Según lo pactado, una compañía de seguros debe cumplir con el pago de la renta vitalicia en dólares

dolares-3Partes: Pérez Rita Cristina y otro c/ Orígenes Seguros de Retiro s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 31-may-2016

Cita: MJ-JU-M-99796-AR | MJJ99796
Sumario:

1.-La prescripción es un medio de adquirir un derecho – prescripción adquisitiva- o liberarse de una obligación -prescripción liberatoria- por el transcurso del tiempo (CCiv: 3947 ). A más, constituye una excepción válida para repeler la acción, porque quien la invoca omitió intentarla tempestivamente o desistió de ejercer el derecho al cual ella refiere (CCiv: 3979 ). Y por el solo silencio o inacción del acreedor -por el tiempo indicado por la ley- queda el deudor libre de su obligación.

2.-Para que opere la prescripción liberatoria se requiere: a) la pasividad del acreedor, y b) el transcurso del tiempo establecido por la norma. No se precisa justo título ni buena fe (CCiv: 4017 ). Adicionalmente la prescripción liberatoria es un medio legal de extinción de derechos cuando estos no son ejercitados en tiempo propio.

3.-Va de suyo que la finalidad de la prescripción no consiste en permitir que el deudor incumpla su prestación. Lo que a la ley atañe es el cumplimiento de las obligaciones -base esencial del ordenamiento jurídico-económico-, procurando dar estabilidad a la situación jurídica de los patrimonios ante el transcurso de cierto periodo temporal, según la obligación que se trate. Su extensión es fijada por el legislador sobre la base de la conveniencia general y tiene en miras el interés de ambas partes.

4.-La prescripción de la obligación no extingue el derecho en que se funda sino solo la acción, por lo que el crédito subsiste como obligación natural (CCiv: 515 ). Su fundamento estriba en razones de orden público, esto es la seguridad y firmeza de la vida económica y la certeza de los derechos, imprescindibles para el orden y paz sociales.

5.-No resulta novedoso que la crisis económica desatada en nuestro país hacia fines del año 2001 procuró ser reordenada por medio de una compleja batería de leyes, decretos, resoluciones ministeriales y comunicaciones administrativas. Las consecuencias inevitables del alud de las normas que cambiaron el régimen monetario se proyectaron sobre las relaciones jurídicas provocando su desfasaje y violentando las condiciones preexistentes de las obligaciones en general. Así, los conflictos nacidos de la emergencia fueron y son resueltos en base a interpretaciones diferentes y alcances diversos por los distintos tribunales del país.

6.-Las llamadas normas de emergencia se emitieron en un contexto de incertidumbre generalizada, en el que las propias autoridades carecían de un proyecto definido y de una prospectiva clara en punto a las consecuencias de las medidas adoptadas, como lo ponen de relieve las contradicciones en las sucesivas alocuciones de quienes ejercían la altas Magistraturas del Estado, así como las consecuentes marchas y contramarchas en torno a la normativa en permanente cambio durante muchos meses. En aquél tiempo – recuérdese-, tanto los operadores del sistema financiero cuanto las compañías aseguradoras -sea por estar sumidos en la misma incertidumbre o por considerar comprometidos sus propios intereses- no proporcionaban una información y asesoramiento imparcial a todos sus clientes, lo que razonablemente puede decirse comprometía aún más la situación de éstos.

7.-Conforme reza el art. 176 de la Ley 24.241, se denomina seguro de retiro a toda cobertura sobre la vida que establezca, para el caso de supervivencia de las personas a partir de la fecha de retiro, el pago periódico de una renta vitalicia; y para el caso de muerte del asegurado anterior a dicha fecha, el pago total del fondo de las primas a los beneficiarios indicados en la póliza o a sus derechohabientes. La modalidad de renta vitalicia a que se refiere el art. 101 y el ap. 1 del art. 105 y denominada renta vitalicia provisional queda comprendida dentro de la cobertura prevista en el presente artículo.

8.-Es verdad que el tipo de seguros de retirosólo puede ser celebrado por entidades aseguradora, que bien pueden operar en otros seguros de personas pero sólo complementarios con coberturas de seguros de retiro y, siempre que estén autorizadas en forma expresa por la Superintendencia de Seguros de la Nación Ello, es lo que dispone en el Libro Cuarto la Ley 24.241, pero de lo anterior no puede seguirse -en atención a la especial naturaleza del seguro de que aquí se trata-, que resulte aplicable derechamente el plazo de prescripción anual contenido en el art. 58 de la Ley 17.418.

9.-Es que, el contrato que vinculó a las partes fue el denominado seguro de retiro , contrato regulado por la Ley 24.241: 176 y ss., que compone uno de los derivados del régimen de capitalización que integra, junto con el régimen público, el sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Tal condición de haber provisional, impone aplicar al caso presente las características de este sistema , que por disposición constitucional debe ser integral e irrenunciable (CN: 14-bis ).

10.-La Carta Magna ha otorgado protección a estos derechos de la seguridad social, que constituyen una manifestación de la justicia social calificada por la Corte Suprema como la justicia en su más amplia expresión y cuyo contenido consiste en ordenar la actividad intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los recursos con que estos cuentan con vistas a lograr que todos y cada uno de sus miembros participen de los bienes materiales y espirituales de la civilización .

11.-Ha sido regla reiterada del Alto Tribunal que la interpretación y aplicación de las leyes previsionales debe hacerse de tal modo que no conduzca a negar los fines superiores que persiguen, dado el carácter alimentario y protector de riesgos de subsistencia y ancianidad que poseen los beneficios, sólo procede desconocerlos con extrema cautela (Fallos: 329:5857 y sus citas).

12.-Que quien contrata un seguro de retiro (renta vitalicia previsional, en el caso) y confía en una entidad profesional especializada en esa actividad para resguardar su futuro, tiene por objeto constituir o conservar un capital para cuando arribe a una edad avanzada y le sea necesario, cubrir sus necesidades de subsistencia. Por ello, si una compañía de seguros aceptó emitir una póliza en moneda extranjera -conociendo o debiendo conocer las necesidades de su cliente-, no puede luego (como acontece en el caso), pretender evadir su obligación expresamente asumida y garantizada.

