Para preservar la salud de un menor discapacitado, obligan al Estado Nacional y al GCBA a incluir a su familia en un plan de vivienda.

VIVIENDAPartes: R. L. c/ EN – MS Salud y otros s/ amparo Ley 16.986

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 5-jul-2016

Cita: MJ-JU-M-99977-AR | MJJ99977 | MJJ99977

El Estado Nacional y el GCBA deben incorporar definitivamente a un menor discapacitado y a su grupo familiar en algún programa de vivienda pues, tratándose de un niño trasplantado se encuentra en juego la preservación de su delicado estado de salud.


Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la acción de amparo y condenar al Estado Nacional y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que, actuando en forma conjunta y coordinada, incorporen definitivamente al menor discapacitado y a su grupo familiar en algún programa de vivienda, toda vez que se acreditó que el inmueble que ocupaba resultaba inadecuado a los requerimientos sanitarios de un niño trasplantado; máxime cuando su hermana presentaba igual afección nefrológica y había comenzado a transitar las mismas etapas que llevarían a una terapia dialética de reemplazo renal en forma permanente.

2.-La Ciudad de Buenos Aires dicto distintas leyes y decretos orientados a hacer efectivo el derecho a una vivienda digna reconocido en los preceptos constitucionales, tales como la Ley 341 y 1251 , por ello corresponde que el Estado Nacional en forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires velen por el fiel cumplimiento de la prestación de vivienda para un niño trasplantado, habida cuenta de la función rectora en el campo de la salud para garantizar la regularidad de los tratamientos sanitarios requeridos por las personas discapacitadas, coordinando sus acciones con los estados provinciales, sin mengua de la organización federal y descentralizada que corresponda para llevar a cabo tales servicios (del voto del Dr. Vincenti)

Fallo:

Buenos Aires, 5 de julio de 2016.

VISTO:

Los recursos de apelación interpuestos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional contra la sentencia de fs. 589/591; y CONSIDERANDO:

1°) Que el actor, representado por su madre, promovió la presente acción contra el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de que: (i) se lo incluyera en la lista de pacientes en espera para recibir un transplante de riñón; (ii) se le otorgase una pensión no contributiva; y (iii) se le asignase una vivienda adecuada. Asimismo, la madre solicitó por su propio derecho que se le extendiera el DNI (fs. 2/18).

2°) Que la jueza de grado tuvo en cuenta que la mayoría de las pretensiones habían obtenido respuesta satisfactoria durante la sustanciación del proceso, con excepción de la vivienda. En tales condiciones, hizo lugar a la acción de amparo y condenó a las demandadas a que, actuando en forma conjunta y coordinada, incorporasen definitivamente al menor discapacitado y a su grupo familiar en algún programa de vivienda (fs. 589/591).

Para así decidir, se remitió al dictamen del fiscal de la instancia, quien había destacado el informe del Hospital de Niños respecto de las condiciones que debía poseer la vivienda del actor y el informe socioambiental elaborado por profesionales de la Defensoría General de la Nación, que daba cuenta de que el inmueble que actualmente habita el niño no reunía aquellos recaudos básicos.Sobre dicha base, el fiscal sostuvo que la respuesta del Instituto de Vivienda de la Ciudad, que hizo saber que se encontraba agotada la cartera de unidades de viviendas libres y en condiciones para ser adjudicadas, adolecía de un vicio en la motivación que determinaba su nulidad absoluta, toda vez que dicha fórmula resultaba insuficiente frente a la particular situación del grupo familiar, a tenor de los compromisos internacionales asumidos por el Estado respecto de los derechos de personas con discapacidad, y tampoco ofrecía otras alternativas que podían implementarse para dar una respuesta adecuada y definitiva a la situación de vulnerabilidad referida. Aclaró que no se encontraba en juego una mera afectación del derecho a la vivienda digna, sino que estaba involucrada la salud de un niño discapacitado, cuyo interés superior, a la luz del precedente de Fallos 327:2127, corresponde a toda autoridad proteger (fs. 578/587 y vta).

En este sentido, la magistrada tuvo por acreditado que la precariedad del inmueble que ocupaba el actor resultaba inadecuado a los requerimientos sanitarios de un niño transplantado; máxime cuando su hermana presentaba igual afección nefrológica y había comenzado a transitar las mismas etapas que llevarían a una terapia dialética de reemplazo renal en forma permanente. De modo que, con cita del precedente de Fallos 335:452, entendió que correspondía admitir la presente acción, en atención a la apreciación específica de la situación del niño, de su afección y situación de riesgo para su salud que conllevaba el inmueble que transitoriamente ocupaba; sin que lo expuesto implicara interpretar que el sistema habilitase a todos los ciudadanos a exigir al Estado la provisión de una vivienda por vía judicial (fs. 589/591).

