Se ordena la demolición de un edificio en construcción cuya superficie excede los límites conforme el factor de ocupación total

edificio-1Partes: Paz Enrique Antonio c/ GCBA y Alba Elvira Leonor c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)

Tribunal: Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: 2

Fecha: 19-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100222-AR | MJJ100222

Sumario:

1.-Toda vez que el edificio en construcción lindero a los inmuebles de los amparistas excede el límite de superficie total en más de un 150% del máximo permitido para la zona, lo cual afecta los derechos constitucionales a la propiedad y al ambiente de los accionantes y siendo que las modificaciones propuestas durante la tramitación del proceso son intrascendentes ya que la superficie a construir sigue siendo la misma, corresponde declarar la ilegalidad de la obra y en consecuencia ordenar su inmediata demolición y la ulterior limpieza de escombros y residuos dejando el inmueble en perfectas condiciones de higiene, adoptando las medidas necesarias para garantizar la estabilidad de las construcciones vecinas y la seguridad de las personas que se encuentren en las inmediaciones.

2.-La interpretación del articulado del Código de Planeamiento Urbano y fundamentalmente la de las normas que prevén excepciones a las limitaciones impuestas en materia de construcciones en el éjido urbano, debe ajustarse a un criterio de razonabilidad que no pierda de vista el objetivo de preservación del hábitat y de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad.

3.-Dado que la conducta procesal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al cuestionarinfundadamente cada uno de los informes técnicosentorpeciendo la labor del perito arquitecto en el marco de una acción de amparo en la que se solicita la suspensión de una construcción que excede el límite de superficie permitido para la zona, lejos de velar por el cumplimiento de la normativa de la Ciudad revela un gran esfuerzo para lograr la realización de una obra cuyo proyecto viola groseramente las disposiciones legales vigentes, corresponde ordenar que se ponga en conocimiento de esta situación al señor Procurador General a fin de que adopte las medidas pertinentes.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de agosto de 2016.

Y VISTOS:

1. La presente acción de amparo fue iniciada por Enrique Antonio Paz y Delia María Tossini contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de que se declare la ilegalidad de la obra denominada “Fideicomiso Armenia 1850” emplazada en la calle Armenia 1850 de esta Ciudad, bajo el número de expediente 21157/GCBA/09, por resultar violatoria de las disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y en el Código de Edificación vigentes. Asimismo peticionan que se impida la prosecución de la obra y la obtención del certificado de final de obra.

Alegan los actores que se encuentran afectados sus derechos de propiedad y de igualdad ante la ley, en tanto la construcción cuestionada violaría el factor de ocupación total (FOT) reglamentario vigente para la zona, avanzando con una construcción de alto impacto visual y ambiental que perjudica a todo el barrio.

Explican también que se trata de un proyecto de obra que excede notoriamente la superficie legal y reglamentariamente permitida, y que las excepciones al cómputo del FOT normativo que contiene no pueden justificarse legalmente.Señalan luego que al estar la obra emplazada en zona R2b1, en la que rige un FOT de 1.6, el máximo de superficie permitido para el predio en cuestión asciende a 504,87 m2 cubiertos, a pesar de lo cual la superficie cubierta proyectada y construida asciende a 1.288,23 m2.

Por otra parte, explican que a medida que la obra avanzaba efectuaron reiterados reclamos y denuncias ante las autoridades locales pero que estas no informaron ni resolvieron “[.] sobre los mismos, permitiendo incrementar la capacidad constructiva en aras de un rédito económico, en desmedro de los linderos y del barrio, sin importar el marco legal”. Así, entienden que al haber la parte incumplido con su obligación de control, resulta responsable “tanto por acción como por omisión”.

Con relación a la legitimación para promover la presente acción, explican que son propietarios del inmueble sito en la calle Armenia 1874 de esta Ciudad, lindero al de la obra denunciada, y que la obra cuestionada produce un enriquecimiento ilícito a favor de la empresa y los fiduciarios al tiempo que disminuye el valor económico de propiedad de los amparistas, y restringe indebidamente sus derechos adquiridos a la privacidad, seguridad e iluminación.

Agregan que la obra se emplaza en el barrio residencial conocido como Palermo Viejo, y que como contrapartida a la zonificación definida como R2b1 -correspondiente a zonas residenciales con “menor intensidad de ocupación total – FOT MAXIMO 1,6”, los inmuebles allí ubicados se encuentran gravados con un monto importante en concepto de impuesto inmobiliario.

En cuanto a los antecedentes de la obra y los reclamos efectuados, explican que en el año 2009 colocaron en el predio un cartel publicitario que anunciaba la construcción de 10 unidades, y que a fines de ese año se demolió la casa existente y comenzó la excavación para el subsuelo.En septiembre de 2010, frente al avance de la obra y por consejo de un profesional arquitecto, al que según afirman la construcción le generó algunas dudas, solicitaron al Gobierno demandado información sobre el terreno, la obra proyectada y el cumplimiento de las normas de los Códigos de Edificación y de Planeamiento Urbano. Continúan señalando que como respuesta al requerimiento formulado el arquitecto Lostri, entonces Subsecretario de Planeamiento Urbano, informó a los amparistas sobre algunos de los puntos requeridos, aunque no se refirió al cumplimiento de las disposiciones normativas antes referidas, limitándose a adjuntar la carátula del último plano de obra registrado a esa fecha.

El pedido fue reiterado y, ante la falta de respuesta de la Administración, solicitaron vista del expediente, lo que les fue concedido recién en mayo de 2011. En esa oportunidad, señalan, ante la constatación de diversas irregularidades impugnaron el proyecto mediante un recurso de revisión del permiso de obra, que tramitó bajo en número 879292/2011 y que no fue contestado a pesar del pedido de pronto despacho.

Por último, y luego de reiterar el pedido de informes en varias oportunidades, denunciaron el caso ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dio lugar al informe técnico y la resolución que acompaña a la demanda.

A continuación los amparistas formulan una serie de consideraciones relativas a lo que consideran irregularidades del proyecto de obra.