13.-no puede negarse la existencia del derecho al plan de vida elegido y seguido por el individuo, que ponderó el riesgo de su vida laboral, familiar, la necesidad de gastos especiales de su vejez, etc. y que lo ha pagado con sacrificios para asegurarse beneficios con base en reglas estrictas que deben cumplirse obligatoriamente y que no pueden ser suprimidas o desconocidas ni siquiera por el estado, toda vez que los seres humanos no están en condiciones de cambiar de un régimen de vida a otro en cuanta oportunidad se le antoje a terceros. La CN 14 bis establece el carácter móvil de salarios, remuneraciones, jubilaciones y pensiones en el ámbito de la seguridad social; ello se funda en la naturaleza previsional que caracteriza a esos beneficios o retribuciones y es útil para comprender la finalidad de un seguro como el de retiro, de carácter alimentario y de subsistencia.

14.-Si ambas partes estuvieron de acuerdo en mantener incólumes los principios de identidad e integridad del pago (CCiv.: 740 y ss.); la causa integra el álea y no puede ser desatendida so pretexto del hecho del príncipe. Es que, disponible la contratación en pesos, la póliza pactada en dólares solo puede tener por finalidad la protección de la base económica del vínculo contra toda variación monetaria que debió ser prevista por quien contaba con un importante profesionalismo negocial. No es razonable ni justo que esta protección -acordada por ambas partes libremente- sea abandonada cuando es -precisamente- más necesaria frente a la devaluación del peso. Y como mediante el seguro de retiro lo que se procura es seguridad económica en un futuro no inmediato, es lógico que el asegurado elija una póliza usualmente más cara y pactada en moneda estable. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 31 días del mes de mayo de dos mil dieciseis, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “PEREZ RITA CRISTINA Y OTRO C/ORIGENES SEGUROS DE RETIRO SA S/ORDINARIO”, Expediente N° COM 19593/2011, en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Barreiro, Ojea Quintana y Tevez.

La doctora Alejandra N. Tevez no interviene en la presente decisión por encontrarse compensado la feria judicial en la que estuvo en funciones (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 576/585? El Sr. Juez de Cámara Dr. Rafael F. Barreiro dice:

Los hechos:

RITA CRISTINA PEREZ y GASTÓN NAHUEL BRAVO -beneficiarios del contrato de renta vitalicia por el fallecimiento del Sr. Julio Nelson Bravo- promovieron demanda contra ORIGENES SEGUROS DE RETIRO SA por cobro de U$S 30.397,10 o su equivalente en moneda nacional a la fecha de efectivo pago, con más los importes que se acumulen por el devengamiento mensual de los pagos periódicos del contrato, sus intereses punitorios, compensatorios y el daño moral producido.

Solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 25.561, de los Decretos 1570/01 y 214/02, de la Resolución n° 28.592 de la SSN y concordantes por resultar violatorias de los arts. 14, 14 bis y 17 de la CN y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 CN).

Contaron que el día 15/07/1994 falleció el Sr. Bravo quien trabajaba para una empresa transportadora de origen brasileño, Primorosa SA.

Dijeron que atento la vigencia de la ley 24.241, la Sra.Pérez por sí y en ejercicio de la patria potestad sobre su hijo, suscribió un contrato de Renta Vitalicia a percibir en Dólares Estadounidenses a través de la empresa Internacional Retiro – que luego pasó a ser Previnter, Compañía de seguros de retiro, ambas adquiridas por Orígenes Seguro de Retiro SA-.

Refirieron al art. 105 y 108 de la Ley de AFJP.

Declararon que los pagos fueron realizados en tiempo y forma hasta la crisis del 2001 donde empezaron a efectuarse pagos parciales, fundándose para ello en normas inconstitucionales.

Adujeron que el pago en pesos de la prestación pactada implicó un desfasaje en los haberes de pensión y de su poder adquisitivo en virtud del proceso inflacionario iniciado en el año 2002.

Insistieron en la inconstitucionalidad de las normas de pesificación. Refirieron al fallo de la CSJN en el caso Benedetti -del 16/09/2008-.

Indicaron que no resultaba aplicable a una aseguradora la teoría de la imprevisión y de la excesiva onerosidad sobreviniente en tanto era parte del riesgo o alea asumido.

Remarcaron el alto contenido previsional del beneficio en cuestión. Practicaron liquidación diferenciando los montos reclamados por cada uno.

Solicitaron una indemnización en concepto de daño moral por $ 35.000 por la angustia sufrida por el incumplimiento del contrato.

Exigieron la aplicación de la tasa activa en dólares estadounidenses y la imposición de los intereses punitorios por incumplimiento previstos en el contrato.

Ofrecieron prueba.

A fs. 438/452 Orígenes Seguros de Retiro SA se presentó y contestó demanda solicitando su íntegro rechazo con costas.

En cumplimiento del imperativo procesal negó genérica y particularmente los hechos relatados en la demanda.

Reconoció la celebración del contrato, explicó que el mismo prevería el pago de una renta por una suma bruta de U$S 362,49 para la Sra. Perez y U$S 144,99 para su hijo -hasta alcanzar este los 18 años de edad el 07/01/2010-.

Contó que de acuerdo con lo previsto por el art.105 de la ley 24.241 la accionante constituyó, con el saldo de la cuenta de capitalización del Sr. Julio Nelson Bravo, una Renta Vitalicia Previsional como modalidad para hacer efectiva su pensión, para lo cual se emitió la póliza n° 11-96-00046/4 con vigencia a partir del 01/03/1996.

Destacó que la RVP -de carácter irrevocable- duraba desde la suscripción del contrato y hasta el fallecimiento del beneficiario o la cesación del derecho a pensión en el caso de los hijos.

Aclaró que los aportes previsionales realizados por el causante a su cuenta de capitalización habían sido en pesos, y que se mantuvieron en dicha moneda al ser transferidos por la AFJP a la aseguradora.

Alegó que no se habían aportado dólares y que la suscripción del contrato en dicha moneda lo fue como una cláusula de ajuste, es decir, tenía por fin proteger el valor adquisitivo de la prestación a que era beneficiaria y darle mayor estabilidad.

Planteó que ante la crisis de los años 2001/2002 el Gobierno Nacional dictó diversas normas de emergencia tendientes a convertir a pesos las obligaciones de pagar sumas de dinero expresadas en moneda extranjera.

Particularmente, para el caso de la RVP, resultaban aplicables la Ley 25.561, el Decreto 214/02, las Resoluciones de la SSN 28.592 y 28.924.

Negó que tales normas fueran inconstitucionales. Opuso excepción de prescripción.

En primer término adujo que resultaba aplicable al contrato de renta vitalicia el plazo de un año de la LS. Indicó que la demanda se promovió más de 9 años después de la ocurrencia de los hechos por lo que se encontraba prescripta. Subsidiariamente solicitó la aplicación del término bienal del art.82 de la Ley 18.037.

