Los daños derivados de la mordedura de un perro guardián de la fuerza policial generan responsabilidad del Estado pues el perjuicio se generó en acto de servicio

Perro policia 2Partes: Maldonado Rosana Edith c/ Estado Nacional Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos Policía Federal s/ accidente de trabajo/enferm. Prof. acción civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 30-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-99617-AR | MJJ99617

Los daños derivados de la mordedura del perro guardián de la fuerza policial generan responsabilidad del Estado pues el perjuicio se generó en acto de servicio. Cuadro de rubros indemnizatorios.

cuadro

Sumario:

1.-Corresponde juzgar que el Estado Nacional debe responder por los daños sufridos por la actora luego de haber sido mordida por un perro durante una capacitación profesional toda vez que constituyó un perjuicio derivado del cumplimiento de labores inherentes a las funciones propias de la fuerza donde presta servicios.

2.-Procede la indemnización reclamada, basada en normas de derecho común, puesto que la mordida del perro guardián que sufrió la actora ocurrió mientras se encontraba realizando un curso de guía de canes policiales; por ello, constituyó una consecuencia del cumplimiento de misiones específicas y legítimas de la fuerza donde presta servicios y origina responsabilidad del Estado Nacional.

3.-No corresponde admitir que hubiese existido un obrar negligente del agente en el evento dañoso puesto que no es posible sostener que, quien sufre el ataque de un animal integrante de las fuerzas policiales lo haga por su propia negligencia, toda vez que importaría reconocer en la causa misma de los accidentes laborales la incuria con la que los trabajadores desempeñan sus funciones, conclusión condenada por su inconsistencia.

4.-No se encuentra justificada la procedencia del rubro pérdida de chance toda vez que la incapacidad sufrida por la víctima lo fue en un lapso temporal y, superado ese periodo, la actora no se encuentra inhabilitada para realizar tareas laborales.

5.-Se debe confirmar la cuantía establecida a fines de reparar el daño moral pues aún teniendo en cuenta las secuelas traumáticas que acarreó la generación de una cicatriz con motivo de la mordedura en la mano a su mediana edad, la mortificación generada con motivo del accidente ha sido bien suficientemente ponderada.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 30 días del mes de marzo de 2016, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Alfredo Silverio Gusman dice:

I.- Rosana Edith MALDONADO, Cabo primera de la Policía Federal Argentina, promovió este juicio contra el Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos -Policía Federal Argentina-, requiriendo le sean indemnizados los daños que afirma haber padecido como consecuencia de la actividad llevada a cabo dentro de la fuerza. Relata que el día 15 de abril de 2009, mientras se encontraba realizando un curso de guía de canes policiales, imprevistamente fue mordida por un can de raza “Golden Retriever”, perteneciente a la División de Perros de la Institución Policial. Refiere haber padecido una lesión grave en el tendón flexor de la mano derecha. Señala que a pesar de haberse sometido a una intervención quirúrgica, no logró recuperarse plenamente de su afección.

En la sentencia de fs. 348/354, el Sr. Juez argumentó, con relación a los daños sufridos por la actora, que de acuerdo al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no existen óbices para reconocer una indemnización basada en normas de derecho común a un integrante de las Fuerzas Armadas o de seguridad. En tales términos, reconoció la procedencia del reclamo por los rubros daño emergente, daño moral, tratamiento psicológico y gastos de farmacia. En consecuencia, la demanda prosperó por la suma total de $213.000. Por otra parte, dispuso que al monto de condena se le adicionarán los intereses computados desde la fecha de ocurrido el evento dañoso hasta el día de su efectivo cumplimiento a la tasa vencida que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días.

II.- La sentencia fue apelada por la actora a fs. 355, expresando agravios a fs.371/377, los que no merecieron responde alguno por la parte demandada. Asimismo, apeló la demandada a fs. 364, fundando sus quejas a fs. 380/382, las que tampoco fueron respondidas por la accionante.

