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Responsabilizan a un «forwarder agent» por la retención de mercaderías a causa de irregularidades en la documentación

mercaderia-aduanaPartes: Narvaez Jorge Horacio c/ Centauro S.A. s/ cumplimiento del contrato – rec. ext. de inconstit.

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 1-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100338-AR | MJJ100338

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que admitió la demanda incoada por el consignatario de la mercadería en contra de la empresa con la cual celebró un contrato para trasladar un contenedor desde un puerto extranjero hasta la Zona Franca de la provincia, condenándolo a adoptar las medidas necesarias para lograr la liberación de la misma, que fuera intervenida por AFIP-DGA a raíz de una irregularidad en la documentación relativa a la mercadería transportada; todo ello bajo apercibimiento de resolver las obligaciones no ejecutadas en el pago de daños y perjuicios a determinarse en la etapa de ejecución de sentencia.

2.-A tenor de lo que surge de los arts. 217 , 218 incs. 4 y 6 y 219 del CCivCom., debe entenderse que el actor contrató a la empresa accionada para trasladar la mercadería de un punto a otro y, lógicamente, el fiel cumplimiento del contrato implicaba dejar al cargador en condiciones aptas para la recepción de la mercadería, lo cual incluía todas las diligencias necesarias para ello, incluidos los trámites aduaneros.

3.-Aun cuando el agente de carga no sea realmente un transportador ni tenga la intención de actuar como tal, si aparece ante su clientes como la persona que se encargará de conducir y cuidar sus mercancías, y no con un simple intermediario entre el cliente -cargador remitente o destinatario- y el verdadero transportador, debe asumir la responsabilidad como si lo fuera en función de la teoría de la apariencia jurídica.

4.-Quien actúa en el mercado del transporte internacional ofreciendo servicios de forwarder debe prever como experto las posibles dificultades de la administración y resolverlos a tiempo para evitar daños a sus contratantes.

5.-El forwarder agent es el profesional intermediario entre quien envía y recibe las mercaderías y el transportador o las autoridades o terceros de quienes o ante quienes el vendedor o el comprador habrían tenido que contratar o intervenir para exportar, importar o trasportar las mercaderías; sus obligaciones normalmente son tomar las medidas necesarias para el transporte, seguro, documentación, y específicamente realizar los trámites aduaneros, reserva del espacio de bodega y contratación del flete, embalaje, etc.

6.-Las clásicas figuras del transportista y el cargador han quedado superadas por una realidad que se impone, ya que la escena en la cual el cargador acudía con sus efectos al porteador de turno para que éste hiciera entrega de los mismos en un destino prefijado está siendo reemplazada por aquélla en la cual quien ha de efectivizar la traslación, concurre al domicilio del usuario, comprometiéndose desde ese momento a cumplimentar todos los recaudos para llevar a cabo el servicio ofrecido.

7.-Suspender el dictado de la sentencia civil hasta la conclusión del proceso administrativo, cuando han transcurrido casi siete años desde su iniciación, violaría flagrantemente garantías constitucionales como el debido proceso, el derecho de defensa en juicio y acceso a la justicia, frustrando en los hechos la posibilidad del actor de ser indemnizado en caso de que se comprueben los requisitos para ello.

Fallo:

En Mendoza, a un día del mes de agosto del año dos mil dieciséis, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N° 13-00645193-9/1, caratulada: «CENTAURO S.A. EN J° 40987/51135 «NARVÁEZ, JORGE HORACIO C/CENTAURO S.A. S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATO S/INC.»

Conforme lo decretado a fs. 60 se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal: primero: DR. JULIO R. GÓMEZ; segundo: DR. ALEJANDRO PÉREZ HUALDE; tercero: DR. JORGE H. NANCLARES.

ANTECEDENTES:

A fs. 15/20 se presenta el Dr. Alejandro Miguel Nacevich, en nombre y representación de la demandada en los principales Centauro S.A., y deduce recurso extraordinario de inconstitucionalidad en contra de la resolución dictada por la Segunda Cámara Civil de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 456 y ss. de los autos N°40.987/51.135 caratulados: «Narvaez, Jorge Horacio c/Centauro S.A. P/Cumplimiento de contrato»

A fs. 42 se admite formalmente el recurso de Inconstitucionalidad, ordenándose correr traslado a la contraria, quien contesta a fs. 43/46.

A fs. 50/51vta. obra el dictamen del Sr. Procurador General quien, por las razones que expone, aconseja rechazar el recurso formalmente admitido.

A fs. 56 se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 60 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto?

SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. JULIO RAMÓN GÓMEZ, DIJO:

Las actuaciones procesales relevantes para la resolución de este recurso son las siguientes:

1. A fs. 51/55 el Dr.Armando Rosas, en nombre y representación de Jorge Horacio Narváez, promueve demanda ordinaria contra Centauro S.A. a fin de que se lo condene a cumplir el contrato de transporte, logística y servicios adicionales de despacho y tramitación aduanera, obligando a la accionada a entregar la mercadería transportada, y en caso de ser imposible, dictar sentencia declarativa de incumplimiento de contrato, haciendo reserva de reclamar daños y perjuicios que serán determinados al momento en que sea entregada la carga.

Relata que Jorge Horacio Narvaez, que gira con el nombre comercial Narváez Vial, es una empresa de reconocida trayectoria en la venta y alquiler de máquinas viales que en el año 2009 compró dos retroexcavadoras marca Changlin, modelo WZ30-25C 4, Wheel Drive, pactando con la vendedora, situada en China, la cláusula CIF (costo, seguro y flete) Valparaíso, en los términos comerciales de contratación internacional (Incoterms) por lo que la mercadería debía ser transportada vía marítima desde el puerto de Shangai-China, al puerto de destino Valparaíso-Chile.

Afirma que por ello, su parte debía descargar la mercadería en Valparaíso, realizar los trámites aduaneros en Chile y transportarla a su destino final (Zona Franca Mendoza), para lo cual se contrataron los servicios de la empresa accionada Centauro S.A., a través del Sr. Diego Ruiz, quedando plasmada la operación en la orden de servicio N°2009/09/017707.

La mercadería salió del puerto de Shangai-China el 15/09/2009, conforme el manifiesto de carga emitido por la vendedora, y ante la confirmación de ello, la actora oficializó una operación de venta de las maquinarias con su cliente Hormimac S.A., mediante contrato del 6/10/09.

Recuerda que el 20/10/09 el barco llegó al puerto de Chile y su parte puso en conocimiento de Centauro S.A.todos los datos de la operación a fin de que ésta pudiera retirar la mercadería y transportarla a Mendoza, lo que recién ocurrió el 17/10/09 (sic). Luego se supo que la demora se debía a un error en la confección del manifiesto de carga en Chile, por la demora del exportador en pagar el flete y por un paro del personal de Aduana en Chile. Esas demoras, imputables al personal contratado por la demandada en Chile, fueron toleradas por el actor, quien sólo no pagó unos extra costos de estadía ya que la demora no le era imputable.