Planteó, para el caso del rechazo de la excepción y para el supuesto que se interprete que la pretensión de la actora resultaba ser la condena al pago de las diferencias retroactivas correspondientes al monto pagado y la suma adeudada en dólares, que también por remisión del art. 14 inciso (e) de la Ley 24.241 al texto del art. 82 antes referido la acción se encontraría prescripta.

A continuación, contestó demanda.

Alegó la constitucionalidad de la normativa de emergencia, citó ciertos precedentes de la Corte que consideró aplicables, y descartó la aplicación del fallo “Benedetti” en virtud de la “ajustadísima mayoría” con que habría sido dictado.

Insistió en la procedencia del pago en pesos por no haber aportado la accionante dólares sino pesos y citó el fallo Bustos.

Concluyó que la admisión de la demanda implicaría un enriquecimiento sin causa de los actores.

Explicó que la Renta Vitalicia Previsional es una modalidad de cobro de haberes jubilatorios o de pensión instrumentada mediante un seguro de retiro -el cual definió mediante la transcripción del art. 176 de la Ley 24.241-.

Adujo que el alea cubierta en este tipo de contratos es la duración de la vida del beneficiario y no la moneda de pago de la renta.

Expresó su disconformidad con la decisión de la CSJN en “Benedetti” en cuanto postuló que los cambios económicos eran parte del riesgo propio de la actividad que debía ser asumido por la aseguradora en función de su profesionalidad.Sostuvo que tal traslación de riesgo implicaba la inclusión dentro del seguro de retiro de un seguro de cambio de moneda no asumido e ilegítimo.

Relató los perjuicios sufridos por la propia aseguradora y exigió un trato equitativo.

Dijo que de acuerdo a las previsiones de la Ley de Seguros y de la SSN las aseguradoras se encuentran limitadas en sus facultades de inversión de reservas en bienes del exterior.

Afirmó que respecto de las obligaciones asumidas en Dolares, sólo se podía invertir en activos locales en dicha divisa, a saber; títulos de deuda y depósitos bancarios, los cuales por aplicación de la misma normativa de emergencia fueron pesificados.

Planteó que, en estas condiciones, exigirle el cumplimiento en la moneda de origen implicaba una flagrante violación al principio de igualdad de trato, no siendo suficiente para convalidarla su carácter de entidad profesional.

Aludió nuevamente al fallo “Massa”.

Dijo que la accionante percibió su RVP pesificada por casi 9 años sin formular cuestionamiento alguno por lo que resultaba aplicable la doctrina de los actos propios.

Solicitó la aplicación subsidiaria del principio del esfuerzo compartido y la distribución entre ambas partes de las consecuencias negativas derivadas de la crisis económica.

Reiteró la inaplicabilidad de la doctrina sentada en el caso “Benedetti”.

Impugnó la liquidación practicada por la actora y solicitó el rechazo de la indemnización solicitada por daño moral.

Finalmente, indicó que los intereses moratorios eran improcedentes por haberse percibido las sumas correspondientes al capital sin realizar reserva alguna, y que los intereses punitorios no habían sido pactados.

Para el caso en que la demanda sea admitida requirió la imposición de costas por su orden.

La sentencia de primera instancia

A fs.576/585 el magistrado de grado resolvió hacer lugar a la demanda promovida condenando a Orígenes a “dar cumplimiento con el seguro de renta vitalicia en la moneda originalmente pactada (dólares estadounidenses), debiendo además integrar (…) la diferencia que media entre lo efectivamente abonado y la suma que debió entregarse conforme las pautas originales del contrato”. Esta última parte de la condena devengaría intereses desde el pago originario a una tasa pura del 16 % anual. Las costas fueron impuestas en el orden causado.

Para así resolver el a quo evaluó en primer término la defensa de prescripción opuesta por el accionante, la cual rechazó por inexistencia de una condición concreta a partir de la cual pudiera computarse el plazo.

En punto a los pagos realizados estimó que los mismos fueron contrarios a las previsiones contractuales. Juzgó que la demandada debió cumplir con el pago en dólares estadounidenses dado que su carácter de profesional le imponía prever la posibilidad de una devaluación de la moneda nacional.

Asimismo, estimó que el mantenimiento y protección de la base económica contra las variaciones monetarias fue el fin de la actora en la contr atación.

A continuación entendió que no resultaba justo que si los activos de la aseguradora fueron pesificados esta pretenda trasladar su riesgo empresario a la parte más débil.

Finalmente, consideró que no obstaba a la solución propuesta la falta de reserva de los actores, toda vez que la prescripción legal solo refiere a los intereses, y tal omisión no habilita a presumir ni la renuncia ni el consentimiento tácito -en las que prima la interpretación restrictiva-.

A fs.606 el a quo aclaró que para efectuar el cálculo de la diferencia entre las sumas entregadas y las que debió abonar debía estarse al tipo de cambio vendedor vigente a la fecha de cada uno de los períodos liquidados.

En dicha oportunidad se rechazó el daño moral solicitado por no implicar un malestar extraño al mero incumplimiento contractual.

Las quejas

El recurso de apelación interpuesto por Orígenes Seguros de Retiro SA a fs. 600/601 fue concedido libremente a fs. 602. Su memorial obra a fs. 617/633y su contestación a fs. 641/651.

Sus quejas pueden sintetizarse en las siguientes:

a) el rechazo de la defensa de prescripción anual y la omisión de tratamiento de la prescripción bienal, así como también el rechazo de la excepción de prescripción bienal para los pagos retroactivos; b) la declaración de inaplicabilidad de la normativa de emergencia; c) la condena al pago de la RVP en dólares -por supuesta violación al principio de congruencia y fallo ultra petita- y de las diferencias retroactivas entre lo pagado y lo pagadero en función de las condiciones originarias del contrato; y d) la aplicación de intereses sobre la condena.

Los accionantes recurrieron la sentencia de grado a fs. 605 y expresaron agravios a fs. 635/638.

Sus críticas a la sentencia de grado consistieron en: la imposición de costas en el orden causado y el rechazo de la indemnización requerida por daño moral.

La solución

El orden lógico de prelación impone atender con carácter prioritario los agravios introducidos por la compañía de seguros. Es que, de la suerte que lleve ese recurso -especialmente en cuanto concierne a la pretendida admisión de la defensa de prescripción-, dependerá el planteo introducido por los actores.

Es preciso señalar que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el Tribunal.Esta crítica debe ser concreta y razonada. Crítica concreta se refiere a la precisión de la impugnación, señalándose el agravio; mientras que razonada alude a los fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso, ya que debe tratarse de un razonamiento coherente a la sentencia que se impugna (Fenocchietto- Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Concordado”, T. I, pág. 834/39, Astrea, Bs. As. 1985).

