar a la actora a esos efectos se encontraba condicionado a la constitución de esa prenda, cuyo incumplimiento habilitaba a ésta a declarar la caducidad de los plazos y, en consecuencia, exigir la inmediata e íntegra devolución del dinero prestado.

Impuso las costas a la demandante vencida.

El recurso.

La sentencia fue apelada por la actora a fs. 553/61, recurso que mantuvo a fs. 580/87, que no recibió respuesta de sus contrarias.

La apelante sostiene que la sentencia debe ser revocada.

En tal sentido, afirma -con sustento en los argumentos que expone- que el magistrado tuvo por probado que la inscripción de la prenda sobre el vehículo había sido rechazada, lo cual es equivocado dado que no existe en autos ni la más mínima prueba que dé cuenta acerca de “Maynar” hubiera siquiera intentado obtener la aludida inscripción.

Manifiesta, asimismo, que el sentenciante también se equivocó al interpretar las normas registrales aplicables al caso, omitiendo considerar que el Registro Nacional de la Propiedad Automotor -que era quien debía proceder a dicha inscripción- había contestado a fs.367/70 que la existencia de una inhibición general de bienes no obstaba a la inscripción de una prenda sobre saldo de precio de un automóvil adquirido con posterioridad por el afectado.

Se queja también de que el señor magistrado no haya ponderado que los sucesos del caso exhiben -en los términos que expresa- que las demandadas violaron el derecho de información que a ella le asistía en su calidad de consumidora, y critica que la sentencia haya omitido expedirse acerca de la viabilidad de sus reclamos vinculados con la retención indebida o entrega tardía de los fondos de su propiedad que refiere.

La solución.

a) Como surge de la reseña que antecede, la señora Claudia Andrea Costales promovió este juicio a fin de obtener que las demandadas le indemnizaran los daños que, según alegó, le habían causado al frustrar su pretensión de adquirir un rodado marca Volkswagen, modelo Gold Trend, en los términos que refirió.

Ambas demandadas resistieron la acción con sustento, en lo sustancial, en que la referida operación había tenido que ser dejada sin efecto por culpa de la demandante, sobre quien pesaba una inhibición general de bienes que había impedido que se inscribiera la prenda que habría de constituirse sobre el rodado en cuestión en resguardo del préstamo que, para su adquisición, HSBC Bank SA había otorgado a la nombrada.

Esa defensa fue admitida por el señor juez de grado, quien le halló mérito suficiente para justificar el rechazo de la acción.

b) Las partes están contestes en cuanto a la configuración de varios de los aspectos que integran la presente litis.

En tal sentido, se halla fuera de cuestión que las partes celebraron el contrato de compraventa del automotor descripto en la demanda, como así también que, en el marco de esa operación, se convino que la actora pagaría una reserva de $1000 y el importe de $ 39.690 en efectivo, financiándose el saldo de precio -equivalentea la suma de $ 32.800- mediante un préstamo que HSBC Bank Argentina SA habría de otorgar a la nombrada con garantía prendaria a constituirse sobre ese automotor.

También contestes están las contendientes en cuanto a que la señora Costales abonó efectivamente las referidas sumas (ver comprobante obrante a fs. 89 de fecha 3.2.11 y recibo nº 0009-001111986 de fs. 35) y en que, tras el depósito efectuado el día 17.2.11 por HSBC Bank Argentina SA en la cuenta de “Maynar”, el precio del rodado quedó íntegramente cancelado (ver detalle de la forma de pago de la referida constancia de fs. 89; ver también la respuesta xiii a fs. 381 del peritaje contable y aclaración del perito a fs. 483 vta., inciso f).

Finalmente, y si bien inicialmente fue negado por ambas demandadas (ver negativa nº 6 a fs. 112 y la nº 15 a fs. 190), hoy tampoco se halla controvertido que con fecha 10.3.11 la actora pagó la primera cuota -por la suma de $ 2.062.- del préstamo que el aludido banco le había otorgado (ver respuesta 5 del peritaje contable sobre los libros del HSBC Bank Argentina SA a fs.384).