3°) Que, al expresar sus agravios contra la sentencia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo la inexistencia de una omisión lesiva o de una obligación jurídica incumplida.Asimismo, alegó la errónea interpretación de las normas constitucionales involucradas, así como la invasión de la zona de reserva de los poderes Legislativo y Ejecutivo local. Por último, cuestionó el apartamiento de la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, en especial, de los precedentes “Ministerio Público Asesoría General Tutelar” y “Alba Quintana” (fs. 597/613).

El Registro Nacional de las Personas (Ministerio del Interior de la Nación) dedujo aclaratoria con apelación en subsidio, con fundamento en que la sentencia impone las costas a la demandada pero sin establecer a cuál repartición se refiere. En este sentido, destacó que el Registro Nacional de las Personas cumplió la prestación a su cargo antes de la notificación de la demanda, razón por la que debe ser eximida de las costas procesales a tenor del art. 14 de la ley 16.986 (fs. 615 y vta).

El Ministerio de Salud de la Nación también dedujo recurso de apelación y cuestionó la condena a su respecto, toda vez que la incorporación en un programa de vivienda resulta una atribución ajena a su competencia y la prestación reclamada a su jurisdicción (transplante renal y pensión no contributiva) fueron cumplidas satisfactoriamente (624/625 y vta).

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación sostuvo la falta de legitimación pasiva y entendió que la prestación pretendida se encuentra en cabeza de la autoridad local, en su carácter de obligado principal en materia de vivienda. También cuestionó la valoración de la prueba efectuada en la sentencia y desconoció la veracidad del informe socioambiental de fs. 516/524, en la medida que fue elaborado por personal de la Defensoría General de la Nación (fs.627/629 y vta).

Por último, el apoderado del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (actual Ministerio de Energía y Minería) también dedujo recurso de apelación y destacó que la Secretaría de Obras Públicas, por la que su jurisdicción fue demandada en autos, se transfirió al Ministerio del Interior, también demandado en autos, el cual pasó a denominarse Ministerio del Interior y Obras Públicas en virtud del decreto 13/15, razón por la que su jurisdicción no tiene más injerencia en este proceso. No obstante, reconoció que el Estado Nacional es una persona jurídica que reviste en esta causa la calidad de parte, independientemente del órgano que ejerza su representación. Por ello, fundó el memorial en la inexistencia de obligación de satisfacer la pretensión del accionante. En este sentido, señaló que el Estado Nacional carece de legitimación pasiva, toda vez que se limita a financiar la construcción de viviendas, pero su implementación, en cuanto al otorgamiento, acceso y demás, se encuentra en cabeza de los gobiernos locales, quienes conocen las necesidades habitacionales en sus territorios (fs. 632/635).

La jueza de grado desestimó la aclaratoria formulada por el Ministerio del Interior y concedió tanto la apelación en subsidio como los demás recursos (fs. 637 y vta).

En oportunidad de contestar los agravios, el Defensor Público coadyuvante, en representación del menor discapacitado, destacó el tratamiento diferenciado que las normas constitucionales y legales exigen respecto de personas que padecen discapacidad, tal como lo estableció el máximo Tribunal en el precedente de Fallos 335:452. Sostuvo que, en el caso, revisten tal carácter no sólo el actor sino también su hermana, quienes se encuentran en situación de salud altamente vulnerable y viven en condiciones socio ambientales precarias, tal como surge del informe de fs.516/524, cuya autenticidad apoyó en el carácter público del programa en cuyo marco se confeccionó. Sobre dicha base, destacó el incumplimiento de la obligación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de atender su pretensión en virtud de la prioridad que la Constitución local atribuye a las personas en situación de pobreza crítica y necesidades especiales. También rechazó la falta de legitimación del Estado Nacional, en su carácter de último garante del acatamiento de tales exigencias normativas (fs. 642/647 y vta).

El Defensor Público Oficial, en representación de la madre del actor, solicitó que se declarara desierto el recurso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la medida en que su memorial responde a un modelo que no se corresponde con los hechos de la causa. Asimismo, destacó que garantizar el derecho a la vivienda digna del menor discapacitado es una obligación concurrente del Estado Nacional y del Gobierno de la Ciudad, en tanto aquél no puede quedar supeditado a la disputa entre los organismos de competencia federal y local. En este sentido, señaló que el Estado Nacional deberá responder frente al eventual incumplimiento del gobierno local. En cuanto a los agravios de las jurisdicciones que cumplieron las prestaciones requeridas durante la sustanciación del pleito, sostuvo que tal acatamiento fue consecuencia de la deducción de la presente acción (fs. 650/656).

4°) Que, el Fiscal General destacó que el actor se encuentra dentro del grupo de personas en condición de vulnerabilidad, en tanto no ha sido controvertida su calidad de menor sometido a transplante y que está sujeto a constantes controles médicos, razón por la que merece especial tutela. Asimismo, puso de resalto lo informado a fs. 404/406 por el Hospital de Niños respecto de la necesidad de que el actor disponga de una vivienda que cuente con agua corriente, baño interior, servicios cloacales y, en lo posible, habitación individual; y el informe socioambiental de fs.416/412, que da cuenta de que la vivienda que ocupa precariamente no reúne las condiciones mínimas necesarias para preservar su delicado estado de salud, es decir, protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento y otros riesgos estructurales. Por último, destacó que tal obligación resulta concurrente del Estado Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, a tenor del criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 335:452 (fs. 659/665 y vta).