En efecto, el contenido u objeto de la impugnación lo constituye la crítica precisa de cuáles son los errores que contiene la resolución; sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho. Crítica concreta y razonada, que no se sustituye con una mera discrepancia, sino que implique el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas (Fenocchietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Concordado”, T. I, pág. 836/37, Astrea, Bs. As. 1985).

En el sub lite considero que el recurso articulado por la demandada, exhibe ausencia total de la estructura exigida por el Cpr. 265. Es que el escrito presentado por el recurrente a fs.129/143 no cumple con los recaudos mínimos que la técnica recursiva exige para ser apreciado como una verdadera expresión de agravios, toda vez que no critica adecuadamente los fundamentos centrales de la sentencia.

A poco que se examina el memorial de la apelante puede advertirse en él que su contenido se ha conformado con retazos textuales -no minúsculos, sino sustanciales- de los argumentos exhibidos por la propia demandada al contestar el libelo de inicio.

Nótese que en el texto del memorial de agravios se observa que los párrafos (a.1), (a.2), (a.3) y (b) segundo y tercer párrafo del primer agravio; los últimos dos párrafos del segundo agravio; la totalidad del texto del cuarto agravio -con excepción de los primeros dos párrafos-; y el párrafo introductorio y los puntos (a), (b) y (d) del sexto agravio resultan ser una copia literal con leves alteraciones insustanciales de los argumentos vertidos en el escrito de contestación de demanda.

Sin perjuicio de ello y a fin de evitar una rigidez hermenéutica que pueda comprometer en algún punto el derecho de defensa en juicio, de raíz constitucional (CN: 18), procederé a tratarlos (CNCom, Sala B, “Charles Mario, c/ Albergoli, Myltoni V, s/ ordinario”, del 06.07.89 esta Sala, 24.06.2010, “Cots Roberto Jorge c/ La Caja de Seguros SA, s/ ordinario” ).

•La prescripción

En primer término el demandado se quejó del rechazo de la defensa de prescripción opuesta -tanto para la acción promovida como para pretensión de cobro de diferencias retroactivas-, y la omisión de ciertas consideraciones.

Recuérdese que la prescripción es un medio de adquirir un derecho – prescripción adquisitiva- o liberarse de una obligación -prescripción liberatoria- por el transcurso del tiempo (cciv: 3947). A más, constituye una excepción válida para repeler la acción, porque quien la invoca omitió intentarla tempestivamente o desistió de ejercer el derecho al cual ella refiere (cciv:3979). Y por el solo silencio o inacción del acreedor -por el tiempo indicado por la ley- queda el deudor libre de su obligación. Ergo, para que opere la prescripción liberatoria se requiere: a) la pasividad del acreedor, y b) el transcurso del tiempo establecido por la norma. No se precisa justo título ni buena fe (cciv: 4017). Adicionalmente la prescripción liberatoria es un medio legal de extinción de derechos cuando estos no son ejercitados en tiempo propio (Mayo – Bueres, Aspectos generales de la prescripción liberatoria, RDPC 22, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2000, pág. 335), Y va de suyo que su finalidad no consiste en permitir que el deudor incumpla su prestación. Lo que a la ley atañe es el cumplimiento de las obligaciones -base esencial del ordenamiento jurídico-económico-, procurando dar estabilidad a la situación jurídica de los patrimonios ante el transcurso de cierto periodo temporal, según la obligación que se trate. Su extensión es fijada por el legislador sobre la base de la conveniencia general y tiene en miras el interés de ambas partes (cfr. Fernández Raymundo L., Código de Comercio, T. III, Bs. As., 1945). Finalmente la prescripción de la obligación no extingue el derecho en que se funda sino solo la acción, por lo que el crédito subsiste como obligación natural (cciv: 515). Su fundamento estriba en razones de orden público, esto es la seguridad y firmeza de la vida económica y la certeza de los derechos, imprescindibles para el orden y paz sociales (entre otros CNCom, Sala B, “Adrogar SA c/ Sevel Argentina SA y Círculo de Inversores SA”,17.10.2003).

La requerida en sustento de su posición invocó el art. 58 de la ley 17.418. Sostuvo que debe atenderse para dirimir el conflicto al plazo anual previsto por la mentada norma y, en caso de considerárselo inaplicable, el bienal previsto por el art.82 de la ley 18.037.

En rigor y tal como expresé en el apartado anterior, Orígenes no criticó con la firmeza que impone el cpr: 265 el argumento central utilizado por el sentenciante para juzgar como lo hizo; esto es, que las normas de emergencia no concretaron una clara situación jurídica en virtud de la cual el asegurado estuviera en condiciones de demandar para hacer cesar el perjuicio.

Empero, no obstante la omisión apuntada, examinaré la queja.

Considero útil transcribir en este punto lo dicho por esta Sala en autos “Cerredo Mónica Beatriz c/Orígenes Seguro de Retiro SA s/ordinario” del 08/07/2010:

“Adelanto que la tesis sostenida por la defensa no será acogida. No ignoro que la cuestión ha suscitado tanto en doctrina cuanto en jurisprudencia opiniones diversas pero, varias son las razones que me llevan a concluir en el sentido apuntado.

Me explico:

Ciertamente, no resulta novedoso que la crisis económica desatada en nuestro país hacia fines del año 2001 procuró ser reordenada por medio de una compleja batería de leyes, decretos, resoluciones ministeriales y comunicaciones administrativas.

Las consecuencias inevitables del alud de las normas que cambiaron el régimen monetario se proyectaron sobre las relaciones jurídicas provocando su desfasaje y violentando las condiciones preexistentes de las obligaciones en general. Así, los conflictos nacidos de la “emergencia” fueron y son resueltos en base a interpretaciones diferentes y alcances diversos por los distintos tribunales del país.

Las llamadas normas de emergencia se emitieron en un contexto de incertidumbre generalizada, en el que las propias autoridades carecían de un proyecto definido y de una prospectiva clara en punto a las consecuencias de las medidas adoptadas, como lo ponen de relieve las contradicciones en las sucesivas alocuciones de quienes ejercían la altas Magistraturas del Estado, así como las consecuentes marchas y contramarchas en torno a la normativa en permanente cambio durante muchos meses.En aquél tiempo – recuérdese-, tanto los operadores del sistema financiero cuanto las compañías aseguradoras -sea por estar sumidos en la misma incertidumbre o por considerar comprometidos sus propios intereses- no proporcionaban una información y asesoramiento imparcial a todos sus clientes, lo que razonablemente puede decirse comprometía aún más la situación de éstos.