Luego de salir la mercadería desde Chile hacia su destino final, en fecha 18/11/09 ingresó al país mediante el transporte contratado por la accionada, empresa MGTS S.A., interviniendo el agente de transporte aduanero Sr. Enrique Torres. Aclara que la actora contrató a Centauro para que le brindara un servicio integral, y fue la accionada quien subcontrató servicios según su necesidad.

Recuerda que al momento del control en la zona de Punta de Vacas se abrió el contenedor y se observó que dentro del mismo había dos retroexcavadoras en 11 bultos, y en el manifiesto de carga confeccionado en Chile se había consignado una sola, por lo que la Dirección General de Aduanas labró Acta 1187/2009 ante la posible existencia de infracción a la ley 22.415, quedando la mercadería desde ese momento interdicta por ese organismo.

Destaca que el error en la confección del manifiesto de carga confeccionado en Chile por personal de Centauro S.A. consistió en declarar que dentro del contenedor había una (1) retroexcavadora cuando en realidad habían 11 bultos que corresponden a dos retroexcavadoras. Recalca también que en el manifiesto de carga marítimo y la lista de empaque, la embarcadora Rayland International Co. Ltda.consignó que se transportaban 11 bultos, por lo que el manifiesto de carga confeccionado en Chile debió respetar la descripción del manifiesto de carga internacional (BL) y la lista de empaque, lo que evidencia la negligencia en el desarrollo de las tareas encomendadas, todo lo cual concluyó con un acta de interdicción de mercadería y la realización de un sumario administrativo.

Luego de esta situación, afirma, hubo entre las partes negociaciones para solucionar el tema, pero ante la falta de respuesta clara se decidió enviar cartas documento a la accionada, a Transportes MGTS S.A. y al agente de transporte aduanero Enrique Torres, emplazándolos para que procedan a liberar la mercadería en Zona Franca de acuerdo a las condiciones pactadas, señalando que debían acudir a este medio en función de haber obtenido sólo respuestas evasivas, tendientes a deslindar su responsabilidad atribuyendo la demora a sus operados y transportistas, lo que configuraba un grave incumplimiento contractual. También se los emplazó para que informaran el motivo de iniciación y estado de procedimiento impulsado por la Dirección General de Aduanas mediante Acta N°1187/2009 del 18/11/2009 como así también las medidas llevadas a cabo para liberar las mismas.

Expresa que Centauro S.A. contestó la carta reconociendo la relación contracual, aduciendo que ellos no debían verificar la mercadería, que el conocimiento de embarque marítimo realizado por Rayland coincide con lo constatado por la Aduana al abrir el contenedor y que su parte no tiene legitimación para actuar en el expediente administrativo.Sin embargo, afirma la actora, la accionada olvidó decir que el error en la confección del MIC en Chile es su responsabilidad, puesto que si bien es claro que no debieron constatar la existencia de la mercadería, sí debieron confeccionar el MIC en Chile en forma similar a lo expresado en el manifiesto marítimo de carga y lista de empaque confeccionada por Rayland, desde que no debieron consignar que se transportaba una (1) retroexcavadora, sino los bultos, tal como reza el manifiesto marítimo.

También sostiene que se contrató a la accionada para que se ocupara no sólo del transporte de la mercadería, sino también de la confección y control de los trámites y despachos aduaneros, a lo que agrega que si bien la demandada no poseía legitimación para intervenir en el expediente administrativo, sí la tenía la empresa de transporte y el agente aduanero que fueron contratados por aquélla, tercerizando los servicios que se comprometió a prestar.

Concluye diciendo que la obligación principal de la demandada era de resultado, y que el modo de cumplimiento era entregar la mercadería en el plazo estipulado, siendo su responsabilidad objetiva.

2. La accionada contesta la demanda indicando que la actora ingresó a la Zona Franca de Mendoza a través de su despachante de aduana, Sr. Manuel Herrera, una carga consistente en 11 bultos, que se encontraba dentro de un contenedor con precinto. Que la carga fue transportada por Transportes MGTS S.A.

Señala que el objeto de la prestación de servicios contratado por la actora fue cargar un contenedor consolidado con precinto de origen en el puerto de Valparaíso y trasladarlo a Zona Franca de Mendoza, nada más. Dice que el transportista terrestre debía confeccionar la documentación obligatoria para el traslado, esto es, el denominado C.R.T. «Conocimiento Rodoviario de Transporte» que tiene fines comerciales y civiles, y el MIC/DTA, que tiene fines administrativos y aduaneros.Argumenta que la causa fuente para redactar el CRT es el Conocimiento de Embarque Marítimo, que lo emite la naviera, el que en este caso describe la mercadería contenida dentro del contenedor com «11 bultos con un peso de 14.110,00 kgs», es decir, no dice «dos retroexcavadoras».

Enfatiza que quien tomó la carga terrestre y emitió el documento fue la firma transportadora terrestre MGTS S.A., quien no tiene acceso a lo que el contenedor lleva adentro, por lo que si el transportista terrestre no es responsable, tampoco lo es la accionada.

Niega que la carga haya estado destinada a un emprendimiento comercial o se haya vendido a un tercero y que la misma se encuentre interdictada por la Aduana, siendo el actor, en su calidad de importador, el único legitimado para retirarla de la Aduana, por lo que el objeto de la demanda es de cumplimiento imposible.

Recuerda que el inicio del sumario administrativo se realiza en contra de la empresa de Transporte y no en su contra y que en dicha Acta no se ordenó el secuestro o interdicción de la carga. Pide la intervención procesal de la Dirección General de Aduanas para que ponga a disposición del actor la mercadería, la que es rechazada a fs. 91/92,

3. Producida la prueba ofrecida, el juez de primera instancia hizo lugar a la demanda instaurada, condenando al accionado a cumplir con las obligaciones asumidas adoptando las medidas necesarias para lograr la liberación de la mercadería intervenida por la AFIP-DGA en el sumario administrativo n° 12439-8-2009, en el plazo de noventa días de quedar firme la sentnecia, bajo apercibimiento de resolverlas, de tornarse de ejecución imposible, en el pago de daños y perjuicios que serían determinados en la etapa de ejecución de sentencia.Razonó del siguiente modo:

– Actualmente se ha tornado sumamente compleja toda la dinámica que involucra el transporte internacional de mercaderías, por lo que cualquiera sea la modalidad que se utilice (multimodal, plurimodal, combinado, intermodal) siempre resulta necesaria la intervención de un operador que organiza, lidera y coordina la totalidad de la operación. Estos operadores, a los que tradicionalmente se los denominó «forwarder agents», tienen una tarea -dentro del contrato de transporte de cargas internacional- múltiple y variada, por lo que se les requiere un alto grado de especialización en la materia, ya que sus funciones no se circunscriben sólo al transporte en sí mismo, sino a la emisión y suscripción de los conocimientos de embarque y a la gestiones necesarias para lograr el objetivo final del contrato que es la entrega de la mercadería al destinatario. Se ha expresado que sus obligaciones normalmente son tomar las medidas necesarias para el transporte, seguro, documentación; y específicamente realizar los trámites aduaneros, reserva del espacio de bodega y contratación del flete, embalaje, etc. (Ray, Domingo José «Derecho de la Navegación», t. II, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1994, p. 146/7).

