Al no aclarar que para obtener el premio de un sorteo era condición la mayoria de edad, se debe entregar el automovil a quien al ganar contaba con 19 años

menor-al-volantePartes: D’Arrigo Alejandro D. c/ Supermercados la Gallega S. A. y os. s/ ordinario

Tribunal: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: 14 nom.

Fecha: 23-jun-2016

Cita: MJ-JU-M-100064-AR | MJJ100064

cuadro

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda y por tanto condenar a los demandados a entregar al actor en el plazo de diez días un vehículo y el monto concedido en concepto de daño moral por incumplimiento del contrato de promoción, desde que no puede eximir de responsabilidad al demandado la circunstancia de que el actor era menor de edad, pues admitido que pueden completar cupones y participar menores, debe extremar los recaudos a los fines de que los mismos sean debidamente advertidos que están excluidos de la misma lo que no pudo probarse en el caso.

2.-Tratándose de la interpretación de las bases y condiciones de un contrato de promoción, conforme al principio de interpretación sentado en el art. 3 y 37 de la Ley 24.240 en caso de duda, la solución a la que se arribe deberá ser la más favorable al consumidor y en el caso, el incumplimiento configurado en relación al actor – participar por un sortee de un automóvil cero kilómetro contando con 19 años de edad – no se ve subsanado y/o afectado de manera alguna por la circunstancia de que el vehículo haya sido entregado a un tercero, cuestión que no incide de manera alguna en la relación contractual y de consumo existente entre las partes.

3.-Toda vez que de las bases y condiciones de la promoción, se señala que las mismas estarán a la vista de los consumidores en los locales de la demandada y que a solicitud de los mismos podrá entregarse copia, cabe considerar que dicha información -la que reza en el folleto de la promoción-, al no haberse acreditado que las bases y condiciones fueron debidamente informadas a los participantes, resulta harto insuficiente, incumpliéndose por tanto con el deber de información; supuesto en el cual, conforme los términos del art. 37 2da. parte de la Ley 24.240 (y con sustento en el carácter de orden público de la norma -art. 65 -) autorizándose a declarar la nulidad parcial del acuerdo en relación al recaudo vinculado con la exigencia de que el participante sea mayor de edad, considerando por tanto que el actor ha resultado acreedor del premio prometido.

Fallo:

ROSARIO

Y VISTOS: Los presentes caratulados “D´ARRIGO, Alejandro David c/ SUPERMERCADOS LA GALLEGA SA y otros s/ Ordinario” CUIJ 21-01557880-4, de los que resulta; Que a fs. 5/10, la actora, Alejandro David D´Arrigo, por apoderado promueve demanda ordinaria contra Supermercado La Gallega S.A. y Unilever Bestfoods de Argentina S.A. por cumplimiento de contrato y resarcimiento de daños y perjuicios, solicitando la entrega de un automóvil marca Chevrolet, modelo Corsa, 0 km. o la entrega de una unidad similar o el modelo que venga a reemplazar al mencionado dentro de la firma Chevrolet, o la suma necesaria para adquirir en el mercado un automóvil de similares características al pretendido, con más la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000.-) en concepto de daño moral, con más intereses y costas.

Denuncia la conexidad de los presentes con los autos caratulados “D´arrigo, Mario Alejandro y otros c/ Supermercado La Gallega SA y otros s/ Declaratoria de Pobreza”, CUIJ 21-01554386-5, los cuales obran unidos por cuerda.

Sostiene la actora que entre los días 18 y 29 de julio de 2006 realizó diversas compras en el supermercado La Gallega a los fines de poder participar del sorteo de un automotor 0 km., marca Chevrolet, modelo Corsa, organizado por Supermercado La Gallega y Knoor Bestfoods Unilever de Argentina S.A., y que los cupones para participar se entregaban en las cajas de pago, luego de abonar las compras que superaban el importe mínimo para poder participar del mismo.

Refiere que en fecha 9 de agosto de 2006 se realiza el sorteo en la sede del Supermercado La Gallega, resultando ser el ganador del automóvil, pero bajo el pretexto de que no tenía 21 años cumplidos (teniendo a esa fecha 19 años de edad) se le niega la entrega del premio.