Así afirman que luego de someter la información obtenida a “un riguroso análisis técnico y legal, cambiamos la idea de desidia o abandono en el tratamiento de la cosa pública por la sospecha de connivencia”. Refieren también que de las diversas consultas efectuadas se desprende que del primer proyecto de 1.092,15,m2, “ya totalmente excedido, se aumenta a 1.288 m2 o sea casi 200 m2 en 4 departamentos adicionales que se suman al contrafrente” y que “la obra continuó ejecutándose sin los controles pertinentes”, lo que permitió que se construyera “a todo lo largo de unterreno de pequeñas dimensiones, espacios comerciales y una cantidad importante de unidades de vivienda al contrafrente, que nunca se podrían construir de respetarse el FOT reglamentario de 1,6”.

Agregan que “hay errores de cálculo que invalidan la calidad técnica de los planos respaldatorios de obra”, que “se sobredimensiona la superficie real del terreno”, que “la escalera y paliers no cumplen la reglamentación contra incendio”, que “la extensión de los pasillos es modificada en su uso para conformar parte de las unidades de vivienda”, y que “no hay vivienda para encargado y se oculta la verdadera dimensión del local, que abarca casi 3 de las 6 plantas del edificio mientras en el último plano se lo señala de solo 56 m2 a los efectos del cómputo del FOT”.

Refieren que el Gobierno demandado nunca les informó “en qué normas o excepciones se fundan los metros en exceso del FOT normativo, que constituyen más del 61 por ciento del total de la obra”.

Finalmente señalan que oportunamente pusieron en conocimiento de las irregularidades a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que motivó el proyecto de Resolución nro. 100/2011, y al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad, Ingeniero Mauricio Macri, quien no dio respuesta alguna a sus reclamos.

2. En el escrito de demanda los amparistas solicitan también el dictado de una medida cautelar consistente en ordenar la suspensión de la obra hasta el dictado de la sentencia definitiva, así como la entrega del final de obra por parte del Gobierno demandado.

El 25 de abril de 2012 se dicta la resolución de fs. 107/108 mediante la cual se resuelve, como medida precautelar, ordenar “[.] a) la clausura y paralización inmediata de la obra de la calle Armenia 1850 de esta Ciudad, a cuyo fin deberá la demandada, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, adoptar las medidas necesarias a través de los órganos correspondientes y b) que la demandada se abstenga de emitir certificado de final de obra respecto de la construcción en cuestión.Todo ello, bajo estricta responsabilidad de los funcionarios competentes en caso de incumplimiento o demora y hasta tanto se resuelva la cautelar solicitada, para lo cual deberá remitir a este Tribunal dentro del plazo de diez (10) días copia certificada de los expedientes número 21157/09 y sus antecedentes, 879.296/2011, actuación 2.315.674/2011 (Cód. AGC00403A) y toda otra documentación, expediente o actuación obrante en su poder relacionada con dicha construcción”.

3. A fs. 118/148 se presenta el “Fideicomiso Armenia 1850” como tercero de intervención voluntaria de conformidad con el artículo 82 del Código CAyT. A tal fin invoca su carácter de titular del fundo sito en Armenia 1850 y solicita que se deje sin efecto la medida precautelar y que se fije una audiencia de partes a los fines de arribar a una solución del conflicto.

Sostienen los representantes del fideicomiso que el acto administrativo de aprobación del plano de obra goza de una presunción de legitimidad que los informes profesionales arrimados por los actores no logran desvirtuar.

Cuestionan el informe de la Arquitecta Ana Baroja obrante a fs.53/66, por cuanto, según afirman, carece de sustento técnico al no haber la nombrada constatado la obra en forma personal, como así tampoco haber acompañado elementos de convicción que justifiquen las objeciones a la regularidad de la obra.

Con respecto al informe del Ingeniero Salomone de la Defensoría del Pueblo (fs.94/97), señalan que luego de su realización se efectuaron tres inspecciones -en mayo, agosto y septiembre de 2011- de las que no surge ningún tipo de irregularidad, y que por otra parte la obra nunca fue objeto de sanción alguna ni de observaciones por parte de los organismos de contralor, durante su ejecución.

Finalmente afirman que “resulta al menos llamativo la instancia en la que se interpone el presente amparo, habiendo convivido el vecino casi dos años durante su ejecución”.

Acompañan a su presentación documentación relativa a la representación invocada, título de propiedad del inmueble, y copia de tres planos de obra.

4. A fs. 149/232 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acompaña las actuaciones administrativas generadas con motivo de la notificación de la medida precautelar dictada en autos. En ellas se incluye el informe de inspección que da cuenta de la efectivización de la clausura de la obra dispuesta por la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras en cumplimiento de la medida precautelar dictada por el Magistrado subrogante (fs. 159) y copia certificada de varias actuaciones administrativas relacionadas con la clausura del inmueble.

5. A fs. 245/253 el Gobierno local contesta la demanda de autos solicitando su rechazo. A tal fin niega la veracidad del informe presentado por la Arquitecta Baroja, así como la validez de todos los cuestionamientos efectuados al proyecto de obra en cuestión.Cuestiona también la vía del amparo elegida por los actores.

Afirma luego, con relación a las superficies computables para el cálculo del FOT, que conforme surge de la documental acompañada (en referencia al expediente 21157/09) “las inscripciones se han realizado en base a los usos declarados por el propietario y profesional, considerándose las dobles alturas, superficies de las máquinas, superficie de los pasillos, etc. Graficados en los planos”.

También señala que “los planos han sido registrados de acuerdo a la Disposición 277/DGROC/10”, y que se cumplieron con los pasos reglamentarios previos al registro de la subdivisión de la propiedad horizontal del edificio por lo que “si los usos y destinos declarados en planos son alterados en la obra en ejecución o no corresponden a planos registrados, no se podrán otorgar los planos conforme a obra y/o los planos de subdivisión en propiedad horizontal según ley 13.512”.

Por otra parte, la demandada cuestiona la legitimación procesal de los amparistas en estos actuados, afirmando que “la actora carece de un derecho subjetivo líquido y cierto para exigir por parte del GCBA el cumplimiento de un deber legal” y que “construir un edificio podrá resultar del desagrado de la parte actora, en su carácter de vecino, pero definitivamente no es ilegal en el marco del actual y vigente Código de Planeamiento Urbano”. Finalmente considera que no se encuentra acreditada en autos la existencia de la manifiesta ilegitimidad y arbitrariedad alegada por los amparistas, y que no se configura en autos situación de urgencia objetiva, ni violación a la Constitución o a las leyes vigentes.

