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Procedencia de la medida cautelar dirigida a que el Estado provincial arbitre las medidas tendientes a la designación del actor como agente de policía.

PartesPolicia: Peralta Marcos Lucas c/ Provincia de Santa Fe s/ medida cautelar autónoma

Tribunal: Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Fe

Fecha: 31-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-99413-AR | MJJ99413

Procedencia de la medida cautelar dirigida a que el Estado provincial arbitre las medidas tendientes a la designación del actor como agente de policía.

Sumario:

1.-Debe ordenarse a la Provincia demandada con carácter cautelar que arbitre las medidas tendientes a la designación provisional del actor como agente de policía, ya que ninguna de las causales invocadas por aquella -existencia de un proceso penal y de otro contravencional- aparecen, prima facie, como impedimento para el ingreso, motivo por el cual aquel no se encuentra, en un liminar análisis, incurso en alguna de las circunstancias referidas en el art. 8, incs. d y e, de la Ley 12.333 y el art. 33 de la Ley 12.521 de la Provincia de Santa Fe.

Fallo:

Santa Fe, 31 de marzo de 2016.

VISTOS: Estos autos caratulados «PERALTA, Marcos Lucas contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA» (Expte. C.C.A.1 n° 408, año 2015), venidos para resolver; y,

CONSIDERANDO:

El señor Marcos Lucas Peralta solicita medida cautelar autónoma contra la Provincia de Santa Fe, tendente a que se anule, en la parte pertinente, el decreto 4098/15 dictado por el Gobernador de la Provincia en cuanto no lo designó como Suboficial de la Policía y, en consecuencia, se lo designe como tal, con imposición de costas.

Relata que comenzó el curso de Suboficiales de Policía en la ciudad de Rosario el 19.2.2015 y que al ingresar se le requirieron todos los antecedentes penales y contravencionales; que culminó el referido curso el 20.10.2015; que mediante el decreto 4098/15 se nombraron como Suboficiales a los cadetes que habían concluido el curso; y que dicho decreto no lo incluyó sin dar fundamento alguno para su exclusión.

Precisa que interpuso recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra del decreto 4098/15, sin que la Provincia se haya pronunciado al respecto.

Afirma que el decreto impugnado afecta su derecho a la estabilidad, a la carrera administrativa y a la garantía de libertad; que la Provincia no menciona ningún antecedente objetivo «de hecho y comprobado» que ponga de manifiesto su irresponsabilidad, como así tampoco antecedentes penales o administrativos.Cita jurisprudencia y doctrina.

Argumenta, con cita de doctrina, sobre el derecho a la estabilidad y afirma que dicha garantía, en su caso, fue vulnerada al haber sido el único aspirante excluido de la designación constituyendo tal omisión un acto discriminatorio, que encubre una sanción sin que su parte haya dado motivo alguno para su aplicación.

Refiere a la existencia de desviación de poder tendente a encubrir una sanción, y a la violación de su derecho de defensa en juicio.

Considera que el decreto 4098/15 es inconstitucional por vulnerar los artículos 14 bis y 28 de la Constitución nacional y tratados internacionales.

Reitera que no existe sanción administrativa, sumarios administrativos ni antecedentes penales que justifiquen excluirlo del nombramiento como Suboficial, constituyendo el obrar de la demandada un «arbitrio administrativo que no resiste el menor análisis de legitimidad».

Hace alusión a la procedencia de las medidas cautelares en general y al derecho a la tutela judicial

efectiva.

Observa que aún no se resolvió el recurso de revocatoria que interpuso contra el decreto 4098/15, y que esperar su conclusión implicaría «. un alongamiento que provocará un desbaratamiento de derechos, máxime cuando existe un cambio en la situación de revista que vulnera el derecho a la carrera».

Asevera que el peligro en la demora surge en forma indubitable ante la necesidad de su nombramiento, ya que «constituye el único ingreso que tiene su familia».

Considera que se demuestra su interés legítimo y plantea la inconstitucionalidad del decreto 4098/15 por avasallar su derecho a la estabilidad del empleo público contemplado en los artículos 14 bis, 16, 19 y 75, incisos 22 y 23 de la Constitución nacional y artículo 20 de la Constitución provincial.