– En virtud de ello, en este tipo de contratos de transporte de carga internacional, tanto la empresa que fue contratada para el transporte, en este caso Centauro S.A., como la que lo hizo efectivo, M.G.T.S. S.A., son solidariamente responsables por los daños derivados del incumplimiento de las obligaciones propias del acarreo; solución que deriva de la interpretación armónica de los arts. 163 y 171 del Cód. Com., aun cuando el incumplimiento fuera imputable sólo a uno de ellos, pudiéndose derivar de ello acciones de repetición entre las mismas, pero sin impedir el derecho del perjudicado para que se cumpla con el objeto del contrato.

– Es la propia demandada quien ha consentido que el transportista terrestre debe confeccionar la documentación obligatoria para la ejecución del contrato de transporte terrestre internacional de cargas, denominado como C.R.T.(Conocimiento Rodoviario de Transporte), teniendo para ello que remitirse al Conocimiento de Embarque Marítimo emitido por la naviera (fs. 82 vta./83) y es justamente allí donde radica su responsabilidad, más allá de que el llenado de esa documentación fuera efectuado por personal contratado por M.G.T.S. S.A., ya que, como lo indicara anteriormente, ambas son responsables por los errores que se pudieran cometer en su emisión y que, en definitiva, impidan la entrega de la mercadería al importador destinatario.

– Debe recordarse, además, que el transportista asume frente a su contraparte una obligación de resultado que es la de entregar en destino las cosas cargadas en el mismo estado en que las recibiera, presumiéndose su culpa «iuris tantum» ante la mera prueba del incumplimiento.

– La defensa de la accionada se acota a sostener que ni ella, ni la empresa de transportes encargada del transporte material de la mercadería desde el puerto de Valparaíso a la Zona Franca Mendoza, tenían la posibilidad de conocer lo que realmente incluía el contenedor, ya que el mismo había sido cerrado y precintado en el puerto de origen (China), lo cual es cierto. Pero también lo es que era su responsabilidad y de M.G.T.S. S.A., confeccionar el C.R.T. y el MIC/DTA conforme al antecedente que surgía del Conocimiento de Embarque Marítimo o BL, siendo la discordancia de esos documentos lo que motivó la intervención de la mercadería por parte del personal de la Dirección Nacional de Aduanas.

– A los efectos de acreditar dicho incumplimiento a las obligaciones asumidas por parte de Centauro S.A. resultan esclarecedoras las testimoniales rendidas en autos, en especial la del Sr.Enrique Carlos Torres, quien dice ser Agente de Transporte y que manifiesta que la documentación para el transporte de la carga desde Chile a Mendoza es confeccionada en el país de origen y que el CRT es una declaración jurada que es reflejo de la factura pro-forma, y que la Aduana procedió a interdictar la mercadería por existir un error entre lo transportado y lo declarado, siendo el responsable de hacer esa declaración M.G.T.S. S.A. en Chile.

-En definitiva, más allá del acierto o desacierto de lo actuado por la A.F.I.P.-D.G.A., lo cierto es que la mercadería fue interdictada por la Dirección General de Aduanas al existir un error en lo declarado por M.G.T.S. S.A. en Chile al confeccionar el CRT y el MIC/DTA, sin ajustarse a lo que indicaba el Bill of Landing (BL) que había tenido a su disposición.

-Dicho error fue reconocido en la presentación efectuada por el Dr. Alejandro Miguel Nacevich, en nombre del Sr. Enrique Carlos Torres, en las actuaciones administrativas n° 12439-8-2009 de la D.G.A. (fs. 164/167), en donde expresamente manifiesta que «…a) Evidentemente que hubo un error de origen al iniciarse el tránsito terrestre al momento de emitir por un tercero este Mic/Dta al especificar la cantidad de unidades…».

– Siendo ello así, sólo puede concluirse que se encuentra acreditado el incumplimiento de las obligaciones asumidas por Centauro S.A., por lo que, aun cuando ella no sea parte en el sumario administrativo n° 12439-8-2009 de la D.G.A., nada le impide que pueda procurar la liberación de la mercadería adquirida por Jorge Horacio Narváez a través de terceros (arts. 727 y ss. del C. Civ.), que sí son parte en dichas actuaciones (M.G.T.S. S.A. y Sr.Enrique Torres), más allá del accionar que el actor deba llevar a cabo para su ulterior nacionalización, por lo que no resulta posible, en este estado procesal, determinar la existencia de una imposibilidad de cumplimiento, como la alegada por la demandada, que sólo podrá establecerse dentro de la etapa reservada para la ejecución de sentencia, en cuyo caso, aquellas obligaciones deberán resolverse en el pago de daños y perjuicios conforme lo normado por los arts. 505, inc. 3 y 889 del C. Civ.

3. La resolución fue apelada por ambas partes. La Primera Cámara Civil rechazó el recurso interpuesto por la accionada e hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por el actor, reduciendo el plazo en el cual debía cumplirse la sentencia dictada a diez días. En lo que aquí interesa, estructuró su razonamiento de la siguiente forma:

– El juez a-quo sostuvo que la responsabilidad que se atribuye a Centauro SA no surge de las diferencias entre lo que había dentro del contenedor -que fue cerrado y precintado en el puerto de origen (China)- y lo declarado, sino entre lo que indicaba el BL y lo consignado en el C.R.T. y MIC/DTA, elaborado en el puerto de Valparaíso y que fue lo que, bien o mal, motivó el decomiso de la mercadería por parte de la D.G.A.

– El recurrente se agravia porque dice que sí coinciden. No le asiste razón. El dictamen que luce a fs. 231/235 del expediente administrativo es claro en cuanto dice: «estos actuados tienen su origen en el procedimiento que da cuenta el Acta Nro. 1187/2009, de fecha 18/11/09, (.) a resultas de la cual surge que en la oportunidad de efectuarse un control sobre el medio de transporte de la empresa MGTS SA (.) al amparo del MIC/DTA Nro. 132587 y con destino a Zona Franca Mendoza, (.) declarando en el campo Nro. 38 transportar: «01 Contenedor de 20″ Marca: MOTU 640252/6, QUE DICE CONTENER:01 RETROEXCAVADORA», se procede a la apertura de dicho contenedor y revisión somera del medio de transporte en cuestión, encontrándose que la mercadería declarada en el correspondiente manifiesto no coincidía con la transportada, constatándose la existencia de DOS (02) retroexcavadoras, motivo por el cual los actuantes disponen su remisión a Zona Primaria Aduanera…».

– Ello está corroborado con las testimoniales rendidas, por lo que los agravios deben ser rechazados.

– La segunda crítica tampoco resiste análisis, ya que a tenor de la obligación de resultado que contrajo la accionada, no podría sostener que no paga la multa porque no tiene certeza de poder repetir lo pagado, puesto que aun cuando ella no sea parte del sumario administrativo, nada le impide que pueda procurar la liberación de la mercadería adquirida por Narváez a través e terceros que sí son parte en dichas actuaciones (MGTS S.A. y Enrique Torres).

4. Contra dicha sentencia el accionado articula recurso extraordinario de inconstitucionalidad.

I. LOS AGRAVIOS Y SU CONTESTACIÓN.

a) El recurrente funda su embate en el inciso 3 del art. 150 del CPC, solicitando se revoque la sentencia impugnada.