Manifiesta tras reiterados reclamos verbales al gerente de la sucursal y siempre ante la negativa de La Gallega de entregar el premio, en fecha 11 de agosto del mismo año, le remitió la carta documento 781430925 mediante la cual se la intimóa que en el término perentorio e improrrogable de 48 horas haga entrega del vehículo.

Continúa diciendo que a dicha misiva, la hoy demandada, dio respuesta en fecha 18 de agosto de 2006 mediante carta documento 765449282 rechazando el requerimiento efectuado por improcedente y temerario en todos sus términos, alegando que de las bases y condiciones de la promoción sólo podían participar personas mayores de 21 años.

Refiere que a la fecha de interposición de la demanda, se vio privado del premio que legítimamente ha ganado y que no le consta que el mismo haya sido entregado a otro participante.

Denuncia la actora el incumplimiento del deber de información por parte de los organizadores del sorteo, quienes al no publicar las bases y condiciones del sorteo, le han permitido participar en el sorteo de un automóvil, comprando para ello mercadería a la codemandada en reiteradas oportunidades y aún más, ha resultado ganador del sorteo.

Continúa su escrito realizando el encuadre legal que entiende aplicable al caso de marras, atacando el argumento sobre la minoría de edad del actor como pretexto de la demandada para incumplir la entrega del bien sorteado y citando doctrina y jurisprudencia afín a su postura.

Finalmente, funda su pretensión en derecho, manifiesta acompañar las cartas documentos de mención y formula la reserva del caso constitucional.

A fs. 15 se cita y emplaza a la parte demandada para que comparezca a estar a derecho, compareciendo a fs. 17 la codemandada La Gallega Supermercados S.A. por apoderado y a fs. 27 la codemandada Unilever de Argentina S.A., por apoderado.

A fs. 28 se corre traslado de la demanda, a fs.45/49 Unilever de Argentina S.A., opone excepción de falta de legitimación para obrar y subsidiariamente contesta la demanda, solicitando su total absoluto rechazo con costas, negando todos y cada uno de los hechos que se expresan en el escrito de demanda y que no sean objeto de un expreso reconocimiento, negativa a la que me remito en homenaje a la brevedad.

Destaca que tal como lo reconociera el propio actor, al momento del sorteo el mismo era un menor adulto, pero menor al fin.

Plantea carece de toda relevancia la cantidad de actos que el mismo hubiera podido celebrar como menor adulto, ya que no se trataba de una discapacidad del mismo, sino de un requisito para participar en el sorteo.

Acompaña la codemandada copia del folleto de publicidad del sorteo en cuestión y de las bases y condiciones (agregadas a fs. 32/35), e indica que las mismas fueron publicadas en todos los locales de La Gallega.

Reproduce textualmente el punto 1 de las referidas bases y condiciones, el cual establece que podrán participar personas mayores de 21 años.

Acompaña copia de escritura pública N° 252 de fecha 9 de agosto de 2006 pasada por ante escribano público Eduardo M. Casiella, de constatación del acto del sorteo, copia de la cesión realizada por el Presidente del Directorio de La Gallega Supermercados S.A. a favor de Alicia Amanda Campanini y copia de la carta documento 765449115 (vide fs. 36/44).

Finalmente, plantea la cuestión constitucional y el caso federal.

A fs. 146 se le corre traslado a la actora de la defensa de falta de legitimación para obrar opuesta por la codemandada, el cual es contestado por la accionante a fs. 167/168.

Por su parte, la codemandada La Gallega Supermercados S.A., contesta la demanda a fs.56/58 solicitando su rechazo, con costas.

Niega los dichos expuestos en la demanda que no sean objeto de un especial reconocimiento.

Destaca que, si bien es cierto que el cupón de la actora fue elegido en primer término en el sorteo realizado por ante el escribano público E. Casiello, al advertirse que el Sr. D´arrigo era menor de edad, y habiéndose consignado en forma precisa que solamente podían participar mayores de edad, fue desestimado y se continuó el sorteo con otros cupones llenados por personas mayores.

Asimismo, reconoce el envió de las misivas referidas por el actor a fs. 5 vta. y 6.

Refiere que el actor sabía perfectamente que el sorteo era para mayores de edad pero igualmente intentó participar.

Asimismo indica que los fallos a los que alude la actora en su escrito de demanda no son aplicables al presente caso.

Continúa reseñando la realidad de los hechos e indica que la actora efectuó una tácita aceptación respecto del conocimiento de las normas del sorteo, en tanto no cuestiona la difusión de las bases y condiciones del concurso.

