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Dejan sin efecto astreintes impuestas al INSSJP, pues ha demostrado gestiones a fin de cumplir con su obligación

hospitalPartes: I. A. A. c/ INSSJP (EX PAMI) s/ prestaciones quirúrgicas – astreintes

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

Sala/Juzgado: II

Fecha: 20-sep-2016

Cita: MJ-JU-M-101202-AR | MJJ101202 | MJJ101202Sumario:

1.-Corresponde dejar sin efecto las sanciones conminatorias impuestas al PAMI por la falta de entrega de una prótesis de cadera, puesto que, para su aplicabilidad, requieren que medie un mandato judicial incumplido o pendiente que se pretenda hacer efectivo, y sólo es pasible de ellas aquél que se obstina en su negativa a cumplirlo, o que lo desatiende injustificadamente, en tanto el objeto de la acción de autos no es el pago de multas, sino asegurar la efectiva entrega en tiempo y forma del insumo indicado.

2.-En tanto consta en la causa que el médico de la actora se contactó con los responsables de la empresa que proveería el material protésico, y que estos informaron que ya contaban con el mismo y sería entregado a la brevedad, no ha de proceder la imposición de sanciones conminatorias.

Fallo:

San Martín, 20 de setiembre de 2016.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto en subsidio por la demandada contra el auto de fs. 53, que le impuso una

sanción conminatoria de $ 300 diarios. El traslado fue contestado [cfr. fs. 54/55, 56, 57/57vta. 58/59vta.; arts. 246, 248, 250, CPCC].

Liminarmente corresponde destacar que las astreintes constituyen un medio coercitivo tendiente a que las partes cumplan los mandatos judiciales, destinado a vencer la resistencia de un deudor recalcitrante. Consisten en la imposición de una sanción pecuniaria compulsiva y progresiva que lo afecta en su patrimonio mientras no acate lo ordenado, más presupone la existencia de una obligación de cumplimiento factible que el obligado no satisface deliberadamente. Son provisionales puesto que pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas y no se ven afectadas por el principio de la cosa juzgada ni por el de preclusión procesal. Ello así, ya que su naturaleza jurídica es compulsiva y no indemnizatoria y tienen como finalidad vencer la resistencia del renuente mediante una presión psicológica que lo mueva a cumplir. De ahí que la ley no le otorga al acreedor de este tipo de sanciones un derecho definitivamente incorporado a su patrimonio [doct. art. 804, Código Civil y Comercial; art. 37, CPCC; Fallos, 325:2701, 326:3081; entre varios].

Sobre estas bases, y en lo que aquí interesa, del legajo surge, por un lado, que el 3 de mayo de 2016 se dicta una medida cautelar que ordena al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados que «provea de manera inmediata y gratuita [.] la prótesis de cadera no cementada de titanio conforme la indicación del especialista» [cfr. fs. 17/19vta.]. Dicha cautela fue confirmada por esta Sala el 9 de junio de 2016 [Incidente n° 1, causa FSM 20025/2016/1/CA1, orden 13.008, fs.57/60vta.] y ese pronunciamiento quedó firme.

De otro lado, el 30 de mayo de 2016 el amparista denuncia «el incumplimiento por parte del demandado de la provisión de la prótesis de reemplazo de cadera conforme lo ordenado en la medida cautelar», y solicita «se intime al INSSJP a que en forma inmediata y sin dilación alguna cumpla» con esa manda judicial [cfr. fs. 45/45vta.]. Ese mismo día el juzgado intima al accionado al cumplimiento «bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias pecuniarias» [cfr. 46, último párrafo]. El 8 de junio de 2016, la demandada informa haber promovido el expediente administrativo 0470-2016-0007000-4 caratulado «I., A. A. s/ Prestaciones Quirúrgicas s/ Cumplimento de Medida Cautelar», con intervención del «Dpto. de Prestaciones Médicas UGL VIII (Área Fisiatría) para que proceda a arbitrar los medios conducentes para la adquisición de la prótesis» y adjunta el «Comprobante de Solicitud-Insumos Excepción» n. 48100 [cfr. fs. 49/50vta.]. El 30 de junio de 2016 el actor denuncia que «la accionada no [le] ha suministrado la prótesis prescripta» y pide «se haga efectivo el apercibimiento [.] y se impongan sanciones conminatorias pecuniarias», por lo que, ese día el juzgado hace «efectivo el apercibimiento» e impone a la demandada «una sanción conminatoria de $ 300 -trescientos pesos por cada día de retardo a favor del titular del derecho» [cfr. fs. 52/52vta., 53]. Pero el 7 de julio de 2016 el accionado interpone recurso de reposición con apelación en subsidio porque «en fecha 21/06/2016 la prótesis solicitada es adjudicada por Nivel Central [.] la empresa adjudicataria es la firma VASCULART SA», y dice que «notificará a la empresa adjudicada a fin de que coordinen con el médico prescriptor [el] momento de entrega de la prótesis para realizar la intervención quirúrgica» [cfr. fs.54/55]. Finalmente, el 17 de agosto de 2016, el accionante hace saber que «en virtud de lo informado por el Instituto [.] -en relación a la adjudicación de la compra de la prótesis a la firma Vasculart- [.] mi médico tratante se contactó con los responsables de esa empresa y atento a que le informaron que contaban con el material protésico, me indicó que me realice los estudios pre-quirúrgicos y fijará la fecha de cirugía en los próximos días [.] de existir algún inconveniente en el futuro se pondrá en conocimiento» [cfr. fs. 65, 70/71].

Ahora bien, en este contexto fáctico y en función de las circunstancias descriptas [solicitud de prótesis de cadera con características especiales; existencia de un trámite administrativo para su adquisición; adjudicación a la empresa Vasculart S.A., disponibilidad del material protésico], corresponde dejar sin efecto las sanciones conminatorias impuestas, puesto que, para su aplicabilidad, requieren que medie un mandato judicial incumplido o pendiente que se pretende hacer efectivo, y sólo es pasible de ellas aquél que se obstina en su negativa a cumplirlo, o que lo desatiende injustificadamente. Ello así, porque el objeto nuclear de esta acción no es el pago de multas, sino asegurar la efectiva entrega en tiempo y forma del insumo indicado [doct. Fallos, 322:68, entre otros]. En el mismo sentido, art. 1°, ley 26.944.

Así las cosas, por los fundamentos expuestos corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y dejar sin efecto las astreintes fijadas al INSSJP [doct. art. 726 y ccs., Cód. Civil y Comercial; arts. 163, 5), 6), 377, 386,CPCC].

Por todo ello y oído el Ministero Público Fiscal ante esta sede, el Tribunal RESUELVE:

1°) REVOCAR, en cuanto es materia de apelación y agravio, la providencia de fs. 53, porque corresponde DEJAR SIN EFECTO las sanciones conminatorias allí fijadas.

2°) COSTAS en el orden causado atento las particularidades del caso y el modo en que se resuelve [arts. 68 y 69, CPCC]. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE [LEY 26856 y ACORDADA CSJN 24/2013] y DEVUÉLVASE.

Previo, anticípese vía correo electrónico.-

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