5°) Que las constancias de la causa dan cuenta de que la acción tuvo por objeto la inclusión del actor en lista de espera de pacientes para transplante renal, el otorgamiento de una pensión no contributiva al menor y del DNI a su madre, así como la asignación de una vivienda adecuada para el estado de salud de aquél (fs. 2/18).

Las partes son contestes en que la única prestación pendiente a esta altura del proceso es la solución habitacional, que fue reclamad a al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Estado Nacional (fs. 19, 24 y 25). Tampoco se encuentra controvertida la discapacidad del menor (fs. 85).

El Instituto de Vivienda de la Ciudad respondió el reclamo el 17 de noviembre de 2010 e informó que se encontraba agotada la cartera de unidades de viviendas libres y en condiciones para ser adjudicadas (fs. 149), sin que al día de la fecha se hubiere revertido tal situación.Por su parte, el Estado Nacional omitió toda respuesta a dicho reclamo previo y -en el marco de este pleito- se opuso a la pretensión con fundamento sustancial en la responsabilidad primaria del gobierno local.

6°) Que, sobre dicha base, corresponde examinar en primer lugar la suficiencia técnica del recurso de apelación el recurso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pues se trata de una de las defensas que la actora opuso a su progreso.

En este sentido, cabe recordar que la expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que la apelante considere equivocadas. De esta manera, el contenido de la impugnación se relaciona con la carga que le incumbe al interesado de motivar y fundar su queja como acto posterior a la concesión del recurso, señalando punto por punto los errores en que se hubiera incurrido o las causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho (art. 265 CPCC y esta sala en causa n° 8.892/2009 “Ford Argentina SCA (TF 18848-A) c/ DGA” del 9/12/09).

El memorial de fs. 597/613 claramente incumple tal recaudo, porque -pese a su extensión- se dirige a cuestionar una sentencia distinta a la dictada en autos (esta sala, causa n° 37156/2013/CA2 “Pandurata Alimentos Ltda c/ EN – M Economía – AFIP s/ amparo ley 16.986”, sent. del 28 de octubre de 2014; Causa n° 27863/2014/CA1 “Bat International SA c/ EN – M Economía y FP – SCI y otro s/ amparo ley 16.986”, resol. del 11 de noviembre de 2014).

En efecto, la apelación omite cualquier referencia a las particulares circunstancias del caso (vgr.la situación de salud de un menor discapacitado y las condiciones de la vivienda que precariamente ocupa con su grupo familiar, integrado con una hermana de 15 meses, también discapacitada y con similar afección de salud). Por el contrario, las únicas referencias concretas parecen ceñirse a otro caso, ya que aluden a una mujer de 54 años llamada Rosa María Valverde, que padece de un problema de tiroides y artrosis (v. fs. 602/vta). Asimismo, cita jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires anterior al precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Fallos 335:452, cuya analogía con el presente pleito exigía del recurrente un desarrollo argumental tendiente a explicar las razones fácticas y/o jurídicas que justificaran un apartamiento del criterio allí sentado y demostrar que, en el caso, no se verifica la referida ” situación de extrema vulnerabilidad”.

Tal fue el temperamento adoptado por el Alto Tribunal en los casos resueltos con posterioridad al pronunciamiento de Fallos 335:452, en los que ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que garantice el derecho a la vivienda respecto de varias personas en situación de calle en los que al menos uno de sus integrantes era discapacitado, al entender que las situaciones planteadas eran análogas a lo decidido en aquel precedente (A. 294. XLVII y otros: “Recursos de hecho deducidos por la actora en la causa A.294.XLVII. ‘A. R., E. M. c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo’; y sus citas; sent. del 11/12/12). Por el contrario, el máximo Tribunal denegó los recursos extraordinarios federales por aplicación del art. 280 del CPCCN y así omitió pronunciarse respecto de las cuestiones suscitadas en las actuaciones que no guardaban sustancial analogía con las allí examinadas (A. 662. XLVII. y otros: “Recursos de hecho deducidos por la actora en las causas ‘A. P., L. V. c.Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/amparo’; y sus citas, también del 11/12/12).

En tales condiciones, corresponde declarar desierta la apelación de fs. 597/603 (art. 266 CPCCN).

7°) Que, a continuación, corresponde examinar las apelaciones del Estado Nacional en forma conjunta, toda vez que las presentaciones de los distintos ministerios no permite soslayar que se trata de una única persona jurídica.

A tal efecto, dado que el Estado Nacional ya cumplió varias prestaciones requeridas por la accionante, cabe precisar que el thema decidendi se limita (i) al alcance de la sentencia, en cuanto a su condena concurrente con el gobierno local, y (ii) la valoración de la prueba, respecto del informe de fs. 516/524.

