La municipalidad demandada debe responder por el vuelco de un vehículo y la caida de su conductor, pues omitió sus diligencias en el servicio público

Upset driver After Traffic Accident

Partes: E. M. E.c/ Municipalidad de Rosario s/ | daños y perjuicios

Tribunal: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario

Fecha: 8-mar-2016

Cita: MJ-STF-M-6831-AR | STF6831 | STF6831

Se condena a la Municipalidad demandada por omisión a las diligencias del poder de policía como servicio público, pues el badén existente en la línea de circulación del actor ocasionó la pérdida de control del vehículo y posterior caída del mismo.


Sumario:

1.-Corresponde declarar inadmisible el recurso de apelación extraordinaria interpuesto por la Municipalidad demandada, pues se tiene por acreditada una omisión a las diligencias del poder de policía como servicio público, en tanto la Municipalidad no produjo prueba alguna tendiente a acreditar el cumplimiento de dicho deber, encontrándose en cabeza de la recurrente-demandada, la carga a su respecto por constituir una eximente de responsabilidad y al ser la calzada una cosa inerte, la actora debe acreditar su anormal situación generadora de la probabilidad y consecuente previsibilidad de una contingencia dañosa, extremo que ha sido acreditado.

2.-La responsabilidad de la Municipalidad demandada ha sido analizada a la luz del art. 1112 del CCiv., por estar a cargo de dicho ente el servicio público de contralor el estado de las calzadas, así se ha acreditado la existencia de un daño cierto y mensurable en dinero, el mismo se ha imputado a una inactividad del órgano estatal, se acreditó la relación de causalidad adecuada entre la inactividad del órgano y el daño cuya reparación se persigue y la falta de servicio consistió en una omisión irregular por parte del Estado al ocasionar el badén existente en la línea de circulación la pérdida de equilibrio del actor y su posterior caída, encontrándose verificada la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado.

Fallo:

Rosario, 8 de marzo de 2016

VISTOS: Los presentes caratulados “E., M. E. C/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte N° 4476/13, para resolver sobre el Recurso de Apelación Extraordinaria interpuesto a fs. 245/260 por la demandada, MUNICIPALIDAD DE ROSARIO, representada por la Dra. María Alejandra Nibeyro, contra la Sentencia N° 2954 de fecha 19/11/15 que obra a fs.

233/241.

La recurrente funda su recurso invocando el apartamiento de las formas sustanciales estatuidas para la decisión del litigio (art. 42, inc. 1 ° , L.O.P.J. Nro. 10.160), apartamiento de la regla de congruencia procesal (art. 42, inc. 2° LOPJ), apartamiento manifiesto del texto expreso de la ley (art. 42, inc. 3° LOPJ) y apartamiento de la interpretación que le han dado las Salas de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de nuestra ciudad a idéntica cuestión (art. 42, inc.

4° LOPJ).

Quedan así los presentes en estado de emitir pronunciamiento definitivo.

CONSIDERANDO: 1. Que en el juicio de admisibilidad que corresponde realizar al Tribunal Colegiado se comprenden tres niveles, conforme doctrina consagrada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe a partir de los precedentes “Cerrutti, Armando” y “Nasurdi, Rubén”, que parten de los aspectos

mere-rituales, para continuar luego con un examen de las razones que el recurrente invoca para avalar su pretensión. En este segundo paso no sólo el motivo alegado debe coincidir en abstracto con alguna de las causales que prevé el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -nivel segundo- sino que debe juzgarse “prima facie” si media un mínimo nexo entre aquel motivo y la realidad concreta de los autos -nivel tercero-.

2. – Sentado lo expuesto, y a fin de evaluar el primer nivel de análisis del recurso, observamos que el mismo ha sido interpuesto contra una sentencia definitiva del Tribunal Colegiado, dentro del plazo legal para hacerlo (Notificación 2/12/15 e interposición 01/02/16), por quien se encuentra legitimado para recurrir.Además, dicho recurso ha sido presentado en el lugar y forma correctos, ya que se formuló ante este Tribunal, por escrito, expresando genéricamente cual es el pronunciamiento que se pretende (art. 567 del C.P.C.) 3. – Verificado lo anterior, en un segundo nivel debe pasarse revista a las causales invocadas por la recurrente.

3.1.- La recurrente introduce consideraciones preliminares atinentes a los arts. 1113 y 1112 C.C.