En la situación antes descripta, no cabe sino concluir que resultó acertado el argumento expuesto por el sentenciante para decidir como lo hizo.

(37) De otro lado véase que con forme reza el art. 176 de la ley 24.241, se denomina seguro de retiro a toda cobertura sobre la vida que establezca, para el caso de supervivencia de las personas a partir de la fecha de retiro, el pago periódico de una renta vitalicia; y para el caso de muerte del asegurado

anterior a dicha fecha, el pago total del fondo de las primas a los beneficiarios indicados en la póliza o a sus derechohabientes. La modalidad de renta vitalicia a que se refiere el artículo 101 y el apartado 1 del artículo 105 y denominada renta vitalicia provisional queda comprendida dentro de la cobertura prevista en el presente artículo.

Es verdad que el tipo de seguros de que aquí se trata “sólo puede ser celebrado por entidades aseguradoras…, que bien pueden operar en otros seguros de personas pero sólo complementarios con coberturas de seguros de retiro y, siempre que estén autorizadas en forma expresa por la SSN…”. Ello, es lo que dispone en el Libro Cuarto la Ley 24.241. Empero, de lo anterior no puede seguirse -en atención a la especial naturaleza del seguro de que aquí se trata-, que resulte aplicable derechamente el plazo de prescripción anual contenido en el art. 58 de la ley 17.418.

Es que, el contrato que vinculó a las partes fue el denominado “seguro de retiro”, contrato regulado por la ley 24.241:176 y ss., que compone uno de los derivados del régimen de capitalización que integra, junto con el régimen público, el sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Tal condición de haber provisional, impone aplicar al caso presente las características de este “sistema”, que por disposición constitucional debe ser integral e irrenunciable (CN: 14-bis).

La Carta Magna ha otorgado protección a estos derechos de la seguridad social, que constituyen una manifestación de la justicia social calificada por la Corte Suprema como “la justicia en su más amplia expresión” y cuyo contenido “consiste en ordenar la actividad intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los recursos con que estos cuentan con vistas a lograr que todos y cada uno de sus miembros participen de los bienes materiales y espirituales de la civilización” (cfr. CSJN, “Bercaitz, Miguel Angel c/ Jubilación”, fallos 280:430; citado por Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada, págs. 126-27).

Por tanto, como señalara el doctor Juan Carlos Maqueda al emitir su voto el 17.5.05 en la causa “Sánchez María del Carmen c/ANSES s/reajustes varios” , tiene categoría constitucional el siguiente principio de hermenéutica jurídica: in dubio pro justitia socialis. Las leyes, pues, deben ser interpretadas a favor de quienes al serles aplicadas con este sentido consiguen o tienden a alcanzar el bienestar, esto es, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme a su excelsa dignidad (Fallos: 328:1602, 289:430).

También ha sido regla reiterada del Alto Tribunal que “la interpretación y aplicación de las leyes previsionales debe hacerse de tal modo que no conduzca a negar los fines superiores que persiguen, dado el carácter alimentario y protector de riesgos de subsistencia y ancianidad que poseen los beneficios, sólo procede desconocerlos con extrema cautela” (Fallos:329:5857 y sus citas).

El carácter previsional del seguro de que aquí se trata, ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar el 3.3.2009 en la causa “Álvarez Raquel c/Siembra Seguros de Retiro SA s/ordinario”, que remite a la solución provista en el caso “Benedetti”. Y, en el considerando 7, segundo párrafo de este último, se precisó que “la renta referida resulta alcanzada por los caracteres que el legislador le ha asignado a las prestaciones que se acuerden en cumplimiento de la ley 24.241, en cuanto son personalísimas, no pueden ser enajenadas y son inembargables e imprescriptibles. Para reforzar esa finalidad tuitiva, fue previsto que todo acto jurídico que la contraríe será nulo y sin ningún valor”.

Se reiteró, entonces, vieja doctrina de ese tribunal en materia previsional, según la cual “la circunstancia de que la actora no hiciera valer el derecho que le acordó la ley….no puede volverse en su contra, ya que los beneficios provisionales no se dañan por el transcurso del tiempo ni se extinguen por prescripción” (Fallos: 269: 174; 282:425).

(41) Finalmente, es visible que de acogerse la solución propiciada por la aseguradora se estaría convalidando un obrar abusivo pues: (i) se privaría a la Sra. Cerredo del dinero que por derecho le corresponde y que ha sido fruto del ahorro de largos años con la única finalidad de cubrir las necesidades que pudieran generarse durante su vejez y, (ii) se enriquecería indebidamente la aseguradora quien ha sido, desde el inicio de la relación, la parte más fuerte del contrato”.

En virtud de las razones vertidas, que resultan aplicables analógicamente al caso bajo estudio, el agravio en examen será desestimado.

• La condena del pago en dólares estadounidenses:la declaración de inaplicabilidad de la normativa de emergencia

• Las críticas formuladas por la aseguradora, enderezadas a modificar el decisorio en cuanto concierne a la cuestión de fondo, esto es, la moneda con que habrá de desinteresar a la actora serán analizadas en forma conjunta con aquellas relativas a la inaplicabilidad de la normativa de emergencia, dada la estrecha vinculación que exhiben.

No hallo óbice para así proceder porque, como ha sido reiteradamente juzgado los magistrados no están obligados a seguir a las partes en cada una de las argumentaciones, ni a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones (CSJN, fallos 272:225; 274:113; 276:132; 200:320).

Es preciso señalar que en casos que guardan similitud con el presente he declarado la inaplicabilidad de las normas aquí atacadas con base en argumentos que sintéticamente creo útil reproducir aquí, aún cuando con posterioridad hube modificado esa solución -como se verá de seguido- en atención a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Benedetti, Estela Sara” , el 16.12.08, reiterada en la causa “Álvarez Raquel c/Siembra Seguros de Retiro SA s/ordinario” del 3.3.09.

Dije que es sabido que quien contrata un seguro de retiro (renta vitalicia previsional, en el caso) y confía en una entidad profesional especializada en esa actividad para resguardar su futuro, tiene por objeto constituir o conservar un capital para cuando arribe a una edad avanzada y le sea necesario, cubrir sus necesidades de subsistencia.