6.El 28 de mayo de 2012 el Tribunal dicta una nueva resolución ordenando al Gobierno demandado, esta vez como medida cautelar, “que mantenga la clausura y paralización inmediata de la obra de la calle Armenia 1850 de esta Ciudad y se abstenga de emitir certificado final de obra, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos”. También se dispone “hacer saber a la empresa constructora y/ a quien se encomiende la comercialización de las unidades funcionales que en el caso de celebrarse contratos con terceros, deberá dejar aclarado en tales instrumentos que los contratantes toman conocimiento de la existencia del presente proceso y de las posibles consecuencias de su resultado” (fs. 255/259).

La decisión es confirmada por la Sala III de la Cámara de Apelaciones mediante decisorio del 25 de septiembre de 2013 (obrante a fojas 305/308 del incidente de apelación que lleva el número 44298/1).

Allí se pone de resalto que ” . las excepciones al cálculo computable a los efectos del FOT contenidas en el Código de Planeamiento Urbano, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y el conjunto de la superficies deducibles a los efectos del cálculo del FOT no puede superar el total del área construible. Un criterio distinto -como el que propone la demandada- conduciría a vaciar de sentido la restricción que implica el factor señalado”. A tal fin se destaca que la superficie del inmueble asciende a 315,54 m2., que aplicado el FOT correspondiente a la zona en cuestión (1,6) se obtiene una superficie máxima a construir de 504,86m2., y que el plano de obra nueva menciona como “superficie cubierta nueva” 1.288,23m2.

7. En otro orden de cosas, luego de sustanciada la petición del Fideicomiso Armenia 1850 de ser tenido por parte, el Tribunal resuelve admitir su intervención en la litis en los términos del artículo 84 inciso 2 del Código CAyT (fs. 264).

8.El 3 de septiembre de 2013 el Tribunal resuelve ordenar la acumulación al presente proceso, de los autos “Alba, Elvira Leonor c/ GCBA s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”, Expte. 45629, que tramitan por ante este mismo Juzgado y Secretaría, en atención a la identidad de objeto y de partes demandadas existente entre ambas causas.

Se trata de un proceso iniciado algunos meses después de promovida la presente acción de amparo por Elvira Leonor Alba, en su calidad de propietaria del inmueble sito en Nicaragua 4632 de esta Ciudad, con el mismo objeto y los mismos demandados de estos actuados. También son casi iguales los fundamentos del reclamo y las pruebas ofrecidas en los dos procesos.

Como consecuencia de la referida resolución, que se encuentra firme, la producción de las pruebas ofrecidas se efectivizó, en su totalidad en estas actuaciones.

Posteriormente, la letrada de la parte actora denuncia el fallecimiento de la señora Elvira Leonor Alba y, una vez acreditado el carácter de herederos de sus hijos Nehuén Lautaro Rojas Bermúdez, Sol Rojas Bermúdez y Ayelén Macarena Rojas Bermúdez, se los tiene por presentados en su carácter de sucesores a título singular de la occisa.

9. Durante la tramitación del proceso, la codemandada Fideicomiso Armenia 1850 en varias oportunidades formuló propuestas de modificación del proyecto de obra, y solicitó la realización de audiencias con fines conciliatorios.

En efecto, a fs.447/453 el Fideicomiso Armenia 1850 presentó una propuesta de modificación del proyecto de obra, acompañó los planos respectivos, solicita se levanten las medidas cautelares dispuestas, y pide la fijación de una audiencia de partes con fines conciliatorios.

La propuesta consistía básicamente en cambiar el destino de algunos espacios ubicados en subsuelo y planta baja (local comercial, cocheras, baños, sala de máquinas y tanques y bombas de agua), y de modificar los palieres y medios de salida de los pisos 1° a 4°, de manera que “descuenten de FOT”.

La audiencia peticionada se realizó el 11 de febrero de 2014 con la presencia de todas las partes, sin que se pudiera arribar a un acuerdo (fs. 515).

En atención a que las modificaciones propuestas no resolvían los cuestionamientos a la obra que justificaron la adopción de la medida cautelar de autos, la Magistrada subrogante rechazó el pedido de levantamiento. En el resolutorio del 7 de marzo de 2014, obrante a fs. 521/525, se destacan las consideraciones efectuadas por la Cámara de Apelaciones del fuero, señalándose que “[.] los nuevos planos presentados por la constructora junto con el escrito de fojas 447/453 indican que la superficie cubierta de la obra proyectada asciende a 1.248,31 m2., de los cuales 791,28 corresponderían a superficies no computables [.] en principio y conforme lo que surge de la documental acompañada, la superficie deducible a los efectos del FOT sigue siendo superior al total del área construible. De tal suerte que, más allá de las consideraciones no del todo precisas vertidas por la constructora en su presentación, la desproporción entre la superficie computable y la no computable a los efectos del FOT, puesta de resalto por la Cámara en el decisorio antes referido, continúa siendo evidente [.]”.

10. A fs. 763/775 el Fideicomiso Armenia 1850 desiste de la propuesta antes referida, y propicia una nueva modificación del proyecto de obra basándose en los informes de fs.670/677 y 721/729 suscriptos por la Arquitecta M.Susana Ramos Lloveras.

La nueva propuesta toma como válidas las afirmaciones contenidas en los informes referidos, y plantea modificaciones tendientes a salvar las objeciones, solicitándose que se requiriera a la referida profesional que se pronuncie sobre si se cumplían “todas las observaciones por ella efectuadas en sus escritos”. También se afirma que con los cambios que se postulan, los 76 m2 que la arquitecta Ramos Lloveras indica como excedentes al FOT permitido, pasarían a ser deducibles a tal fin, lográndose así la compatibilidad con la normativa vigente.

Cabe señalar que los referidos informes sobre los que la codemandada basa su nueva propuesta fueron presentados por la nombrada profesional en su carácter de perito designada de oficio, quien posteriormente y ante la carencia de fundamentos de dichos dictámenes y el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 379 del Código CAyT, fue removida del cargo para el que había sido designada y reemplazada por el arquitecto Sergio Morettini (fs. 776/777, 789 y 793).

