Multan a una obra social por no brindar prestaciones a tiempo alegando preexistencias de la paciente.

Multa medicosPartes: Círculo médico de Lomas de Zamora c/ D. N .C. I. s/ defensa del consumidor – Ley 24.240

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: V

Fecha: 5-jul-2016

Cita: MJ-JU-M-100019-AR | MJJ100019 | MJJ100019

Se impone multa a una obra social que, alegando preexistencia, no proveyó en tiempo y forma a una menor, la prótesis que el médico tratante prescribió a los efectos de realizar una intervención.


Sumario:

1.-Cabe confirmar la resolución del Director Nacional de Comercio Interior, que multó a la obra social por infracción al artículo 19 de la Ley 24.240 , toda vez que no brindó la cobertura de la prótesis prescripta indicada por el médico tratante de la afiliada menor de edad, pues alegó la preexistencia de la enfermedad que padece la niña.

2.-A los efectos de determinar el monto de la sanción corresponde atender a las circunstancias del caso y los elementos indicados en el art. 49 de la Ley 24.240, en autos concretamente, se ha referido a la conducta de la sumariada, los derechos de los consumidores y usuarios en la relación de consumo, la finalidad de la norma y el informe de antecedentes.

Fallo:

Buenos Aires, de julio de 2016.

VISTO Y CONSIDERANDO:

I.- Que mediante la Disposición D.N.C.I Nº 156/2015, el Director Nacional de Comercio Interior, en lo que aquí interesa, impuso a la razón social CÍRCULO MÉDICO DE LOMAS DE ZAMORA (OSMECON SALUD) una multa de $ 150.000 (pesos ciento cincuenta mil), por infracción al artículo 19 de la Ley Nº 24.240, toda vez que no brindó la cobertura de la prótesis prescripta indicada por el médico tratante de la afiliada menor de edad (v. fs. 63/74).

En dicha decisión, el organismo interviniente indicó que las presentes actuaciones “.se originan en virtud del reclamo efectuado por los padres de la niña Oriana Magalí Toledo, socia de Osmecon Salud, Nº 8000 071430 02 (confrontar fs. 2), en donde puntualmente reclaman a ésta la cobertura de la prótesis prescripta para la operación del pie izquierdo, en virtud de la patología ‘coalisión tarsiana’, toda vez que en oportunidad de solicitar la autorización para concretar la cirugía, la sumariada le negó el material quirúrgico indicado alegando que la enfermedad de la menor era preexistente al ingreso de la misma al sistema de salud prestado por Osmecon, agregando que esta circunstancia resulta omitida y/o falseada en la declaración jurada”.

Señaló que la cuestión debatida radicaba en analizar si la sumariada había podido demostrar que los padres de la menor tenían conocimiento, previamente al ingreso a Osmecon Salud, de la enfermedad padecida por su hija.Al respecto, sostuvo que “.un dolor en el pie izquierdo de una niña de nueve años, no supone, en personas ajenas a la medicina, una patología preexistente, sino mas bien, ese dolor describe un síntoma para el que lo padece, pero que de ninguna manera corresponden a una patología hasta que consulta con un especialista”.

Concluyó que, acreditado el incumplimiento de la prestación del servicio médico, correspondía sancionar a la sumariada en los términos del artículo 19 de la Ley Nº 24.240 ya que quienes prestan servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.

Por último, graduó la sanción aplicada tomando en cuenta los montos autorizados por la Ley Nº 24.240, la conducta de la sumariada, los derechos de los consumidores y usuarios en la relación de consumo, la finalidad de la Ley Nº 24.240 y el informe de antecedentes agregados en autos.

II.- Que a fojas 78/86 la sancionada interpuso recurso de apelación contra la mentada disposición.

En su memorial, luego de recordar los antecedentes del caso, sostuvo que el denunciante había falseado la declaración jurada de salud ya que ocultó dolosamente la patología padecida por la Srita. Oriana Magalí Toledo. Afirmó que dicha circunstancia importaba la extinción del contrato de salud y por ende, la inexistencia de incumplimiento prestacional.

Luego, se agravió acerca de los vicios formales del acto administrativo sancionatorio (conf. art. 7º de la Ley Nº 19.549). Al respecto, alegó que “.de una primera lectura de las actuaciones administrativas surge no haberse dado cumplimiento a la manda legal de intervención de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico, cuando el acto, como en el caso, afecta derechos subjetivos de la sancionada”.