Las quejas de la actora se centran en: a) El sentenciante justipreció bajo el rótulo de “daño emergente” las pretensiones inherentes al “daño físico e incapacidad”, “calidad de vida”, “daño sociológico”, “daño estético” y “daño psicológico”. Sin embargo, la suma reconocida evidencia que no existió una consideración de todos los items en cuestión pues se aleja de la magnitud de los daños sufridos por la actora; b) Yerra el sentenciante al rechazar el rubro “pérdida de chance”, en la medida que se encuentra acreditado la imposibilidad de asistencia familiar futura, como así también la posibilidad de ascenso en la carrera policial; c) Corresponde elevar la suma otorgada por el daño moral, en tanto no se ha tenido en cuenta la descompensación emocional en la esfera íntima de la Sra. MALDONADO.

Por su parte, el Estado Nacional expone sus agravios, los que en esencia se basan en: a) No corresponde reparación alguna fundada en normas civiles, en base a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; b) Yerra el sentenciante al considerar que el Estado Nacional debe responder por el evento dañoso, en la medida que aquél aconteció exclusivamente por culpa o negligencia de la víctima; c) El “a quo” admitió la procedencia de los rubros reclamados, pese a la sujeción de la actora a un régimen que prevé la especial compensación en caso de accidentes de trabajo, que excluye la posibilidad de aplicar el régimen propio del derecho común.

III.- Corresponde examinar, en primer término, la existencia de la fuente de atribución de responsabilidad que se le endilga a la demandada, toda vez que de ello dependerá la procedencia del reclamo articulado.Para ello, debe analizarse el caso traído a conocimiento de la Alzada, de acuerdo a la corriente jurisprudencial sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo en cuenta, particularmente, la decisión del cimero recaída en la causa “García”, que analizaré al finalizar el presente Considerando.

Sabido es que la doctrina sentada por la Corte en los precedentes “Valenzuela” y “Bertinotti” había perdido vigencia con la sentencia dictada en la causa “Mengual” , en la que se estableció la procedencia de la indemnización basada en normas de derecho común cuando las leyes militares sólo previeran un haber de retiro en caso de producirse un daño vinculado con actos de servicio.

Con posterioridad, en el fallo “Azzetti” , un Sargento Ayudante en situación de retiro procuraba una indemnización con sustento en los arts. 1109 y 1113 del Código Civil, tendiente a reparar la incapacidad provocada por su participación en la Guerra de las Malvinas. La Corte distinguió entre los daños evidenciados por oficiales o suboficiales de carrera en actos de servicio cumplidos en tiempos de paz, o aun de guerra pero en circunstancias ajenas al combate, como consecuencia de un hecho accidental que podía ser imputado jurídicamente al Estado Nacional, de aquéllos directamente sufridos en acciones bélicas.En el precedente que vengo analizando consideró que los primeros podían ser reparados de conformidad a las normas de derecho común -a falta de régimen indemnizatorio federal de carácter específico-, mientras que a los segundos les vedó esa posibilidad (ver considerando V). Tuvo en cuenta para formular esta distinción, que “.los daños sufridos constituyen una consecuencia del cumplimiento de misiones específicas y legítimas de las fuerzas armadas, características del servicio público de defensa, que no origina responsabilidad del Estado Nacional.” (considerando VI).

Con su integración actual, en el caso “Aragón” el Tribunal extendió la doctrina del fallo “Azzetti” a todos aquellos daños que son mera consecuencia del cumplimiento de misiones específicas de las Fuerzas Armadas o de seguridad (ver considerando VI). Se trataba de un Sargento de la Gendarmería Nacional que había recibido heridas de bala en un procedimiento de patrulla antidroga.

No es ocioso recordar que en varios pasajes del precedente la Corte enfatizó que el novedoso criterio que sienta no se aplicaba en los supuestos de daños de origen accidental.Es más, el “núcleo de la doctrina” (sic, comienzo del considerando 6) descansa en la diferencia entre aquéllos y los perjuicios que derivan del cumplimiento de labores inherentes a las funciones propias de las Fuerzas Armadas, supuesto éste en el que se torna improcedente la indemnización con base en las normas de la responsabilidad común.