8) Que, tal como se destacó en la instancia de origen, en el caso no se encuentra en juego exclusivamente el derecho a una vivienda digna sino la preservación del delicado estado de salud del actor, quien resulta ser un niño discapacitado cuya hermana menor presenta iguales condiciones, razón por la que los argumentos expuestos por el Estado Nacional no resultan suficientes para admitir el agravio en torno a su falta de legitimación pasiva, a tenor de su función rectora en la materia y los compromisos internacionales asumidos respecto de la protección de los niños discapacitados.

En tal contexto, a más de la especial atención que exigen de quienes están directamente obligados a su cuidado, corresponde al Estado Nacional velar por el fiel cumplimiento de la prestación requerida, habida cuenta de la función rectora que ha decidido asumir a través de su legislación y de las facultades que debe ejercer para coordinar e integrar sus acciones con las autoridades provinciales y diferentes organismos que conforman el sistema sanitario del país en miras a lograr la plena realización del derecho a la salud.Ello, por resultar evidente su función rectora en la materia para garantizar la regularidad de los tratamientos sanitarios requeridos por las personas discapacitadas, coordinando sus acciones con los estados provinciales, sin mengua de la organización federal y descentralizada que corresponda para llevar a cabo tales servicios (Fallos 330:4160).

Sobre dicha base, los argumentos expuestos por el Estado Nacional no logran desligarlo de la condena; máxime cuando se precisó que ella debía llevarse a cabo en forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de las competencias de cada uno, sin atribuir un contenido que exceda la esfera de actuación de aquél (v. fs. 589/591, en esp. 590/vta, último párrafo).

9°) Que tampoco puede prosperar el agravio referido a la valoración de la prueba, toda vez que el cuestionamiento del informe obrante a fs. 516/524 sin aportar información en contrario basada en la intervención de otros organismos asistenciales dependientes de las demandadas o cualquier otro medio probatorio, resulta insuficiente para controvertir su contenido, máxime cuando fue elaborado por licenciadas en trabajo social en el marco de la competencias atribuidas por el Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Atención a la Comunidad de la Defensoría General de la Nación (conf.resolución DGN 441), entre las que se encuentra relevar e identificar problemáticas sociales que atraviesan los defendidos y/o sus grupos familiares.

Por su parte, frente a la finalidad de las normas en juego, el interés superior que se intenta proteger y la urgencia en encontrar una solución acorde con la situación planteada, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha descartado un examen tan riguroso con la exigencia indefectible de la prueba sobre la situación económica del grupo familiar que les impediría acceder por sus propios medios a una vivienda adecuada para preservar la salud de los menores discapacitados, prueba negativa que resulta de muy difícil producción (Fallos 331:2135 y 1449).

Lo expuesto es suficiente para rechazar las apelaciones del Estado Nacional y confirmar el pronunciamiento de fs. 589/591 con el alcance allí indicado.

En mérito a lo expuesto, se RESUELVE: 1°) declarar desierta la apelación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 2°) rechazar las apelaciones del Estado Nacional y confirmar el pronunciamiento de fs. 589/591; 3°) distribuir las costas en el orden causado, en atención a las particularidades del caso precedentemente reseñadas (art. 17, ley 16986 y 68, segunda parte, CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORAN

ROGELIO W. VINCENTI (por su voto) El señor juez Rogelio W. Vincenti dijo:

1°) Que el actor, representado por su madre, promovió la presente acción contra el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de que: (i) se lo incluyera en la lista de pacientes en espera para recibir un transplante de riñón; (ii) se le otorgase una pensión no contributiva; y (iii) se le asignase una vivienda adecuada. Asimismo, la madre solicitó por su propio derecho que se le extendiera el DNI (fs. 2/18).

2°) Que la jueza de grado tuvo en cuenta que la mayoría de las pretensiones habían obtenido respuesta satisfactoria durante la sustanciación del proceso, con excepción de la vivienda.En tales condiciones, hizo lugar a la acción de amparo y condenó a las demandadas a que, actuando en forma conjunta y coordinada, incorporasen definitivamente al menor discapacitado y a su grupo familiar en algún programa de vivienda (fs. 589/591).

Para así decidir, se remitió al dictamen del fiscal de la instancia, quien había destacado el informe del Hospital de Niños respecto de las condiciones que debía poseer la vivienda del actor y el informe socioambiental elaborado por profesionales de la Defensoría General de la Nación, que daba cuenta de que el inmueble que actualmente habita el niño no reunía aquellos recaudos básicos. Sobre dicha base, el fiscal sostuvo que la respuesta del Instituto de Vivienda de la Ciudad, que hizo saber que se encontraba agotada la cartera de unidades de viviendas libres y en condiciones para ser a djudicadas, adolecía de un vicio en la motivación que determinaba su nulidad absoluta, toda vez que dicha fórmula resultaba insuficiente frente a la particular situación del grupo familiar, a tenor de los compromisos internacionales asumidos por el Estado respecto de los derechos de personas con discapacidad, y tampoco ofrecía otras alternativas que podían implementarse para dar una respuesta adecuada y definitiva a la situación de vulnerabilidad referida. Aclaró que no se encontraba en juego una mera afectación del derecho a la vivienda digna, sino que estaba involucrada la salud de un niño discapacitado, cuyo interés superior, a la luz del precedente de Fallos 327:2127, corresponde a toda autoridad proteger (fs. 578/587 y vta).