Expresa que no es obligación del Municipio garantizar que las construcciones y la vía pública observen condiciones de total e infalible seguridad para los usuarios, que el poder de policía que posee su mandante sobre las cosas del dominio público no significa que deba garantizar esas condiciones, sino en velar

por el cumplimiento de las mismas.

Considera que no puede hablarse de responsabilidad de la Municipalidad de Rosario únicamente por ser la dueña de la cosa (art. 1113) ya que no se trata de dominio privado, sino público y el particular siempre debe probar la falta de servicio en cada caso concreto. Aduce que su representada para ser alcanzada por la condena tendría que ser demandada por incumplimiento irregular de sus obligaciones legales (art. 1112), probando el actor, que no existe dependencia encargada del tema, o que de existir no se encuentra dotada de la planta personal suficiente, etc. Todo lo cual no ha sido materia de alegación y prueba del actor, y tampoco el Tribunal ha adentrado a su análisis, condenando a su parte con base exclusiva a lo dispuesto por los arts. 1113 y 2340 C.C.

Concluye que para poder alcanzar a la Municipalidad la víctima deberá probar de modo fehaciente la irregular prestación del servicio público a cargo de la Administración y sus incumplimientos en el ejercicio del poder de policía que posee.

Posteriormente, enumera las causales, para luego pasar a desarrollarlas independientemente.

3.2.- En primer término, fundamenta su recurso en la causal de apartamiento de las formas sustanciales estatuidas para la decisión del litigio (art. 42, inc. 1 °, L.O.P.J. Nro.10.160), por entender que hubo omisión en la valoración de la prueba, ya que la producida no se analiza de modo adecuado en el fallo impugnado.

Relata que de la pericia médica surge, a fs. 131, que el reclamante no refiere asistencia médica en el lugar del hecho y que acompaña informe radiológico de fecha 26/11/10 de parrilla costal izquierda, resonancia de fecha 20/08/10 y realiza resonancia magnética en el hospital Español en fecha 2/05/15, que nada tienen que ver con el hecho denunciado que data del 25/08/10.

Entiende que no existen estudios médicos sobre el hecho denunciado y que la pericia fue realizada cinco años después del mismo sin documentación médica obrante relacionada al hecho, solo estudios anteriores y de años posteriores.

Expresa que el perito determinó una incapacidad del 6% sin pedir estudios médicos nuevos ni existir constancia de atención médica por el hecho relatado. Relata los cuestionamientos efectuados al perito médico en la Audiencia de Vista de Causa, y entiende que el Tribunal no fundamenta por qué atribuye el 6% de incapacidad cuando no estaba probado agravamiento alguno y ante la afirmación del perito “al examen médico actual habiendo curado sin secuelas clínicas”. Considera confusas las conclusiones del perito y que el Tribunal nada aclara al respecto.

En cuanto a la pericial mecánica, destaca que a fs. 93 reza “. en función de lo anterior la posible forma de ocurrencia del accidente.” y a fs. 94 “. el Badén existente en la línea de circulación del actor pudo haber ocasionado su

caída.” Relata, asimismo, que el testigo no vio el hecho y raramente no recuerda si era bicicleta o moto, pero si recuerda con lujos de detalles el badén.Cita fragmentos de su declaración.

Entiende que nunca se acreditó el hecho denunciado, ni la mecánica, como así tampoco la presencia de urgencias en el lugar, que no está acreditada la falta de servicio, factor de atribución de responsabilidad extracontractual del Estado, y por ende la relación de causalidad entre el hecho alegado y las lesiones que sufrió la actora.

Dichos agravios se reducen a la interpretación efectuada por este Tribunal respecto de las pruebas producidas en autos.

El juez tiene plena facultad para valorar dichas pruebas, puesto que “los jueces no están obligados a ponderar una por una exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones, ni tampoco a tratar todas las cuestiones expuestas, ni analizar los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos” .

Liminarmente corresponde destacar que el caso ha sido analizado tanto bajo la óptica del art. 1112 -introducido por la actora en su demanda-como del art. 1113 segundo párrafo del C.C. -introducido por la demandada en su responde-.

