Sobreseimiento de un grupo de trabajadores que irrumpieron durante un programa de televisión en vivo con el fin de hacer conocer un reclamo laboral

transmision-tvPartes: B. N. y otros s/ sobreseimiento

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

Sala/Juzgado: I

Fecha: 28-jun-2016

Cita: MJ-JU-M-100098-AR | MJJ100098
Sumario:

1.-La frase que la querella denuncia en cuanto a que los imputados quienes se encontraban vinculados a un reclamo laboral irrumpieron en un programa de televisión -en el caso, showmatch- le dijeron a su conductor que si no mostraba el reclamo iban a volver no configura el delito de amenaza, pues esa situación impide recrear cuál sería el mal grave e inminente anunciado para intentar torcer la voluntad del sujeto pasivo.

2.-La violación de domicilio argumentada en la audiencia presuntamente cometida por los imputados al irrumpir durante un programa de televisión a fin de dar a conocer un reclamo laboral, no se enceuntra configurada pues, aún de ser considerado el estudio televisivo una casa de negocios, como fuera catalogado por los acusadores, la protección legal está dirigida a la intimidad, y no se puede hablar de un domicilio en el sentido del art. 150 del CPen.

3.-Es improcedente tener por configurado el delito de intimidación pública – art. 211 del CPen.- presuntamente cometido por un grupo de trabajadores al irrumpir durante un programa de televisión en vivo a fin de hacer conocer un reclamo laboral pues, únicamente la exhibición de la remera con la reseña ‘Cristóbal López -Grupo Indalo-40 familias despedidas’ fue lo televisado, y ello per se no se puede considerar que pudiera generar temor o intimidar a un número indeterminado de personas, o suscitar tumultos o desordenes de multitudes, las palabras utilizadas en dicha leyenda en nada atemorizan o tienen potencial para generar motines, trastornos, desconcierto etc., máxime cuando no son ambiguas sino antes bien conforman un lenguaje claro y preciso que denota un reclamo de índole estrictamente laboral.

Fallo:

Buenos Aires, 28 de junio de 2016.-

AUTOS Y VISTOS:

Abocados a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Dr. José María Figuerero, apoderado en representación del querellante Marcelo Hugo Tinelli, y por adhesión, el Fiscal General a fs. 141/144, contra la resolución obrante a fs. 124/130 por cuanto allí se decretó el sobreseimiento de N. G. B., R. A. B., M. A. L., S. J. G., L. I. R., L. A. V. V., J. I. H. y J. C. S., por aplicación del art. 336 inc. 2 del CPPN.-

A la audiencia celebrada el pasado 15 de junio, compareció por la querella, el Dr. Figuerero, el Fiscal General Dr. Mauricio Agustín Viera y el Dr. Gonzalo Álvaro Díaz Cantón por la defensa de los imputados. Tras sus elocuciones se dictó un intervalo para deliberar y decidir. Cumplido ello, el tribunal resolvió conforme a continuación se detalla.

