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El silencio del demandado no exime a la actora de aportar elementos que justifiquen sus pretensiones laborales

accidentetrabajoPartes: Valladares Neri A. c/ Coordinación Ecológica Área Metropolitana y otro s/ despido

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 4-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100715-AR | MJJ100715 | MJJ100715Sumario:

1.-Cabe confirmar el rechazo de la demanda por la que se reclamaba la reparación de los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que el actor denunció haber padecido, pues éste no refutó debidamente el argumento de la sentencia en orden a que no se encontraba probada la existencia del contrato de trabajo invocado por el reclamante respecto de las codemandadas. (Del voto del Dr. de Lázzari, al que adhieren los Dres. Kogan, Pettigiani, Genoud y Soria)

2.-La falta de contestación de la demanda no implica que necesariamente se deba tener como ciertos los hechos afirmados en el escrito de inicio, sino que el silencio o las evasivas de la demandada podrán estimarse como reconocimiento de su verdad y, además, no exime a la parte actora de la carga de aportar al juicio los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de sus pretensiones. (Del voto del Dr. de Lázzari, al que adhieren los Dres. Kogan, Pettigiani, Genoud y Soria)

3.-Al no haber peticionado oportunamente que se haga efectivo el apercibimiento consignado y se tengan por absueltas las posiciones en rebeldía a tenor de la incomparecencia injustificada de la contraria a la audiencia, la prueba confesional de la accionante quedó alcanzada por los efectos del desistimiento de aquella pendiente de producción, efectuado por la propia parte en la audiencia de vista de la causa. (Del voto del Dr. de Lázzari, al que adhieren los Dres. Kogan, Pettigiani, Genoud y Soria)

4.-Asiste razón a la parte recurrente cuando le recrimina al juzgador de origen haber incurrido en absurdo en oportunidad de valorar la prueba y, más precisamente, por no haber siquiera considerado la documental y pericial, decisiva para definir la suerte del reclamo por daños y perjuicios. (Del voto del Dr. Negri – disidencia).

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a 4 de agosto de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Negri, Pettigiani, Genoud, Soria, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 118.156 «Valladares, Neri A. contra Coordinación Ecológica Área Metropolitana y ot. Despido».

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo N° 1 del Departamento Judicial San Martín rechazó en todas sus partes la demanda promovida, imponiendo las costas a la parte actora (fs. 392/394).

Ésta dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 402/405 vta.), concedido por el citado tribunal a fs. 406 y vta.

Dictada la providencia de autos (fs. 431) y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I. El tribunal de trabajo interviniente desestimó en todas sus partes la demanda promovida por Neri Alberto Valladares contra la CEAMSE Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado y Soc. Tra. Con. (Socorrer Trabajar Construir Un Nuevo Amanecer Asociación Civil) en la que reclamaba la reparación de los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que denunció haber padecido el 19-IV-2006 a las 19:30 horas.

Para así decidir, en ejercicio de facultades que le son privativas (art. 44 inc.»d», ley 11.653), sostuvo que no se encontraba probada la existencia del contrato de trabajo invocado por el actor respecto de las codemandadas; ello, en virtud de las imprecisiones del único testimonio brindado y la ineficacia de las restantes probanzas producidas en la especie, circunstancia que lo relevaba de tratar las otras cuestiones propuestas, vinculadas al accidente de trabajo descripto en la demanda (conf. 1ra. Cuestión, veredicto a fs. 390 vta.).

Con apoyo en el reseñado contexto fáctico, el órgano de grado juzgó que le correspondía a la parte actora acreditar la existencia de la relación laboral invocada y la ocurrencia del accidente sufrido; en ese orden, reiteró que el accionante no había aportado prueba idónea alguna para acreditar el vínculo o la ocurrencia y/o la mecánica del infortunio laboral que constituía el fundamento de su reclamo, por lo que rechazó en todas sus partes la demanda articulada (v. sent., fs. 392/393).

II. Contra dicha decisión se alza la parte actora por medio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que luce a fs. 402/405 vta.

En primer lugar, denuncia que la decisión del tribunal de origen no cumple con la obligación constitucional de fundar las sentencias.