Por último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 20 de diciembre de 2011, “in re” “García José Manuel c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa – Ejército Argentino s/ daños y perjuicios” , explicó que sólo los actos de servicio que sean “acciones bélicas” (fuerzas armadas) o “enfrentamientos armados” (fuerzas de seguridad), están excluidos del ámbito indemnizatorio (ver considerando 5). No así los restantes, sin perjuicio de que compete al Tribunal de grado resolver si -en estos últimos- se dan todos y cada uno de los requisitos que hacen al progreso de la acción resarcitoria, de acuerdo con el derecho común que se invoca como fundamento de la pretensión.

IV.- Ahora bien, corresponde analizar la pretensión indemnizatoria esbozada por MALDONADO, a la luz de los criterios jurisprudenciales indicados. La agente aduce haberse incapacitado como consecuencia de la actividad desarrollada en la Circunscripción Sexta de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana (ver fs. 11vta.), padeciendo una lesión grave en el tendón flexor de la mano derecha, luego del accidente que describí en el primer Considerando. Por lo tanto, se descarta que sea consecuencia de algún tipo de enfrentamiento o agresión con malhechores que, de acuerdo al fallo “García” del Tribunal Supremo, excluya la procedencia del resarcimiento pretendido. En efecto, como ya lo mencionara, la Corte sostuvo que sólo los actos de servicio que sean “acciones bélicas” (fuerzas armadas) o “enfrentamientos armados” (fuerzas de seguridad), están exentos del ámbito indemnizatorio.V.- Dado que en el caso de autos no se presenta para la actora obstáculo alguno para reclamar una indemnización con sustento en las normas de derecho común, pasaré a indagar, de conformidad con las pautas señaladas por la Corte Suprema de Justicia; si concurren los restantes requisitos para la procedencia de la acción resarcitoria.

De los hechos relatados en el escrito inicial y de la pericia médica surge la relación causal entre el desempeño laboral de la demandante y las secuelas padecidas (conf. dictamen pericial de fs. 249/256). En este aspecto, el experto es concluyente al sostener que la accionante “…presenta la secuela de una herida por mordedura de perro en el dorso de la mano derecha, que ha requerido de una cirugía de liberación de adherencias y que presenta actualmente una pérdida leve de la movilidad de la articulación metacarpofalángica del dedo índice de la mano derecha…” (sic fs. 254). En igual sentido, afirmó que la accionante “presenta secuelas de una cicatriz por herida por mordedura de perro en la mano derecha” y que “dicha lesión se ha producido el 15 de abril de 2008 según consta en la denuncia a fojas 99” (sic. 252, evidentemente el perito debió referirse al accidente producido el 15 de abril de 2009). Tales aseveraciones, no merecieron cuestionamiento alguno por parte de la accionada, pues nada de ello refiere en su presentación de fs. 260. Por otra parte, la perita psiquiatra informa que “la Sra. MALDONADO presenta, un Trastorno Adaptativo con Síntomas Fóbicos y Depresivos Crónico, como consecuencia del impacto emocional producido por el accidente y las secuelas físicas de éste, hecho violento vivido por ella con características de situación traumática” (fs. 308).

Por último, corresponde formular una breve aclaración en orden al agrav io propuesto por el Estado Nacional con respecto del supuesto obrar negligente de la agente en el evento dañoso. Con relación a este extremo, no se llega a comprender la queja introducida por la letrada de la Policia Federal, Dra.Verónica LASCANO a fs. 380vta. , si se repara que del responde de demanda (fs. 66/76), no surge que este extremo haya sido objeto de debate en la causa. Dicho esto, podría interpretarse como una maniobra dilatoria por parte de la representación estatal el traer a la Alzada cuestiones que siquiera han sido esbozadas por su parte a lo largo de todo el proceso como modo de desvirtuar el factor de imputación por el que debe responder. Ello así, y al margen de poner de resalto la improcedencia de las expresiones formuladas por esta parte que sólo comportan un inútil dispendio de la actividad jurisdiccional, aclaro que aún de haber sido incorporado al proceso tal extremo en la etapa procesal pertinente, tampoco podría haber prosperado. No parece posible sostener -al menos, sin respaldo probatorio a cargo de quien lo aduce art. 377 del C.P.C.C.N.- que quien sufre el ataque de un animal que integra la División de Perros de la Institución Policial, lo hace por su propia negligencia. Ello, importaría reconocer en la causa misma de los “accidentes laborales” la incuria con la que los trabajadores desempeñan sus funciones, conclusión condenada por su inconsistencia.