Y CONSIDERANDO: Oído el debate, consideramos que los agravios de los recurrentes no logran desvirtuar la decisión del juez de grado, la que compartimos razón por la cual habremos de homologar. Ello así, en tanto hemos tomado vista de las filmaciones acompañadas en autos, y leído las testimoniales recabadas, a fin de valorar la actuación de los aquí encausados, sin que se desprenda de tales elementos las consideraciones que hacen los recurrentes. Pues, en torno a las hipótesis delictivas que se plantean, debemos señalar, en primer lugar, que del relato exculpatorio de los imputados, donde se presentan ajenos al reproche que se les formula, se descose que se trató de un reclamo enmarcado dentro de una acción gremial Sistema Argentino de Información Jurídica de los trabajadores lácteos “ATILRA”, extremo que no fue controvertido, por lo que tuvo su génesis dentro de un ámbito de legalidad (CSJN “Orellano” rta.7/6/2016). Sobre el particular se sostuvo que la acción consistía “en exhibir una remera con la inscripción “Cristóbal López -Grupo Indalo-40 familias despedidas”(fs.123). Que “era un reclamo laboral en contra de Cristóbal López, por cuanto el nombrado dejó 40 familias en la calle, al dejarlos sin trabajo. L. I. R. precisó que “López compró la empresa “La Salamandra? y después la cerró, por lo que todos quedaron sin trabajo. Ante tal situación, se cansaron de hacer reclamos en distintos lugares e incluso en el Ministerio de Trabajo, hasta que acordaron realizar un reclamo en “Ideas del Sur? ya que el nombrado es propietario del mismo” (cfr. fs. 116). Sentado ello, y confrontadas las versiones de los imputados con las filmaciones acompañadas, se advierte que presentan correspondencia, sin que en consecuencia se pueda sostener la acusación que los impugnantes proclaman. No está controvertida la vinculación que los trabajadores denuncian entre el Sr. Cristóbal López y la sociedad “Ideas del Sur”, productora del programa televisivo durante el cual se produjera el hecho que se querella, por lo que la exhibición de la remera encuentra respuesta en el conflicto que éstos mantienen con el nombrado, no así con el conductor de la emisión “showmatch”, extremo que debilita la imputación, máxime cuando solo se cuenta con los dichos de éste último, dado que de las imágenes no se logra advertir el amedrentamiento a título personal que se denuncia. Ello, más allá de las apreciaciones de quienes depusieron en autos, pues el ánimo que pudo evidenciar el Sr. Tinelli podría encontrar también legítima respuesta en la situación global que tenía ante sí, más que en la intimidación a título personal como se denuncia. Por lo demás, aún en la hipótesis de su real existencia, consideramos que la frase que la querella denuncia no configura el delito de amenaza. El Sr. Tinelli sostuvo que “le dijeron que si no mostraban el reclamo iban a volver.” (cfr. fs.19), extremo que a nuestro juicio impide Sistema Argentino de Información Jurídica recrear cuál sería el mal grave e inminente anunciado para intentar torcer la voluntad del sujeto pasivo. En torno a violación de domicilio argumentada en la audiencia, debemos señalar que aún de ser considerado el estudio televisivo una casa de negocios, como fuera catalogado por los acusadores, la protección legal está dirigida a la intimidad, pues no se puede hablar de un domicilio en el sentido del artículo 150 del CP, “.sin que el recinto esté aplicado en el momento del hecho a resguardar la libertad de la intimidad de un morador, habitante o negociador, que es el bien protegido por la ley (.) La protección es un ámbito de intimidad y no un recinto cerrado que no lo implique, incluso si éste forma parte de la construcción donde existe un domicilio o una casa de negocio. La ley solo discierne protección a ciertos ámbitos complementarios del domicilio. Esto sucede únicamente respecto del domicilio constituido por una morada o por una casa de negocio, cuyas dependencias también están protegidas. Una dependencia de la morada o casa de negocio es un ámbito que, sin constituir por sí mismo la morada o la casa de negocio, está en su respectivo reciento de intimidad.” (cfr. Ricardo Núñez, Tratado de Derecho Penal, T.IV, Marcos Lerner, ed. Córdoba, 1989, pág. 74/5; en igual sentido, con repaso de la opinión de distintos autores, Edgardo Alberto Donna, Derecho Penal Parte Especial, Tomo II -A, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2011,pàg. 354 y sgtes.). En nuestro asunto, la realización de una recreación destinada a ser emitida en vivo por un canal de televisión, donde la exposición pública es lo relevante en dicha puesta en escena, mal puede proclamar la protección de la intimidad perseguida por el derecho penal, tal como fuera interpretada precedentemente, pues fue en ese preciso contexto en el que se desarrolló el hecho denunciando.En nada modifica el análisis el traspaso por parte de los imputados de la valla o vallado a la que se hiciera referencia en la audiencia, pues el recinto era el mismo -no se trata de una dependencia en el sentido antes analizado- y lo allí actuado era exhibido a todos los presentes. Sentado ello, con relación al delito de intimidación pública – art. 211 del CP-, también caracterizado por los impugnantes, advertimos Sistema Argentino de Información Jurídica que son varios los argumentos que impiden tenerlo por configurado en el caso en examen. La prohibición requiere que el autor utilice medios con capacidad de infundir un temor público o suscitar tumultos o desordenes, y aún de manejar tales mecanismos, lo debe hacer con dicho propósito, es decir, con el dolo específico de intimidar al público o suscitar tumultos o desordenes. Sobre la primera cuestión, debemos señalar que