Dice que la circunstancia de haberse labrado un acta administrativa por la comisión de una supuesta infracción al régimen aduanero, no significa que sea la verdad absoluta, puesto que le asiste al perjudicado el derecho de defenderse, y el inicio de estas actuaciones originó la interdicción de la carga transportada.En ese sentido, entiende que hasta que no exista sentencia firme en sede administrativa, no se puede determinar si su parte incumplió el contrato, ya que se está condenando en sede civil en base a afirmar que la Aduana obró conforme a derecho.

Denuncia arbitrariedad manifiesta en la resolución impugnada al darle valor a la pieza adm inistrativa considerando que la infracción está consumada, sentenciada y firme, concluyendo el sentenciante que por esa equivocación -no comprobada- el actor no pudo recibir la mercadería, razonamiento que viola el derecho de defensa de su parte.

En segundo lugar postula que, a diferencia de lo que sostiene el ad quem, las declaraciones testimoniales corroboran lo que viene sosteniendo su parte, en cuanto a que el BL declara la clase o tipo de mercadería (cfr. testigo Schillagi), lo que coincide con el manifiesto de carga (MIC/DTA) y el CRT, en cuanto dice «retroexcavadora», con un peso de 14.110 kgs. (campo 38 y 32 MIC/DTA y campo 11 y 12 del CRT). También puntualiza que la sentencia de Cámara no se condice con lo que expresó el testigo Herran, en cuanto a que las cantidades y valores estaban bien declarados, recordando que también este deponente expresó que cualquier error en la documentación debía ser rectificado, lo que de hecho fue realizado, como surge de fs. 153/154.

En tercer lugar plantea que es arbitraria la afirmación realizada por la Cámara en su sentencia -mediante la cual consideró demostrativo de su falta de responsabilidad el no pagar la multa aduanera porque luego no podría repetir lo pagado-, ya que su parte nunca dijo eso en su expresión de agravios. Lo que sostuvo en esa oportunidad fue, según manifiesta, que no podía abonar la multa si no había sentencia administrativa firme que se erigiera como causa del pago. En este sentido, se queja de que la resolución impugnada dé por sentado que su parte puede cumplir con su obligación de resultado, ejerciendo las facultades del art. 727 y ss.del CC (pago por un tercero), sin advertir que en este caso no hay deudor, puesto que aún no hay sentencia administrativa firme.

En definitiva, postula que no incumplió el contrato de transporte, porque la mercadería llegó al destino convenido (Zona Franca Mendoza), pero por «temas aduaneros» el actor no la pudo liberar, y no se probó en autos que el accionado debiera realizar trámites aduaneros para liberar la mercadería.

b) La recurrida contesta el recurso negando primeramente su procedencia formal, puesto que según su visión, los agravios cuestionan actos aislados de la sentencia pero ello no logra desvirtuar el fallo recurrido como acto jurisdiccional válido.

Refiere que el recurrente, al criticar el fallo por no haber recaído sentencia firme administrativa, escapa al razonamiento medular del fallo en cuanto a que se trata de una obligación de resultado y no de medios, conclusión que ha quedado incólume a lo largo de todas las instancias y por tanto, no puede ser aquí revisada.

Dice que la justicia civil no se inmiscuye en materia aduanera, sino que lo condena por considerar que al tener interdicta la mercadería la Aduana, existe incumplimiento contractual.

Contesta el agravio relativo a las declaraciones testimoniales recordando que el juzgador llegó a su conclusión basándose en la instrumental aportada, el dictamen de Aduana y las declaraciones aportadas, sin que pueda obviarse tampoco que el propio apoderado del quejoso a fs. 165 reconoció el error en la confección de los documentos.

En cuanto al pago por un tercero, asevera que si Centauro S.A. tercerizó sus servicios y si los responsables en el sumario administrativo son precisamente esos terceros con los cuales contrató, es la accionada la que debería procurar la liberación de la carga por algún medio.

II. SOLUCIÓN AL CASO.

a.Legislación aplicable.

Dada la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, corresponde aclarar en primera instancia que considero de aplicación al caso la normativa incluida en el Código Civil velezano y en el Código de Comercio, por cuanto la aplicación inmediata del nuevo ordenamiento -dispuesta como regla en el art. 7 del C.C.y C.- se da respecto de las situaciones regladas por la ley, mientras que en las regladas por los particulares, cabe distinguir entre leyes imperativas y supletorias. Si bien la distinción entre ambas no resulta sencilla y ha generado distintas interpretaciones, el nuevo art. 962 del C.C.y C. recoge la opinión dominante en cuanto a que las normas relativas a los contratos son supletorias, a menos que de su modo de expresión, de su contenido, o de su contexto, resulte su carácter indisponible. (Cfr. Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 36 yss.).

b. Cuestión a resolver.

La cuestión a resolver en la presente causa consiste en determinar si resulta arbitraria la sentencia que, confirmando la de la instancia anterior, admite la demanda incoada por el consignatario de la mercadería en contra de la empresa con la cual celebró un contrato para trasladar un contenedor desde el puerto de Valparaíso hasta la Zona Franca de Mendoza, condenándolo a adoptar las medidas necesarias para lograr la liberación de la misma, que fuera intervenida por AFIP-DGA, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de resolver las obligaciones no ejecutadas en el pago de daños y perjuicios a determinarse en la etapa de ejecución de sentencia.

c. Algunas reglas que dominan el recurso de Inconstitucionalidad en nuestra Provincia.

La doctrina de la arbitrariedad, como vicio propio del recurso de inconstitucionalidad, supone la existencia de contradicción entre los fundamentos del fallo y constancias indubitadas de la causa o decisiva carencia de fundamentación (L.A.101- 447; 108- 23). Se ha dicho que la tacha de arbitrariedad, en el orden local, reviste carácter excepcional, limitada a los casos de indudable ruptura del orden constitucional en la motivación de los fallos, situaciones de flagrante apartamiento de los hechos probados en la causa, carencia absoluta de fundamentación o argumentos ilógicos, absurdos o autocontradictorios. Resulta improcedente, por tanto, cuando bajo la invocación de tales vicios, se encubre la pretensión de lograr una revisión de la valoración original efectuada por los tribunales de mérito sobre el contexto probatorio de la causa, por cuanto la admisión de la vía en tal caso, conduciría a instaurar una tercera instancia ordinaria extraña a nuestro sistema procesal (Art. 150 y nota, C.P.C.; L.A. 91-143; 94-343; 84- 257; 89- 357; L.S. 157-398; L.S. 223-176).

Deben distinguirse, pues, los supuestos de discrepancia valorativa de aquellas causales de inconstitucionalidad definidas como omisión de prueba decisiva o valoración arbitraria de la misma, y en este sentido se ha resuelto que «la simple discrepancia valorativa no alcanza para sustentar un recurso extraordinario de inconstitucionalidad. El Juez es soberano para decidir y definir cuáles elementos de juicio apoyan la decisión, no está obligado a considerar todos los rendidos, sino sólo los elementales para fundar apropiadamente la decisión, según el principio de la sana crítica racional y el juego de las libres convicciones. Sólo le está vedado apoyarse en las íntimas convicciones. Valoración arbitraria significa evaluar la prueba con ilogicidad, en contra de la experiencia o del sentido común. Arbitrariedad es absurdidad, contraria a la razón, desprovisto de elementos objetivos y apoyado sólo en la voluntad de los jueces» (L.S.302-445).