VI.- Establecido el deber de responder del Estado Nacional, el próximo paso es determinar la cuantía del reclamo. En consecuencia, corresponde analizar los rubros indemnizatorios reconocidos en la sentencia de grado y cuya procedencia y/o cuantía han merecido cuestionamiento por la parte actora. En ese sentido, es válido resaltar que la representación estatal al momento de referir los montos indemnizatorios únicamente basó su crítica en la improcedencia de una indemnización con sustento en el derecho común, extremo éste que ya ha sido abordado en los anteriores considerandos a la hora de justificar el porqué el Estado Nacional debe reparar el daño sufrido por la víctima.

6.1.En lo que respecta al rubro “daño emergente”, el sentenciante justipreció bajo este ítem todos aquellos perjuicios de orden patrimonial que se generaron en la persona de la víctima con motivo del evento dañoso. Tal es así, que bajo este rótulo ponderó lo relativo al daño físico e incapacidad sobreviniente, calidad de vida, daño sociológico, daño estético y daño psicológico.

En ese sentido, aclaro de modo preliminar que más allá del modo en que se encuentran propuestos los agravios, para revisar los montos de acreencia reconocida a favor de la actora, no encuentro razones para apartarme de la metodología empleada por mi colega de la anterior instancia en cuanto dividió la cuantificación en los grandes rubros que conforman la indemnización, esto es, daño material y moral.

El método encarado por el “a quo” no es objetable, pues los sub-rubros o sub-categorías que conforman la indemnización, no necesariamente deben abordarse como daños autónomos. Según el tipo de agravio que se aborde, para proceder a la reparación integral se lo podrá encasillar dentro del daño moral o el material. Es que “la guerra de las etiquetas” o debate acerca de la denominación que corresponde dar a tales o cuales daños, así como “la guerra de las autonomías”, sobre si esos daños integran la categoría de los morales o patrimoniales, o por el contrario, si tienen autonomía o forma de una categoría propia, distinta, es un quehacer que no afecta al fondo de la cuestión (conf. MOSSET ITURRASPE, Jorge “El daño fundado en la dimensión del hombre en su concreta realidad”, Revista de Derecho Privado y Comunitario T. 1, Daños a la Persona, Ed. Rubinzal-Culzoni, p.9). Lo importante es que no haya un daño que quede sin ser resarcido.

Por tal motivo, y más allá de la revisión que en virtud de los agravios deba formularse a la cuantía que se corresponde con el efectivo daño sufrido en relación a cada una de estas sub-categorías, insisto con que la diversidad de reclamos deducidos en el libelo de inicio torna procedente formular el análisis de la forma llevada a cabo en la anterior instancia, para de este modo facilitar el estudio de lo que corresponde reconocer, en definitiva, a favor de la accionante.

Ahora bien, a tenor de lo que surge de la expresión de agravios presentada por la accionante, que ha volcado sus quejas de modo diferenciado en cuanto a los subcategorías que conforman este rubro, formularé algunas precisiones para fundamentar que el monto reconocido en la anterior instancia no ha sido exiguo.

En lo inherente a la incapacidad sobreviniente, dos peritaciones han sido producidas en autos; una de ellas, es el dictamen realizado por el médico traumatólogo a fs. 249/256. La restante está constituida por el informe pericial psiquiátrico de fs. 307/309.