Por ello, si una compañía de seguros aceptó emitir una póliza en moneda extranjera -conociendo o debiendo conocer las necesidades de su cliente-, no puede luego (como acontece en el caso), pretender evadir su obligación expresamente asumida y garantizada.Cabe precisar que no puede negarse la existencia del derecho al plan de vida elegido y seguido por el individuo, que ponderó el riesgo de su vida laboral, familiar, la necesidad de gastos especiales de su vejez, etc. y que lo ha pagado con sacrificios para asegurarse beneficios con base en reglas estrictas que deben cumplirse obligatoriamente y que no pueden ser suprimidas o desconocidas ni siquiera por el estado, toda vez que los seres humanos no están en condiciones de cambiar de un régimen de vida a otro en cuanta oportunidad se le antoje a terceros. La CN 14 bis establece el carácter móvil de salarios, remuneraciones, jubilaciones y pensiones en el ámbito de la seguridad social; ello se funda en la naturaleza previsional que caracteriza a esos beneficios o retribuciones y es útil para comprender la finalidad de un seguro como el de retiro, de carácter alimentario y de subsistencia. Ergo, si ambas partes estuvieron de acuerdo en mantener incólumes los principios de identidad e integridad del pago (CCIV: 740 y ss.); la causa integra el álea y no puede ser desatendida so pretexto del hecho del príncipe. Es que, disponible la contratación en pesos, la póliza pactada en dólares solo puede tener por finalidad la protección de la base económica del vínculo contra toda variación monetaria que debió ser prevista por quien contaba con un importante profesionalismo negocial. No es razonable ni justo que esta protección -acordada por ambas partes libremente- sea abandonada cuando es -precisamente- más necesaria frente a la devaluación del peso (cfr. CNCom, Sala D, in re: “Grunblatt Carlos Reynaldo c/ Siembra Seguros de Vida SA s/ ord.”, del 22.12.04). El seguro cubre el interés sobre la cosa, no la cosa misma (CNCom, Sala B, in re: “Suárez de Fernández, M c/ La Austral Cía.De seguros”, del 28.2.1986, LL 1986-B-573). Y como mediante el seguro de retiro lo que se procura es seguridad económica en un futuro no inmediato, es lógico que el asegurado elija una póliza usualmente más cara y pactada en moneda estable.

Aclaré que, como el riesgo de la devaluación fue asumido por la defendida, ella resultaría evidentemente beneficiada sin causa y en detrimento del asegurado si se acogiera su pretensión. Y, como la función económica del contrato reposa en reglas éticas de los negocios y en la confianza recíproca de las partes (CCIV: 1198), la predisponente no puede incumplir lo pactado, pues el riesgo de devaluación puede no ser propio del contrato de seguro, pero si lo es del contrato celebrado en moneda extranjera. En tales seguros, la moneda convenida constituye uno de los riesgos incluidos en la cobertura (CNCom, Sala B, 15.8.03, “Gutnisky, Abraham c/ Siembra Cía. de Seg. de Retiro SA s/ord” ; Publicado en diario ED del 17.11.03; ídem, in re “Castro, Juan Alberto c/ P.E.N. s/amparo”, del 29-8.- 03, publicado en JA el 17.12.03, 2003-iv; íd. Sala B, “Fernández Celia c/ Siembra Seguros de Retiro SA s ordinario”, 9.5.05, JA 10.8.05; ED 22.11.05, F.53708).

Además, indiqué que la contratación en dólares estadounidenses por parte de una empresa como la accionada -que debe actuar regida por el standard ético del buen profesional en razón de su alto grado de especialización, por lo que el interés general le exige que actúe con responsabilidad- le impuso prever la posibilidad de una devaluación de la moneda nacional -o de una revalorización- y consecuentemente importó asumir el riesgo de esa devaluación -o revaluación según sea la moneda considerada-.

Señalé que es de toda obviedad que de haberse contratado en pesos, tal riesgo no habría sido asumido por la aseguradora, pero en tanto fue contratado en la moneda extranjera no cabe sino concluir que ese riesgo sí fue asumido por ella, pues lo contrario significaría igualar la contratación en pesos y la contratación en dólares e ignorar sus diferencias, y todo ello resulta simplemente absurdo.

No ignoré que la devaluación de la moneda ocasiona mayor onerosidad a la prestación de la aseguradora, cuantificada dicha prestación en moneda argentina -de la cual será necesaria mayor cantidad para atender la originaria cantidad de dólares adeudada-; más aún cuando se reconoce tal onerosidad, no existe el otro elemento exigible para la regla del CCIV 1198: la imprevisión del hecho de que se trate. De modo, que no hay razón suficiente que justifique ajustar o reajustar los términos del contrato, el que debe ser cumplido en las condiciones pactadas (cfr. CNCom, Sala C, 30.3.04, “Leva de Cavallera, Nélida c/ Bs. As. New York Life Seguros de Vida SA s/ ord”; íd.Sala B, “Christen, Carlos c/ Siembra Seguros de Retiro SA s/amparo”, 27/04/2005). Juzgué que la accionada debía reintegrar la suma asegurada en dólares estadounidenses, pudiendo cancelar su obligación en pesos a la paridad vigente en el momento del efectivo pago, en una cantidad suficiente para

adquirirlos en el mercado libre de cambios.

Lo anterior, en virtud de lo expresamente convenido, inicialmente al solicitarse la cobertura y luego contemplado en las Condiciones Particulares de la Póliza, que no deja dudas cual ha sido la explícita e inequívoca voluntad de las partes, ya que en ella previeron todas las hipótesis posibles y mantuvieron a todo trance el pago del seguro en la cantidad de moneda extranjera establecida en la póliza, por lo que esta cláusula tiene el alcance de una cláusula de garantía, que habría de prevalecer por encima de cualquier cambio que pudiera alterar la paridad cambiaria vigente al tiempo de la póliza (cfr. Alterini, Atilio A., Derecho de obligaciones, nro. 847, P. 362, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1995). Y frente a esta cláusula no cabe sino mantener lo pactado expresamente por las partes (CCIV: 513-2º parte y 1197); a lo que debe sumarse lo dispuesto por la ley 20091: 33-2º párr., respecto de la obligación de la aseguradora de efectuar y mantener las reservas técnicas en la moneda de póliza, a más el genérico deber de previsión que es dable exigir a la aseguradora (CCIV:902); y la legislación de emergencia, en la que es posible detectar ciertas directivas orientadas a sustraer el régimen de los seguros de vida de la conversión impuesta por el decreto 214/02, como el decreto 905/02, que facultó a las compañías de seguro a efectivizar el pago de las indemnizaciones previstas en seguros de vida y de retiro mediante la dación en pago de bonos creados por esa misma normativa bajo ciertas condiciones, fundado, sin dudas, en las particulares connotaciones que tiene el contrato de seguro en general y el seguro de retiro en especial.

