Improcedencia de la medida cautelar de revocación del acto administrativo que dispuso requerir la destitución de un agente de policía

Policias ProvinciaPartes: Mendieta Juan Marcelo c/ Provincia de Santa Fe s/ medida cautelar autónoma

Tribunal: Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Fe

Fecha: 8-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-99411-AR | MJJ99411 | MJJ99411

Improcedencia de la medida cautelar de revocación del acto administrativo que dispuso requerir la destitución de un agente de policía, por tratarse de un acto no definitivo.

Sumario:

1.-Es improcedente el pedido autónomo de tutela cautelar efectuado por un agente policial a fin de dejar sin efecto la resolución por la cual el Jefe de la Policía provincial dispuso solicitar su destitución y cese en la percepción de haberes, ya que en ausencia de definitividad del acto cuestionado, sólo se adujo su falta de notificación, cuestión que no incidiría en la validez del acto, máxime cuando surge que aquel tuvo oportunidad de efectuar su descargo, se le corrió vista y no efectuó presentación alguna.

Fallo:

Santa Fe, 8 de abril de 2016.

VISTOS: Estos autos caratulados “MENDIETA, Juan Marcelo contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA” (Expte. C.C.A.1 n° 332, año 2015), venidos para resolver; y,

CONSIDERANDO:

El señor Juan Marcelo Mendieta interpone medida cautelar autónoma contra la Provincia de Santa Fe tendente a que se deje sin efecto la resolución 325/15, dictada por el Jefe de la Policía de la Provincia, mediante la cual se dispuso solicitar al Ministerio de Seguridad su destitución y cese en la percepción de haberes y, en consecuencia, se ordene la correcta sustanciación del sumario administrativo.

Relata que se encuentra en situación de disponibilidad debido a la instrucción de un sumario administrativo originado en una denuncia penal “en la que fuera enrostrado”; que la referida medida y sumario administrativo le fueron notificados en el año 2011 y que desde entonces no tuvo ninguna novedad del mismo “. suponiendo que se encontraba reservado al aguardo del resultado de la causa penal”.

Destaca que se ve afectado su derecho de defensa por cuanto no se le notificó la resolución 325/15.

Precisa que la causa penal iniciada en su contra se encuentra en trámite sin que aún se haya dictado sentencia en primera instancia.

Expone que luego de no poder extraer dinero del cajero automático la entidad bancaria en donde se le depositaban sus haberes le informó que su cuenta había sido bloqueada por disposición del Ministerio de Seguridad; que la Dirección de sueldos de dicho Ministerio le informó que “. se le había aplicado los efectos de la resolución 325/15 /JPP-D5) y que se iba a solicitar su destitución al Sr.Gobernador, y que ya no percibiría sus haberes”.

Aduce que no fue notificado “. de ninguna tramitación de falta administrativa autónoma respecto de la acción penal; y mucho menos de la resolución ahora cuestionada”.

Señala que no estando agotada la vía administrativa y, menos aún, abierta la vía recursiva por negligencia y desprolijidad de la Administración es que corresponde se haga lugar a la presente medida cautelar.

Luego de transcribir jurisprudencia relativa a posibilidad de obtener tutela cautelar autónoma, refiere al peligro en la demora.

Al respecto arguye que la falta de notificación de la resolución 325/15 y de toda otra tramitación administrativa que haya servido de sustento a la misma, lo coloca en una situación de indefensión.

Hace reserva del caso federal, y pide -en síntesis- se despache la medida cautelar requerida.

2. Corrida la pertinente vista, la Provincia de Santa Fe la contesta a fojas 39/48 vto.

Luego de reseñar la pretensión del peticionario, asevera que no se encuentran configurados los recaudos que hacen a la procedencia del proceso cautelar reglado por el artículo 14 de la ley 11.330.

En tal sentido señala que la resolución 325/15 constituye un acto legítimo respecto del cual se llevaron a cabo los trámites procedimentales reglados, sin vulneración de los derechos del actor y atendiendo al interés público comprometido en la prestación del servicio de policía de seguridad y a sus reglamentaciones.

Asevera que no existe verosimilitud en el derecho ni peligro en la demora, daño inminente o perjuicio de difícil o imposible reparación.