Realiza un breve análisis de la naturaleza jurídica del sorteo, citando jurisprudencia.

Insiste en que sabían la actora y sus parientes que el sorteo era para mayores de edad y pese a ello “se arriesgaron por las dudas”, pero dieron con una empresa seria que respeta las normas y cumple con los reglamentos.

Finalmente argumenta que nadie puede argüir su propia torpeza.

A fs. 61 vta. se abre la causa a prueba, ofreciéndola la actora a fs. 62 y la codemandada La Gallega Supermercados S.A. a fs. 75, y la codemandada Unilever de Argentina S.A. a fs. 77. Seguidamente se provee la prueba ofrecida a fs. 81, y agregándose las pruebas producidas, se clausura el período probatorio a fs. 130 disponiéndose que pasen los autos por su orden para alegar; alegatos acompañados, a fs. 131, 141 y 143 y agregados a fs.

180/183, 184 y 185/188 respectivamente. A fs.146 se llaman autos para sentencia, providencia firme y consentida (fs. 147 y 161).

Asimismo, habiéndose agotado sin éxito la instancia conciliatoria (vide fs. 165), dándose la debida intervención al Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 52 de la ley 24.240 (fs. 154), quedan los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO: I.- Que, en primer lugar resulta necesario recordar que el tribunal interviniente no tiene la obligación de analizar y resolver las cuestiones planteadas por los justiciables en base a la totalidad de argumentos, consideraciones y elementos que los mismos aporten a la causa, bastando a tal fin se pondere los relevantes a los fines de dirimir el thema decidendum. En este sentido, se ha señalado que “los jueces no están obligados a considerar una por una todas las pruebas de la causa, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, como tampoco están constreñidos a tratar minuciosamente todas las cuestiones expuestas por las partes ni analizar los argumentos que a su juicio no posean relevancia. La exigencia constitucional de que los fallos judiciales sean motivados, sólo requiere una fundamentación suficiente, no una fundamentación óptima por lo exhaustiva” (CCyC de Rosario, sala 3, 29/7/2010, “Piancatelli c/ Ryan de Grant”, http://www.legaldoc.com.ar).

II.- Efectuada esta preliminar aclaración, y por razones estrictamente procedimentales, corresponde en primer lugar abocarme al planteo vinculado con la excepción de falta de legitimación procesal para obrar interpuesto por Unilever de Argentina S.A. dado que, de resultar procedente el mismo devendría abstracto el tratamiento de las demás cuestiones vinculadas con este codemandado.

Entiende Unilever que su parte no tuvo participación alguna en la organización y promoción del sorteo referido en autos.

Ante dicho planteo el actor sostiene que las marcas que participaron en la promoción pertenecen a la firma demandada, lo que evidenciaría que la firma demandada tuvo participación en la promoción del sorteo. Invoca asimismo los arts.7 y 8 de la ley 24.240.

Adelantando mi opinión, debo señalar que la excepción planteada deberá ser desestimada.

En primer lugar debe ponderarse que nos encontramos en presencia de una relación de consumo, debiendo ponderar a tal fin lo dispuesto por los arts. 1 y 2 de la ley 24.240 y normas concordantes al momento del hecho (18 y 29 de julio de 2006).

Así, y como también lo ha destacado no sólo la actora sino también el Fiscal a fs. 157, el reclamante encuadra en el concepto de consumidor, habiendo adquirido bienes muebles a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social, debiendo considerarse asimismo consumidor ya que en función de una eventual contratación a título oneroso, recibió a título gratuito cosas o servicios, en el caso el acceso al sorteo que se llevó a cabo (extremos que se encuentran plenamente acreditados en autos, y en algunos supuestos reconocidos expresamente).

Naturalmente, la existencia de una relación de consumo demanda no sólo la presencia de un consumidor, sino también que junto a este se pueda identificar a un proveedor, entendiéndose por tal quien, en forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios.

Supuesto en el cual queda claramente encuadrado el demandado Unilever.