No obstante, el automóvil no le fue entregado, lo cual motivó que, tras rescindir el contrato, la actora iniciara la presente acción con sustento en la culpa que en tal rescisión atribuyó a las nombradas; acción que fue resistida por éstas con sustento en que esa culpa había sido de su adversaria.

Es esta cuestión la que suscita la materia litigiosa traída a consideración de la Sala, que debe dilucidar, por ende, cuál de las partes dio lugar a la rescisión de que se trata.

Así, mientras la actora sostuvo que la falta de entrega del automóvil había sido infundada, las defendidas alegaron lo contrario con sustento en que, al pesar sobre la demandante una inhibición general de bienes, la prenda de la cual dependía la vigencia del préstamo contraído para la compra, no había podido ser inscripta.

c) A mi juicio, la sentencia debe ser revocada.

Cabe comenzar por señalar que las demandadas alegaron no haberse hallado en condiciones de entregar el rodado a la actora, en razón de que sobre ésta pesaba aquella inhibición que había tornado imposible inscribir la prenda “por saldo de precio” (ver fs. 61, segundo párrafo y fs. 64, tercer párrafo).

La demandante, de su lado, resistió en un todo la defensa:no sólo negó que el Registro Automotor hubiera rechazado el pedido de sus contrarias de inscribir la prenda en cuestión, sino que adujo que la inhibición de bienes que había pesado sobre su parte (y que ella misma desconocía) no era causal suficiente para justificar el rechazo de esa inscripción.

Dado el modo en que quedó trabada la litis, forzoso es reconocer que, si las demandadas admitieron haber sido ellas quienes decidieron no cumplir con las prestaciones que le imponía el contrato, ellas también debían producir la prueba de los hechos que alegaron en su justificación.

Esa prueba no ha sido producida.

Ninguna constancia obra en autos para acreditar que esa inscripción fue rechazada.

Tampoco ha sido probado, como las nombradas pretendieron, que la normativa que debía cumplir el Registro Automotor impidiera a éste inscribir una prenda en esas condiciones, esto es, cuando ese gravamen habría de constituirse para asegurar el pago del saldo de precio de un bien adquirido por su titular con posterioridad a la traba de referida medida cautelar.

Es verdad que ese Registro informó que al momento de inscribir una prenda debe comprobarse, entre otras cuestiones, que no existan inhibiciones u otras medidas judiciales que impidan o afecten la celebración del acto (fs. 291), pero, sin duda, esa respuesta es correcta cuando el gravamen pretende inscribirse sobre un bien preexistente a una inhibición trabada sobre su titular, no cuando, como en el caso, ha de afectar un bien que no existía al momento de esa traba y que viene a engrosar el patrimonio cautelado.

Así lo destacó el mismo organismo recién citado a fs. 367/70, oportunidad en la cual informó que “.la inhibición que pesare sobre una persona, no obsta a la adquisición de bienes registrables ni a la constitución de un contrato prendario

por saldo de precio.”, contestación que no fue impugnada por las demandadas (ver también el dictamen obrante a fs.368 emitido por el Departamento de Asuntos Normativos y Judiciales que dio sustento a la respuesta que examino).

Pero, con prescindencia de que fue demostrado que esa es la interpretación que realiza el organismo administrativo encargado del registro -lo cual descarta que la prestamista pudiera haber enfrentado alguna dificultad en los hechos-, lo cierto es que también esa es la interpretación jurídicamente correcta acerca del modo en que funciona la cautelar de marras.

En tal sentido, ha sido dicho que “.la inhibición solamente impide la venta de bienes registrables, pero no su adquisición, aunque simultáneamente se constituya un gravamen sobre el mismo, como lo es una hipoteca.” (Highton – Arean, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Hammurabi, Buenos Aires, T. 4, 2005, p. 536; en igual sentido, Colombo-Kiper, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, La Ley, Buenos Aires, T. II, 2006, p. 760).