La petición de la empresa propietaria de la obra quedó desestimada en el mismo resolutorio de fs. 776.

11. A fs. 902 el Fideicomiso Armenia 1850 presenta una nueva propuesta de modificación del proyecto de obra, esta vez basada en los informes del perito arquitecto Sergio Morettini obrantes a fs. 810/824, 864/870 y 894/895. La codemandada peticiona se requiera al experto que manifieste “si a la luz de las demoliciones y afectación de cambios enunciados en la presente estima que la obra quedaría, siguiendo los lineamientos de este proyecto, en condiciones reglamentarias conforme codificaciones vigentes” y que, oído el experto, se resuelva sin más trámite el pedido de levantamiento de suspensión cautelar de la obra en cuestión.

Así, el Tribunal requiere al experto su opinión respecto de una serie de puntos atinentes a la regularidad del proyecto de obra y a su conformidad con la legislación vigente (fs.917). En respuesta al requerimiento, el experto presenta 3 informes complementarios, agregados a fs. 934/943, 999/1004 y 1008/1023. A fs. 12. A fs. 1090, una vez resueltas las diversas contingencias procesales suscitadas por las partes, se pasan los autos a resolver.

Y CONSIDERANDO:

Los diversos planteos introducidos por las partes provocaron que el presente proceso de amparo adquiriera dimensiones inusitadas, tanto en cuanto a su duración, como a la cantidad de pruebas colectadas. Nótese que obran en autos, presentados por los codemandadas a lo largo del trámite procesal, una gran cantidad de planos de obra correspondientes a diferentes proyectos, y al menos tres propuestas de modificación de la obra acompañadas por planos que ni siquiera reúnen los requisitos reglamentarios para su registro y ulterior aprobación del final de obra. Por otra parte, y también como consecuencia de la actividad de las partes, el perito arquitecto debió presen tar seis informes periciales, cada uno de los cuales fue objeto de impugnaciones por parte de la actora y de los demandados.

Esta situación obliga a que, por virtud de los principios que rigen la actividad jurisdiccional, y a fin de evitar un menoscabo al derecho de defensa en juicio de las partes, el dictado de la sentencia definitiva de autos requiera la realización previa de un análisis pormenorizado de las pruebas producidas, más propio de un proceso ordinario que del trámite sumario del amparo. A ello se destinarán los apartados siguientes.

I.Análisis de las pruebas producidas El material probatorio colectado en autos, está conformado, fundamentalmente, por diversos planos de los proyectos de la obra que suscitó la controversia de autos, el expediente administrativo de permiso de obra y los diversos reclamos iniciados por los amparistas extrajudicialmente, tanto en sede administrativa como ante la Defensoría del Pueblo y ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la pericia arquitectónica realizada por el experto designado de oficio y los consultores técnicos de la parte actora.

Por una cuestión de orden, y también en atención a las particularidades de este proceso, las pruebas correspondientes al proyecto de obra anterior al inicio de la demanda de autos se tratarán por separado de las atinentes a las propuestas de modificación del proyecto efectuadas a lo largo de la tramitación del presente proceso que fueran referidas supra en el apartado 9. a) Pruebas concernientes al proyecto original Durante la tramitación del presente proceso los demandados presentaron planos de obra correspondientes a distintos proyectos. Ellos son:

i) Tres planos registrados en la Dirección General de Registro de Obras y Catastro el 28 de agosto de 2009 bajo el número 21157/09, en los que se consigna, como dato significativo lo siguiente: “superficie del terreno 329,93 m2”, “superficie cubierta nueva 1092,15 m2” y “superficie libre 42,16 m2”

ii) Dos planos de obra nueva registrados en la misma Dirección General de Registro de Obras y Catastro registrados el 3 de marzo de 2011 bajo el número 21157/09, en los que se consigna una superficie a construir que difiere de la anterior:

“superficie del terreno 329,93 m2”, “superficie cubierta nueva 1249,23 m2” y “superficie libre 42,16 m2”. También se acompaña un tercer plano de condiciones contra incendio en el que se indica “superficie cubierta nueva 1288,23 m2”. La divergencia de superficie construida no fue objeto de explicación alguna por parte de la firma Fideicomiso Armenia S.A.iii) Tres planos registrados ante el mismo organismo, dos de los cuales fueron registrados el 3 de marzo de 2011 bajo el número 21157/09, en los que se consigna una superficie a construir que difiere de la anterior: “superficie del terreno 329,93 m2”, “superficie cubierta nueva 1249,23 m2” y “superficie libre 42,16 m2”, y un tercer plano con sello de registro sin fecha, en el que se consignan datos similares, aunque se indica “superficie cubierta nueva 1288,23 m2”. La divergencia de superficie construida no fue objeto de explicación alguna por parte del Gobierno demandado.

Cabe señalar también que en los planos presentados en autos luego de iniciada la demanda -a los que se hará referencia específica en el apartado siguiente- se consignan medidas que nuevamente difieren de las anteriores:

“superficie del terreno 317,50 m2”, “superficie cubierta nueva 1248,31” m2 y “superficie libre 42,16 m2” Las significativas diferencias existentes entre los distintos proyectos, en cuanto a la superficie cubierta no fueron justificadas en las sucesivas presentaciones efectuadas por ante la Dirección General de Obras y Catastro en el ya mencionado expediente de registro 21157/09 5 , ni tampoco fueron objeto de observación alguna por parte de los profesionales que llevaron a cabo las inspecciones realizadas en la obra de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1. a 2.2.1.8. del Código de Edificación.

Los planos y documentación antes referidos fueron objeto de un pormenorizado análisis por parte del perito arquitecto Sergio Morettini, quien a lo largo de los siete informes técnicos por él presentados en autos6 dio acabadas respuestas a los puntos de pericia fijados por el Tribunal a fs. 521/525, 705/706 y 714, así como a las múltiples impugnaciones formuladas por las partes, a las que luego me referiré más detalladamente.