Aduce que el pedido del actor supone el despacho de una medida cautelar innovativa que altera la ejecutoriedad del acto administrativo cuestionado; que se pretende la modificación del status quo amparado por la legitimidad de una reglamentación provincial.Cita jurisprudencia en tal sentido.

Explica que el obrar de la Administración posee todos sus elementos esenciales y no presenta vicios manifiestos que justifiquen el despacho de la medida pretendida; que la resolución cuestionada configura un acto conclusivo de un procedimiento disciplinario iniciado por autoridad competente en cumplimiento de la reglamentación aplicable.

Entiende que el reclamo, sobre el mérito, también es improcedente.

Luego de relatar los antecedentes del caso, señala que el actor soslaya que la falta grave que se le imputó y acreditó en sede administrativa consistió en haber resultado imputado del delito de hurto.

Agrega que no se verifica violación de la normativa aplicable ni de los principios de legalidad y congruencia.

Aduce que, conforme la jurisprudencia de la Corte local, el poder disciplinario de la Administración no resulta revisable en tanto no se haya ejercido en forma ilegítima o arbitraria; y que aunque se trata de una potestad que la mayoría de la doctrina postula reglada, ello no impide al Poder Ejecutivo la valoración de aquel aspecto propio; que el control judicial de la actividad sancionadora de la Administración se aplica a la legitimidad del acto.

Concluye diciendo que dentro del examen preliminar y con los limitados alcances indagatorios que impone una pretensión cautelar, no puede calificarse el obrar de la Administración de manifiesta u ostensible ilegitimidad.

Respecto a la falta de acreditación del peligro en la demora, precisa que Mendieta se limita a alegar una situación de indefensión.

Que la falta de percepción del salario por parte del actor es una consecuencia normal y lógica de la ruptura de la relación de empleo público; y que la irreparabilidad del gravamen no puede ser entendida sólo con alcance patrimonial.Cita jurisprudencia al respecto.

Expone que debe tratarse de un daño marginal, siendo insuficiente un daño que deviene como consecuencia lógica de un procedimiento administrativo, puesto que, como todo agente público, el accionante se encontraba sujeto a la potestad disciplinaria de la Administración.

Agrega que la mayor o menor extensión de tiempo que demandaría sustanciar un proceso no implica un peligro inmediato e intrínseco en torno al derecho del actor, debido a que no está en juego la subsistencia de la persona, ni se demostró una situación de quebranto, ni que los ingresos que percibía Mendieta no puedan ser sustituidos por otros provenientes de otro empleo público.

Con relación a la ponderación de los intereses en juego expone que la finalidad comprometida en el accionar de todo funcionario público condiciona toda su conducta y, por ende, sus responsabilidades, y que ello habilita que su accionar sea susceptible objetivamente de justificar la desconfianza de sus superiores en lo atinente a su corrección en la prestación del servicios, no pudiendo descalificarse como arbitraria la separación del cargo de configurarse los supuestos que la norma prevé en consideración a las circunstancias del caso.

Aduce que la potestad ejercida por la Administración se encuentra justificada por la infracción “detectada” y atribuida al actor; que dicha infracción importó la transgresión de los deberes de los funcionarios público y la incursión en prohibiciones previstas por las normas estatutarias; y que se le aplicó una pena en orden a la gravedad de esa falta (hurto) cometida y sus circunstancias.

Introduce la cuestión constitucional; y solicita -en suma- se rechace la tutela cautelar peticionada, con

costas.

II.Corresponde en primer lugar analizar la admisibilidad del planteo, efectuado sin que la instancia contencioso administrativa esté habilitada.