Sostiene, a continuación, que el pronunciamiento de grado resulta absurdo, pues el a quo omitió considerar la declaración de rebeldía de la codemandada Soc. Tra. Con. (fs. 119), la falta de presentación de los libros laborales -que determinó que se hiciera efectivo el apercibimiento contemplado en el art. 39 de la ley 11.653 (fs. 355)- y la incomparecencia del representante legal de la mentada codemandada a la audiencia de absolución de posiciones (fs. 382 y 389). Afirma que ello creó una presunción a favor del actor de la veracidad de los hechos lícitos y pertinentes articulados en la demanda y en el pliego de posiciones, que sólo podrían haber sido destruidas mediante prueba en contrario. En este camino, asevera que -por el contrario- ni Soc. Tra. Con.ni el CEAMSE han producido prueba alguna tendiente a destruir dichas presunciones, por lo que no se justifica que el tribunal haya omitido su consideración, máxime cuando constituye un deber ineludible para el iudicante a tenor de lo establecido por los arts. 29, 34, 39, 44 inc. d), 45 de la ley 11.653; 60, 163 inc. 6; 354 inc. 1, 415 del Código Procesal Civil y Comercial y 39 inc. 4 de la Constitución provincial.

Por otro lado, afirma que el a quo tampoco consideró las fotografías del actor operando las máquinas prensadoras de residuos dentro del predio del CEAMSE (fs. 22/29), los discursos oficiales de autoridades provinciales dando cuenta de la existencia y funcionamiento de Soc. Tra. Con. dentro de dicho predio (fs. 10/21), los contratos de comodato inmobiliario acompañado por el CEAMSE dando cuenta de ello (fs. 57/78), la pericia médica (fs. 244/245) ni, finalmente, la declaración testimonial de la señora Ledesma, que -a su criterio- son demostrativas de la existencia del contrato de trabajo y la ocurrencia del accidente laboral denunciados en el escrito de inicio.

En definitiva, cuestiona por absurda la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de origen y que llevó a rechazar la demanda deducida.

III. El recurso no puede prosperar.

1. Liminarmente, es dable recordarle al recurrente que el remedio procesal interpuesto no constituye la vía idónea para canalizar denuncias vinculadas con la falta de fundamentación legal del pronunciamiento de grado, pues tales impugnaciones constituyen materia propia del recurso extraordinario de nulidad (conf. causa RI. 118.180 «López», sent. de 29-X-2014), que el demandante se abstuvo de deducir.

2. Asimismo, se advierte que la impugnación que ensaya la parte recurrente no abastece mínimamente los recaudos insoslayables del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.En efecto, de la detenida lectura del escrito recursivo se observa que no se invoca la violación de las normas sustantivas y procesales pertinentes vinculadas con los agravios desarrollados, exigencia de insoslayable cumplimiento de conformidad con las prescripciones establecidas por la norma regulatoria del recurso extraordinario deducido (conf. causas L. 67.401 «Hurvits», sent. de 22-III-2000 y L. 77.159 «Del Río», sent. de 16-VII-2003).

Ese déficit cobra insalvable relevancia en el caso, pues esta Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse para sustentar la impugnación (conf. causas L. 107.471 «López», sent. de 30-XI-2011; L. 112.633 «Colos», sent. de 14-II-2013 y L. 105.236 «Godoy», sent. de 27-II-2013; entre otras).

3. a) Pese a la insuficiencia formal del recurso en examen, considero indispensable señalar que la eficacia de las conclusiones expuestas en el pronunciamiento de grado no logran ser descalificadas por el recurrente, en tanto los planteos que nutren la impugnación remiten a la revisión de típicas cuestiones de hecho y prueba, reservadas -en principio- en forma privativa a los magistrados de la instancia ordinaria, salvo eficaz demostración de absurdo.

En este sentido, es dable destacar que resultan ineficaces, para la demostración de ese grave vicio, las manifestaciones esbozadas por el impugnante en forma sucinta y genérica, limitada sólo a denunciar su existencia y a exponer un criterio discrepante en orden a la evaluación de los elementos probatorios y a las conclusiones arribadas por el juzgador de grado, sin cuestionar en forma concreta y eficaz los fundamentos esenciales que exhibe el pronunciamiento objetado (conf. doct. causas L. 74.038 «Freijo», sent. de 31-X-2007 y L. 103.923 «Palavecino», sent.de 15-XII-2010).

Cabe recordar que el absurdo en la apreciación de la prueba exige cabal demostración de su existencia; no basta con invocarlo, sino que es menester ponerlo de manifiesto a través de una correcta y concreta argumentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error grosero y manifiesto que ha conducido a conclusiones inconciliables con las constancias de la causa, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (conf. causa L. 97.782 «Bidalun», sent. de 14-IV-2010).

b) En efecto, no resultan hábiles para conmover lo resuelto los cuestionamientos afincados en los efectos que pretende extraer el recurrente de la rebeldía de la codemadada Soc. Tra. Con., las posiciones absueltas en rebeldía y la providencia que hizo efectivo el apercibimiento contenido en el art. 39 de la ley 11.653.