Así, en su dictamen de fs.810/823 el perito arquitecto Sergio Morettini expresó, en primer lugar, que “[.] El proyecto de la obra en cuestión no coincide en superficie consignándose en ambos planos una superficie excedente en 14,38 m2 más que el terreno real”. A su vez, con relación a la altura total del edificio, “se sobrepasa el plano límite en 0,50 m y por sobre él 1,80 mts. más con construcciones no permitidas”.

En lo referente al FOT y a la superficie máxima a construir según dicho coeficiente, señala el experto que la misma asciende a 504,88m2 para las medidas reales del terreno, y que, rectificando todos los errores de cálculo que especifica en el punto 02) del apartado b) de su informe de fs. 810/823, fundamentalmente en lo relativo a las superficies no computables a los efectos del FOT, “según los planos registrados se consignan valores que bien calculados son de 746,67 m2 por lo que se ha excedido la superficie en 241,79 m2”. Cabe aclarar que los 746,67 m2 hacen referencia a la superficie construida calculada luego de descontar las áreas pertinentes según la interpretación del Código de Planeamiento efectuada por el experto. En la misma línea también señala que “existe una superficie en exceso que parte de 241,79m2 a 278,35 m2”.

A este respecto concluye el experto que “según la normativa de zonificación que regula el tejido urbano, este lote tiene una superficie máxima de construcción permitida de 504,88 m2, sin embargo sobre él se construyeron 1290,87 m2.La normativa urbana permite construir más metros cuadrados cuando ello redunda en mayor calidad de vida tanto para el lote como para sus vecinos, dentro de ese espíritu se inscribe la posibilidad de deducir espacios de servicios o los necesarios para brindar mayor seguridad, en este caso queda claro que independientemente del grado de flexibilidad que se pondere, se han construido como mínimo unos 240 m2 más de los permitidos”.

Esta cuestión fue tratada nuevamente en la ampliación del informe pericial de fs. 864/970, donde el experto aclaró que “[.] El CPU indica que los medios de salida son deducibles en su totalidad cuando están destinados a cumplimentar las normas contra incendio del Código de Edificación”, situación que, conforme destaca el perito, no se verifica en autos. b) Las modificaciones al proyecto de obra original Como consecuencia de las irregularidades evidenciadas por los planos registrados ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la codemandada Fideicomiso Armenia 1850 presentó en estos actuados dos propuestas de modificación del proyecto de obra. Con dichas propuestas, obrantes a fs. 696/702 y 902/914, se acompañaron los planos reservados en los sobres P014 y P018, en los que se indica por primera vez la superficie real del terreno, que asciende a 317,50 m2, y una superficie de obra a construir de 1248,31 m2.

Así, el informe ampliatorio presentado por el experto a fs.934/943 está destinado a responder a la pregunta relativa a si las referidas propuestas de modificación implican soluciones satisfactorias a las objeciones al proyecto original, o si dejan subsistentes algunas de las irregularidades evidenciadas, indicando, en caso afirmativo cuáles son.

Al respecto el perito opina que, aun aceptándose como válidos los diversos cambios de destino de los espacios del edificio propuestos por la firma constructora continuaría existiendo una superficie en exceso de lo permitido, variando dicho excedente entre 4,43 m2 y 27,67m2, según la interpretación que se efectúe de la normativa aplicable.

Pero el experto también destaca que la propuesta formulada para reducir el exceso de construcción respecto del FOT permitido incorpora cambios de dudosa regularidad, tales como:

– Tomar como superficies deducibles a los efectos del FOT algunos espacios que por las características del proyecto no podrían ser considerados como tales (pasillos ampliamente sobredimensionados, tres sanitarios ubicados en el subsuelo sin justificación alguna y medios de salida que no cumplen con los requisitos del Código de Edificación, entre otros).

– Considerar como superficie semicubierta un espacio caracterizado por la propia constructora como superficie cubierta (ver punto 2 del informe de fs. 934/943).

– Aceptar como razonable que el proyecto contemple, entre otras propuestas manifiestamente forzadas, un departamento destinado a portería cuyas dimensiones ascienden a casi el doble de las unidades para vivienda ubicadas en el contrafrente, y que estas últimas, con la demolición de las losas que se propone, llegan a tener una altura de 5,60 m, para un ambiente de apenas 5,18m por 4,03m.

Por otra parte, la insuficiencia de la propuesta de modificación del proyecto a los efectos de salvar las graves irregularidades de que adolece la obra, son enfatizadas en el quinto informe pericial de fs. 999/1002.En el mismo se destaca, luego de poner en evidencia la falta de razonabilidad del “nuevo” ofrecimiento, que “la propuesta de demolición presentada por el fideicomiso es incompleta porque deja sin resolver algunos puntos como el exceso en la altura límite y falta de cumplimiento de normativa de incendio respecto a la caja de escalera y rellanos de ascensores”. c) Las conclusiones del perito arquitecto sobre los distintos proyectos presentados.

Los informes periciales presentados por el Arquitecto Morettini, fueron objeto de innumerables impugnaciones y objeciones de las partes, en su mayoría carentes de fundamentos, redundantes, contradictorios y muchas veces evidentemente dirigidos a generar co nfusión en el experto y en el juzgador.

A pesar de ello, todos los cuestionamientos fueron satisfactoriamente respondidos por el experto, quien fundamentó cada una de las opiniones vertidas en la normativa vigente y en las constancias documentales existentes en la causa.

Así, más allá de las conclusiones que fueran referenciadas en los apartados a) y b) precedentes y de un sinnúmero de objeciones que formuló respecto del proyecto de obra, el perito concluyó, en lo sustancial, con respecto a la superficie máxima edificable, que:

– “[.] todos los cálculos realizados con distintos encuadramientos normativos dan exceso de superficie. Desde los 241,79 m2 a 278,35 m2 establecidos en el 1° informe hasta los 77,01m2 de esta propuesta que queda supeditada al cumplimiento de exigencias de incendio para poder descontar superficies”,

– El edificio sobrepasa la altura máxima permitida.

– La construcción no da cumplimiento a la normativa contra incendio.