El art. 23 de la ley 24449 impone a la demanda el deber de actuar de inmediato, advirtiendo del riesgo a los usuarios cuando la seguridad y/o fluidez de la circulación estén comprometidas por situaciones u obstáculos anormales. Por tanto, recae sobre la Municipalidad el deber de controlar que la vía pública no se convierta en cosa riesgosa y que permanezca en condiciones tales que las personas puedan transitar por ellas sin peligro, pues el Estado tiene el deber de atender la seguridad y la salubridad de los habitantes. Las imperfecciones o los obstáculos en las aceras, deben estar debidamente señalizados a fin de que la circulación por ellas sea segura, pues lo contrario la torna generadora de riesgo en el sentido del art.1113 C.C.

En el fallo recurrido, se tuvo por acreditada una omisión a las diligencias del poder de policía como servicio público, pues la Municipalidad no produjo en autos prueba alguna tendiente a acreditar el cumplimiento de dicho deber, encontrándose en cabeza de la recurrente-demandada, la carga a su respecto por constituir una eximente de responsabilidad.

Corresponde señalar que al ser la calzada una cosa inerte, la actora debe acreditar su anormal situación generadora de la probabilidad y consecuente previsibilidad de una contingencia dañosa, extremo que ha sido acreditado en autos.

En cuanto a la ocurrencia del hecho, de la Inspección ocular

efectuada por la preventora, surge que sobre el carril de circulación sur-norte de Avenida Francia, a un metro aproximadamente del cordón del cantero central, y a 10 metros aproximadamente de la senda peatonal que se encuentra antes de llegar a Rioja, se observa badén, el cual es de unos 40cm de diámetro (fs. 2 y croquis fs. 3) Por su parte, el ingeniero mecánico Carlos Eduardo Garabello, indica como posible forma de ocurrencia que, circulando el actor por calle Av. Francia en su vehículo marca Mondial Max 110, con sentido cardinal sur-norte, sobre el margen izquierda de la mencionada avenida, unos 10 mts aproximadamente antes de llegar a la intersección con calle Rioja, impacta con un hundimiento existente (a fecha del accidente) sobre la cinta asfáltica cercana al cordón del cantero central, provocando que tanto el vehículo como su conductor perdieran el equilibrio y cayeran sobre su lateral izquierdo. Indica que el badén existente en la línea de circulación del actor pudo haber ocasionado su caída. (fs. 98va) Asimismo, el Sr.Luis Osvaldo Enciso en la Audiencia de Vista de Causa, depone que lo ve cuando cruza al cantero, que la persona estaba caída porque había un pozo en la calzada del lado del cantero central donde él venía circulando, bastante profundo, como que la calzada en esa parte estaba en el aire y abajo un hueco, que es indudable que agarró el hueco y el chico voló, que el pozo era profundo como para que una moto se introdujera y se produzca un accidente, tenía 50 cmts de profundidad.

Corresponde destacar que la circunstancia de que el testigo no recordara si el vehículo en el que circulaba la actora era una bicicleta o moto deviene irrelevante a la mecánica del siniestro y ello resulta po sible atento al tiempo transcurrido desde que se produjo el hecho hasta la declaración.

La valoración de las testimoniales constituye una facultad propia de los magistrados quienes pueden inclinarse hacia aquellas declaraciones que les merecen mayor fe para iluminar los hechos de que se trate.

Lo relevante es el grado de credibilidad de los dichos, en orden a las circunstancias personales de los testigos, razón de ser de su conocimiento, interés en el asunto y coherencia, requisitos que de no concurrir, total o parcialmente, autorizan a alegar sobre la idoneidad del declarante En consecuencia, de las pruebas producidas surge que la mecánica del siniestro ha sido la alegada por la actora, pues no hay indicios que indiquen la posibilidad de una mecánica distinta.

La recurrente cuestiona, asimismo, la valoración efectuada por el Tribunal al analizar la pericial médica practicada en autos.

Al respecto cabe destacar que las lesiones han sido constatadas en fecha 03/09/10 -a solo pocos días de ocurrido el accidente- por la preventora en el Informe Médico Legal, determinando traumatismo derecho sacro con un tiempo de curación e incapacidad laboral de 10 a 15 días aproximadamente salvo complicaciones.

Asimismo, a fs.86/90 obra Historia Clínica del actor, de la cual surge RX practicada en fecha 23/11/10 y RX del 21/12/10, de parrilla costal izquierda y derecha respectivamente.