En primer lugar, por cuanto la falta de contestación de la demanda no implica que necesariamente se deba tener como ciertos los hechos afirmados en el escrito de inicio, sino que el silencio o las evasivas de la demandada podrán estimarse como reconocimiento de su verdad -art. 354 inc. 1, del CPCC, el resaltado me pertenece- (conf. mi voto en causa L. 77.159 «Del Río», sent. de 16-VII-2003) y, además, no exime a la parte actora de la carga de aportar al juicio los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de sus pretensiones (conf. causas L. 76.603 «Álvarez», sent. de 4-VI-2003; L. 82.000 «Salvemini», sent. de 8-XI-2006 y L. 105.189 «Portillo», sent. de 7-IX-2011).

A ello cabe agregar, a tenor de los efectos que el recurrente pretende atribuirle a la incomparecencia del representante legal de la codemandada «Soc. Tra.Con.» a la audiencia de vista de la causa, que en la misma -tras la declaración testimonial de la señora Luisa Lorenza Ledesma- ambas partes desistieron de su prueba pendiente de producción, lo que el tribunal de grado tuvo presente. Acto seguido alegó el letrado de la parte actora y solicitó que se tenga a la codemandada Soc. Tra. Con. Socorrer Trabajar Construir Un Nuevo Amanecer Sociedad Civil por desistida de su derecho de alegar en virtud de su incomparecencia injustificada, lo que así resolvió el tribunal (v. acta fs. 389 y vta.). En este contexto, surge nítidamente que la incomparecencia injustificada del representante legal de la asociación civil codemandada únicamente fue esgrimida por la parte actora para solicitar se la tenga por desistida del derecho de alegar y no -mal que le pese al recurrente- para configurar los presupuestos necesarios para que opere la confesión ficta que prevé el art. 415 del Código Procesal Civil y Comercial. A tenor de lo expuesto, el planteo del recurrente se revela como fruto de una reflexión tardía, ya que, al no haber peticionado oportunamente que se haga efectivo el apercibimiento consignado y se tengan por absueltas las posiciones en rebeldía a tenor de la incomparecencia injustificada de la contraria a la mentada audiencia, la prueba confesional de la accionante quedó alcanzada por los efectos del desistimiento de aquella pendiente de producción, efectuado por la propia parte en la audiencia de vista de la causa.

Por último, cuadra señalar que tiene dicho esta Corte que la presunción prevista en el art. 39 de la ley 11.653 sólo resulta operativa cuando previamente se ha acreditado la relación laboral -presupuesto no verificado en autos-, pues no releva a la parte actora de probar la existencia misma de ésta; o bien -dicho en otros términos- que aquella carece de eficacia para demostrar el vínculo de trabajo (conf. causas L. 98.228 «Torrez», sent. de 9-IX-2009; L. 97.308 «Riesco», sent. de 14-IV-2010 y L. 103.923 «Palavecino», sent.de 15-XII-2010).

c) Desde otro ángulo, cabe destacar que las disquisiciones que formula el compareciente en derredor de la valoración de la prueba documental, pericial médica y testimonial, que acreditarían -según sus dichos- tanto la existencia del contrato de trabajo como la ocurrencia del accidente laboral, se fundan en circunstancias fácticas contrarias a las que se admitió en el fallo y se basan en opiniones o interpretaciones personales discrepantes con las conclusiones del tribunal de origen; vale decir, simples apreciaciones, ya sea en punto a la valoración de los hechos o de las pruebas, técnica que, conforme reiteradamente se ha declarado, carece de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del vicio invalidante del absurdo (conf. causa L. 81.455 «Joglar», sent. de 6-IX-2006).

Desde esta óptica, la pretensión de modificar la solución final contenida en el pronunciamiento se desdibuja absolutamente a tenor de la inapropiada sistemática recursiva que estructura la impugnación traída y de su manifiesta insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).

4. He de agregar -en tanto resulta importante dejar en claro- que la potestad revisora de la Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí, entonces, que la insuficiencia del remedio deducido impida -como ocurre en el caso- revisar el acierto o desacierto de la decisión de origen (conf. causas L. 92.636 «Drago», sent. de 7-VI-2010; L. 102.289 «Quiroz», sent. de 6-IV-2011; L. 108.706 «Arhancetbehere», sent. de 21-VI-2012 y L. 113.378 «Lasso», sent. de 26-II-2013; entre otras).