De esta manera, y habiéndose acreditado en autos la relación existente entre el supuesto hecho lesivo (sorteo) con los productos de la demandada (que admite que las marcas de la promoción pertenecen a Univeler -vide pregunta octava de la absolución obrante a fs.93), puede presumirse de las circunstancias probadas la anuencia de esta última con la actividad desarrollada por Supermercados la Gallega S.A., quedando en cabeza de quien niega la misma la acreditación de tal extremo (verbigracia a través de una intimación para que dejen de utilizarse sus marcas, aunque sea a través de un reclamo informal). En este sentido, si bien soy consciente que a la fecha no se encontraba vigente el actual art. 53 de la ley 24.240, la carga del proveedor de aportar los elementos pertinentes a la causa se funda en el principio de la buena fe procesal y por tanto corresponde aplicarlo al supuesto de marras.

Adviértase también que es el codemandado Univeler quien, si bien alega no tener injerencia en el sorteo efectuado, acompaña a fs. 32 a 44 copia de la promoción efectuada, de las bases y condiciones de la misma de la constatación notarial realizada al momento del sorteo y de la entrega del premio.

Conforme lo expuesto, y aún cuando el codemandado no fuera partícipe de la publicidad o de la oferta emitida, considero que puede entenderse acreditada, a través de las presunciones e indicios acompañados, la relación existente entre éste y la actividad supuestamente lesiva desarrollada.

En dicha línea, la actividad desarrollada por el codemandado Supermercados La Gallega S.A. implicó un beneficio para Unilever, ya que incentivaba indirectamente la adquisición de sus productos en razón de una actividad gratuita, actividad que, en la hipótesis de mínima, fue consentida por esta última a través de comportamientos no declarativos que evidenciarían un participación en el negocio.

Debe además ponderarse que el codemandado La Gallega, al contestar la demanda, a fs. 57 reconce haber organizado dicho sorteo CONJUNTAMENTE (el resaltado me pertenece) con Unilever.

A mayor abundamiento, el art.40 de la ley 24.240 incorpora dentro del contexto de sujetos pasivos responsables del daño generado por el riesgo o vicio de la cosa o del servicio al llamado fabricante putativo, quien sin intervenir activamente en la relación pone su marca en la cosa o el servicio, supuesto que también considero aplicable al caso (existiendo un aparente vicio o defecto en el servicio prestado).

Conforme los argumento señalados, y como adelantara precedentemente, la excepción planteada deberá ser desestimada sin más.

Resuelto este primer aspecto corresponde introducirnos en la cuestión de fondo planteada.

III.- Trabada la litis a través de los planteos formulados en la demanda y los correspondientes respondes, entiendo plenamente acreditada la existencia de la promoción que generó el sorteo que funda la pretensión de autos así como que en primer término se extrajo un cupón perteneciente al actor para adjudicar al primer premio y que el mismo fuera eliminado alegándose que era menor de edad (circunstancia también reconocida y acreditada). Todo ello conforme los hechos relatados en la demanda, la documental acompañado por los demandados (vide fs. 32 a 44), los hechos reconocidos en el responde (vide fs. 47 vta. a 49 y 56 vta. a 58) y la absolución de posiciones de La Gallega obrante a fs. 93 vta.

Naturalmente el sorteo efectuado detenta naturaleza contractual (incorporado dentro de una relación de consumo), debiendo por tanto determinarse si dentro de las condiciones pactadas se encontraba debidamente informada la exigencia de que el beneficiario del premio tenía que ser un mayor de edad. Tal es el thema decidendum.

Y es que, como lo impone el art. 42 de la Constitución Nacional, el consumidor tiene derecho a una información adecuada y veraz: debe darse la suficiente cantidad de información como para que el sujeto tenga capacidad de discernimiento libremente intencionado hacia la finalidad perseguida en el contrato.Así, y si bien la norma incorpora los recaudos en el año 2008 y 2015, ya con anterioridad se demandaba que el cumplimiento de dicho deber no se circunscriba al bien o servicio (art. 4 originario de la ley 24.240), sino que se extienda también a las condiciones de su comercialización (misma norma conforme la modificación de la ley 26.361) y a toda otra circunstancia relevante (art. 1100 Código Civil y Comercial).

Y es que el deber de información debe plantearse a través de un diálogo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, diálogo donde el sujeto pasivo debe ponderar debidamente quién es el destinatario de su mensaje, extremando los recaudos en situaciones donde pueda evidenciarse la presencia de sujetos con mayor vulnerabilidad (así “Bloise de Tucchi, Cristina c/ Supermercado Makro S.A.”, SCMendoza, Sala I, 26/07/02 – L.L. Gran Cuyo t.