En este sentido, la magistrada tuvo por acreditado que la precariedad del inmueble que ocupaba el actor resultaba inadecuado a los requerimientos sanitarios de un niño transplantado; máxime cuando su hermana presentaba igual afección nefrológica y había comenzado a transitar las mismas etapas que llevarían a una terapia dialética de reemplazo renal en forma permanente.De modo que, con cita del precedente de Fallos 335:452, entendió que correspondía admitir la presente acción, en atención a la apreciación específica de la situación del niño, de su afección y situación de riesgo para su salud que conllevaba el inmueble que transitoriamente ocupaba; sin que lo expuesto implicara interpretar que el sistema habilitase a todos los ciudadanos a exigir al Estado la provisión de una vivienda por vía judicial (fs. 589/591).

3°) Que, al expresar sus agravios contra la sentencia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo que no incumplió ninguna obligación jurídica. Asimismo, alegó la errónea interpretación de las normas constitucionales involucradas, así como la invasión de la zona de reserva de los poderes Legislativo y Ejecutivo local. Por último, cuestionó el apartamiento de la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, en especial, de los precedentes “Ministerio Público Asesoría General Tutelar” y “Alba Quintana” (fs. 597/613).

El Registro Nacional de las Personas (Ministerio del Interior de la Nación) dedujo aclaratoria con apelación en subsidio, con fundamento en que la sentencia impone las costas a la demandada pero sin establecer a cuál repartición se refiere. En este sentido, destacó que el Registro Nacional de las Personas había cumplido con la prestación a su cargo antes de la notificación de la demanda, razón por la que debe ser eximida de las costas procesales a tenor del art. 14 de la ley 16.986 (fs.615 y vta).

El Ministerio de Salud de la Nación también dedujo recurso de apelación y cuestionó la condena a su respecto, toda vez que la incorporación en un programa de vivienda resulta una atribución ajena a su competencia y la prestación reclamada a su jurisdicción (transplante renal y pensión no contributiva) fueron cumplidas satisfactoriamente (624/625 y vta).

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación sostuvo la falta de legitimación pasiva y entendió que la prestación pretendida se encuentra en cabeza de la autoridad local, en su carácter de obligado principal en materia de vivienda. También cuestionó la valoración de la prueba efectuada en la sentencia y desconoció la veracidad del informe socioambiental de fs. 516/524, en la medida que fue elaborado por personal de la Defensoría General de la Nación (fs. 627/629 y vta).

Por último, el apoderado del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (actual Ministerio de Energía y Minería) también dedujo recurso de apelación y destacó que la Secretaría de Obras Públicas, por la que su jurisdicción fue demandada en autos, se transfirió al Ministerio del Interior, también demandado en autos, el cual pasó a denominarse Ministerio del Interior y Obras Públicas en virtud del decreto 13/15, razón por la que su jurisdicción no tiene más injerencia en este proceso. No obstante, reconoció que el Estado Nacional es una persona jurídica que reviste en esta causa la calidad de parte, independientemente del órgano que ejerza su representación. Por ello, fundó el memorial en la inexistencia de obligación de satisfacer la pretensión del accionante. En este sentido, señaló que el Estado Nacional carece de legitimación pasiva, toda vez que se limita a financiar la construcción de viviendas, pero su implementación, en cuanto al otorgamiento, acceso y demás, se encuentra en cabeza de los gobiernos locales, quienes conocen las necesidades habitacionales en sus territorios (fs.632/635).

La jueza de grado desestimó la aclaratoria formulada por el Ministerio del Interior y concedió tanto la apelación en subsidio como los demás recursos (fs. 637 y vta).

En oportunidad de contestar los agravios, el Defensor Público coadyuvante, en representación del menor discapacitado, destacó el tratamiento diferenciado que las normas constitucionales y legales exigen respecto de personas que padecen discapacidad, tal como lo estableció el máximo Tribunal en el precedente de Fallos 335:452. Sostuvo que, en el caso, revisten tal carácter no sólo el actor sino también su hermana, quienes se encuentran en situación de salud altamente vulnerable y viven en condiciones socio ambientales precarias, tal como surge del informe de fs. 516/524, cuya autenticidad apoyó en el carácter público del programa en cuyo marco se confeccionó. Sobre dicha base, destacó el incumplimiento de la obligación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de atender su pretensión en virtud de la prioridad que la Constitución local atribuye a las personas en situación de pobreza crítica y necesidades especiales. También rechazó la falta de legitimación del Estado Nacional, en su carácter de último garante del acatamiento de tales exigencias normativas (fs. 642/647 y vta).