IV. Por lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe rechazarse, con costas (art.289, CPCC).

Voto por la negativa.

La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

Discrepo con la solución propuesta en los votos que anteceden.

Tal como ha sido dicho en L. 83.620 «Montenegro», sent. de 19-IX-2007, el rechazo de la demanda fundada en la falta de acreditación del vínculo de trabajo no resuelve adecuadamente el fondo del asunto, ya que los jueces debieron abordar el tratamiento de la pretensión indemnizatoria sustentada en normas del Código Civil. Ello así pues, cuando el fundamento de la acción radica en disposiciones de naturaleza civil, carece de relevancia la existencia del contrato laboral entre las partes, porque la eventual responsabilidad del empleador por el daño ocasionado no deriva de aquél vínculo sino de la violación del deber jurídico mucho más amplio y anterior de no dañar, generador de responsabilidad de tipo extracontractual (conf. causas L. 59.092 «Toroski», sent. de 21-IV-1998 y L. 76.970 «Soria», sent. de 2-VIII-2000).

En la especie, dicho extremo fue explícitamente no tratado por el a quo según surge de la respuesta dada a la primera cuestión del veredicto (v. fs. 390 vta.) y, por ende, no resulta subsanable a través del recurso extraordinario de nulidad (art. 168, Const. prov.).

Por el contrario, estimo que asiste razón a la parte recurrente cuando le recrimina al juzgador de origen haber incurrido en absurdo en oportunidad de valorar la prueba y, más precisamente, por no haber siquiera considerado la documental y pericial, decisiva para definir la suerte del reclamo por daños y perjuicios (v. fs. 404 y vta.). Así lo ha expresado en reiteradas oportunidades este Tribunal al fallar que constituye uno de los supuestos de absurdo la prescindencia de pruebas que pudieron ser esenciales o decisivas, alejando la posibilidad de llegar a la verdad material (L. 76.879 «García», sent.de 12-XI-2003; L. 107.785 «Giménez», sent. de 3-X-2012 y L. 117.036 «Blanco», sent. de 10-XII-2014, entre muchas otras).

En razón de lo expuesto, considero que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora (art. 44 inc. «d», ley 11.653), devolver las actuaciones al tribunal de origen para que, con nueva integración, renueve los actos procesales que estime necesarios en orden a la verificación y alcance de los presupuestos de la acción entablada y dicte el pronunciamiento que corresponda. Con costas de ambas instancias a la parte demandada (arts. 19, ley 11.653; 289, CPCC).

Voto por la afirmativa.

El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa.

El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votó también por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. El recurso no prospera.

1. a. El tribunal de grado rechazó la demanda interpuesta al juzgar no acreditado el contrato de trabajo invocado por el actor, sin perjuicio de señalar que tampoco se había probado la ocurrencia del accidente denunciado por aquél (vered., fs. 390/391; sent., fs. 392/394).

b. Al impugnar tal definición, el recurrente alega que el pronunciamiento no cuenta con suficiente motivación, pues sostiene que los magistrados de la instancia incurrieron en el vicio del absurdo en la valoración de la prueba. Bajo esa línea argumental, realiza un análisis de las distintas pruebas que -en su opinión- acreditarían los hechos sobre los que se funda la pretensión incoada en autos (rec., fs. 402/405).

2. Dichos agravios delimitan el examen del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, pues la facultad revisora de esta Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en aquél (conf. causas L. 113.378 «Lasso», sent.de 26-II-2013; L. 117.058 «Spadafora», sent. de 16-VII-2014; L. 117.697 «Pérez», sent. de 27-V-2015).

Con estos lindes, y sin que ello importe pronunciamiento alguno sobre el acierto o desacierto de la sentencia recurrida, comparto las conclusiones que expone mi distinguido colega doctor de Lázzari en el ap. III.3 de su voto para evidenciar la insuficiencia del medio extraordinario de impugnación en su propósito de acreditar el vicio de absurdo denunciado.

II. El recurso debe ser rechazado conforme se señala en el ap. IV del sufragio que inaugura este acuerdo.

Con el alcance indicado, voto por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

LUIS ESTEBAN GENOUD

HILDA KOGAN

HECTOR NEGRI

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

DANIEL FERNANDO SORIA

GUILLERMO LUIS COMADIRA

Secretario

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