La CSJN es competente para decidir sobre la pretensión de la Pcia. de Buenos Aires por el impuesto de sellos sobre Correo Argentino

correo-argentinoPartes: Correo Oficial de la República Argentina S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 4-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100484-AR | MJJ100484 | MJJ100484
Sumario:

1.-Corresponde a la competencia originaria de esta Corte ratione personae entender en la causa en la que el Correo Oficial de la República Argentina S.A., promueve acción declarativa en los términos del art. 322 del CPCCN. contra la Provincia de Buenos Aires y su Agencia de Recaudación -ARBA-, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la pretensión fiscal de dicha provincia emergente de la disposición por medio de la cual se determinó que la demandante era contribuyente del impuesto de sellos local por el período fiscal 2007, en virtud de la instrumentación de ciertos contratos celebrados en cumplimiento de su objeto.

2.-Toda vez que el objeto de la pretensión se vincula con la potestad y la obligación tributaria, que son aspectos que exceden los inherentes a la función de recaudación asignada al órgano de la administración fiscal, cabe concluir que la provincia demandada tiene interés directo en el pleito, y que debe reconocérsele el carácter de parte sustancial, sin perjuicio de la autarquía que posee su agencia de recaudación -ARBA-, en los términos de la Ley local 13.766 , por lo que se le debe correr traslado de la demanda.

3.-Corresponde hacer lugar a la medida cautelar de no innovar pedida, y en consecuencia, el Estado provincial deberá abstenerse de reclamar administrativa o judicialmente el impuesto de sellos determinado en la disposición impugnada, que ha sido parcialmente confirmada mediante sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación.

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

A fs. 202/266, el Correo Oficial de la República Argentina S.A., con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los señores Eduardo Román Di Cola, domiciliado Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, Néstor Osvaldo Peña, con domicilio en Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz y Carlos Alberto Rossi, con domicilio en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, promueven acción declarativa de inconstitucionalidad, en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la Provincia de Buenos Aires y a su Agencia de Recaudación (ARBA), a fin de obtener que se declare ilegítima e inconstitucional la pretensión fiscal de dicha provincia, sustentada en los arts. 251, 253 inc. b) , 257, 258 Y concordante s del código fiscal local (ley provincial 10.397, t.O. 2011)” de gravar con el impuesto de sellos diversos actos instrumentados por la actora en cumplimiento de su objeto postal, por contrariar diversas disposiciones tanto de la Constitución Nacional como del código fiscal local Señalan que dicha pretensión se puso de manifiesto a partir de la disposición delegada (SEFSC) 1.911/13, de la Jefa del Departamento de Relatoría Área Metropolitana 11, emitida en ejercicio de las facultades conferidas por el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, por medio de la cual, se determinó que la demandante era contribuyente del impuesto de sellos local por el periodo fiscal 2007, en virtud de la instrumentación de ciertos actos que allí se enumeran. Como consecuencia de lo anterior, también dispuso que el Correo Oficial de la República Argentina S.A. se encontraba obligado al pago del mencionado tributo por la suma de ciento veinticuatro mil novecientos cincuenta y seis con un centavo ($124.956,01), a valores históricos, más multas y accesorios.Asimismo, en el mismo acto, se declaró la responsabilidad ilimitada y solidaria de pago de tales conceptos por parte de los entonces presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo del directorio de la entidad.

Relatan que esa disposición fue parcialmente confirmada por el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires, en su sentencia del 14 de junio de 2013.

En tales circunstancias, solicitan que la declaración de inconstitucionalidad que aquí propicia se extienda no solo al acto administrativo y al respecto de toda norma fallo antes mencionados, sino también yo acto que pudiera dar sustento o ejecución a la pretensión tributaria provincial.

Consideran que, en virtud de las características del sujeto (sociedad anónima enteramente estatal), como así también, del servicio público que presta, el Correo Oficial de la República Argentina S.A. se encuentra sometido a la competencia federal exclusiva y, por lo tanto, no alcanzado por el poder tributario provincial. En este punto, aclaran que sus rentas constituyen rentas de la Nación que gozan de amparo constitucional (conf. arto 40 de la Constitución Nacional) .

En el marco de lo expuesto, entienden que la conducta provincial estaría avasallando potestades del gobierno nacional, en cuanto pretende una apropiación indebida de sus ingresos.

Sin perjuicio de lo anterior, agregan que, en el caso de que se considerase que el Correo Oficial de la República Argentina S .A. se encuentra obligado al pago de la gabela en cuestión, no correspondería atribuir responsabilidad objetiva y solidaria a los miembros de su directorio de conformidad con lo establecido en el decreto nacional 196/15.

En subsidio de lo precedentemente expuesto, plantean la prescripción de la acción para exigir el cobro del tributo.

Al respecto, repasan que los· instrumentos que se pretenden gravar mediante la disposición 1.911/13 datan del año 2007 y la determinación del tributo aquí cuestionado fue realizada en el año 2013.Con base lo anterior, advierten que han transcurrido cinco (5) años desde el momento en que fueron celebrados los contratos y el momento en que se exigió la gabela. En consecuencia, plantean la prescripción de la acción para exigir su cobro.