Por su parte, el perito Médico Andrés Feugeas, indica (fs. 136/138) que el actor por el accidente de marras sufrió politraumatismos con trauma lumbar reagravado por patología preexistente, siendo asistido en forma ambulatoria, con realización de estudio radiográfico, informando fracturas costales izquierdas no complicadas, al exámen médico actual curado sin secuelas clínicas.

No existen constancias en autos que permitan inferir que las lesiones constatadas en las RX acompañadas a sólo dos o tres meses del accidente no tengan vinculación con el hecho.

El perito reseña, a su vez, que además fue asistido por lumbalgia reagudizada, con una resonancia magnética de columna lumbar realizada posteriormente al hecho, la cual no constata lesiones nuevas o sobreagregadas a las preexistentes en estudio anterior, pre traumático, determinando nueva asistencia médica por limitación funcional y dolor postraumático, sin constatarse irradiación a miembros inferiores en forma objetivable. Determina una incapacidad del 6% y en la audiencia de vista de causa, al serle solicitadas aclaraciones, expresa que la preexistencia no está incluida en el 6% y que a los fines de otorgar dicha incapacidad se basó en una resonancia posterior al accidente y en estudios previos.

De ello se desprende que las consideraciones vertidas por el perito en su dictamen y posteriores explicaciones tienen base científica, objetiva y técnica, pues son claras, firmes y contundentes.

Por ello, “la recurrente no demuestra que la conclusión a la cual arribó el a quo sea irrazonable o carezca de sustento en las constancias de autos. En tales condiciones, la arbitrariedad fáctica que se alega no supera airosamente el límite impuesto por el art. 560, inc. 7°) del CPCC, respecto de la irrecurribilidad de las cuestiones de hecho.” Sobre la causal del inciso 1° del art.42 de la LOPJ, la Sala 1§ de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario ha dicho: “El análisis de la causal contemplada en el art. 42 inc. 1° de la L.O.P.J. bajo el cuadrante casatorio impone señalar que las cuestiones fácticas y probatorias son, naturalmente, ajenas al recurso, salvo hipótesis de absurdo. Es decir, no es tarea casatoria el re-examen íntegro del proceso, pues la finalidad de aquella se limita a confrontar si ha sido aplicado el derecho correctamente a los hechos definitivamente fijados y valorados por los jueces de la causa. A su vez, el absurdo, como circunstancia que autoriza este recurso extraordinario, esencialmente casatorio, es un remedio último y justificable sólo en casos excepcionales, pues no lo constituye cualquier decisión que se estime equivocada o injusta, sino la que escapa a las reglas de la lógica formal y las transgrede, aquello que es impensable o inconcebible por haber quedado al margen del raciocinio.”

“La doctrina casatoria ha dicho que la ponderación de la prueba constituye una materia ajena, en principio, al recurso extraordinario, aún en aquellos casos que pudiera aparecer como opinable o discutible para alguno de los interesados, ya que el medio impugnativo premencionado no debe convertirse en otra instancia ordinaria, más allá de la valoración de la prueba en su acierto o error, lo poco o mucho convincente de aquélla, pues la teoría del absurdo es un remedio excepcional y último agregado al ordenamiento jurídico para evitar la iniquidad en los pronunciamientos judiciales sobre cuestiones de hecho” (Acuerdo N° 140 del 29 de octubre de 1998 dictado por la Sala 1§ de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, en la causa “Champier, Claudio C. c/ Stella, Sergio M. y Ot.s/ Daños y perjuicios”).

Ello debido a que el Recurso de Apelación Extraordinario está previsto para aquellas situaciones en que el Tribunal de grado se aparta arbitrariamente de la prueba rendida en el juicio, arribando a conclusiones que carecen de todo fundamento, pero no para casos como el de autos en los que se trata de una diferente valoración de la prueba respecto de la que realiza el Tribunal.

3.3.- En segundo término introduce la causal de apartamiento de la regla de congruencia procesal (art. 42 inc. 2° LOPJ). Aduce que el actor en su demanda reclama una incapacidad del 18% por una lesión en su región lumbosacra, que agravó una patología preexistente y que estima en $122.400 ($6.800 el punto).- Reitera los cuestionamientos vertidos respecto al informe pericial médico, tratados en el agravio precedente, y cuestiona que el tribunal por un 6% de incapacidad otorgue la suma de $45.000 ($7.500 el punto), otorgando más que lo pedido sin existir pruebas que funden su argumento.