Esta Sala tiene dicho que la tacha de arbitrariedad de una sentencia, sobre la base del modo en que se valoró la prueba producida sólo puede prosperar en casos de excepción cuando un vicio de tal naturaleza es manifiesto; ello así porque las cuestiones relativas al alcance que ha de atribuirse a las pruebas producidas, a su valoración y a los requisitos que deben reunir para ser tenidos en cuenta como fundamento de una decisión judicial, remiten al análisis de temas de derecho procesal ajenos a la instancia extraordinaria (Fallos 303-1471).

d. Aplicación de estas pautas al sublite.

Adelanto mi opinión, concordante con el dictamen del Sr. Procurador General, en el sentido de que el recurso interpuesto no puede prosperar.

Ello así, desde que no advierto, de acuerdo a los principios rectores apuntados, que el tribunal de Alzada se haya apartado irrazonablemente de la prueba incorporada, ni que su razonamiento contraríe las reglas de la lógica, o se apoye en consideraciones dogmáticas o carentes de razonabilidad.

En definitiva, los agravios del recurrente sólo traslucen una discrepancia con lo decidido en la anterior instancia sin llegar a demostrar desviaciones graves en el proceso de valoración, lo cual -como es sabido- no resulta base idónea de agravios ni configura arbitrariedad que dé lugar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad.

a) Prejudicialidad.

El primer motivo de agravios -consistente en que no podría dictarse sentencia civil hasta tanto no sea resuelto el expediente administrativo por existir prejudicialidad-, no puede tener favorable acogida. Aclaro primeramente que las copias de las actuaciones administrativas fueron agregadas a esta causa en diciembre del año 2011 y de ahí en más se desconoce cuáles han sido sus movimientos, si es que los hubo. Sólo se cuenta con las manifestaciones de la accionada relativas a que el procedimiento administrativo no ha concluido.Dejando a salvo esa circunstancia, considero que la pretendida prejudicialidad no es tal, es decir, la pendencia de la decisión administrativa no impide en este caso al juez civil juzgar si ha mediado, o no, cumplimiento de las obligaciones asumidas por la accionada a la luz del contrato celebrado, ya que no existe en el caso riesgo de pronunciamientos contradictorios -con el consecuente escándalo jurídico que ello representaría-, que se pretende evitar mediante el instituto en estudio. En efecto, además de que los sumariados por la Dirección de Aduanas son personas distintas a los litigantes en este pleito (A.T.A. Enrique Torres y Empresa de Transporte MGTS S.A.), tanto la sentencia condenatoria como la absolutoria qu eventualmente recayera no ejercería influencia decisiva en este pleito, puesto que en ambas órbitas se valoran distintas situaciones jurídicas y obligaciones de las partes involucradas, ponderándose además diferentes marcos legales.

En efecto, en aquél se juzgará el accionar de los encartados de conformidad con las normas del Código Aduanero y demás disposiciones aplicables a la actividad desarrollada por cada sumariado, mientras que en el presentese analiza el fiel cumplimiento por parte de la accionada de las obligaciones asumidas en el contrato celebrado, y en su caso, la existencia de alguna eximente que opere como interruptiva del nexo causal y elimine su responsabilidad (arts. 505, 511, 513 y cc.del CPC).

Sin perjuicio de ello, y aun en el supuesto de considerar que existe prejudicialidad, el tiempo transcurrido desde la comisión de la supuesta infracción aduanera (nov/09) sería causal suficiente para excepcionar el principio general consagrado en el 1.101 del CC (actual 1.775 del CCCN). En efecto, suspender el dictado de la presente hasta la conclusión del proceso administrativo, cuando han transcurrido casi siete años desde su iniciación, violaría flagrantemente garantías constitucionales como el debido proceso, el derecho de defensa en juicio y acceso a la justicia -en cuanto derecho de los justiciables a obtener un pronunciamiento rápido, justo y adecuado, en un plazo razonable-, frustrando en los hechos la posibilidad del actor de ser indemnizado en caso de que se comprueben los requisitos para ello. (cfr. CSJN, in re «Atanor S.A. c. Dir. Gral. de Fabricaciones Militares», sent. del 1/7/2007, La Ley 2007-E, 13; art. 1775 inc. b) CCCN)

Por estos motivos, la primera censura debe ser desestimada, procediendo a ingresar en los demás motivos de agravios expuestos por el recurrente.

b) Incumplimiento contractual.

El quejoso niega haber incumplido el contrato aduciendo que la mercadería llegó al destino convenido (Zona Franca Mendoza), deslindando su responsabilidad en cuanto a los «temas aduaneros» que le impiden al actor liberarla. No le asiste razón, explicaré por qué.

El contrato celebrado entre las partes contendientes es el resultante de la continua complejización y tecnificación de la sociedad en la que vivimos, denominada sociológicamente «aldea global». Esta realidad se acentúa en el ámbito de los negocios o derecho empresario en virtud de la continua creación de nuevas figuras contractuales y modalidades de contratación, de origen local o foráneo, producto de la autonomía privada y en particular de la costumbre comercial.El núcleo regulatorio del contrato de transporte se sistematizaba a partir de los artículos 162 a 206 del Código de Comercio, en el capítulo intitulado «De los acarreadores, porteadores o empresarios de transportes», receptándose además este fenómeno en múltiples esquemas normativos, incluyendo convenios internacionales relativos a la aeronavegación y navegación marítima, exorbitando el mero contrato de transporte y tratándose más bien de varios contratos, la mayoría conexos con una finalidad común, y que comprenden la disciplina conocida como logística u operación logística. (Cfr. Arias Cáu, Esteban Javier – Nieto, Matías Leonardo, El contrato de Freigth Forwarder, su discutida naturaleza jurídica y un caso de responsabilidad, DCCyE 2013 (diciembre), 02/12/2013, 152).

En este continuo devenir, las clásicas figuras del transportista y el cargador han quedado superadas por una realidad que se impone. La escena en la cual el cargador acudía con sus efectos al porteador de turno para que éste hiciera entrega de los mismos en un destino prefijado, está siendo reemplazada por aquélla en la cual quien ha de efectivizar la traslación, concurre al domicilio del usuario, comprometiéndose desde ese momento a cumplimentar todos los recaudos para llevar a cabo el servicio ofrecido. (Mohorade, Alfredo, Transporte contemporáneo (La irrupción de los operadores), LL 1991-B, 923).