El Defensor Público Oficial, en representación de la madre del actor, solicitó que se declarara desierto el recurso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la medida en que su memorial responde a un modelo que no se corresponde con los hechos de la causa. Asimismo, destacó que garantizar el derecho a la vivienda digna del menor discapacitado es una obligación concurrente del Estado Nacional y del Gobierno de la Ciudad, en tanto aquél no puede quedar supeditado a la disputa entre los organismos de competencia federal y local. En este sentido, señaló que el Estado Nacional deberá responder frente al eventual incumplimiento del gobierno local.En cuanto a los agravios de las jurisdicciones que cumplieron las prestaciones requeridas durante la sustanciación del pleito, sostuvo que tal acatamiento fue consecuencia de la deducción de la presente acción (fs. 650/656).

4°) Que, el Fiscal General destacó que el actor se encuentra dentro del grupo de personas en condición de vulnerabilidad, en tanto no ha sido controvertida su calidad de menor sometido a transplante y que está sujeto a constantes controles médicos, razón por la que merece especial tutela. Asimismo, puso de resalto lo informado a fs. 404/406 por el Hospital de Niños respecto de la necesidad de que el actor disponga de una vivienda que cuente con agua corriente, baño interior, servicios cloacales y, en lo posible, habitación individual; y el informe socioambiental de fs. 416/412, que da cuenta de que la vivienda que ocupa precariamente no reúne las condiciones mínimas necesarias para preservar su delicado estado de salud, es decir, protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento y otros riesgos estructurales. Por último, destacó que tal obligación resulta concurrente del Estado Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, a tenor del criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 335:452 (fs. 659/665 y vta).

5°) Que las constancias de la causa dan cuenta de que la acción tuvo por objeto la inclusión del actor en lista de espera de pacientes para transplante renal, el otorgamiento de una pensión no contributiva al menor y del DNI a su madre, así como la asignación de una vivienda adecuada para el estado de salud de aquél (fs. 2/18).

Las partes son contestes en que la única prestación pendiente a esta altura del proceso es la solución habitacional, que fue reclamada al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Estado Nacional (fs. 19, 24 y 25). Tampoco se encuentra controvertida la discapacidad del menor (fs.85).

El Instituto de Vivienda de la Ciudad respondió el reclamo el 17 de noviembre de 2010 e informó que se encontraba agotada la cartera de unidades de viviendas libres y en condiciones para ser adjudicadas (fs. 149), sin que al día de la fecha se hubiere revertido tal situación. Por su parte, el Estado Nacional omitió toda respuesta a dicho reclamo previo y -en el marco de este pleito- se opuso a la pretensión con fundamento sustancial en la responsabilidad primaria del gobierno local.

6°) Que el sistema de fuentes aplicable al caso esta conformado por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la Constitución de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y la legislacion local dictada en consecuencia. De dicho sistema se desprende el reconocimiento de un derecho de acceso a una vivienda digna y el deber de proteccion de sectores especialmente vulnerables como son las personas con discapacidad y los nmos en situacion de desamparo.

Los instrumentos internacionales incorporados a la Carta Magna reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentacion, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia (Pacto Internacional de Derechos Econom icos, Sociales y Culturales, art. 11, inc. 1); el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentacion, el vestido, la vivienda, la asistencia medica y los servicios sociales necesarios (Declaracion Univ ersal de Derechos Humanos, art. 25); El derecho de toda persona a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentacion, el vestido, la vivienda y la asistencia medica1 correspondientes al nivel que permitan los recursos publicos y los de la comunidad (Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art.XI).

Por su parte, en la Convencion Interamericana para la eliminacion de todas las formas de discriminacion contra las personas con discapacidad -aprobada por la ley 25.280- se establece que los Estados Parte, a fin de lograr los objetivos de la convencion se comprometen a adoptar medidas “.para eliminar progresivamente la discriminacion y promover la integracion por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestacion o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como (.) la vivienda” (art. 3).

En la Convencion sobre los derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobada por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas e incorporada por la Argentina mediante la ley 26.378, se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ella sin discriminacion por discapacidad, debiendo los Estados adoptar las medidas para proteger y promover el ejercicio de este derecho, entre ellas “asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda publica” (art. 28, ap. 2, especialmente punto d). Asimismo, se establece que los Estados Partes tomaran “todas las medidas necesarias para asegurar que todos los nmo s y las ninas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demas nmos y ninas”, debiendo tenerse especial consideracion por la proteccion del interés superior del nmo (art. 7° apartados 1 y 2).

En el orden interno, se han dictado numerosas normas sobre la materia tales como las leyes 24.901 y 22.431 entre otras, que especialmente se refieren a la atencion y asistencia integral de la discapacidad.