Por otra parte, y con relación a los sucesivos “cambios” incorporados al proyecto de obra por la codemandada Fideicomiso Armenia 1850 con el objeto de superar las graves irregularidades evidenciadas, resultan muy elocuentes algunos párrafos del último informe pericial (fs. 1008/1023), que ponen de manifiesto el arbitrario destino que se pretende darle a los distintos espacios comunes del edificio con el fin de aumentar las superficies no computables a los efectos del FOT.

El perito sostiene que:

“[.] en la propuesta de la planta sótano (se refiere a la propuesta de fs.902/914) se ha agregado una puerta que independiza y separa las circulaciones y se han modificado las medidas del largo de los locales S102 Sala de máquinas de servicios generales que se amplió de 6,64 m a 7,47 m y el local S 104 ayudante de portería que se redujo de 2,778 m. a 1,80m. [.] preocupa la insistencia del fideicomiso en ajustar o alterar medidas sobre un plano que hoy NO ES FIEL A LA REALIDAD y no aprovechar esta oportunidad para CORREGIR ESE ERROR ya que en la visita a obra se verificó la existencia de un tanque de agua ocupando el espacio del local S104 que evidencia que no sería esta su función. Asimismo, como lo hiciera notar a fs. 821 en el 1° informe presentado, no queda en claro la configuración de las salas de máquina y el destino de los mismos [.] A la luz de echar luz sobre este tema, ampliaré sobre las mal denominadas ‘salas de máquinas’.

Los edificios necesitan de la provisión de servicios fundamentales para su funcionamiento tales como electricidad, gas y aguas. Todos deben tener una llave de corte GENERAL sobre o cercanas al frente o a la Línea Oficial de Edificación, cada ENTE regulador de esos servicios tiene una normativa específica al respecto.

Dependiendo de la envergadura del edificio y de la magnitud de sus consumos, los medidores y llaves individuales de estos servicios pueden ubicarse agrupados cerca del frente o en salas específicas para su uso, que puedan estar en PBaja o sótano. En el caso del agua potable, si bien su corte y medición se realiza en la vereda, es necesario un tanque para almacenarla que puede estar ubicado a una altura tal que la reciba de la red con la presión que el proveedor específica y luego distribuirla entre las unidades. En este edificio se ha declarado y registrado su ubicación de dos maneras distintas:a) En principio, en el PLANO A del 2009 en la Planta baja, sobre medianera izquierda a SO hacia la calle Costa Rica se ubicaban los medidores de Gas y enfrente, sobre la medianera derecha o NE hacia calle Nicaragua se ubicaban los medidores de Electricidad. No hay ningún tipo de tanque de agua registrado, solo un local S107 Sala de Máquinas de Bombeo. B) En el PLANO B del 2011 se eliminan los medidores de la planta baja, pero no se aclara donde se ubicarán [.] por lo que se PRESUPONE que será este el destino del local S 102 Sala de Servicios Generales. El plano NO ESPECIFICA cómo serán los locales para los medidores de esos servicios, que en el caso del GAS implica antecámaras, ventilaciones y medidas de protección para evitar explosiones. Tampoco hay ningún tanque de agua solo el local S 107 Sala de Máquinas de Bombeo. Este perito pudo verificar [.] que EXISTE un tanque de almacenamiento de agua comúnmente denominado Tanque d Bombeo entre los locales S 102 y S 104 NO DECLARADO NI REGISTRADO que NO CUMPLE con el art. 5.11.1.1 del C. Edif. y que la Sala de Bombeo S107 existe como tal y está dimensionada para un servicio de agua presurizado desde el sótano que no requiere de la ubicación de un tanque elevado en altura para distribuir por gravedad simple [.]Respecto al local S 104 Ayudante de Portería [.] se observó que está ocupado con el tanque de agua”.

En definitiva, concluye el perito, con relación a los locales proyectados en el sótano, que “falta el registro claro, preciso y que cumplimente las normativas del uso y destino de esos locales que no han sido definidos por el profesional, ni exigidos por el municipio”.

II.Consideraciones sobre la regularidad de la obra y de los proyectos de modificación.

Más allá de los esfuerzos efectuados por las partes demandadas para justificar las irregularidades del proyecto y las violaciones a la normativa contenida en los Código de Planeamiento Urbano y de Edificación, lo cierto es que la obra en cuestión se trata de un edificio de 6 plantas (sótano, planta baja y cuatro pisos) construido sobre un terreno de 317,5 m2, y que alcanza una superficie construida que, según el plano, varía entre de 1.248,31 m2 a 1288,23m2.

El edificio se encuentra ubicado en una zona clasificada como R2b1, que admite un factor total de ocupación (FOT) de 1,6.

En efecto, el artículo 5.4.1.4. del Código de Planeamiento Urbano dispone lo siguiente: a) R2bI 1) Carácter: Son zonas de carácter residencial similar a las R2a con menor intensidad de ocupación total.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación 3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3.

4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y perímetro semilibre.

Disposiciones particulares a) Edificios entre medianeras Tejido: Cumplirá las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:

R = h/d = 2,4 Altura máxima: 10,50m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 2m desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado a 45° desde la altura de 10,50m y con un plano límite horizontal a 13,50m desde la cota de la parcela.

[.]

d) F.O.T. máximo = 1,6 e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de la Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos N° 5.2.1. La L.F.I. coincidirá con L.I.B.

5) Usos:Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 A su vez el artículo 2.1.1.3. del mismo Código establece que en el cómputo de la superficie edificable y en el factor de ocupación total no se incluyen:

. La superficie cubierta y semicubierta destinada a guarda y estacionamiento de vehículos y espacios para carga y descarga; . La superficie de la planta baja libre; . La mitad de la superficie de los balcones, pórticos, galerías y toda otra superficie semicubierta; . La totalidad de la superficie destinada a instalaciones contra incendio como la caja de escaleras, sus antecámaras, y los palieres protegidos, etc., cuando se proyectan para cumplimentar las normas contra incendio del Código de la Edificación; . La unidad destinada a vivienda para encargado del edificio y local para ayudante de portería, cuando los mismos resulten exigibles; . Tanques de bombeo y reserva; sala de medidores de las instalaciones en general y salas de máquinas; pasadizos de ascensor, conductos de ventilación y/o servicios; . Las bauleras en tanto se ubiquen en el subsuelo y cumplan la siguiente proporción:

SUPERFICIE DE BAULERAS POR CADA UNIDAD FUNCIONAL DE

2m2 Hasta 60m2

3m2 Hasta 90m2

4m2 Más de 90m2

Como consecuencia de la aplicación de las normas referidas, y teniendo en cuenta la superficie del terreno, el máximo a construir asciende a 504,87 m2, superficie a la que pueden adicionarse los espacios no computables enumerados en el artículo 2.1.1.3.