La perita médica legista en su dictamen arriba a la conclusión de que presenta una incapacidad parcial y permanente equivalente al 8% de la total obrera respecto de las afecciones físicas (fs. 254). En ese sentido, destaca la Dra. MAÑAY EULA que “haciendo un resumen de la signosintomatología actual de la actora, podemos decir que la misma presenta las secuelas de una cicatriz por herida de mordedor de perro en la mano derecha” y que “dicha lesión se ha producido el día 15 de abril de 2008” (sic fs. 252). Por otra parte, agrega la experta que “existe una limitación de la movilidad en la flexión de la articulación metacarpofalángica del dedo índice que se encuentra restringida en aproximadamente 20° (70° para un normal de 90°)” y que “los otros elementos del examen físico de la mano no revelan alteraciones de ningún tipo.No existen alteraciones del trofismo muscular, la fuerza muscular, la sensibilidad y la movilidad activa y pasiva de todas las articulaciones regionales, en forma comparativa con el miembro sano” (fs. 253). Sin embargo, al ser consultada la profesional aclara que la incapacidad “total y transitoria se ha prolongado desde el 15/4/09 hasta el 23/8/10” siendo que aquella incapacidad “no la inhabilita para realizar ningún tipo de tareas laborales” (fs. 255). De lo dicho se infiere, que la situación invalidante padecida por la Sra. MALDONADO se prolongó por el lapso de dieciséis meses, conclusión que, por otra parte, no mereció objeción alguna al momento de conferírsele el respectivo traslado (v. fs. 257 y 257vta.)

Por su parte, la perita psiquiátrica informa que la Sra. MALDONADO padece “una Reacción Vivencial Anormal Neurótica Fóbico-Depresiva Grado II, que la incapacita en forma parcial y permanente en el 15% del Valor obrero Total y Total Vida” (v. 309). No desconozco el tenor de las impugnaciones formuladas por la demandada a fs. 314 respecto de la ausencia de relación causal entre la incapacidad descripta y el evento dañoso. Sin embargo, el hecho de que la representación estatal no haya volcado crítica alguna en esta instancia respecto de la cuantía reconocida bajo este concepto, me impiden ponderarlas a la hora de revisar si el monto resulta excesivo a la luz de la incapacidad efectivamente acreditada.

Por último, con relación a las consecuencias estéticas en la Sra. MALDONADO debo aclarar que no se encuentra acreditado que aquello le provoque una merma de posibilidades de ingresos (supuesto de artistas, modelos publicitarios, deportistas profesionales, etc.). Por lo tanto, la reparación de este perjuicio será ponderada al momento de revisar la suma otorgada en concepto de daño moral.

Todo lo hasta aquí dicho me impresiona como suficiente para desechar los agravios de la accionante tendientes a la elevación del monto reconocido por el “a quo”.

6.2.En cuanto al rubro “pérdida de chance”, recuerdo que ésta existe cuando se frustra la oportunidad de obtener un beneficio o de evitar un menoscabo de índole patrimonial o espiritual. Adviértase que lo frustrado no es el beneficio esperado, sino la mera posibilidad de lograrlo que razonablemente hubiese tenido el damnificado de no mediar el ilícito. En efecto, bajo este rótulo lo que se persigue es obtener un beneficio patrimonial como resultado de posibles ascensos profesionales que habría experimentado de no haber ocurrido el accidente.

Sobre este punto, es válido resaltar que no existe probanza alguna que me permitan inferir que, con motivo del accidente sufrido, la agente vio obstaculizada sus posibilidades de ascender en las fuerzas de seguridad.

Por un lado, atendiendo a lo que ya fuera reseñado en el apartado anterior, la perita ha sido tajante al sostener que la incapacidad sufrida por la víctima lo fue en un lapso temporal y que, superado ese periodo, la Sra. MALDONADO no se encuentra inhabilitada para realizar tareas laborales, sin indicar las restricciones que la parte actora aduce en su expresión de agravios. De este modo, no puede aseverarse que el periodo de un año que transcurrió entre el episodio y el alta, haya sido suficiente para vedar una chance de ascenso laboral, máxime si se tiene en cuenta los tiempos propios que irroga ascender en el escalafón de las fuerzas.