Asimismo, sostuvo que la Disposición D.N.C.I Nº 156/2015 no se encontraba debidamente motivada, lo cual determinaba la invalidez del acto recurrido.Sobre este punto, argumentó que el organismo sancionador se limitó a referirse a los “perjuicios causados” a la damnificada sin subsumir los hechos del caso a la descripción genérica contenida en el tipo infraccional imputado.

En subsidio, solicitó que se disminuyera el monto de la multa aplicada ya que resultaba exorbitante y desmesurado.

A mayor abundamiento, afirmó que la Dirección Nacional de Comercio Interior resultaba incompetente para resolver una cuestión como la debatida en autos, que -según la recurrente- consistía en una controversia contractual.

En base a lo expuesto, peticionó que se tuviera por presentada el recurso interpuesto y que se revocara la sanción impuesta, con costas.

III.- Que a fojas 89/101 el Estado Nacional (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) contestó el recurso de su contraria.

En su presentación, luego de reseñar los hechos del caso, sostuvo que la competencia de la Secretaría de Comercio Interior se encontraba autorizada por los artículos 41 y 45 de la Ley Nº 24.240. Asimismo, afirmó que la sumariada había omitido considerar que el Decreto Nº 2136/13 reconocía a esa secretaría como autoridad de aplicación de todo el conjunto de leyes que protegían los derechos de los consumidores.

Sentado ello, sostuvo que la materialidad de la infracción se encontraba acreditada debido a que la sancionada no refutó la imputación efectuada en los términos del artículo 19 de la Ley Nº 24.240, esto es, el incumplimiento de los términos, plazos y condiciones del servicio ofrecido al negar la cobertura de la prótesis solicitada por el denunciante.

En lo relativo a la graduación de la multa, afirmó que se habían tomado en cuenta los perjuicios causados, los derechos en juego, el informe de antecedentes agregados en autos, las particulares circunstancias del caso y los montos autorizados por la Ley Nº 24.240.

IV.- Que en este estado de la causa, habiendo dictaminado el Sr. Fiscal General Subrogante en sentido favorable a la admisibilidad del recurso (v. fs.142), corresponde examinar los agravios vertidos por la actora.

IV.1.- En primer lugar, cabe examinar el planteo de incompetencia del organismo que emitió la resolución sancionatoria. Este agravio no resulta atendible ya que la recurrente se limitó a afirmar que la Dirección Nacional de Comercio Interior no podía resolver una cuestión contractual, sin brindar sustento jurídico a su argumentación.

Por lo demás, es menester señalar que la competencia del organismo señalado se encuentra autorizada por el artículo 41 de la Ley Nº 24.240 que establece que la Secretaría de Comercio Interior (ámbito en el cual actúa la Dirección Nacional de Comercio Interior) será la autoridad de aplicación de esa ley.

IV.2.- Despejada dicha cuestión, cabe señalar que la Ley Nº 24.240 se enmarca en el régimen de protección de consumidores y usuarios sancionado por el Congreso, entre cuyos propósitos se encuentran los de asegurar los derechos de éstos a la protección de sus intereses económicos y condiciones de trato equitativo y digno en la relación de consumo (art. 42 CN).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó que la Ley de Defensa del Consumidor llenó un vacío existente en la legislación argentina, pues otorga una mayor protección a la parte más débil en las relaciones comerciales recomponiendo, con un sentido ético de justicia y de solidaridad social, el equilibrio que deben tener los vínculos entre comerciantes y usuarios, que se veían afectados ante las situaciones abusivas que se presentaban en la vida cotidiana (Fallos:

324:4349).

Específicamente, establece que “[q]uienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos” (conf. art. 19).

IV.3.- Sentado ello, conviene recordar que las actuaciones se iniciaron como consecuencia de la denuncia presentada por el Sr.Jorge Nazareno Toledo contra el Círculo Médico de Lomas de Zamora (Osmecon Salud). En dicha ocasión, alegó que existió un incumplimiento de la prestación del servicio médico respecto de su hija, Srita. Oriana Magalí Toledo, toda vez que la aquí recurrente negó la cobertura de la prótesis prescripta para la operación de su pie izquierdo (v. denuncia de fs. 1 y documentación de fs. 3/6).