La Ciudad de Buenos Aires dicto distintas leyes y decretos orientados a hacer efectivo el derecho a una vivienda digna reconocido en los preceptos constitucionales.Asi, por ejemplo, en la ley 341 se establecio que el Poder Ejecutivo instrumentara politicas de acceso a vivienda para uso exclusivo y permanente de hogares de escasos recursos en situacion critica habitacional, asumidos como destinatarios individuales o incorporadas en procesos de organizacion colectiva verificables, a traves de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro, mediante subsidios o créditos con garantía hipotecaria (confr. art. 1°).

En igual sentido, la ley 1251 creo el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, con el objeto de ejecutar politicas de vivienda de acuerdo a lo establecido en el art. 31 de la Constitucion local (confr. art. 3°). Entre los principios rectores de su accionar se encuentra el de “.contribuir al acceso a la vivienda digna a todos los habitantes de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, imposibilitados por razones economicas y sociales de acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la participacion del sector publico para lograrlo, priorizando lo enmarcado en el inc. 1 del art. 31 de la Constitucion de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . ” y el de ” . Promover el efectiva ejercicio del derecho al habitat y a la vivienda de todos los habitantes de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires . ” (confr. art. 4°, inc. a y e).

7°) Que, a tenor de este marco normativo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de examinar una cuestión análoga en el precedente de Fallos 335:452, citado en la sentencia apelada, oportunidad en la que sentó un estándar jurisprudencial en orden al control judicial de razonabilidad de las normas jurídicas operativas que imponían al Estado una obligación de hacer. Dicha pauta de control establece que los poderes deben atender a las garantías mínimas indispensables para que una persona sea considerada como tal en “situaciones de extrema vulnerabilidad” (cons.12, ante último párrafo), circunstancia esta última que entendió configurada en ese caso, que involucraba a un niño discapacitado que no sólo exigía atención permanente sino que además vivía con su madre sola en situación de calle (consid. 13).

En ese pronunciamiento también señaló que, frente al pedido formulado de una vivienda digna, el Estado debio haber tratado a la actora y a su hijo de un modo distinto al establecido en el regimen general, en atencion a las graves patologias que este ultimo padecía. Es que involucrando el tema habitacional a las prestaciones financiadas con dinero publico, la demandada no podia prescindir al delinear sus politicas de la condicion especial que revisten las personas con discapacidad. De modo que consideró irrazonable incluir a la madre del nmo dentro del mismo grupo en el que se encuentran otras personas sin discapacidad a los efectos de aplicar a todas identicas restricciones presupuestarias.

8°) Que, sobre dicha base, corresponde examinar en primer término la suficiencia técnica del recurso de apelación el recurso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pues se trata de una de las defensas que la actora opuso a su progreso.

En este sentido, cabe recordar que la expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. De esta manera, el contenido de la impugnación se relaciona con la carga que le incumbe al interesado de motivar y fundar su queja como acto posterior a la concesión del recurso, señalando punto por punto los errores en que se hubiera incurrido o las causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho (art. 265 CPCC y esta sala en causa n° 8.892/2009 “Ford Argentina SCA (TF 18848-A) c/ DGA” del 9/12/09).

El memorial de fs.597/613 claramente incumple tal recaudo, porque -pese a su extensión- cuestiona una sentencia distinta a la dictada en autos (esta sala, causa n° 37156/2013/CA2 “Pandurata Alimentos Ltda c/ EN – M Economía – AFIP s/ amparo ley 16.986”, sent. del 28 de octubre de 2014; Causa n° 27863/2014/CA1 “Bat International SA c/ EN – M Economía y FP – SCI y otro s/ amparo ley 16.986”, resol. del 11 de noviembre de 2014).

En efecto, la apelación omite cualquier referencia a las particulares circunstancias del caso (vgr. la situación de salud de un menor discapacitado y las condiciones de la vivienda que precariamente ocupa con su grupo familiar, integrado con una hermana de 15 meses, también discapacitada y con similar afección de salud). Por el contrario, las únicas referencias concretas parecen ceñirse a otro caso, ya que aluden a una mujer de 54 años llamada Rosa María Valverde, que padece de un problema de tiroides y artrosis (v. fs. 602/vta). Asimismo, cita jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires anterior al precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Fallos 335:452, cuya analogía con el presente pleito exigía del recurrente un desarrollo argumental tendiente a explicar las razones fácticas y/o jurídicas que justificaran un apartamiento del criterio allí sentado y demostrar que, en el caso, no se verifica la referida ” situación de extrema vulnerabilidad”.

Tal fue el temperamento adoptado por el Alto Tribunal en los casos resueltos con posterioridad al pronunciamiento de Fallos 335:452, en los que ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que garantice el derecho a la vivienda respecto de varias personas en situación de calle en los que al menos uno de sus integrantes era discapacitado, al entender que las situaciones planteadas eran análogas a lo decidido en aquel precedente (A. 294. XLVII y otros: “Recursos de hecho deducidos por la actora en la causa A.294.XLVII. ‘A. R., E. M. c.Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo’; y sus citas; sent. del 11/12/12). Por el contrario, el máximo Tribunal denegó los recursos extraordinarios federales por aplicación del art. 280 del CPCCN y así omitió pronunciarse respecto de las cuestiones suscitadas en las actuaciones que no guardaban sustancial analogía con las allí examinadas (A. 662. XLVII. y otros: “Recursos de hecho deducidos por la actora en las causas ‘A. P., L. V. c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/amparo’; y sus citas, también del 11/12/12).