Por otra parte, del Legajo Personal n°1079 se desprende que en el año 2011 la agente MALDONADO solicitó autorización para residir a 60 kilometros y que, con posterioridad a aquello no se asentó ninguna circunstancia que permita determinar si la actora continuó laborando para la Policía Federal sin obtener ascensos en la carrera.

Ante el panorama fáctico descripto, entiendo que no se encuentra justificada en la causa la procedencia de este rubro. Por tal motivo, propongo confirmar la sentencia de grado también en lo que a este aspecto de la cuestión se refiere.

6.3.En lo concerniente a la reparación del daño moral, en materia contractual el reconocimiento de una indemnización por ese concepto tiene carácter restrictivo y el Juez debe ponderar su procedencia en atención al hecho generador y a las particulares circunstancias del caso (art. 522 del Código Civil, conf. esta Sala, “Peña” del 17/09/2010).

Ahora bien, cabe recordar que el daño moral debe ser una consecuencia espiritual del incumplimiento. Se trata de una noción concreta y diferenciable de la lesión en sí misma considerada. Ello acarrea que en los casos de responsabilidad contractual, el daño moral deba ser probado al igual que los restantes presupuestos de la responsabilidad civil (conf. ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde “Resarcimiento de daños. Daños a las personas (Integridad sicofísica)” T. 2a; 2da. Edición, pág. 460).

Para que proceda su reparación debe haberse producido una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de la capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (conf. PIZARRO, Daniel, “Daño Moral. Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en las diversas ramas del derecho”, pág. 36, cita extraída del fallo de la Sala III de este tribunal “in re” 17/6/08, “González y otros c/ Corporación Asistencial S.A.”). Se trata de una lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria (BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, pág.208).

Asimismo, es importante destacar que, a juicio de esta Sala, la indemnización del daño moral cumple un papel resarcitorio (confr.causa 4412 del 1.4.77 y muchas posteriores). Busca enjugar esa afección espiritual, a través del único sucedáneo con que puede hacerlo una sentencia en un proceso patrimonial: una suma de dinero que procura compensar los sentimientos padecidos.

En ese sentido, del dictamen efectuado por la perita médica designada en autos, surge que la actora padece un “Importante… ansiedad. Signos de gran preocupación mental. Hostilidad. Retraimiento e inseguridad” (v. fs. 308).

Ponderando las condiciones apuntadas, y aún cuando tengo en cuenta las secuelas traumáticas que acarreó la generación de una cicatriz con motivo de la mordedura en su mano derecha a sus treinta años de edad, entiendo que la mortificación generada con motivo del accidente ha sido bien suficientemente ponderada por mi colega de la anterior instancia, y por tal motivo, propongo confirmar la suma de $80.000 otorgada bajo este concepto.

Por todo ello, corresponde desestimar el agravio de la actora al respecto y confirmar lo resuelto en la anterior instancia, en la medida que siquiera ha aportado mayores precisiones en el punto 3 de fs. 376/377 para sustentar que la suma reconocida en la anterior instancia podría ser considerada exigua.

VII.- Por los fundamentos que anteceden, propongo confirmar el pronunciamiento de fs. 348/354 en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios; propongo no condenar en costas por lo actuado ante esta Alzada, dada la índole del reclamo, que no se han contestado agravios y que se postula confirmar lo decidido en la anterior instancia.

Los doctores Ricardo Víctor Guarinoni y Graciela Medina, por razones análogas a las expuestas por el doctor Alfredo Silverio Gusman, adhieren a su voto.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: a) confirmar el pronunciamiento de fs. 348/354 en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios; b) no condenar en costas por lo actuado ante esta Alzada, dada la índole del reclamo, que no se han contestado agravios y que se postula confirmar lo decidido en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

GRACIELA MEDINA