Juzgo, por ende, que las demandadas no sólo no acreditaron que esa imposibilidad de inscribir la prenda se hubiera efect ivamente configurado en los hechos, sino que, además, tampoco existía -desde un punto de vista jurídico- una imposibilidad de esas características.

Así fue trabado el conflicto, razón por la cual hago hincapié en este aspecto, el que me conduce a la conclusión de que no asistió el pretendido obstáculo que, según las defendidas, les habría impedido cumplir con el contrato por culpa de su adversaria.

d) No soslayo que la existencia de una inhibición general de bienes en cabeza de quien pide un crédito aun prendario puede convertirse en un obstáculo que frustre la posibilidad de esa persona de acceder a la financiación que busca.

Y tengo presente que eso puede razonablemente suceder incluso cuando, como ocurrió en el caso, la pretensa prestataria desconozca -como le sucedió a la actora – que sobre ella pesaba esa inhibición (la actora ignoraba que la AFIP había trabado esa medida en su contra).

Pero es claro que, si ese hubiera sido el caso -esto es, no ya la imposibilidad deinscribir la prenda, sino la decisión de no otorgar financiamiento por no reunir la actora las condiciones crediticias necesarias-, las demandadas debieron haber procurado esa información antes de celebrar el contrato y, en su caso, haberse abstenido de concretar esa celebración.

Se trata, por su naturaleza, de una información que debe ser obtenida por el interesado en forma previa, en tanto condiciona la misma posibilidad de celebrar el convenio en ciernes.

En vez de obrar de ese modo, las demandadas no sólo celebraron el convenio, sino que obligaron a su contraria a ejecutarlo mediante el desembolso de casi el 60% del precio del rodado que ésta se había comprometido a entregar en efectivo, y no sólo eso, sino que, al haber sido asimismo desembolsado el crédito que también ya había sido otorgado a la señora Costales -pese a que no se sabía por entonces si ella reunía o no las aludidas condiciones crediticias-, desde ese mismo momento ésta quedó colocada en la obligación de devolverlo, cumpliendo con las cuotas pactadas y exponiéndose a los costos y penalidades que un eventual incumplimiento habría de ocasionarle (ver cláusulas 12, 15, 17, 18; ver también carta documento obrante a fs. 21).

En ese marco, la actora pagó la primera cuota del préstamo que, después de extinguido el contrato, sus contrarias se negaron a devolverle.

Y no sólo eso, sino que, tras esa extinción del vínculo, retuvieron durante casi cuatro meses las sumas que en su ejecución había la demandante desembolsado, todo lo cual muestra un comportamiento desleal y abusivo de aquéllas que no puede ser convalidado.

Al aportar la constancia de fs.108, la propia Maynar AG SA reconoció, bien que implícitamente, que una simple verificación efectuada de modo previo en la seccional del registro correspondiente hubiese sido suficiente para advertir temporáneamente la inhibición, hipótesis que hubiese permitido que la señora Costales intentara el levantamiento de la medida o, en su caso, que las demandadas cesaran las tratativas que, innecesaria y perjudicialmente, siguieron hasta la celebración y ejecución del contrato.

De esto infiero lo expuesto: si existían obstáculos que habrían de impedir la celebración o subsistencia del convenio, las demandadas debieron comprobarlos antes de celebrar el contrato, so pena de no poder alegarlos después a efectos de pretender que el vínculo debía entenderse extinguido por culpa de su contratante. La cuestión evoca -aunque supera- los presupuestos que la doctrina ha considerado configurativos de la llamada culpa “in contrahendo” o “precontractual”, que ha llevado a considerar responsable a quien rompe tratativas después de haber permitido que una negociación avance lo suficiente como para despertar en la otra parte una legítima expectativa acerca de su culminación.