En tales condiciones, corresponde declarar desierta la apelación de fs. 597/613 (art. 266 CPCCN).

9°) Que, a continuación, corresponde examinar las apelaciones del Estado Nacional en forma conjunta, toda vez que las presentaciones de los distintos ministerios no permite soslayar que se trata de una única persona jurídica.

A tal efecto, dado que el Estado Nacional ya cumplió varias prestaciones requeridas por la accionante, cabe precisar que el thema decidendi se limita (i) al alcance de la sentencia, en cuanto a su condena concurrente con el gobierno local, y (ii) la valoración de la prueba, respecto del informe de fs.516/524.

10) Que, tal como se destacó en la instancia de origen, en el caso no se encuentra en juego exclusivamente el derecho a una vivienda digna sino la preservación del delicado estado de salud del actor, quien resulta ser un niño discapacitado cuya hermana menor presenta iguales condiciones, razón por la que los argumentos expuestos por el Estado Nacional no resultan suficientes para admitir el agravio en torno a su falta de legitimación pasiva, a tenor de su función rectora en la materia y los compromisos internacionales asumidos respecto de la protección de los niños discapacitados.

En tal contexto, a más de la especial atención que requieren de quienes están directamente obligados a su cuidado, el caso exige también la de los jueces y de la sociedad toda, más aún si se tiene en cuenta la consideración primordial del interés del niño que la Convención sobre los Derechos del Niño impone a toda autoridad nacional en los asuntos concernientes a ellos (Fallos: 327:2127).

En este sentido, corresponde al Estado Nacional velar por el fiel cumplimiento de la prestación requerida, habida cuenta de la función rectora que le atribuye la legislación nacional y de las facultades que debe ejercer para coordinar e integrar sus acciones con las autoridades provinciales y diferentes organismos que conforman el sistema sanitario del país en miras a lograr la plena realización del derecho a la salud, pues resulta evidente su función rectora en el campo de la salud para garantizar la regularidad de los tratamientos sanitarios requeridos por las personas discapacitadas, coordinando sus acciones con los estados provinciales, sin mengua de la organización federal y descentralizada que corresponda para llevar a cabo tales servicios (Fallos 330:4160).

Lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc.22, de la Ley Suprema) reafirma el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- y destaca la obligación impostergable de la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deben asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales (Fallos 330:4160).

Sobre dicha base, los argumentos expuestos por el Estado Nacional no logran desligarlo de la condena; máxime cuando se precisó que ella debía llevarse a cabo en forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de las competencias de cada uno, sin atribuir un contenido que exceda la esfera de actuación de aquél (v. fs. 589/591, en esp. 590/vta, último párrafo).

11) Que tampoco puede prosperar el agravio referido a la valoración de la prueba, toda vez que el cuestionamiento del informe obrante a fs. 516/524 sin aportar información en contrario basada en la intervención de otros organismos asistenciales dependientes de las demandadas o cualquier otro medio probatorio, resulta insuficiente para controvertir su contenido, máxime cuando fue elaborado por licenciadas en trabajo social en el marco de la competencias atribuidas por el Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Atención a la Comunidad de la Defensoría General de la Nación (conf.resolución DGN 441), entre las que se encuentra relevar e identificar problemáticas sociales que atraviesan los defendidos y/o sus grupos familiares.

Por su parte, frente a la finalidad de las normas en juego, el interés superior que se intenta proteger y la urgencia en encontrar una solución acorde con la situación planteada, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha descartado un examen tan riguroso con la exigencia indefectible de la prueba sobre la situación económica del grupo familiar que les impediría acceder por sus propios medios a una vivienda adecuada para preservar la salud de los menores discapacitados, prueba negativa que resulta de muy difícil producción (Fallos 331:2135 y 1449).

Lo expuesto es suficiente para rechazar las apelaciones del Estado Nacional y confirmar el pronunciamiento de fs. 589/591 con el alcance allí indicado, sin que ello permita -tal como lo resaltó la jueza a quo- derivar de tal conclusión que todos los ciudadanos puedan exigir la provisión de una vivienda por vía judicial, ni formular una interpretación extensiva para otros casos que se aparten de las especiales circunstancias fácticas aquí examinadas.

En mérito a lo expuesto, corresponde: 1°) declarar desierta la apelación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 2°) rechazar las apelaciones del Estado Nacional y confirmar el pronunciamiento de fs. 589/591; 3°) imponer las costas a las demandadas en su condición de vencidas (art. 14, ley 16986). ASÍ VOTO.

ROGELIO W. VINCENTI