Asimismo ataca el monto otorgado por daño moral en la sentencia toda vez que no se encuentra probado el hecho. Cita jurisprudencia.

Corresponde destacar que la indemnización que se otorgue por incapacidad sobreviniente debe atender, primordialmente, al mantenimiento incólume de una determinada calidad de vida, cuya alteración, disminución o frustración, constituyen en sí un daño resarcible conforme a una visión profunda del problema tratado.

El órgano jurisdiccional estima las consecuencias dañosas con un grado de prudente discrecionalidad, teniendo en cuenta todas las consecuencias que afectan a la víctima, como asimismo que el Sr. Erbín Matías Emilio tenía 23 años de edad al momento del accidente, poseía título habilitante para trabajar como docente, y a partir del 01/12/12 trabaja como profesor de Educación Física con una remuneración bruta de $3.419,27 (informativa de fs.116).

En lo referente al daño moral, la CSJN ha expresado que el quantum otorgado por dicho rubro no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, debiendo considerarse entre otras pautas, la entidad del sufrimiento causado a la víctima y la índole del hecho generador que se describe,

circunstancias que surgen del Resolutorio puesto en crisis. En virtud de las facultades conferidas por el art. 245 del CPCC, el Tribunal valuó dicho rubro.

Por ende, el Tribunal no hizo más que establecer los montos de acuerdo a las pruebas producidas y valoradas en autos.

Vale destacar que el cuestionamiento de los montos de indemnización otorgados, no constituye un motivo recursorio que encuadre en las causales invocadas.

Corrobora lo señalado, la jurisprudencia de la Sala 4° de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, en cuanto estableció que: “la discrepancia respecto de la cuantía de la indemnización otorgada por el “a quo” constituye una “cuestión de hecho” que exorbita el ámbito propio del recurso de apelación extraordinario”.

De lo expuesto se evidencia que el agravio vertido por la recurrente se reduce a los resarcimientos otorgados por este Tribunal al damnificado, en virtud de la valoración brindada a las pruebas producidas en autos.

El caso de autos, no reviste visos que encuadren en la incongruencia expresada como causal de la Apelación Extraordinaria.

Es de destacar que “la autocontradicción, exige que exista una irreductible oposición conceptual que torne ininteligible el fallo, a punto de descalificarlo como acto jurisdiccional, debe existir una irremediable incongruencia interna entre las proposiciones que lo integran, un quebrantamiento del raciocinio” (Sagües, Néstor Pedro – María Mercedes Serra: Derecho Procesal Constitucional, Santa Fe, 1998, pág.472) “En relación a la alegada incongruencia contenida en el decisorio sólo se vislumbra su intento de renovar el debate sobre una cuestión de hecho, ajena a esta revisión extraordinaria, lo que en definitiva remite a los argumentos expuestos acerca de la primer causal.” La recurrente no ha logrado plasmar el agravio invocado.

3.4.- En tercer término, introduce la causal de apartamiento manifiesto del texto expreso de la ley (art. 42 inc. 3° LOPJ), entendiendo que se omite examinar de modo exhaustivo la norma contenida en el art. 1112 del C.C.

Alega que se omitió considerar la presunción de legitimidad del obrar estatal y su licitud. Expresa que la Administración puede ser demandada únicamente cuando exista un daño causado por quien la dirija o administre en ejercicio o con ocasión de sus funciones, o por un dependiente, o cuando la omisión o irregularidad en la prestación del servicio público sea evidente, lo que no fue probado en autos.

Si bien dicho agravio ha sido tratado precedentemente, a mayor abundamiento se expresa que el deber de conservar los bienes de dominio público en buen estado de conservación y seguridad, pesa en forma primaria sobre su dueño y guardián, en el caso la Municipalidad de Rosario (art. 1113 C.C.).

Asimsimo, la responsabilidad de la Municipalidad de Rosario ha sido analizada a la luz del art.1112 del C.C., por estar a cargo de dicho ente el servicio público de contralor del estado de las calzadas, así se ha acreditado la existencia de un daño cierto y mensurable en dinero, el mismo se ha imputado a una inactividad del órgano estatal, se acreditó la relación de causalidad adecuada entre la inactividad el órgano y el daño cuya reparación se persigue y la falta de servicio consistió en una omisión irregular por parte del Estado, encontrándose verificada la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado, conforme se analizó en la sentencia recurrida.