Pero a la hora de computar la superficie deducible a los efectos del FOT, no debe perderse de vista que la finalidad de dicho cuerpo normativo, consiste en implementar los principios rectores del Plan Urbano Ambiental previsto en el artículo 29 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobados por la ley 71 (artículos 1.1.y 1.1.1.del Código de Planeamiento Urbano).

Sobre el particular, ha sostenido el Tribunal Superior de Justicia que “[.] el Código de Planeamiento Urbano, comprende la asignación del destino de cada metro cuadrado de la ciudad, teniendo en cuenta sus características y previendo su desarrollo futuro, debiendo mantener siempre un delicado equilibrio entre la tensión generada por intereses diversos, en aras del bienestar general y de crear las condiciones para un hábitat adecuado” y que conforme lo señalado por el Tribunal Superior de Justicia, “el ambiente recibe, en varios sentidos, el carácter de bien jurídico en nuestra Constitución, y él debe ser comprendido en la ciudad, según esa fórmula, como la reunión de distintos aspectos o elementos de la definición: la preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora integra ese bien jurídico de todos los habitantes de la ciudad y compromete, como deber, a los órganos del Estado, incluso a los judiciales, según la tarea propia de cada uno de los ellos (conf.TSJCABA, “Tudanca, Josefa Elisa Beatriz, s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Tudanca Josefa Elisa Beatriz c/ GCBA s/ amparo'” y su acumulado “Mazzucco Paula Virginia y otro s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Mazzucco Paula Virginia y otros cl GCBA s/ amparo”‘, del 01/12/08)” 10 .

En consecuencia, la interpretación de su articulado, y fundamentalmente la de las normas que prevén excepciones a las limitaciones impuestas en materia de construcciones en el éjido urbano, debe ajustarse a un criterio de razonabilidad que no pierda de vista el objetivo de preservación del hábitat y de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad.

Ese criterio ya fue enunciado por la Sala III de la Cámara del fuero, en oportunidad de confirmar la medida cautelar de suspensión de la obra, cuando señaló que ” . las excepciones al cálculo computable a los efectos del FOT contenidas en el Código de Planeamiento Urbano, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y el conjunto de la superficies deducibles a los efectos del cálculo del FOT no puede superar el total del área construible. Un criterio distinto – como el que propone la demandada- conduciría a vaciar de sentido la restricción que implica el factor señalado”.

Ahora bien, como ya se destacara en la resolución de la Alzada antes referida y en otros decisorios adoptados en esta instancia, la pretensión de construir un edificio con una superficie total que supera en más de un 150% el máximo permitido para la zona, no puede considerarse como ajustada a los criterios de razonabilidad antes referidos.

Resulta conveniente recordar a esta altura que, conforme la zonificación del fundo en cuestión, que admite un factor total de ocupación (FOT) de 1,6, y de la superficie del mismo que asciende a 317,5 m2, el máximo a construir asciende a 504,87 m2. A esa superficie máxima pueden adicionarse los espacios no computables enumerados en el artículo 2.1.1.3.los que, conforme el criterio sentado por la Cámara de Apelaciones ya referido, no podrían ser superiores a los 504,87 m2. Sin embargo, los sucesivos proyectos de obra exceden ampliamente los límites mencionados, ya que según que plano se considere, las superficies no computables ascienden a 743,44 m2 (en el caso de los planos que indican 1.248,31 m2 de superficie total a construir) o a 783,36 m2 (en el caso de los planos que consignan 1.288,23 m2). En ambos casos las superficies no computables a los efectos del FOT sobrepasa en aproximadamente un 50 por ciento los límites de razonabilidad.

Las modificaciones propuestas durante la tramitación del presente proceso son intrascendentes, ya que más allá de los cambios de destino de algunos locales -siempre en el intento de aumentar la superficie deducible a los efectos del FOT-, la superficie a construir continúa siendo la misma. En otras palabras, se corren paredes y aberturas, se amplían las dimensiones de algunos sectores, se modifica el destino de otro -de manera irracional como fuera puesto de manifiesto por el perito arquitecto al referirse a la sala de máquinas, al sector de ayudante de portería y a los tanques de agua-, pero la estructura siempre es la misma.

Incluso si se aceptara como razonable la propuesta de demoler las losas de espacios ubicados en el contrafrente de los pisos 2 y 4, -convirtiendo así ocho unidades funcionales en cuatro departamentos con un único ambiente de 4,05 x 5,18 y una insólita altura de 5, 20m- las superficies consideradas como no computables a los efectos del cálculo del FOT continuarían siendo notoriamente superiores a las computables.

Esta solución, como ya se viera, no es compatible con la interpretación adecuada de las normas de Código de Planeamiento Urbano aplicables al caso de autos.

Sin perjuicio de que lo expuesto lleva a descalificar como válida la propuesta de modificación de la obra en cuestión efectuada por la codemandada Fideicomiso Armenia S.A., cabe destacar que los planos acompañados por la constructora al postular los cambios de proyecto (696/702 y fs. 902/914) no cumplen con las exigencias previstas en los artículos 2.1.2.8. y 2.1.2.8. del Código de la Edificación, lo cual, amén de restar seriedad a la propuesta, impide considerarla adecuadamente y evaluar correctamente su alcance. Destaco también que a la irregularidad de los planos acompañados se suma la falta de un informe técnico de factibilidad que dé cuenta de que la demolición propuesta no acarrearía ningún daño a la estructura del edificio ya construida.

En definitiva, por las consideraciones precedentes, ante los evidentes y groseros incumplimientos de la normativa vigente por parte de la obra cuestionada, que afectan los derechos constitucionales de los amparistas a la propiedad y al ambiente, corresponderá declarar la ilegalidad de la obra emplazada en Armenia 1850 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos planos fueron registrados en la Dirección General de Registro de Obras y Catastro bajo el número 21157/09, por resultar contraria a las disposiciones contenidas en los artículos 1.2.1.3, 4.2.5. 5.4.1.4. y concordantes del Código de Planeamiento Urbano.