Sostuve que, el art. 8 del Decreto 214/02 es inaplicable ya que no concurre en el caso el supuesto de hecho previsto por tal disposición. Vale decir que la entidad aseguradora, parte fundamental del contrato de seguro suscripto, no es una entidad financiera, ni el contrato se halla sometido a ninguna disposición que regule el funcionamiento de tales entidades sino que, por el contrario, el mismo se rige por lo dispuesto en la ley 17.418 y ley 24.241.

Asimismo consideré que resulta inaplicable lo dispuesto por la ley 25.561. Ello así por cuanto de las condiciones particulares de contratación, permiten inferir que la estipulación de la moneda de pago en dólares constituía un factor de previsión al que el acreedor se sujetaba para el caso de fluctuación del peso en el mercado. La producción de la fluctuación, entonces, ya sea dispuesta por el Gobierno u ocurrida espontáneamente por las variaciones de la plaza, no constituyen -como anticipé- un elemento suficiente para considerarlo como un hecho imprevisible. Con lo cual, al no tener un sustrato fáctico, la aplicación de la teoría de la imprevisión es improcedente.

Y finalmente, declaré que resulta inaplicable lo dispuesto por el art. 8 del Decreto 214/02, como así también lo establecido por la ley 25.561, arts.6 y 11 y los actos consecuentes (Decretos del PEN, Resoluciones del Ministerio de Economía y Superintendencia del Seguros de la Nación); y por ende inoficioso el tratamiento de la inconstitucionalidad planteada a su respecto.

Ahora bien, al fallar en la causa “Benedetti” el 16.9.08, la CSJN juzgó que “todo lo atinente a la materia previsional debe apreciarse conforme la finalidad que se persigue, ámbito en el cual el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de que no se desnaturalicen los fines que los inspiran, que no son otros que la cobertura de riesgos de subsistencia y la protección integral de la familia, ya que el carácter alimentario de los derechos en juego impone a los jueces el deber de actuar con extrema cautela cuando se trata de juzgar peticiones de esta índole. También es oportuno señalar que el carácter alimentario de todo beneficio previsional, que tiende a cubrir las necesidades primarias de los beneficiarios y su reconocida naturaleza de subsistencia, obliga a sostener el ‘principio de favorabilidad’ y a rechazar toda fundamentación restrictiva”.

“No es admisible soslayar la indudable naturaleza previsional de la materia en debate y, por otra parte, el carácter aleatorio del contrato en examen, con la consiguiente responsabilidad asumida por la entidad aseguradora, por lo que resulta razonable que esta última deba soportar las consecuencias del contrato en su condición original”.

“Al no resultar posible efectuar una interpretación que haga compatibles las normas de emergencia involucradas con los derechos de raigambre constitucional en juego, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art.8 del decreto 214/02, las resoluciones 28.592 y 28.924 de la SSN y normas concordantes en lo que a la modalidad de renta vitalicia previsional concierne”.

Finalmente “reconoce el derecho de la actora a percibir las sumas en concepto de renta vitalicia previsional en la moneda y demás condiciones pactadas”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, reiteró esa doctrina poco tiempo después al fallar la CSJN en la causa “Álvarez” donde -tal como acontece aquí-, la actora pretendía hacer efectivo su seguro de retiro en la moneda originariamente pactada; es decir, en dólares estadounidenses.

No ignoro que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son obligatorias, en razón de norma positiva alguna, para los tribunales inferiores. Empero, en consideración al valor intrínseco de esas sentencias -y en atención, también, a un criterio pragmático, que hace tanto a la seguridad jurídica como a la economía procesal-, es sabido que no cabe apartarse de la doctrina de los precedentes emanados de ese alto tribunal, en tanto el apartamiento no este expresamente fundado en razones diversas de las consideradas en el precedente, o en nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal en su carácter de interprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (CNCom, Sala D, “Caja Mutual Yatay 240 Soc. Coop. de Crédito Ltda.”, 04.12.1990).

De otro lado, no olvido que la doctora Carmen M.Argibay en su voto en la causa “Massa” señaló que “las razones de gravedad institucional relatadas -que en líneas generales comparto- tornan prudente, más allá de las diferencias en los fundamentos, arribar a una sentencia que en tanto unánime en el resultado económico, ponga fin a la gran cantidad de reclamos pendientes de solución”.

•En síntesis, la queja en examen será desestimada, con la consecuente confirmación de la sentencia en cuanto concierne a la moneda de pago.

El fallo ultra petita y la violación al principio de congruencia:

No resulta óbice para resolver del modo propuesto la queja de Orígenes en relación al alcance otorgado a la condena.

El accionado planteó que la solución del a quo implicó fallar por encima de lo requerido en tanto se condenó al pago en dolares de las rentas de futuro devengamiento.

•Como es sabido, el principio de congruencia (cpr: 163, 6°), consistente en la exigencia que obliga a establecer una correlación total entre los dos elementos definitorios del esquema contencioso (pretensión y decisión), existiendo una necesidad de total correspondencia entre ambos extremos que funciona como condicionante de un verdadero proceso (CNCom, Sala B, 20.5.05, “Banca Nazionale del Lavoro S c/ Deisernia, Ernesto s/ ejec.”; Sala E, 26.12.05, “Bime Electromecánica SA c/ Aycacyp ente coop. Ley 23979 – Reg. Nac. De armas s/ ord.”; Sala B, 1.6.06, “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Zanca, Carlos s/ ejecutivo”; Sala D, 2.5.07, “Yuasa Inc. SA c/ Compañía de Teléfonos del Interior SA s/ ord.”).

Así, un pronunciamiento sería incongruente cuando carece de adecuación lógica entre las pretensiones y defensas de las partes y su parte dispositiva (cfr. Fenochietto, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. 1, pág. 134 y ss.).

El principio de congruencia se sustenta justamente en el derecho de defensa en juicio y de ahí que los poderes del juez estén limitados a los términos en los que las partes han constituido la litis (CSJN, Fallos:325:2512; 327:1607; 327:3087; entre muchos otros) -y en el caso , particularmente, por lo previsto en el compromiso arbitral-.

En este sentido, el cpr: 163, inciso 6° establece que la sentencia definitiva de primera instancia debe contener la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte.

Acorde con ello, el cpr: 34, inciso 4° dispone que es deber de los jueces fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia.

Estimo que no ha sido vulnerado -en el caso- el principio antes referido en cuya virtud debe existir conformidad entre la sentencia y la pretensión o las pretensiones que constituyen el objeto del proceso (cfr. Palacio Lino, Derecho Procesal Civil, Tomo V, pág. 429).