Al respecto, “La Corte local ha sido particularmente enérgica al señalar que ‘la causal del inciso 3° del art. 42 de la ley 10.160 exige, rigurosamente, que el apartamiento del texto expreso de la ley sea manifiesto; lo cual implica que el juzgador de primer grado haya decidido un litigio a base de texto no vigente o prescindiendo por completo de normativa expresa y reguladora del problema debatido” (CSSF, doctrina de Benítez V. Berretoni (A. Y S. 103-63), invariablemetne reiterada), situación ésta que en modo alguno se configura en autos.

Con igual criterio, la Sala III de nuestra ciudad ha sostenido que “corresponde reputar configurada la susodicha causal, única y exclusivamente cuando la decisión respectiva resulte arbitraria, siendo mutatis mutandi aplicables en la especie los postulados de la doctrina jurisprudencial elaborada en torno a la sentencia arbitraria en orden a la concesión del recurso de inconstitucionalidad

provincial y/o del extraordinario federal. El texto del art. 42 inc. 3 Ley 10.160 guarda estrechos puntos de contacto con la teoría de la sentencia arbitraria por mediar contradicción contra fundamentos normativos aplicables. Da pie a la tacha de arbitrariedad de la sentencia el hecho de haberse fundado en textos legales no vigentes y también en la circunstancia de haberse apartado irrazonablemente de la norma aplicable en principio al caso.Por lo dicho, pues, se impone verificar si lo resuelto por el a quo se apoya en una aplicación de fundamentos normativos irrazonables y producto de una lucubración imposible por parte del juzgador porque sólo en le supuesto de que dicha compulsa arroje un resultado positivo podrá considerase a lo decidido en la instancia de origen como arbitrario, y consecuentemente, susceptible de ser revisado a través del recurso de apelación extraordinaria”.

3.5.- Finalmente, funda su recurso en la causal de apartamiento de relevante de la interpretación que a idéntica cuestión de derecho haya dado una Sala de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de nuestra ciudad (art. 42, inc. 4° LOPJ), en cuanto a la tasa de intereses dispuesta por el Tribunal.

Expresa que el Tribunal otorgó por incapacidad la suma de $53.000, refiriendo a un monto actualizado a la fecha de la sentencia y no histórico a la fecha del accidente y que si a dicho monto actualizado le sumamos los intereses moratorios dispuestos en el fallo, se traduciría en un enriquecimiento indebido, ya que estaría abonando dos veces la privación del capital.

Considera que el interés moratorio se devenga a partir de la mora, lo que acontece al vencimiento del plazo otorgado por la sentencia.

Cita jurisprudencia del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual N° 6 y reseña fragmentos del Acuerdo N°439 de fecha 28/11/13 dictado por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Sala IV, en autos “Fernandez, Ana María c/ Semtur y Ot. s/ daños y Perjuicios – Recurso Directo” Expte. N° 258/13.

Es de destacar que el citado inciso 4° establece que la recurrente debe acompañar copias debidamente certificadas de los fallos que alegue, no habiéndose cumplimentado en autos este recaudo.Sin embargo, para no caer en un excesivo rigor formal, cabe advertir que el primero de los precedentes traídos a consideración por la recurrente, no cumplimenta con los requisitos de la norma y el segundo no contienen una “idéntica cuestión de derecho”, conforme lo que exige la ley.

Al respecto la Sala 4§ de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario ha reiterado que: “el art. 42 inciso 4° de la ley 10.160 exige que haya existido un apartamiento de la interpretación de una idéntica cuestión de derecho, por lo que la utilización de la expresión “idéntica” que ha realizado la ley no puede ni debe ser reemplazada, en los hechos, por “análoga”, “afín” o locuciones semejantes” (28-2-95, “Muzzo c/ Alturi s/ Daños y perjuicios”).

Al no existir, en el caso, la “identidad’ exigida por la norma, el

apartamiento invocado por la recurrente en torno a esta causal tampoco reúne las características establecidas por la ley, por lo que el agravio esgrimido resulta improcedente.

Asimismo, en materia de daños, los intereses se adeudan desde el hecho causal por tratarse de intereses moratorios y la tasa de interés determinada en todo concepto no contempla ganancias de repotenciación del capital que conduzca a un enriquecimiento sin causa para el actor.