En tal sentido, se ha dicho que incurre en esa culpabilidad quien omite las diligencias apropiadas para acceder al perfeccionamiento de un contrato en vías de formación (cfr. Llambias, Jorge, “Tratado de Derecho Civil. Obligaciones”, T. I, ed. Perrot, Buenos Aires, 1973, p. 225; Spota, Alberto, “Contratos en el Derecho Civil”, T. II, Buenos Aires, 1964, p. 270), estimándose que este comportamiento importa un abuso de la libertad de no contratar, que es una especie del género abuso del derecho, un comportamiento que defrauda la legítima expectativa de otra persona en orden a la conclusión del negocio, produciendo con ello un daño cierto (Llambías Jorge, “Tratado de Derecho Civil. Obligaciones”, T. I, ed. Perrot, Buenos Aires, 1973, p. 226; Borda, Guillermo, “Obligaciones”, T. II, p. 162; Caseaux – Trigo Represas, “Derecho de las Obligaciones”, T. I, La Plata, 1969, p. 198). (CNCom., Sala A, Coy, Julio c/ Coopers & Lybrand Harteneck L. y Cia. Bertora & Asc.UTE s/ ordinario, 12/04/07).

Como dije, la situación planteada en este expediente evoca esa situación, pero es más grave, pues aquí las tratativas culminaron, el contrato se celebró y, tras ello, se pretendió de imposible cumplimiento por causa de un obstáculo que hubiera debido ser verificado antes de esa culminación.

Como es lógico, si quien incurre en culpa “in contrahendo” debe considerarse responsable, con mayor razón debe serlo quien, tras dotar a la expectativa de su contratante de la certeza de un contrato celebrado, pretende evadirse de su obligación de cumplirlo con la invocación de que no estaban dadas las condiciones necesarias para celebrarlo.

En tales condiciones, y dado que la intensidad de la responsabilidad “pre contractual” es menos intensa que la que deriva del incumplimiento de un contrato, el razonamiento recién efectuado autoriza a concluir que el proceder de las demandadas fue abusivo, por lo que deben ser condenadas por el daño que han causado.

e) Admitida esa responsabilidad, corresponde que me ocupe de determinar cuáles son los rubros por los cuales la demanda debe prosperar.

En rigor, aun cuando se hubiera llegado a otra conclusión, asiste razón a la apelante en cuanto a que los intereses que reclamó por la demora en la que incurrieron sus contrarias en la devolución de las sumas que por ella habían sido entregadas, constituye un reclamo que de todos modos debería haber prosperado, puesto que esa demora es causal autónoma de responsabilidad, en tanto no dependiente de la necesidad de que se declarara que la extinción del vínculo había sucedido por culpa de las demandadas.

A mi juicio, comprobada esa demora, y siendo ella injustificada, corresponde reconocer a la actora el derecho a cobrar intereses sobre la cantidad de $40.690, que se calcularán a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días y se computarán desde el 10.2.11 y hasta el 20.7.11 (ver fs.59 vta.), fecha en la que tales sumas le fueron reintegradas.

Sobre el importe resultante de computar los intereses devengados durante ese lapso, la demandante tendrá derecho a percibir esos mismos intereses desde esta última fecha y hasta el efectivo pago.

f) También corresponde reconocer a la actora el derecho a obtener la devolución del importe de $ 2.062 que pagó por la primera cuota del préstamo que le había sido otorgado, importe que le será restituido con más los intereses calculados del mismo modo recién expuesto desde el 10.3.11 y hasta su efectivo pago.

g) A igual conclusión favorable a la señora Costales arribo en lo que respecta al daño moral.

Tiene dicho esta Sala que el agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas, entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física, los afectos familiares, hallándose vinculado con el concepto de desmedro extrapatrimonial o lesión en los sentimientos personales (esta Sala, “Gonzalez Arrascaeta, María c/ ScotiaBank Quilmes S.A.”, 19.3.10; id., “Noel, Alejandro c/ Banco Hipotecario S.A.” , 4.6.10; id., “Navarro de Caparrós, Aída c/ Suizo Argentina Cía. de Seguros S.A.”, 20.12.10; entre muchos otros).