Es que, de acuerdo a los términos de la demanda, la pretensión de los actores no se vió limitada a una suma determinada de dinero, sino más bien al cumplimiento del contrato en los términos originarios.

Tal conclusión se deriva de una lectura integral y cabal de los hechos expuestos al promover demanda. Véase en este sentido:

a) la reserva, hecha tanto al determinar el objeto de la demanda como al practicar liquidación, de adicionar “los importes que se acumulen mensualmente por el devengamiento de los sucesivos pagos periódicos correspondientes al contrato”; b) la impugnación a las normas de emergencia dictadas que impliquen “la pesificación de los pagos periódicos que correspondan al contrato de Renta Vitalicia en Dólares Estadounidenses suscripto”; c) la conclusión final hecha en el apartado IV “Los Hechos” donde se solicita el restablecimiento de los derechos conculcados.

Resolver en el sentido apuntado, no solo no vulnera en modo alguno el derecho de defensa en juicio (art.18 CN), sino que, además, resulta acorde al principio de economía procesal que hace a una eficaz administración de justicia.

Es que lo contrario implicaría habilitar a la demandada a cumplir con el pago de las sumas liquidadas y continuar con su actitud antijurídica, obligando a la actora a promover un nuevo juicio para lograr el cumplimiento del contrato.

• Ahora bien, en punto a los intereses que se ordena aplicar al capital de condena, la accionada se quejó de la tasa impuesta en tanto: a) no se había hecho reserva por los intereses; b) no existió mora de la aseguradora en el pago retroactivo ni fue intimada por los actores al efecto; c) de proceder la imposición de intereses estos deberían limitarse a los dos años inmediatos anteriores a la fecha de notificación de la demanda o de su promoción -en virtud de la prescripción alegada-; y d) los réditos debían computarse conforme a la tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA.

En virtud de las consideraciones hasta aquí vertidas, toda vez que la defensa de prescripción fue rechazada, y habiéndose acreditado que los pagos realizados no fueron integrales, corresponde el pago de los intereses moratorios. Los mismos deberán liquidarse a una tasa del 2 % anual conforme a los fundamentos expuestos por esta Sala en autos “García María Teresa c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires, s/ ordinario” del 22/03/2016; íd. “Donato Norberto c/Banco de la Provincia de Bs. As. s/ord” del 14/04/2016).

Con el alcance antes señalado, se admite parcialmente el agravio introducido por la compañía de seguros y se reduce la tasa de interés impuesta en la instancia de grado.

Resta analizar las críticas formuladas por la actora respecto del daño moral y de la distribución de las costas dispuesta en la anterior instancia.

El daño moral

La actora impugnó la sentencia en tanto rechazó -mediante la aclaratoria de fs.606/7.- la indemnización requerida en concepto de daño moral.

Adelanto que estimo atinada la solución propiciada por el a quo.

No escapa al suscripto que en la época en que se desató la crisis económica, la gran mayoría de los habitantes de este país vivió situaciones angustiantes y de desconcierto.

Lo anterior en buena medida porque la compleja batería de leyes, decretos, resoluciones ministeriales y comunicaciones administrativas que cambiaron el régimen monetario se proyectaron sobre las relaciones jurídicas provocando su desfasaje y violentando las condiciones preexistentes de las obligaciones en general. Pero además, porque los conflictos nacidos de la “emergencia” fueron y son resueltos en base a interpretaciones diferentes y alcances diversos por los distintos tribunales del país. Y, finalmente debido a que tampoco los operadores del sistema financiero brindaban adecuada información a los clientes.

En síntesis, en el contexto vivido podría decirse que la comunidad toda experimentó padecimientos de índole espiritual. Así las cosas, en virtud de la interpretación restrictiva que se impone en los casos en que el daño tiene origen contractual (CCiv. 522), el agravio en cuestión ha de ser desestimado.

La imposición de las costas

i) Si bien es cierto, tal como postuló la accionante, que la directriz del cpr. 68 1° párrafo -condena en costas al vencido- se erige como principio cuando una de las partes resulta vencedora, también lo es que dicha regla cuenta con diversas excepciones como aquellas contenidas en el cpr. 68, 2° párrafo., que reza: “Sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad”.

Ahora bien, lo relativo a la existencia de mérito para disponer la eximición queda librado, en cada caso concreto, al prudente arbitrio judicial (Morello – Sosa – Berizonce, Códigos procesales en lo civil y comercial de la Prov. de Bs. As. y de la Nación comentados y anotados, t. II-B, p.52, Librería Editora Platense – Abeledo Perrot, 1985).

En rigor es cierto que han transcurrido largos quince años desde el dictado de las llamadas normas de emergencia económica, las que -como indiqué al examinar la crítica expuesta por la aseguradora en punto a la prescripción- han dado lugar a pronunciamientos diversos sobre la cuestión. Tal incertidumbre, vigente al momento de la traba de la litis, justifica, a mi entender, la distribución provista en el decisorio recurrido.

Consecuentemente, el agravio ha de ser desestimado. Igual criterio habrá de adoptarse respecto de las costas de alzada.

729. Conclusión

Por todo lo expuesto, si mi criterio fuera compartido por mi distinguido colega, propongo al Acuerdo:

a) desestimar los agravios de la actora vertidos en el memorial de fs. 635/638; b) admitir con el alcance que surge en el apartado 5 las quejas de la demandada; c) confirmar en lo demás que resuelve la sentencia de grado; y d) imponer las costas de alzada en el orden causado en virtud del modo en que ha sido resuelta la cuestión (arg. cpr. 68, 2° párrafo).

Así voto.

Por análogas razones el doctor Juan Manuel Ojea Quintana adhiere al voto que antecede.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:

Rafael F. Barreiro

Juan Manuel Ojea Quintana

María Florencia Estevarena

Secretaria

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016.

Y Vistos:

Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve:

a) desestimar los agravios de la actora vertidos en el memorial de fs. 635/638; b) admitir con el alcance que surge en el apartado 5 las quejas de la demandada; c) confirmar en lo demás que resuelve la sentencia de grado; y d) imponer las costas de alzada en el orden causado en virtud del modo en que ha sido resuelta la cuestión (arg. cpr. 68, 2° párrafo).

La doctora Alejandra N. Tevez no interviene en la presente decisión por encontrarse compensado la feria judicial en la que estuvo en funciones (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Notifíquese al domicilio electrónico, o en su caso, en los términos del art. 133 C.P.C.C. (Ley n° 26.685, Ac. C.S.J.N. n° 31/2011 art. 1° y n° 3/2015).

Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).

Rafael F. Barreiro

Juan Manuel Ojea Quintana

María Florencia Estevarena

Secretaria