Esta figura, denominada «freight forwarder» o simplemente «forwarder» -lógicamente no legislada en el Código decimonónico-, «alude a una persona física o jurídica que, sin transportar por sí misma los objetos encomendados, organiza una cadena o estructura logística (la que usualmente involucra múltiples contratos conexos) prometiendo el resultado de traslación a un comitente. A pesar de la vetusta regulación comercial, sin embargo, el art. 163 del C. Com. posibilitaba un adecuado encuadre del fenómeno descripto en nuestro derecho positivo» (Arias Cáu, Nieto, ob.cit.) al prescribir que «cuando el acarreador no efectúe el transporte por sí sino mediante otra empresa, conserva para con el cargador su calidad de acarreador, y asume, a su vez, la de cargador para con la empresa encargada del transporte.»

En cuanto a su naturaleza jurídica, los autores que vengo glosando indican que en nuestra tradición jurídica el término freight forwarder se traduce como un auténtico «comisionista» de transporte y como tal, le resultan aplicables las normas que se han diseñado para el fenómeno económico de la traslación onerosa de personas o cosas, de las que el contrato de transporte stricto sensu no es sino tan sólo una manifestación, concluyendo que «le son aplicables tanto las normas del contrato de transporte como las del mandato mercantil en atención a la regulación que surge de los arts. 163 y 164 del C.Com.»

La jurisprudencia ha calificado a este contrato como un mandato (CNCom., sala D, 4/02/13, «Martínez Santa Ana c. Aerocargas Argentina S.A. s/Ordinario», La Ley Online AR/JUR/3278/2013), descartando la aplicación de las normas relativas al transporte cuando el «freight forwarder» actúa como un simple intermediario entre el cargador y el transportista, puesto que en esta hipótesis, no es un transportador, pues no se obliga a transportar él mismo, ni acepta responsabilidad alguna como transportador. Su intervención se limita a intermediar profesionalmente entre los intereses de la carga y el transportador, coordinando y organizando el transporte de cosas desde origen hasta destino, pero sin asumir las obligaciones, derechos o deberes del porteador. Y limitada su actuación a tal intermediación, se ha visto en el «freight forwarder» -simple agente de cargas- a un «comisionista» de fletes o de transporte (conf. Romero, F., ob. cit., 603), que actúa como mandatario del cargador. Es decir, entre el «freight forwarder» y el cargador rigen las reglas del mandato, a las cuales cabe acudir, consiguientemente, para establecer los derechos y obligaciones de cada uno (conf. CNFed. Civ. Com.Sala I, 24/6/1997, «Skybridge S.A. c. EF S.R.L. s/incumplimiento de contrato», LL 1998-B, p. 34; Calleja, M., El nuevo empresario de transporte: el freight forwarder, en la obra dirigida por Piaggi, A., «Tratado de la Empresa», Buenos Aires, 2010, t. II, p. 352/353; Radovich, J., El freight forwader, caracterización, obligaciones, responsabilidad por daños o faltantes de mercadería, en Rev. de Estudios Marítimos, Buenos Aires, octubre 1990, n° 46, p. 51 y ss., citados en el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D, 04/02/2013, Martínez Santa Ana c. Aerocargas Argentinas S.A., AR/JUR/3278/2013).

Tampoco puede soslayarse la similitud de esta figura con la locación de obra, temperamento que asumió la Cámara Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, al considerar al forwarding agent que no emitió conocimiento de embarque como responsable por la avería sufrida por la carga, al asumir «las obligaciones de: asesoramiento técnico y comercial, seguimiento del pre-embarque, de embarques, trámites de importación, reembarque en Buenos Aires, emisión de documentación del flete marítimo y fluvial, fiscalización de los movimientos en desembarques y cargas, y cualquier otra actividad necesaria para que el servicio fuese realizado en tiempo y forma». A ese efecto, ponderó el tribunal que el forwarder tuvo la libertad de elegir los medios y los subcontratistas para alcanzar el resultado, responsabilizándolo por los subcontratistas que empleó para el logro del objetivo prometido y distinguiendo como factor objetivo de atribución el riesgo empresario.(«Mapfre Paraguay Cía. de Seguros SA y otro v. J. H. Bachmann G. M. B. H. y otros s/faltante y/o avería de carga transporte marítimo», 27/10/2005, cita: MJ-JU-M-6369-AR/MJJ6369, citado por Romero, Federico, La responsabilidad del freight fowarder por las obligaciones emergentes del contrato de transporte, AP/DOC/1316/2013, RDCO 2009-A, p.601).

Superada ha quedado ya la controversia referente a si la posesión de medios propios de transporte es condición inexcusable para detentar la calidad de transportador, resultando hoy pacífica la doctrina por la cual no es menester la ejecución efectiva y material del acarreo, siendo que el carácter de transportista nace por el hecho de la contratación en sí. La innecesariedad de realizar el transporte por sí mismo para ser considerado como verdadero porteador, ha recibido la lógica consagración por parte de los tribunales argentinos. (D’Alessandro, Juan M. c. Rapiflet S. R. L.» CNCom., sala A, 29/6/72, LL, 148-293, citado por Mohorade, Alfredo, ob. cit.).

«El forwarder agent es el profesional intermediario entre quien envía y recibe las mercaderías y el transportador o las autoridades o terceros de quienes o ante quienes el vendedor o el comprador habrían tenido que contratar o intervenir para exportar, importar o trasportar las mercaderías. Sus obligaciones normalmente son tomar las medidas necesarias para el transporte, seguro, documentación; y específicamente realizar los trámites aduaneros, reserva del espacio de bodega y contratación del flete, embalaje, etc. (Ray, Domingo José «Derecho de la Navegación», t. II, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1994, p. 146/7, citado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III, 11/05/2005, HSBC La Buenos Aires Seguros c. Capitán y/o armador y/o Prop. buque Serenity, DJ2005-3, 454)

Es importante advertir, sin embargo, que la actividad de un forwarder es múltiple y variada y por la diversidad de su actuación, no es fácil ubicarlo en el panorama general del transporte; en virtud de ello, a los efectos de una precisa determinación del papel jugado, corresponde ponderar cuidadosamente en cada caso las circunstancias que lo rodean (Mohorade, Alfredo, ob. cit.).

Es dable recordar aquí que esta Sala se ha referido a esta temática en la causa n° 111.151 caratulada: «JF HILLEBRAND S.A. EN J: 206.533/14.485 JF HILLEBRAND S.A.C/ FINCA GOZZO LAS YEGUAS S.A. P/ COBRO DE PESOS S/ INC.», señalando que «el perfil de la figura del forwarder -que está entrelazada con la del transportador, el agente de tierra y el corredor marítimo- depende de un cuidadoso análisis de los hechos, de acuerdo a las circunstancias de cada caso, por lo que si asume la función del transportador es responsable del transporte, como transportador contractual.» (Citar ABELEDO PERROT Nº: 1/49404; Navegación – Transporte de carga – Sujetos). «Los «freight forwarder» o expedidores se refieren a aquellos que en nombre de los embarcadores se comprometen a realizar varios servicios dentro de la cadena de transporte, tales como el terrestre local de la puerta de la fábrica al área portuaria, la expedición de toda clase de documentación, arreglos de embarque, etcétera.» ( Tema: Transporte – Transporte de cosas – Transporte combinado; Autor: López Cabana, Roberto (dir.); Obra: CONTRATOS ESPECIALES EN EL SIGLO XXI; Editorial: Abeledo Perrot ; Edición: 1999; Indice CAPÍTULO XIV – CONTRATO DE TRANSPORTE MULTIMODAL DE MERCADERÍAS (684).