Ha sostenido también que, para que este rubro resulte procedente, no se requiere la producción de prueba directa, sino que puede tenérselo por comprobado ante la razonable presunción de que el hecho que motiva el juicio generó un padecimiento espiritual susceptible de justificar la indemnización reclamada (cfr. Llambías, Jorge J., “Tratado de Derecho Civil”, t. I, p. 331; CNCom, Sala A, ” Gonzalez, Sandra c/ Transportes Metropolitanos Gral. Roca s/ ordinario”, del 19.05.08; íd., en “Piceda, Gustavo Alberto c/ Transportes Metropolitanos Gral. San Martín S.A. s/ ordinario”, del 10.07.07, entre otros).

Ese temperamento se encuentra hoy expresamente admitido en el art.1744 del nuevo Código Civil y Comercial que, al regular la prueba del daño, admite que éste se tenga por acreditado cuando surja notorio de los propios hechos.

Ello sucede en el caso, dado que, por su propia naturaleza, los hechos vividos por la ante el incumplimiento denunciado autorizan a presumir que generaron en ella el daño que me ocupa (esta Sala, “Fuks Julio Sergio y otros c/ Madero Catering S.A. y otro s/ ordinario” , 27/10/15; “Pérez Gustavo Adrián c/ Banco Comafi S.A. Fiduciario Financiero s/ ordinario” 25/3/2013; “Body, Osvaldo Pedro c/ Metropolitan Life Seguros de Vida S.A. s/ Ordinario” , 25/10/2012).

Ella no sólo vio frustrada su expectativa cierta de adquirir un bien que para ella era importante, sino que esa frustración fue seguida de una incertidumbre que le generó la reticencia de las demandadas a devolverle las sumas por ella entregadas, sumas que fueron en parte demoradas y en parte lisa y llanamente rechazadas.

A mi juicio, esa frustración y esa incertidumbre, producidas en el marco de un comportamiento abusivo que cabe suponer generó también impotencia y desazón, autorizan a reconocer a la demandante la suma que ella pidió por el concepto de $ 8.600, con más los intereses más arriba fijados, que se computarán desde el 12.5.11 hasta el efecti vo pago

h) Finalmente, en lo referido al daño punitivo, es necesario recordar aquí que, más allá de su denominación, el concepto no conlleva ninguna indemnización de daños, sino la imposición de una sanción, cuya procedencia debe ser interpretada con el criterio restrictivo inherente a la aplicación de toda pena.

Sobre esta cuestión, Lorenzetti explica que los daños punitivos son “sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en elfuturo” (Lorenzetti, Ricardo, “Consumidores”, p. 557).

No basta, entonces, con que el proveedor haya incumplido con las obligaciones a su cargo, sino que es necesario también probar la concurrencia de una grave inconducta suya, cuya fisonomía requiere la verificación de dos extremos: un elemento subjetivo dado por el dolo o la culpa grave y un elemento objetivo, representado por el enriquecimiento indebido del dañador. De ello se deriva el carácter excepcional de la figura, a tal punto que tanto en el derecho comparado como en la doctrina nacional que se ha ocupado del tema, se ha recalcado que sólo procede en casos de particular gravedad (cfr. Stiglitz, Rubén S., Pizarro, Ramón D., “Reformas a la ley de defensa del consumidor”, LL, 2009-B, 949; Nallar, F. “Improcedencia de los daños punitivos en un fallo que los declara procedentes”, LL 2009-D, 96, entre otros.).

No obstante, aun apreciada la procedencia del rubro con el aludido carácter restrictivo, encuentro que la conducta de las demandadas que ha sido comprobada en autos presenta los caracteres que tornan procedente la multa en cuestión, toda vez que ese comportamiento exhibe un propósito deliberado de obtener un rédito con total desprecio de la integridad o dignidad de la consumidora que se constituyó en su víctima (CNCom., Sala D, “Castañón Alfredo José c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario” del 9/04/12).