2002, pág. 726 y ss).

Tal es el supuesto de autos ya que por el supermercado de la codemandada circulan diariamente adultos mayores, personas con capacidades diferentes y menores que contratan la prestación de bienes y servicios dentro del local comercial y que en muchos casos no saber o no pueden leer. Y a ello debe adicionarse un factor vital del mundo del consumo: la posible distracción derivada de la actitud de distensión del consumidor que va a un centro comercial del tenor de los de la codemandada La Gallega (en este mismo sentido “Bloise de Tucchi, Cristina c/ Supermercado Makro S.A.”, SCMendoza, Sala I, 26/07/02 – L.L. Gran Cuyo t. 2002, pág. 726 y ss.).

En esta misma línea, destaca el actor que en ningún supuesto fue informado o le fue advertida la necesidad de ser mayor de edad para participar (circunstancia de difícil acreditación dado encontrarnos ante un hecho negativo), mientras que la demandada sostiene todo lo contrario (sin haberlo acreditado en la causa). En este sentido, cabe recordar que el art.53 de la ley 24.240, norma de orden procesal y por ende de aplicación inmediata a la causa (que se inicia con posterioridad a su vigencia) impone al proveedor la carga de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio. Y, aún cuando se interpreta que no resulta aplicable al supuesto esta disposición, la carga pesa igualmente sobre sus hombros, dado que quien invoca el hecho positivo en autos es quien está en mejores condiciones de probarlo.

En este contexto sólo puede advertirse que, de las bases y condiciones de la promoción (cláusula 16), se señala que las mismas estarán a la vista de los consumidores en los locales de La Gallega y que a solicitud de los mismos podrá entregarse copia (texto similar al que reza el folleto de la promoción).

Considero que dicha información (la que reza en el folleto de la promoción), al no haberse acreditado que las bases y condiciones fueron debidamente informadas a los participantes, resulta harto insuficiente, incumpliéndose por tanto con el deber de información; supuesto en el cual, conforme los términos del art. 37 2da. parte de la ley 24.240 (y con sustento en el carácter de orden público de la norma -art. 65-) me permiten declarar la nulidad parcial del acuerdo en relación al recaudo vinculado con la exigencia de que el participante sea mayor de edad, considerando por tanto que el actor ha resultado acreedor del premio prometido.

Cabe en este punto recordar que, conforme la modalidad de desarrollo de la promoción (vide al respecto confesional de La Gallega a fs. 93 vta.), cualquier persona podía acceder a los cupones y participar, debiendo por tanto los codemandados, sujetos pasivos del deber de información incumplido, extremar los recaudos a los fines de que sea fehacientemente conocida la existencia de restricciones en relación a la promoción.Esto es, si admito por la modalidad en que se desarrolla la promoción (dispuesta por la misma demandada) que participen menores, debo extremar los recuados a los fines de que los mismos sean debidamente advertidos que están excluidos de la misma (verbigracia una constatación notarial que acredite la publicidad fehaciente de los términos y condiciones de la promoción, que los mismos fueron publicados en un diario de gran tirada -lo que no pudo probarse conforme se evidencia a fs. 104, ya que de ser así no se guardó constancia documental alguna-, etc.).

Ratifica la solución a la que se arriba el principio de interpretación sentado en el art. 3 y 37 de la ley 24.240 ya que, en caso de duda, la solución a la que se arribe deberá ser la más favorable al consumidor.

Finalmente, cabe reseñar que el incumplimiento configurado en relación al actor no se ve subsanado y/o afectado de manera alguna por la circunstancia de que el vehículo haya sido entregado a un tercero, cuestión que no incide de manera alguna en la relación contractual y de consumo existente entre las partes.

De esta forma, determinado el incumplimiento de los codemandados, debe ponderarse la procedencia de los rubros reclamados por el actor.

IV.- Básicamente dos son los rubros reclamados por el actor: la entrega del premio prometido o unidad s imilar de no existir la misma en el mercado o la suma para adquirir un auto de similares características y el daño moral generado.

Considero que ambas pretensiones resultan admisibles con sustento en el art. 10 bis de la ley 24.240 ya que la norma plantea que ante el incumplimiento del contrato, el consumidor puede requerir el cumplimiento forzado de la obligación o aceptar un producto equivalente, sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan.