Solicita, en definitiva, el rechazo de la medida, con costas.

2.Corrida la vista pertinente, la demandada la contesta a fojas 19/24 vto., con expreso pedido de rechazo e imposición de costas.

Luego de referir a la pretensión cautelar del actor y a los requisitos que impone el artículo 14 de la ley 11.330, afirma que aquél no acreditó ni el peligro en la demora ni daño inminente.

Resalta la falta de fundamentos del pedido cautelar en tanto el actor se limita a invocar la necesidad de poseer un trabajo «. ya que constituye el único ingreso que tiene su familia».

Explica que no estamos ante la presencia de un daño patrimonial efectivo, sino ante la frustración de una simple expectativa; que el actor se limita a manifestar la privación de una «futura» fuente de ingreso.

Asimismo, dice que el reclamo sobre el mérito, es también improcedente; que la pretensión interpuesta tampoco puede ser atendida dentro del examen preliminar y con los limitados alcances indagatorios que impone una pretensión cautelar por no encontrarnos en presencia de un actuar administrativo que pueda ser calificado de manifiesta u ostensible ilegitimidad.

Argumenta, con cita y transcripción de jurisprudencia, sobre la verosimilitud del derecho invocado.

Considera que el presente pedido cautelar elude la fundamentación de la ilegitimidad manifiesta en la que, al entender del actor, habría incurrido la Administración con el dictado del decreto 4098/15.

Que el referido decreto fue dictado de acuerdo a la normativa vigente y aplicable relativa al ingreso y confirmación de Suboficiales, condicionado a la evaluación personal y cotejo de antecedentes.

Destaca que respecto del actor se registró un antecedente penal por encubrimiento de «robo» del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Correccional de la Sexta Nominación de Santa Fe, y por infracción al artículo 89 del Código de Faltas del Juzgado de Faltas de Coronda.

Concluye que la exclusión del actor en el nombramiento de Suboficiales se fundó en la existencia de una causa penal y una causa contravencional.

Transcribe el artículo 8 de la ley 12.333 y el artículo 33de la ley 12.521, y señala que al establecerse los requisitos de ingreso no se utilizaron criterios prohibidos en la Constitución nacional o en los tratados internacionales sobre derechos humanos; que se trata «de una distinción formulada por el Poder Ejecutivo de la Provincia en ejercicio de atribuciones que le son privativas [.]»; que «existen numerosos fallos de los tribunales» contra la Provincia por el deficiente accionar de los agentes de la policía.

Asevera que no existió irrazonabilidad en la medida adoptada ni errónea aplicación de la ley.

Expone que la finalidad de la prohibición del ingreso de quienes cometan delitos o contravenciones es tuitiva del interés público «tratando de preservar mínimamente de que quienes vayan a desarrollar tareas de seguridad no hayan a su vez conculcado tales objetivos, poniendo [.] en riesgo la seguridad de otras personas o realizando daños a las personas».

Reitera que al momento del ingreso a la fuerza policial el actor contaba con antecedente por una causa por encubrimiento de hurto y otra por infracción al artículo 89 del Código de Faltas.

Plante la cuestión constitucional y pide, en definitiva, se rechace la medida cautelar, con costas. II.1. Corresponde considerar, previamente, si el planteo, efectuado sin que la instancia contencioso administrativa esté habilitada, es admisible.