En este sentido, “los intereses deben devengarse desde el momento en que se produjo el perjuicio ya que no se requiere la constitución en mora cuando se trata de una obligación extracontractual derivada de un hecho ilícito y la demandada no cumplió inmediatamente su obligación de resarcir” (CNEspCIvCom, Sala VI, “Schmidt, Alberto O. C/ Schiaffino, Osavaldo C. s/ sumario”, 14/02/84; citado en “Accidentes de tránsito”, tomo 2, Hernán Daray, Editorial Astrea, pag. 384 y stes.).

La sentencia recurrida ha fijado una tasa de interés moratorio desde la fecha del hecho (no una actualización), lo que se encuentra dentro de las facultades judiciales conferidas por el Art.245 CPCC, y no se ha apartado de la establecida en sus precedentes.

La Corte Suprema de Justicia Nacional, sostuvo que “la determinación de la tasa de interés a aplicar en los términos del art. 622 del Cód. Civil como consecuencia del régimen establecido por la ley 23.928, queda ubicada

en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales, en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión” -CSJN “Banco Sudameris c/ Belcam S.A.”, sent. del 17 de mayo de 1994, La Ley, 1994-C-30-.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe (CSJSF) ha expresado in re “ECHEIRE”, que el tópico correspondiente a los intereses configura una cuestión de índole fáctica y procesal, en principio ajena a la instancia extraordinaria, y que en el caso puesto a su consideración -al igual que en el presente- el recurrente no demuestra que la hermenéutica expuesta por los Juzgadores haya excedido los límites de razonabilidad y logicidad tolerados por el ordenamiento normativo vigente, sin que el compareciente logre probar un supuesto de arbitrariedad.En efecto, los jueces de baja instancia fijaron el rubro indemnizatorio a la fecha de la sentencia, junto con la tasa promedio activa y pasiva mensual (en concepto de intereses moratorios) y el doble de la misma (en concepto de intereses punitorios), los que ha fijado el Tribunal reparando en el resultado económico a que se arribara y que se corresponde en forma objetiva y razonable con los valores en juego, atendiendo las consecuencias patrimoniales del fallo, y que en el caso concreto la ponderación de los rubros y la aplicación de las tasas respectivas no lucen irrazonables ni confiscatorias.” El Superior Tribunal provincial recuerda que el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación ha sostenido que lo concerniente a la aplicación de las

tasas de interés queda al libre albedrío de los jueces, “.con arreglo a la realidad vivida y con el solo valladar de no caer en absurdo.”, resultando así el tema ajeno a la vía intentada.

A mayor abundamiento, y de conformidad con lo sentado en el precedente señalado “tampoco se acredita el efecto distorsionante de la realidad económica y que la prohibición de la Ley de Convertibilidad esto es, indexar, resulte burlada a partir de intereses desmedidos, máxime cuando el tema involucrado obedece a procesos esencialmente cambiantes que reclaman la búsqueda por parte de los tribunales de justicia de instrumentos idóneos a fin de proteger adecuadamente la concreta vigencia de los derechos constitucionales comprendidos, tanto del deudor como del acreedor.” Por último, en lo que respecta a la duplicidad de la tasa dispuesta por el Tribunal ante el caso de incumplimiento; es de destacar que constituye una facultad discrecional de los jueces imponer intereses sancionatorios para el caso de incumplimiento de sus sentencias; incumplimiento que se verificaría en autos de quedar firme el decisorio, lo que acaece al vencimiento del plazo sin que se conceda el Recurso de Apelación Extraordinaria. De modo tal que no resulta arbitrario, ni carente de fundamento la aplicación del doble de la tasa, en virtud de lo normado por los arts. 622 CC. y 245 CPCC.

4.- En conclusión, más allá del denodado esfuerzo argumental de la recurrente, resulta claro que los vicios que la impugnante pretende endilgar a

la Sentencia no se presentan, por lo tanto resulta inadmisible el recurso de apelación extraordinaria interpuesto.

Por el mérito de los fundamentos que anteceden, el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Primera Nominación de Rosario, RESUELVE: Declarar inadmisible el recurso de apelación extraordinaria interpuesto por la demandada, MUNICIPALIDAD DE ROSARIO, contra la Sentencia N° 2954 de fecha 19/11/15.

Insértese, y hágase saber. (Expte. N° 4476/13)