IV.- a) Producto equivalente: atento a que, conforme se encuentra informado a fs.102 el vehículo objeto del premio ha sido descontinuado en su fabricación, y habiéndose planteado la posibilidad de que se entregue uno equivalente, deberá (dado lo manifestado a fs. 102) entregarse a la actora en un plazo de 10 días de que quede firme la presente un vehículo Chevrolet Celta LS 1.4 AA 0 km.

IV.- b) En relación al daño moral reclamado, y estimado en $ 10.000, advierto que no se ha acompañado constancia alguna de acreditación del mismo en autos.

Sin perjuicio de ellos, conforme las circunstancias fácticas desarrolladas, considero que la actora ha padecido afecciones y padecimientos que exceden los propios y corrientes que se generan.

En este sentido debe ponderarse el valor tiempo que ha perdido, tanto en relación a la realización de diversos trámites vinculados con el incumplimiento padecido, así como cuestiones administrativas y/o judiciales que precedieron el inicio de esta acción (BAROCELLI, Sebastián; “El valor tiempo como menoscabo a ser reparado al consumidor, Su cuantificación”, publicado en Revista Jurídica de Daños, el 31/07/2013, cita IJ-LXVIII-871).

Y, aún cuando la carga de la prueba del daño moral seguirá pesando sobre los hombros de la víctima, en determinadas circunstancias y bajo ciertas condiciones dicho daño surgirá in re ipsa de las circunstancias del caso.Recordemos que nos encontramos ante un contrato por adhesión, caracterizado justamente por una desigualdad entre las partes, lo que evidenciaría la situación de vulnerabilidad de la parte débil para quien ciertas conductas y/o comportamientos (que en una relación paritaria no pueden sino calificarse como propias de los padecimientos y/o riesgos empresarios que la actividad conlleva) deberán merituarse como generadoras de la responsabilidad propia de este rubro.

En este sentido, es dable receptar la tesis propuesta por Zavala de González en relación al tiempo que le ha insumido a la víctima el reclamo (trámites judiciales y administrativos, esperas prolongadas, visitas a profesionales, etc.), tiempo en el cual se ha visto privado de desarrollar sus tareas habituales (ZAVALA de GONZALEZ, Matilde; “Los daños morales mínimos”, LL 2004-E, 1311). Repárese que no nos referimos a una tarea lucrativa (supuesto que quedaría comprendido en el rubro patrimonial lucro cesante que no se ha reclamado), sino a cualquier tipo de actividad que habitualmente la víctima desarrollaba pero que debió dejar de lado en razón del presente.

El mero hecho de esa circunstancia es considerado y valorado como un perjuicio suficiente para admitir la procedencia del rubro daño moral. De esta manera el rubro es prácticamente admitido per se ya que surge in re ipsa del hecho de que la víctima deba ocupar su tiempo en defender y plantear sus reclamos a la contraparte.

Conforme lo expuesto, estimo que dicho monto debe cuantificarse a la fecha en $ 6.000, suma que (en los términos del art. 1741 del Código Civil y Comercial) guarda cierta proporción con los gastos de patentamiento de la unidad que debe entregársele. Dicha suma deberá abonarse en un plazo de 10 días de que quede firme la presente, fecha a partir de la cual comenzará a devengar un interés equivalente a la tasa activa sumada que fija el Nuevo Banco de Santa Fe S.A.

V.- Costas:Que en cuanto a las costas las mismas serán impuestas a la demandada vencida conforme lo dispuesto por el art. 251 CPCCSF.

Por lo que, en mérito de todo lo expuesto, normas legales citadas y actuaciones que se tienen a la vista;

RESUELVO:

I) Hacer lugar parcialmente a la demanda y por tanto condenar a los demandados a entregar a la actora en el plazo de diez días de que quede firme la presente, un vehículo Chevrolet Celta LS 1.4 AA 0 km. con más la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000.-) en concepto de daño moral, la cual devengará un interés equivalente a la tasa activa sumada que fija el Nuevo Banco de Santa Fe S.A.;

II) Imponer las costas a los demandados vencidos (arg. Art. 251 del CPCyCSF);

III) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se acompañen las respectivas constancias fiscales.

Insértese y hágase saber.

DRA. JORGELINA ENTROCASI DR. MARCELO C. M. QUAGLIA

Secretaria Juez