Obligación de la demandada de brindar la cobertura total del tratamiento de fertilización asistida

fertilizacionPartes: I. P. C. c/ Consejo Profesional de Ciencias Económicas Santa Fe s/ amparo

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Fecha: 12-may-2016

Cita: MJ-JU-M-100687-AR | MJJ100687 | MJJ100687
Sumario:

1.-Corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo promovida y le ordenó brindar la cobertura total que demanden las prestaciones médicas requeridas desde que no es arbitraria la sentencia impuso la obligación de brindar la cobertura integral del tratamiento de fertilización pretendido por la amparista no pudiendo éste derecho ser afectado por el estado civil de la interesada o por el hecho de que ésta tenga o no pareja conviviente, importando sus argumentos discrepancias con la valoración de la prueba y la interpretación y aplicación de normas de derecho.

Fallo:

Rafaela, 12 de mayo de 2.016.

Y VISTOS: Estos caratulados «Expte. N° 10 – Año 2.016 -I,, P. C. c/ CONSEJO PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS SANTA FE’ s/ AMPARO», venidos para resolver sobre la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad que interpuso la parte actora a fs. 223/249 contra la sentencia obrante a fs. 217/220; de los que

RESULTA:

1. Que, la resolución de esta Cámara de Apelación, de fecha 25 de febrero de 2.016 (Res. N° 27, Tomo N° 26), resolvió: admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y revocó la sentencia dictada en primera instancia y en cuanto había sido materia de revisión. En consecuencia, hizo lugar a la acción de amparo promovida y ordenó al «Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe», Cámara Primera, la cobertura total que demanden las prestaciones médicas requeridas e impuso las costas a la parte vencida (fs. 217/220).

2. Contra aquella decisión de este Tribunal de Alzada interpone la parte actora recurso de inconstitucionalidad por ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia

(fs. 223/249).

El planteo fue sustanciado, oponiéndose la contraria a su procedencia (fs. 255/258). Y,

CONSIDERANDO:

1. Que, si bien el planteo del caso constitucional no requiere fórmulas sacramentales, es un requisito exigido con cierto rigor, tanto por la Ley 7.055 como por la Corte Suprema de la Provincia, que se traduce en la necesidad de poner de manifiesto la contradicción existente entre un punto del debate del proceso y

principios constitucionales, en el momento en que esto se produce.

Ahora bien, aún cuando en estas actuaciones se considere que ha habido un planteo de la cuestión constitucional efectuado en tiempo oportuno, no se advierte que resulte configurado supuesto alguno de arbitrariedad.

2.Que, sin perjuicio de que era previsible que el fallo acogiera cualquiera de las pretensiones diferentes alegadas por las partes, lo cierto es que la arbitrariedad de una sentencia surge por carencia de fundamentos normativos, por no apoyarse en la ley, doctrina o jurisprudencia o por prescindirse de pruebas, razón por la cual mal puede tildarse de arbitrario al pronunciamiento de esta Cámara de Apelación siendo que en él, concretamente en el voto mayoritario de sus integrantes, se analiza lo acontecido entre las partes y se adopta la decisión que no conforma al quejoso.

Además, no obstante invocarse entre los recaudos formales de admisibilidad a los arts. 1° y sgtes. de la Ley 7.055, al dar las razones de su recurso formula manifestaciones que, en última instancia, importan sus discrepancias con la valoración de la prueba y la interpretación y aplicación de normas de derecho -en el caso, las propias que corresponden a las relaciones que vinculan a las partes por la cobertura integral del tratamiento de fertilización pretendido por la amparista y que este Tribunal entendió correspondía reconocer por su derecho a obtener completa asistencia sanitaria en el marco de los derechos y garantías constitucionalmente reconocidos y que no pueden ser afectados por el estado civil de la interesada o por el hecho de que ésta tenga o no pareja conviviente y, en su caso, de igual o diferente sexo- que sirven de apoyo a la sentencia.

Tales circunstancias no son causal de admisibilidad del remedio ahora intentado pues el recurso de inconstitucionalidad no habilita una tercera instancia en cuya virtud pueden juzgarse los posibles errores de interpretación de derecho común y la estimación de la prueba en las causas definitivamente juzgadas por los Tribunales Ordinarios. Este criterio es avalado por pacífica jurisprudencia y coincidente con la del Más Alto Tribunal del país:»No configura arbitrariedad cuando los agravios sólo revelan discrepancia con la valoración que la sentencia hace de la prueba y de la inteligencia que atribuye a los preceptos de derecho común que rigen la causa» (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juris, t. 26, pág. 227).