Como reiteradamente se ha señalado, la admisibilidad de este tipo de pedidos exige la concurrencia de alguna circunstancia de la que pueda extraerse la posibilidad de que se produzca un perjuicio especial, ya en el peticionario, ya en otros intereses en juego; o -en todo caso- la concurrencia de una ilegitimidad tan manifiesta que por sí sola pudiese justificar la anticipada intervención del Tribunal (“Sejas”, A. T. 3, pág. 439; “Ottinger”, A. T. 4, pág. 279; “Caminos”, A. T. 5, pág. 213; “Zalazar”, A. T. 5, pág. 70; “Masin”, A. y S. T. 1, pág. 32; “Giustozzi”, A. y S. T. 10, pág. 35; “Cabral”, A. y S. T. 18, pág. 106; “Vivas”, A. y S. T. 19, pág. 346; “Firmani”, A. y S. T. 20, pág. 224; “Ortiz”, A. y S. T. 20, pág. 274; “Franco”, A. y S. T. 22, pág. 242; “Boasso”, A. y S. T. 22, pág. 387; “Rouzic”, A. y S. T. 23, pág. 182; “Leiva”, A. y S. T. 24, pág. 100; “Dere”, A. y S. T. pág. 278; “Villarreal”, A. y S. T. 25, pág. 228; “Simoncini”, A. y S. T. 25, pág. 275; “Espósito”, A. y S. T. pág. 374; “Thomas”, A. y S. T. 26, pág. 270; “Zeballos”, A. y S. T. 28, pág. 270; “Parodi”, A. y S. T. 29, pág. 411; “Preti”, A. y S. T. 30, pág. 408; “Leyva”, A. y S. T. 32, pág. 189; “Di Napoli”, A. y S. T. 32, pág. 292; “Golosetti”, A. y S. T. 32, pág. 457; “TECSA”, A. y S. T. 33, pág. 84; “Núñez”, A. y S. T. 33, pág. 348; “Vicente”, A. y S. T. 33, pág. 433; “Medina”, A. y S. T. 34, pág. 228; “La Tostadense”, A. y S. T. 34, pág. 297; “Helport”, A. y S. T. 34, pág. 314; “Spretz”, A.y S.T. 34, pág. 443; “Cosme”, A. y S. T. 35, pág. 82; “Manias”, A. y S. T. 38, pág. 492; “Luciano”, A. y S. T. 40, pág. 243; “Laboratorios Farkim”, A. y S. T. 47, pág. 246; etc.).

A la luz de esos estrictos criterios -a los que in extenso corresponde remitir-, puede concluirse que no concurren en el caso circunstancias ni se advierten excepcionales razones que autoricen la intervención anticipada de este Tribunal.

En efecto, aun marginando la cuestión vinculada a la definitividad del acto impugnado (por el cual el señor Jefe de Policía solicita al Ministerio de Seguridad de la Provincia se le aplique al actor la medida disciplinaria de destitución), se observa que el único vicio de ilegitimidad que le imputa a dicho acto es su falta de notificación.

Y bien, más allá de que el propio recurrente acompaña copia de la notificación de la resolución 325/15 (f. 4 de autos), se trata de una cuestión que, de configurarse (lo que ya prima facie no es del caso), no incidiría en la validez del acto, en punto a lo cual nada ha expresado el actor.

En tales condiciones, lo postulado por el peticionario en ese sentido carece por completo de decisividad para afectar la validez de la medida y, por ende, para habilitar al Tribunal a afectar su eficacia propia.

Sin perjuicio de ello, se señala -a t odo evento- que en un examen liminar propio de esta instancia surge que se le recibió declaración al actor invitándoselo a que expresara lo que creyese conveniente para su descargo, a lo que respondió que presentará escrito de defensa (fs. 170/172, expte. adm. cit.); que se le hizo saber de la posibilidad de nombrar un Oficial defensor, expresando que ejercerá su defensa por derecho propio (f. 174, expte. adm. cit.); que a esos efectos se le corrió vista (f. 175, expte. adm. cit.); y que no presentó el pertinente escrito, dándosele por decaído el derecho y disponiéndose la continuidad del trámite (f. 176 vto., expte. adm. cit.).

Asimismo, se extrae que las restantes intervenciones del actor en el sumario se dirigieron a la impugnación de actos de trámite (fs. 178/179 y 218/vto., expte. adm. cit.), en vez de ejercer el derecho que ahora -genéricamente y como consecuencia de una supuesta ausencia de notificación- reclama como negado por la Administración. Lo hasta ahora expresado basta a los fines de rechazar, con costas, el pedido formulado. En consecuencia, la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 1 -integrada- RESUELVE: Rechazar, con costas, el pedido autónomo de tutela cautelar. Regístrese y hágase saber.

Fdo. PALACIOS. LISA. DELLAMÓNICA. (art. 26, ley 10.160). Di Mari (Sec)