Ahora bien, más allá de la calificación jurídica que pueda presentar el contrato celebrado, y teniendo en cuenta la prueba que reseñaré a lo largo de mi voto, considero que no puede caber duda alguna de que la accionada intervino activamente en la operación de transporte concertada, asumiendo la calidad de transportador y comprometiéndose a obtener un resultado determinado, esto es, el traslado de la mercadería consignada desde el Puerto de Valparaíso hasta Zona Franca (cfr. fs. 10), siendo el modo de cumplimiento normal de la prestación a su cargo la entrega de los bienes en el lugar y tiempo convenido, o su puesta a disposición. «El objeto esencial de la obligación no se agota en la mera coordinación de los esfuerzos a fin de llevar a cabo este complejo transporte, sino que prevé, como opus fundamental, la entrega del cargamento recibido en el destino oportunamente señalado.La tarea organizativa de la pluralidad de prestaciones exigida para el recto cumplimiento de la obligación, solamente se justifica por la cabal ejecución de la misma: la entrega de los efectos al consignatario.» (Mohorade, A., ob. cit. En igual sentido, Arias Cáu, Esteban Javier – Nieto, Matías Leonardo, ob. cit.).

Si bien la accionada en su contestación niega haber incumplido el contrato por encontrarse la mercadería trasladada en Zona Franca Mendoza, lo cierto es que también ha reconocido que por «temas aduaneros», la misma no ha podido ser retirada por el cargador (fs. 441).

Este «tema aduanero» es el motivo por el cual, a tenor de la prueba arrimada, la mercadería no ha podido ser liberada. El mismo se originó con el Acta N°1187/2009 labrada por la Subdependencia de la División Aduana en Punta de Vacas el 18/11/09 en la que se consignó que la mercadería viajaba al amparo del «CRT/114/2009 (MIC/DTA CAMPO 38: 01 Contenedor de 20″ MARCA MOTU-640252-6 QUE DICE CONTENER: 01 RETROEXCAVADORA (se acompañan a los mic/dta rectificación de origen nro. 30203/09, donde corrige el contenedor diciendo que es de 40″) (…) Se procede a la apertura y revisión somera del medio constatándose que la mercadería declarada NO coincide con la realmente transportada, observándose DOS (2) RETROEXCAVADORAS (.)».

Efectivamente, como se observa en el MIC/DTA (Manifiesto Internacional de Carga por Carretera/Declaración de tránsito aduanero) que glosa a fs. 06 del expediente administrativo (fs. 141 de los presentes) se describió la mercadería transportada como «01 Contenedor de 20″ MARCA MOTU-640252-6 QUE DICE CONTENER: 01 RETROEXCAVADORA». Al mismo tiempo, el CRT (Carta de Porte Internacional o Conocimiento de transporte internacional por rodovía), que luce a fs. 143 -rectificado conforme nota que glosa a fs.218- menciona el contenedor de 40″ pero reitera «dice contener 01 Retroexcavadora.»

Sin embargo, el BL (Bill Of Landing), documento que expide la naviera que transportó los efectos desde el Puerto de Shangai al Puerto de Valparaíso en Chile, sólo expresa que el contenedor transporta 11 Paquetes (11PKGS), y en la columna de la descripción indica «Backhoe Loader», cuya traducción es «retroexcavadora» (fs. 45 y 212). Del mismo modo, el manifiesto de carga confeccionado por Poseidon Logistics Service Ltda. -empresa a la que había que dirigirse para la entrega de la mercadería en el Puerto de Valparaíso según el BL y su traducción de fs. 285/286- , expresa: «40» STD FCL dice contener: 11 Paquetes con sostenedor de retroescavadora» (cfr. 213).

Es decir que todos los antecedentes con los que se contaba para redactar el CRT y MIC indicaban la existencia de once (11) paquetes que contenían «retroexcavadora», sin referirse a la cantidad de esta clase de objetos, sino tan sólo a su género o tipo. Este mecanismo ha sido referenciado por el testigo Schillagi, en cuanto a que en el BL sólo se enumeran los bultos y la descripción de las mercaderías, sin indicar su cantidad (cfr. fs. 122/123). En función de ello, el CRT y el MIC debieron respetar esa identificación, lo que no aconteció conforme surge de la descripción ya realizada de estos documentos, en los que se consignó «01 Retroexcavadora».

Ahora bien, ¿a quién corresponde redactar el CRT y el MIC? Según las notas presentadas en el sumario administrativo -fs. 169 y 218- el Sr. Octavio Salinas, en representación de MGTS SA, se dirige a la Aduana Chilena solicitando le sea permitida la rectificación de esos documentos. Por su parte, el despachante de aduana del actor, Sr. Manuel Herrera, expresó en su deposición que la Carta de Porte (CRT) está a cargo del transportista y su agente ATA (Agente de Transporte Aduanero) (cfr. octava pregunta, fs.127/128).

A su vez, esta empresa de transporte fue contratada por la accionada, Centauro S.A., conforme surge de la absolución de posiciones del representante legal de esta última (fs.118/120), de la testimonial de su dependiente (fs. 121), de la carta documento remitida por el Transporte al actor (fs.11) y de la presentación realizada por el Transporte en el sumario administrativo (fs. 195/204) de los cuales surge su relación contractual con Centauro S.A. Esta subcontratación realizada por Centauro S.A. para cumplir con el servicio pactado y el contenido del servicio que fue tarifado se corroboran con el contenido de los mails agregados a fs. 29/32, en los que personal dependiente de la demandada -en su intercambio epistolar con el actor -hace referencia a que ellos le cotizaron un «flete all in», y que ellos realizaban el «inland». La autenticidad de estos correos ha sido confirmada mediante pericia electrónica que luce a fs. 257/258.

Del mismo modo, el representante legal de la demandada reconoce que prestan el servicio de «despacho aduanero», si bien luego niega haberlo prestado en el caso particular (cfr. segunda pregunta y primera repregunta) y su empleado manifiesta que su empleadora «presta servicios de logísticas, transporte multimodal y tramitación aduanera asistiendo a importadores y exportadores» (cfr. segunda pregunta), aduciendo que el servicio contratado consistió en «traer un contenedor de Chile a Zona Franca Mendoza y devolver el contenedor vacío de Mendoza a Chile», reconociendo seguidamente que el cargador (Narváez) puso a su disposición el Conocimiento de Embarque Marítimo (BL).

A todo ello cabe agregar la cadena de mails que fue acompañada por la empresa transportista en el sumario aduanero, prueba que no recibió ningún tipo de impugnación por parte de ninguna de las partes al ser incorporada.De su lectura surge con toda claridad que los responsables operativos de esa carga, dependientes de la accionada, comandaban las acciones y coordinaban recursos humanos y manteriales para el logro del objetivo (traslado del contenedor de Chile a Zona Franca Mendoza). En ellos se señala también a «Octavio» como la persona que debía confeccionar el MIC y el CRT (cfr. fs. 207 y ss.)