Con idéntico criterio la Corte Suprema local, ha dicho que «Las cuestiones que remiten a la interpretación y aplicación de normas del derecho común, y a la valoración de extremos de hecho y prueba, constituyen materia propia de los jueces de la causa y resultan ajenas al recurso de inconstitucionalidad, que -como se ha reiterado- no tiene por objeto habilitar una tercera instancia ordinaria ante la cual pueden cuestionarse decisiones equivocadas o que se estimen tales según las divergencias de los impugnantes, ni tampoco pueden permitir la sustitución de los criterios adoptados por los juzgadores en el ejercicio de funciones privativas» (en «B., E. J. c/ F., O. y/u Otro» – CSJ CUIJ N° 21-00509730-1, del 31/03/2015).

La sentencia considera las pretensiones planteadas por los litigantes, así como los hechos relatados y valora la prueba rendida dando razones suficientes para fundamentar en derecho la conclusión a que arriba, siendo pacífica la jurisprudencia en el sentido de que los jueces no están obligados a seguir a los litigantes en todos sus planteos, bastando que aquéllos seleccionen los argumentos que congruente y razonablemente conducen a una solución de la litis acorde con las constancias de autos y el derecho aplicable (Fallos: 274:113; 276:132; 280:3201, entre otros).

Además, la lectura de la resolución revela que no ha mediado violación de disposición constitucional alguna (ni de la propia Constitución ni de los Tratados Internacionales que la integran); tampoco derechos y garantías de acceso a la jurisdicción, igualdad ante la ley y a no ser discriminado. Asimismo, no se advierte vulnerado el debido proceso o el derecho de defensa (CSJ, Juris, t. 42, pág.138) de manera «sorpresiva», pues -se reitera- era previsible que la decisión admitiera cualquiera de las pretensiones de los litigantes.

Véase que según la Corte Suprema de Justicia de la Nación «los jueces tienen no solo la facultad, sino también el deber de discurrir los conflictos y dirimirlos según el derecho aplicable, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes» (CSJN en «Guerrero c. Insegna», Fallos: 334:120, publicado en La Ley online: AR/JUR/1712/2011).

Y es teniendo en cuenta lo expresado que no se configura en el sub judice ni ausencia de facultades jurisdiccionales ni violación a la garantía de congruencia ni se conculcan los derechos de defensa, seguridad jurídica, ni se alcanza a vislumbrar y, menos aún, el organismo recurrente llega a demostrar en qué aspecto la decisión jurisdiccional de esta Cámara afectó los dignos y equitativos derechos que le asisten conforme lo alega.

En tales condiciones el recurso interpuesto carece de fundamentos y trasluce la sola discrepancia del impugnante con los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia, lo que no habilita el recurso deducido (CSJSta. Fe, Juris t. 32, pág. 203). Concordantemente, esta Cámara tiene expuesto que «más allá de que la evaluación de los hechos y del plexo probatorio no satisfaga al recurrente, no merece la resolución atacada el reproche de alcance constitucional que se pretende, toda vez que la mera discrepancia con la apreciación de hechos y prueba, o con la interpretación y aplicación de normas de derecho común que el tribunal efectuó en ejercicio de la jurisdictio’, es insuficiente para abrir el camino constitucional a la Corte Suprema, cuando no se ha acreditado que se hubiese desbordado aquel ámbito de atribuciones jurisdiccionales» (cfr. esta Cámara en «Benlisah c. De la Fuente», del 27/11/2002; v. también, C.S.J., Santa Fe, A. y S., T. 110, pág. 213, del 29/08/1995).

3. Que, en suma, la lectura del fallo revela que no ha mediado violación a disposición constitucional o legal alguna, ni se han conculcado las garantías constitucionales que asisten a los litigantes en un proceso.

Por lo tanto corresponde desestimar la invocación de arbitrariedad.

Por ello, la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, RESUELVE: 1) Declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada. Con costas. 2) Fijar los honorarios por el recurso de inconstitucionalidad en el 25% de los que se regulen en primera instancia.

Regístrese, notifíquese y oportunamente bajen.

Alejandro A. Román

Juez de Cámara

Beatriz A. Abele

Juez de Cámara

Lorenzo J. M. Macagno

Juez de Cámara

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