Nótese que, al incumplir del modo en que lo hicieron, no sólo mostraron que no les interesaba en lo más mínimo defraudar las legítimas expectativas que habían generado en la actora, sino que, además, demoraron insólitamente la devolución de las sumas que ésta les había entregado pese a que, en rigor, las nombradas jamás hubieran debido acceder a esas sumas y, por si fuera poco, obligaron a la demandante a deducir este juicio a fin de obtener la devolución de un importe de $2000.

Sin duda, la nimiedad de ese importe -dicho esto en términos relativos- permite presumir que las demandadas especularon con el hecho deque la actora no habría de promover ninguna acción, desde que, como es sabido, la promoción de un juicio por tan bajo monto resulta incluso antieconómico, al punto de que, para evitar que el perjudicado quede en estado de indefensión, esa situación ha sido la que ha dado lugar al nacimiento de las llamadas “acciones de clase”.

Este es, en especial, el elemento que, con mayor notoriedad, exhibe el displicente comportamiento de las nombradas que, incluso, negaron la existencia de esa deuda de $2000, pese a que ella se hallaba registrada en sus libros.

Ese desconocimiento recalcitrante de los derechos de la actora, que condujo a crear una situación de desazón que torna incluso extraño que la demandante no se haya desalentado y haya tenido la entereza de llegar con el asunto a este estadio, presenta características de excepción que exigen, congruentemente, una condena “extra” que persiga no sólo resarcir a la víctima sino también sancionar al responsable, generando un efecto ejemplarizador que prevenga su reiteración.

En tales condiciones, propongo a mis colegas fijar la multa en cuestión en la suma de $17.000 más intereses que se computarán del modo expuesto más arriba.

cxliii) A mi juicio, la actora tiene también derecho a ser reembolsada de los gastos que tuvo que sufragar para llevar adelante el intercambio epistolar habido entre las partes y requerir los necesarios servicios de un escribano en orden a dejar constancia de la falta de respuesta que obtenía de las demandadas.

La existencia de esos desembolsos debe tenerse por acreditada, por lo que, no acompañada ninguna prueba para cuantificarlos, estimo prudente fijados en la suma de $ 1.300 (art.165 del código procesal), con más intereses computados según las mismas pautas señaladas al tratar el daño moral.

La conclusión.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo, admitir parcialmente el recurso de apelación de la actora y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por Claudia Andrea Costales en contra de Maynar AG S.A. y de HSBC Bank SA, condenando a éstas a pagar a la actora, dentro del plazo de diez días, la suma que resulte de aplicar las pautas precedentes. Costas a las demandadas por haber resultado vencidas (art. 68 del código procesal).

Dado que el recurso ha prosperado, con el consiguiente impacto en las pautas regulatorias, corresponde dejar sin efecto los honorarios fijados a efectos de que sean nuevamente estimados por el señor juez de primera instancia a la luz de las nuevas pautas.

Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara, doctores Juan R. Garibotto y Eduardo R. Machin, adhieren al voto anterior.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Eduardo R. Machin, Julia Villanueva, Juan R. Garibotto. Ante mí: Rafael F. Bruno. Es copia de su original que corre a fs. del libro de acuerdos N° Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala “C”.

Rafael F. Bruno

Secretario

Buenos Aires, 3 de junio de 2016.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve admitir parcialmente el recurso de apelación de la actora y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por Claudia Andrea Costales en contra de Maynar AG S.A. y de HSBC Bank SA, condenando a éstas a pagar a la actora, dentro del plazo de diez días, la suma que resulte de aplicar las pautas precedentes. Costas a las demandadas por haber resultado vencidas (art. 68 del código procesal).

Dado que el recurso ha prosperado, con el consiguiente impacto en las pautas regulatorias, corresponde dejar sin efecto los honorarios fijados a efectos de que sean nuevamente estimados por el señor juez de primera instancia a la luz de las nuevas pautas.

Notifíquese por Secretaría.

Devueltas que sean las cédulas debidamente notificadas, vuelva el expediente a la Sala a fin de dar cumplimiento a la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Eduardo R. Machin

Julia Villanueva

Juan R. Garibotto

Rafael F. Bruno

Secretario