En tales condiciones, en concordancia con el criterio seguido por la autoridad administrativa, se advierte que el servicio de salud no ha sido brindado respetando los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias convenidas contractualmente entre el Sr. Toledo y la firma recurrente. En efecto, se observa un incumplimiento de la prestación del servicio médico al negar la cobertura de la prótesis prescripta para la operación del pie izquierdo de la Srita. Toledo. Ello, permite tener por acaecida la materialidad de la infracción endilgada, debiendo encuadrase la conducta de la sancionada en lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 24.240.

Por lo demás, la prestadora no acompañó prueba pertinente que permita tener por acreditado el conocimiento oportuno de la enfermedad de la Srita. Toledo por parte del firmante de la declaración jurada de salud. En tal sentido, de acuerdo con el principio general de la prueba “.quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión tiene la carga de acreditarlos (conf. art. 377 del CPCCN), y si no logra cumplir con esa carga mediante la actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre el riesgo de que su acción sea rechazada” (Fallos: 327:2231; 331:881; entre otros).

IV.4.- En cuanto a los vicios de la Disposición DNCI Nº 156/2015 alegados, cabe señalar que las argumentaciones de la recurrente constituyen manifestaciones dogmáticas que no pueden ser atendidas, máxime considerando que ha intervenido debidamente la Dirección de Legales de Comercio Interior (v. fs.58/62) y que, tal como se expresó en el considerando anterior, la Disposición D.N.C.I Nº 156/2015 posee sustento fáctico y jurídico suficiente para tener por acreditada la infracción imputada.

IV.5.- Por último, relación con el monto de la sanción impuesta, es menester destacar que la determinación y graduación de las multas es resorte primario de la autoridad administrativa, principio que solo cede ante una manifiesta arbitrariedad (conf. esta Sala in re: “Musso, Walter c/ Prefectura Naval Argentina”, sentencia del 27/05/1997). Al respecto, no res ulta exigible una exacta correlación numérica entre la multa y la infracción cometida, sino que es suficiente que la autoridad de aplicación realice una apreciación razonable de las diferentes circunstancias tenidas en cuenta para justificar la sanción.

En el presente caso, se debe considerar que la administración ha graduado el monto de la sanción según las circunstancias del caso y los elementos indicados en el artículo 49 de la Ley Nº 24.240 Concretamente, se ha referido a la conducta de la sumariada, los derechos de los consumidores y usuarios en la relación de consumo, la finalidad de la norma y el informe de antecedentes agregados en autos. Cabe agregar que se han respetado los montos autorizados por la Ley Nº 24.240 (en el sub lite, la multa impuesta de $ 150.000 se encuentra comprendida dentro de las escalas del artículo 47 inciso b] de la ley citada que estipula importes entre $ 100 y $5.000.000).

Por lo tanto, toda vez que la falta se encuentra claramente configurada y en mérito de las pautas utilizadas por la autoridad administrativa para la determinación de la sanción, el monto fijado no se presenta en el caso como manifiestamente arbitrario o irrazonable.

V.- Que por los fundamentos vertidos, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la recurrente CÍRCULO MÉDICO DE LOMAS DE ZAMORA (OSMECON SALUD) y confirmar la Disposición Nº 156/2015 de la Dirección Nacional de Comercio Interior.Las costas se imponen a la actora vencida, por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCN).

Teniendo en cuenta el monto del proceso, el resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por el letrado de la demandada, corresponde fijar los honorarios profesionales del Dr. Nicolás Olivari en la suma de $ 10.500 (pesos diez mil quinientos), de acuerdo a lo establecido en los artículos 6, 7, 9, 37 y 38 de la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.

Se aclara que dicho importe no incluye suma alguna en concepto de impuesto al valor agregado, el cual deberá adicionarse en caso de que el profesional acredite su condición de responsable inscripto. ASI VOTO.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani, adhiere al voto que antecede.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany, adhiere en lo sustancial al voto del Dr. Treacy.

En virtud del resultado que informa el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la recurrente CÍRCULO MÉDICO DE LOMAS DE ZAMORA (OSMECON SALUD) y confirmar la Disposición Nº 156/2015 de la Dirección Nacional de Comercio Interior; 2) Imponer las costas a la actora vencida (art. 68 del CPCCN); 3) Fijar los honorarios profesionales del Dr. Nicolás Olivari en la suma de $ 10.500 (pesos diez mil quinientos), en los términos de los artículos 6, 7, 9, 37 y 38 de la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente, devuélvanse.

Guillermo F. TREACY

Jorge F. ALEMANY

Pablo GALLEGOS FEDRIANI