únicamente la exhibición de la remera con la reseña “Cristóbal López -Grupo Indalo-40 familias despedidas” fue lo televisado, y ello per se no se puede considerar que pudiera generar temor o intimidar a un número indeterminado de personas, o suscitar tumultos o desordenes de multitudes. Las palabras utilizadas en dicha leyenda en nada atemorizan o tienen potencial para generar motines, trastornos, desconcierto etc., máxime cuando no son ambiguas sino antes bien conforman un lenguaje claro y preciso que denota un reclamo de índole estrictamente laboral. Se ha sostenido que “.los medios utilizables para lograr esos objetivos no están destinados a dañar personas o bienes (.) Esos medios son las señales, lo gritos de alarma, la producción de estruendos o la amenaza de un desastre o peligro común. (.) la ejecución de esos actos ha de responder al propósito de infundir un temor al público o de suscitar tumultos o desordenes, razón por la cual es lógica la exigencia de que los actos en cuestión tengan la eficacia necesaria para producir el efecto que el agente se propone.” (Ricardo Núñez, ob. cit.Tomo VII, 1992, pág. 194/5). Como fuera destacado, el medio analizado en el párrafo precedente claramente no tiene la entidad necesaria para generar en el televidente la conmoción que la norma pretende evitar. Aún en la hipótesis de considerar el conjunto del accionar de los imputados, no podemos criminalizar dicho acontecer. Lo desarrollado por fuera de ello, a modo de círculo concéntrico y que resultara filmado y aportado en la causa, tampoco a nuestro entender es captado por la norma, dado que las imágenes permiten interpretar que tras la exhibición de la remera y ante el evidente pedido de Sistema Argentino de Información Jurídica los organizadores del programa para que se retiren y vuelvan a sus lugares, los imputados no opusieron resistencia alguna. Además, el sujeto pasivo de los actos intimidatorios debe ser el público en general, es decir, un conjunto indeterminado de personas, extremo que no se verifica en el caso, dado que los concurrentes al estudio estaban perfectamente identificados, conforme lo señalara la defensa y no fuera controvertido por los acusadores, y era un conjunto acotado de individuos apostados allí como parte del programa recreativo desarrollado. Refuerza lo dicho la siguiente cita doctrinaria: “.por un lado, la acción del autor debe ser publica, y por otro, no debe referirse a determinada persona o cosa, ya que el fin es suscitar el temor, la alarma pública.” (Edgardo A. Donna, con cita de Moreno “Derecho.” Ob. cit. Tomo II.C, pág. 336). Finalmente, en torno a las figuras subsidiarias propuestas por el Sr. Fiscal, consideramos que más allá de resultar planteos contradictorios entre sí, tampoco vemos se apliquen al caso, como figuras remanentes, las previstas en los arts. 94 y 95 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.Ello por cuanto el ámbito físico en donde ocurriera el hecho y las características del evento ya examinados, permiten sostener en torno al primero que no se trata de un campo de juego ni, con relación al segundo aspecto, de un espectáculo masivo que permita dar lugar a la posición argumentada por el fiscal en la audiencia. Se ha sostenido que el “campo de juego alude al ámbito comprendido dentro de las líneas demarcatorias o más concretamente al predio que se extiende de “arco a arco? y en el que efectivamente se re aliza la práctica del deporte en cuestión.” (Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Sala II, causa 348/00, citado en el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Luisa Burlas, Raúl Dessanti, M. Roberto Guinney y Carlos Ventureira, Adhoc, Buenos Aires, 2008, pág. 216/217). Mientras que el espectáculo masivo, esto es, entendido como dirijo a una gran cantidad o las masas humanas (Diccionario de la Real Academia Española), no aparece verificado en las constancias de la causa, tal como fuera concebido en párrafos precedentes. Sistema Argentino de Información Jurídica Finalmente, con relación a las lesiones denunciadas por María Calatayud, compartimos lo argumentado por el juez de grado, en tanto no surge de autos constancia alguna que acredite su existencia y entidad, sin que la convocatoria del galeno que la habría asistido instantes después del evento, solicitada por los recurrentes, se advierta de utilidad y pertinencia para su reconstrucción. Máxime, cuando a pesar de su recomendación de “llamar a una ambulancia y dirigirse a un centro de asistencia” decidió no hacerlo, según refirió a fs. 26/vta. Por todo lo expuesto, corresponde homologar la decisión que viene en examen.Frente a ello, y con relación a las costas de esta alzada, sin perjuicio de lo aquí decidido, se resalta que si bien la fiscalía de instrucción consintió el auto revisado, su superior jerárquico acompañó la impugnación de la querella, por lo que pudiendo ésta tener razón plausible para litigar corresponde aplicar las costas de alzada en el orden causado, art. 530 y 531 del CPPN.

En virtud de las consideraciones efectuadas, el tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR la decisión obrante a fs. 124/130 en cuanto fuera materia de recurso, con costas de alzada en el orden causado, arts. 455, 530 y 531 del CPPN. Se deja constancia que el juez Mario Filozof, subrogante de la vocalía nro. 4 no interviene en la presente por hallarse cumpliendo funciones en la Sala VI del tribunal al tiempo de celebrarse la audiencia, e informadas las partes acerca de la integración de la Sala nada objetaron.

Notifíquese y devuélvase a la instancia de origen, sirviendo la presente de muy atenta nota de remisión.

LUIS MARIA BUNGE CAMPOS

JORGE LUIS RIMONDI

Ante mí: Silvia Alejandra Biuso