Por lo demás, invocan la ingravabilidad de varios contratos instrumentados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no están alcanzados por el tributo en dicha jurisdicción, ya que, de conformidad con lo previsto en el arto 253, inc. b) del código fiscal de la Provincia de Buenos Aires, al estar exentos en el lugar de celebración también lo estarán en el lugar de producción de sus efectos, demandada es decir, en la jurisdicción Finalmente, solicitan el dictado de una medida cautelar de no innovar que obligue a la demandada y sus agentes de recaudación a abstenerse de ordenar o realizar percepciones o retenciones por dicho tributo, iniciar apremios o dictar o entablar cualquier medida de ejecución respecto del impuesto de sellos, accesorios y multas aquí en debate, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en el presente asunto.

A fs. 267/268, se corre vista, por la competencia, a este Ministerio Público.

-II-

En primer lugar corresponde puntualizar que si bien la demanda se dirige contra la Provincia de Buenos Aires’ y su agencia de recaudación (ARBA) el objeto de la pretensión excede lo inherente a la función recaudadora asignada actualmente a la última por lo que se le debe reconocer el carácter de parte sustancial, más allá de (según ley local 13.766) la naturaleza de entidad autárquica que reviste ARBA (v. Fallos:332:1422 “Asociación de Bancos”, entre otros)

-III-

A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, este corresponde a la competencia originaria del Tribunal ratione personae.

En efecto, toda vez que es demandada la Provincia de Buenos Aires -a quien le concierne la competencia originaria de la Corte, de conformidad con el arto 117 de la Constitución Nacional- y una de las actoras es una entidad nacional (v. decreto 721/04, por el que se constituyó Correo Oficial de la República Argentina S.A., Y resolución 440/04 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, mediante la que se aprobó su acta constitutiva y los estatutos), que tiene derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el art. 116 de la Constitución Nacional-, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia (conf. Fallos: 319:2020 ; 324:740; 330:4673 y sentencias in re E.190. L.XXXVI, “ENCOTESA c/ Neuquén, Provincia del si ordinario”, del 9 de noviembre de 2000; C.976.XLIII “Correo Oficial de la República Argentina S.A. el Corrientes, Provincia de si acción declarativa de inconstitucionalidad” , del 5 de febrero de 2008; C.664, L.XLVII, Originario, “Correo Oficial de la República Argentina S.A. c/ Misiones, Provincia de si acción declarativa”, del 29 de noviembre de 2011 y más recientemente, C. 462, L. XLIX, “Correo Oficial de la República Argentina S.A. c/ Córdoba, Provincia de si acción declarativa de inconstitucionalidad” , sentencia del 10 de diciembre de 2013) .

-IV-

En tales condiciones, opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal.

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015.

ES COPIA

LAURA M. MONTI

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016

Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que a fs.202/266 el Correo Oficial de la República Argentina S.A., Y los señores Eduardo Román Di Cola, Néstor Osvaldo Peña y Carlos Alberto Rossi, promueven acción declarativa en los términos del arto 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la Provincia de Buenos Aires y su Agencia de Recaudación (ARBA), a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la pretensión fiscal de dicha provincia emergente de la disposición delegada SEFSC 1911/13, por medio de la cual se determinó que la demandante era contribuyente del impuesto de sellos local por el período fiscal 2007, en virtud de la instrumentación de ciertos contratos celebrados en cumplimiento de su objeto, haciendo extensiva la responsabilidad ilimitada y solidaria de pago de tales conceptos a los restantes demandantes, quienes integraban el directorio de la entidad.

Solicitan asimismo que la declaración de inconstitucionalidad se extienda a la sentencia del 14 de abril de 2015 del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires, que confirmó parcialmente el referido acto administrativo, y a toda norma que pudiera dar sustento a la pretensión tributaria impugnada, en particular a los arts. 251, 253, inc. b, 257, 258 Y concordantes del Código Fiscal local (ley provincial 10.397, t.O. 2011).

Sostienen que, al tratarse de una sociedad anónima enteramente estatal que presta un servicio público, se encuentra sometida a la competencia federal exclusiva y, por lo tanto, no está alcanzada por el poder tributario provincial. Aducen que sus rentas pertenecen a la Nación y que gozan del amparo del arto 4° de la Constitución Nacional.

Agregan que, aún en el caso de que el Correo Oficial de la República Argentina S.A. se encontrase obligado al pago del tributo, no correspondería atribuir responsabilidad objetiva y solidaria a los miembros de su directorio de conformidad con lo establecido en los arts.59 y 274 de la ley 19.550 Y en el decreto nacional 196/15.

Subsidiariamente plantean la prescripción de la acción para exigir el cobro del impuesto, y afirman que los contratos instrumentados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no estarían alcanzados por el tributo provincial, puesto que de conformidad con lo previsto en el arto 253, inc. b, del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Lo. 2011), al estar exentos en el lugar de su celebración, también lo estaban en donde producían sus efectos.