Como es sabido, la admisibilidad de este tipo de pedidos exige la concurrencia de alguna circunstancia de la que pueda extraerse la posibilidad de que se produzca un perjuicio especial, ya en el peticionario, ya en otros intereses en juego; o -en todo caso- la concurrencia de una ilegitimidad tan manifiesta que por sí sola pudiese justificar la anticipada intervención del Tribunal («Sejas», A. T. 3, pág. 439; «Ottinger», A. T. 4, pág. 279; «Caminos», A. T. 5, pág. 213; «Masin», A. y S. T. 1, pág. 32; «Giustozzi», A. y S. T. 10, pág. 35; «Cabral», A. y S. T. 18, pág. 106; «Vivas», A. y S. T. 19, pág. 346; «Firmani», A. y S. T. 20, pág. 224; «Franco», A. y S. T.22, pág. 242; «Rouzic», A. y S. T. 23, pág. 182; «Leiva», A. y S. T. 24, pág. 100; «Villarreal», A. y S. T. 25, pág. 228; «Tilomas», A. y S. T. 26, pág. 270; «Zeballos», A. y S. T. 28, pág. 270; «Parodi», A. y S. T. 29, pág. 411; «Preti», A. y S. T. 30, pág. 408; «Leyva», A. y S. T. 32, pág. 189; «TECSA», A. y S. T. 33, pág. 84; «Medina», A. y S. T. 34, pág. 228; «Cosme», A. y S. T. 35, pág. 82; «Manias», A. y S. T. 38, pág. 492; «Luciano», A. y S. T. 40, pág. 243; «Ronchetti», A. y S. T. 43, pág. 492; «Mai», A. y S. T. 44, pág. 73; «Aguiar», A. y S. T. 45, pág. 212; etc.).

En el caso, las circunstancias descriptas y el tenor de las cuestiones propuestas, justifican el análisis de procedencia del sub judice.

2. Esta Cámara viene señalando que la pretensión que constituye el objeto del proceso cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido, en el sentido que las medidas cautelares no requieren la comprobación de los extremos precisados para la procedencia de la demanda, sino que se conforman con un juicio más rápido y superficial dirigidos a comprobar los presupuestos substanciales de aquélla (por todos: «Sañudo», A. T. 1, pág. 56; «Deforel», A. T. 2. pág. 404; «Anit», A. T. 5, pág. 37; «Díaz», A. T. 5, pág. 307; y «Palacios», A. T. 5, pág. 344).

Criterio este ratificado por el Alto Tribunal nacional (Fallos: 327:3852; 329:2949; 330: 1261, 3126). Pues bien, en el caso de autos se desprenden elementos suficientes que habilitan el despacho cautelar.

3.El actor peticiona cautelarmente la «anulación» del decreto n° 4098/15, en cuanto mediante él no se lo designó como Suboficial de la Policía provincial; y, consecuentemente, se ordene su ingreso a dicho cargo.

Conforme lo expuesto por las partes, el decreto impugnado nada dice en orden a la exclusión del actor como ingresante a las fuerzas policiales, no obstante, al contestar la demanda cautelar la Administración manifiesta que habría dispuesto la separación del peticionario, en razón de contar con «una causa por encubrimiento de hurto y otra por infracción artículo 89 Código de Faltas» (f. 23).

En tal sentido, ha de advertirse que según los antecedentes acompañados por la propia demandada, el señor Peralta habría sido sobreseído en la primera de las causas y absuelto de culpa y cargo en la otra (fs. 17/18).

En tales condiciones, ninguna de las causales invocadas aparecen, prima facie, como impedimento a su ingreso, no encontrándose el actor, en un liminar análisis, incurso en alguna de las circunsta ncias a que refiere el artículo 8, incisos d y e, de la ley 12.333 y el artículo 33 de la ley 12.521.

De este modo, no encontrándose, prima facie, pendiente ningún proceso -penal ni de faltas-, ni habiendo resultado condenado el recurrente en los procesos contravencional y penal oportunamente instruidos, no se advierte la legitimidad del impedimento invocado por la Administración.

Por lo tanto, en el marco de provisionalidad propio de esta instancia, no surge prima facie que la situación del recurrente se encuentre alcanzada en alguna causal legal de segregación; por lo que corresponde hacer lugar al pedido, y disponer, consecuentemente, que la demandada arbitre las medidas tendentes a la designación provisional del actor en la Policía de la Provincia.

Por todo ello, la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 1, integrada, RESUELVE: Hacer lugar a la medida cautelar deducida con el alcance explicitado. Costas a la demandada.

Regístrese y hágase saber.

Fdo. PALACIOS. LISA. DRAGO (art. 26, ley 10.160). Di Mari (Sec)

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