Asimismo, y como consecuencia de la referida declaración de ilegalidad habré de ordenar a las codemandadas a la inmediata demolición de la construcción actualmente existente en el fundo, y la ulterior limpieza de escombros y residuos dejando el inmueble en perfectas condiciones de higiene. De igual modo, deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la demolición no afecta la estabilidad de las construcciones linderas y para asegurar la integridad de los vecinos y de las personas que se encuentran en las inmediaciones durante la realización de los trabajos.

III.La conducta procesal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Una consideración especial aparte merece la conducta procesal de los abogados de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En efecto, al impugnar el informe pericial de fs.864/870, el Dr. Fernando Conti, quien reviste el cargo de Director General de Asuntos Especiales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dice textualmente, al referirse al modo de considerar las superficies computables a los efectos del FOT, que “Los balcones del 4° piso son superficies descubiertas y éstas NO COMPUTAN FOT. La respuesta del perito en este punto induce a error, cuando dice que la superficie es computable”. (5° párrafo del punto II.1. de la presentación de fs. 886/888)”.

Como consecuencia de ese planteo, en el informe de fs. 934/943 el experto señala lo siguiente: “[.] Balcones en 4° piso: se revisan las superficies correspondientes a los balcones del 4° piso al frente [.] vistas las actuaciones anteriores, no se computan por ser superficies descubiertas. Se corregirán sus cómputos en planilla Anexa”.

Posteriormente, a fs. 967/970, la Dra. Isabel Teresa Córdoba cuestiona el nuevo informe del perito, afirmando que “admite nuevamente que cometió errores graves de cálculo de superficie en el dictamen anterior [.] pretendiendo ahora corregir sus dichos con este nuevo dictamen, reconociendo que no se computan por ser descubiertas, las superficies de los balcones sobre el cuarto piso”.

Frente a la nueva impugnación, el profesional señaló, en el informe de fs. 999/1004, que “la corrección de mis dichos se basa en la presentación hecha por el abogado de la Procuración Fernando Conti a fs. 887 en la cual impugna mi pericia relativa a los balcones del 4° Piso. Como se trataba de la Procuración General consideré que esto era un dato cierto y que debía ajustar mi criterio, cosa que hice.Hoy frente a lo que me plantea la misma Procuración con otro abogado me doy cuenta que hay dudas al respecto y lo que vale parece ser invalidar todo”.

La claridad de la respuesta del experto torna innecesarios mayores comentarios respecto de la impugnación del Gobierno demandado con relación al cómputo de los balcones del 4° piso.

Pero sí resulta pertinente efectuar algunas consideraciones con relación a la conducta procesal de los representantes del Poder Ejecutivo local, y de la falta de lealtad evidenciada a través de las actuaciones antes referidas. Es que llama la atención que, en lugar de velar por el respeto a las leyes sancionadas por la Legislatura de la Ciudad (en el caso el Código de Edificación y el Código de Planeamiento) por parte de los particulares, los abogados del Gobierno han destinado las presentaciones efectuadas en autos a entorpecer la labor del perito arquitecto, cuestionando infundadamente cada uno de los pormenorizados informes técnicos por él presentados.

Cabe destacar al respecto que el artículo 2.2.5.2.del Código de Edificación pone en cabeza de las autoridades administrativas la obligación de verificar la regularidad de las obras en contravención, de disponer, en su caso, la demolición o regularización, según corresponda, y de aplicar las sanciones que corresponda al profesional y/o a la empresa constructora.

Lejos de velar por el cumplimiento de la legislación vigente en la Ciudad de Buenos Aires, -función ínsita del órgano que representa al Poder Ejecutivo, alcanzado por las obligaciones contenidas en los artículos 98, 104, incisos 13 y 14, y 105, incisos 6 y 12 de la Constitución local- toda la actuación de los letrados de la Procuración en este proceso revela un gran esfuerzo para, a través de procedimientos que en términos vulgares pueden calificarse de “chicanas”, lograr que se concrete la construcción de una obra cuyo proyecto viola groseramente las disposiciones legales vigentes, que fuera aprobada con la complacencia de funcionarios de la administración local.

En consecuencia, dada la gravedad de la conducta procesal evidenciada por los abogados de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en estos actuados, habré de ordenar que se ponga en conocimiento de dicha situación al señor Procurador General, a efectos de que adopte las medidas pertinentes.

En virtud de todo lo expuesto precedentemente, y de conformidad con lo normado en los artículos 17 de la Constitución Nacional, 26, 29 y 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 y 17 de la ley 2145 del Código CAyT, en el Código de Planeamiento Urbano, en el Código de Edificación, y demás normas concordantes y complementarias, así como en las citadas en esta sentencia, RESUELVO:

1°) HACER LUGAR a la acción de amparo interpuesta en estos autos y en sus acumulados “Alba, Elvira Leonor c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA)”, expte.45629, contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contra el Fideicomiso Armenia 1850.

2°) DECLARAR la ilegalidad de la obra emplazada en Armenia 1850 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos planos fueron registrados en la Dirección General de Registro de Obras y Catastro bajo el número 21157/09.

3°) ORDENAR a las demandadas que procedan a la inmediata demolición de la construcción actualmente existente en el fundo, y la ulterior limpieza de escombros y residuos dejando el inmueble en perfectas condiciones de higiene. De igual modo, deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la demolición no afecta la estabilidad de las construcciones linderas y para asegurar la integridad de los vecinos y de las personas que se encuentran en las inmediaciones durante la realización de los trabajos.

4°) IMPONER las costas a las codemandadas por partes iguales (art. 62 del Código CAyT).

5°) LIBRAR oficio al Sr. Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de poner en su conocimiento los hechos referidos en el considerando III. de la presente sentencia.

6°) ORDENAR que se agregue copia certificada de la presente en los autos “Alba, Elvira Leonor c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA)”, expte. 45629/0 que tramitan por ante este mismo Juzgado y Secretaría.

Regístrese y notifíquese por Secretaría.