Peticionan el dictado de una medida cautelar de no innovar que obligue a la demandada y sus agentes de recaudación a abstenerse de ordenar o realizar percepciones o retenciones por dicho tributo, iniciar apremios o di ctar o entablar cualquier medida de ejecución respecto del impuesto de sellos, accesorios y multas aquí en debate, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en el presente asunto.

Destacan que la verosimilitud del derecho invocado queda acreditada con la sanción de la ley 14.653, impositiva para el año 2015, en cuyo art. 135 (modificado por el art. 87 de ley 14.808), se excluyó a la actividad realizada por el Correo Oficial de todo impuesto provincial, lo que importó -según esgrime- un reconocimiento por parte de la provincia de una exclusión constitucional preexistente, razón por la cual -alega- sus efectos son incluso anteriores al dictado de dicha ley.

2°) Que, tal como lo señala la señora Procuradora Fiscal en el apartado 11 de su dictamen de fs. 269/271, como el objeto de la pretensión se vincula con la potestad y la obligación tributaria, que son aspectos que exceden los inherentes a la función de recaudación asignada al órgano de la administración fiscal, cabe concluir que la provincia demandada tiene interés directo en el pleito, y que debe reconocérsele el carácter de parte sustancial, sin perjuicio de la autarquia que posee su agencia de recaudación (ARBA), en los términos de la ley local 13.766 (Fallos: 332:1422, entre otros) .

3°) Que, por lo demás, la cuestión planteada resulta sustancialmente análoga a la examinada y resuelta por este Tribunal en las causas CSJ 976/2007 (43-C) /CS1 “Correo Oficial de la República Argentina S.A. c/ Corrientes, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”; CSJ 974/2007 (43-C)/ CS1 “Correo Oficial de la República Argentina S.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”; CSJ 664/2011 (47-C) /CS1 “Correo Oficial de la República Argentina S.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa” y CSJ 462/2013 (49-C) /CS1 “Correo Oficial de la República Argentina S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencias del 5 febrero de 2008 las dos primeras, y del 29 de noviembre de 2011 y 10 de diciembre de 2013 las restantes, a cuyos argumentos corresponde remitir en razón de brevedad y con el fin de evitar repeticiones innecesarias.

Por ello, se resuelve:

1. Declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte. 11. Correr traslado de la demanda interpuesta contra la Provincia de Buenos Aires, que se sustanciará por la vía del proceso ordinario, por el plazo de sesenta días (art. 338 y concordantes, del Código Procesal civil y Comercial de la Nación). Para su comunicación a la señora Gobernadora y al señor Fiscal de Estado en los términos del art. 341 del código citado, líbrese oficio al señor juez federal en turno de la ciudad de La Plata. 111. Hacer lugar a la medida cautelar de no innovar pedida; en consecuencia, el Estado provincial deberá abstenerse de reclamar administrativa o judicialmente el impuesto de sellos determinado en la disposición delegada SEFSC 1911/2013, parcialmente confirmada mediante la sentencia del 14 de abril de 2015 de la Sala 1 del Tribunal Fiscal de Apelación en el expediente n° 2306-173957/09, como así también sus accesorios y multas, en relación a los siguientes instrumentos: órdenes de compra nros.CDS-1 774, CDS- 1834 y CDS-1850, celebradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los dias 2/3/2007, 7/5/2007 y 31/5/2007, entre el Banco de la Nación Argentina (comprador) y el Correo Oficial de la República Argentina S .A. (adjudicatario); órdenes de compra nros. WK/42000919 y WK/42001130, celebradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 12/3/2007 y 18/12/2007, entre Gas Natural Ban S.A. (comprador) y el Correo Oficial de la República Argentina S .A. (adjudicatario); órdenes de compra nros. 20, 1147, 1272 Y 1317, celebradas los días 2/1/2007, 9/11/2007, 7/12/2007 y 28/12/2007 en la ciudad de Mar del Plata, entre Obras Sanitarias de Mar del Plata S.E. (comprador) y el Correo Oficial de la República Argentina S .A. (adjudicatario), y contratos de locación de servicios nros. 4500010097 y 4500010153, celebrados los días 6/3/2007 y 16/3/2007 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre Camuzzi Gas Pampeana S .A. Y el Correo Oficial de la República Argentina S.A.; así como de trabar cualquier medida cautelar sobre el patrimonio de la sociedad, o de quienes eran sus directores al momento de celebrarse tales contratos, señores Eduardo Román Di Cola, Néstor Osvaldo Peña y Carlos Alberto Rossi. Ello hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estas actuaciones. Líbrese oficio a la señora Gobernadora a fin de poner en su conocimiento la presente decisión. Notifíquese y comuníquese a la Procuración General de la Nación.

ELENA I.HIGHTON de NOLASCO – RICARDO LUIS LORENZETTI – JUAN CARLOS MAQUEDA