Por lo demás, sin perjuicio de todo lo expuesto, entiendo que a tenor de lo que surge de los artículos 217, 218 incs. 4 y 6 y 219 del C. Com., debe entenderse que el actor contrató a la empresa accionada para trasladar la mercadería de un punto a otro y lógicamente, el fiel cumplimiento del contrato implicaba dejar al cargador en condiciones aptas para la recepción de la mercadería, lo cual incluía todas las diligencias necesarias para ello.

Quien actúa en el mercado del transporte internacional ofreciendo servicios de forwarder debe prever como experto las posibles dificultades de la administración y resolverlos a tiempo para evitar daños a sus contratantes.

A esta sumatoria de razones, cabe agregar que «La tendencia a condenar al agente de carga por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de transporte probablemente tenga parte de su fundamento en el hecho de que es el sujeto más visible en la relación con el generador de la carga» (cfr. Romero, Federico, La responsabilidad del freight fowarder por las obligaciones emergentes del contrato de transporte, Cita Online: AP/DOC/1316/2013, RDCO 2009-A, p. 601), fundamento que coadyuva fuertemente a confirmar la decisión en crisis. Ello, desde que la apariencia creada por la empresa accionada resulta sin lugar a dudas generadora de confianza y de responsabilidad, en tanto es lícito suponer que el cargador que contrata con ella apuesta a que la tarifa cobrada por el forwarder comprende la realización de todas las diligencias necesarias par a que la mercadería llegue al lugar indicado y pueda ser retirada por el interesado a través del despachante de aduana. «La idea es simple:la protección de la confianza suscitada y la seguridad de los negocios exigen que quien contribuye con su actuación a crear una determinada situación de hecho cuya apariencia resulte verosímil, debe cargar con las consecuencias.» (López Mesa, Marcelo, en TRIGO REPRESAS – LÓPEZ MESA, «Tratado de la responsabilidad civil», 2ª ed., cit, Cap. 2, citado por López Mesa, Marcelo J., La apariencia como fuente de obligaciones, LL 09/05/2011, 1;LL 2011-C , 739).

En este sentido, se ha explicado que aun cuando el agente de carga no sea realmente un transportador ni tenga la intención de actuar como tal, si aparece ante su clientes como la persona que se encargará de conducir y cuidar sus mercancías, y no con un simple intermediario entre el cliente (cargador remitente o destinatario) y el verdadero transportador, debe asumir la responsabilidad como si lo fuera en función de la teoría de la apariencia jurídica (conf. Guzmán Escobar, J., » El agente de carga», en REVIST@ e – Mercatoria, vol. 4, N. 1 (2005), publicada por el Departamento de Derecho Comercial de la Universidad del Externado de Colombia,www.emercatoria.edu.co, citado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D, 10/07/2012, Embassy Freight Argentina S.R.L. v. Establecimientos El Tacuaral S.A., Cita Online: AP/JUR/3313/2012).

En virtud de estas razones, cae también la segunda crítica de la recurrente mediante la cual postula que las declaraciones testimoniales rendidas en la causa corroboran su postura -en cuanto a que el Bill of Landing declara la clase o tipo de mercadería (cfr. testigo Schillagi), lo que coincide con el manifiesto de carga (MIC/DTA) y el CRT, en cuanto dice «retroexcavadora», con un peso de 14.110 kgs.(campo 38 y 32 MIC/DTA y campo 11 y 12 del CRT)-. Ello, en virtud de que, justamente, tal como ha quedado acreditado, en el Bill of Landing se consignó el número de bultos y la clase de mercadería (Backhoe Loader), y no la cantidad de retroexcavadoras transportadas, mientras que en el MIC/DTA y CRT se colocó «01 Retroexcavadora».

Sin ingresar en la discusión relativa a si esta diferencia era apta para generar la actuación de la Dirección General de Aduana, si la misma fue rectificada en tiempo y forma y, por caso, si la cláusula «dice contener» eximiría de responsabilidad a los sumariados, lo cierto y real es que la discordancia entre los documentos existió y, tal como ha reconocido la impugnante en varias oportunidades, ello originó que el Sr. Narváez no pueda disponer de la mercadería al no ser entregada por la Autoridad Aduanera. Esta imposibilidad es suficientemente reveladora, a mi entender, del incumplimiento contractual en que incurrió la accionada quejosa, puesto que lógicamente -reitero- debió transportar la carga en condiciones tales de permitir su retiro por el interesado mediante los trámites encargados a su despachante de aduana.

La tercera queja -que postula que Centauro S.A. no podía abonar la multa estimada por Aduana hasta que no existiera sentencia administrativa firme que se constituyera en causa del pago-, deviene insustentable al constatar que la propia Administración sostuvo a fs. 22 del sumario contencioso iniciado que «si se depositare el monto dentro de los diez (10) días de notificada la presente, se declarará extinguida la acción penal aduanera, no registrándose el antecedente, de conformidad con lo normado en los arts.930/932 del citado cuerpo legal.»

Por lo demás, y tal como expresó el juez de primera instancia y fue confirmado por la Cámara, no existen evidencias hasta el momento de que el cumplimiento del contrato por parte de la accionada sea imposible, extremo que deberá ser determinado en la etapa de ejecución de sentencia, con los efectos que la misma resolución ha establecido.

A mérito de todo lo expuesto, corresponde el rechazo del recurso de Inconstitucionalidad articulado por no existir arbitrariedad en el razonamiento desplegado por la Cámara para arribar a la solución criticada, no evidenciándose tampoco este vicio en la valoración de la prueba aportada.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. PEREZ HUALDE y NANCLARES, adhieren al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL DR. JULIO RAMÓN GÓMEZ, DIJO:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, atento a que fue propuesto sólo para el caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. PEREZ HUALDE y NANCLARES, adhieren al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTIÓN, EL DR. JULIO RAMÓN GÓMEZ, DIJO:

Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, corresponde imponer las costas a la parte recurrente que resulta vencida (arts. 36 y 148 CPC).

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. PEREZ HUALDE y NANCLARES, adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A :

Mendoza, 01 de agosto de 2.016.-

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva,

R E S U E L V E :

I.- Rechazar el recurso de Inconstitucionalidad articulado a fs. 15/20 de autos. En consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Segunda Cámara Civil de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 456 y ss. de los autos N° 40.987/51.135, caratulados: «NARVAEZ, JORGE HORACIO C/CENTAURO S.A. P/CUMPLIMIENTO DE CONTRATO».-

II.- Imponer las costas a la recurrente vencida (arts. 36 y 148 CPC).

III.- Regular los honorarios profesionales en esta Sede, a los Dres. Federico MEXANDEAU, en la suma de ($.); Armando Gonzalo ROSAS, en la suma de ($.) y Alejandro Miguel NACEVICH, en la suma de ($.) (arts. 10 y 31 Ley 3641).

IV.- Dar a la suma de ($.) de la que da cuenta la boleta de depósito obrante a fs. 23, el destino previsto en el art. 47 inc. IV del C.P.C.

Notifíquese. Ofíciese.

DR. JULIO RAMON GOMEZ

Ministro

DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE

Ministro

DR. JORGE HORACIO NANCLARES

Ministro

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