Distribuidora de energía debe indemniza a empresa industrial por no otorgarle el aumento de tensión requerido para la realización de sus tareas.

Distribuidora de EnergiaPartes: Laminación Gorriti S.A. c/ EDENOR S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 9-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-99527-AR | MJJ99527

La distribuidora de energía debe reparar el daño emergente y el lucro cesante ocasionado a una empresa dedicada a la laminación de metales, por la arbitraria negativa de otorgar el aumento de tensión solicitado para la efectiva realización de sus tareas.


Sumario:

1.-Corresponde juzgar que la distribuidora de energía eléctrica ha incumplido con sus obligaciones legales y contractuales en oportunidad de negarle la solicitud efectuada por la accionante pues el ente regulador había considerado que el usuario tenía derecho a solicitar el cambio de tensión.

2.-La empresa de distribución de energía eléctrica debe responder por los daños y perjuicios causados a la firma actora derivados del rechazo de la solicitud de aumento de la tensión, pues la solicitud formulada encontraba su justificación en la potencia instalada en el domicilio denunciado de acuerdo con los equipamientos que allí se encontraban; máxime siendo que de la prueba documental se infiere con facilidad que la potencia requerida respondía a los parámetros fijados por la normativa vigente.

3.-Ante la asimetría existente entre las partes y la naturaleza de la relación, debe preferirse la solución que más concilie con los intereses del usuario; más aun cuando además, la solución de este caso resulta con claridad favorable a la firma actora a poco que se observe que la distribuidora no dio observancia a la norma, pues lejos de contemplar que la solicitud de la sociedad accionante encuadraba en los requisitos previstos optó por desestimar el detalle de carga sin siquiera realizar una inspección presencial de las instalaciones.

4.-No corresponde considerar que se trate de un supuesto de culpa de la víctima pues si la sociedad accionante solicitó el suministro de energía desde la red de media tensión por motivos de reducción de sus costos, satisfaciendo los requisitos legales previstos, la negativa de la Distribuidora del servicio público deviene en una actuación arbitraria en desmedro de los intereses del usuario.

5.-Corresponde confirmar la procedencia de la indemnización del daño emergente toda vez que la empresa actora, en virtud de la negativa de la demandada de otorgarle el cambio de tensión, se vio obligada a alquilar un grupo electrógeno durante el período en que no se le proveyó del suministro energético en la red solicitada.

6.-Procede la reparación del lucro cesante puesto que existen datos objetivos en punto a los ingresos por ventas que demuestran el nivel de facturación bruta obtenido por el giro comercial de la sociedad durante los meses anteriores al reconocimiento de la petición, así como el nivel de disminución entre la facturación de aquellos con los periodos venideros.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 9 días del mes de marzo de 2016, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Alfredo Silverio Gusman dice:

I.- A fs. 361/365 luce la sentencia del Juez de la anterior instancia, que decide hacer lugar a la demanda y condena a la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE S.A. -en adelante, EDENOR- a abonar a LAMINACIÓN GORRITI S.A. la cantidad de $ 21.780 con más los intereses y las costas del juicio, inherentes a los daños y perjuicios derivados ante el rechazo de la solicitud de aumento de la tensión en el domicilio de la empresa situado en la calle Gorriti 250, La Tablada, Partido de la Matanza.

Para resolver de tal modo, el “a quo” tuvo en cuenta que, de acuerdo a la resolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (E.N.R.E.), la solicitud de Laminación Gorriti fue efectuada de conformidad con la reglamentación vigente. Por ello, consideró que la provisión de energía requerida debió ponerse de inmediato a disposición del cliente. En tal sentido, entendió que el incumplimiento de Edenor originó el alquiler de un grupo electrógeno por parte del actor, generando un perjuicio que justipreció bajo el rótulo de daño emergente en la suma de $21.780. Asimismo, desestimó la pretensión relativa al lucro cesante por no encontrarse acreditadas las ganancias que el accionante alegó haber dejado de percibir, como así también el reclamo inherente al daño moral derivado del desprestigio empresarial. Por último, fijó el cómputo de los intereses accesorios al monto de condena desde la fecha de la resolución del Ente Regulador (25.11.2003) hasta su efectivo pago, conforme la tasa que el Banco de la Nación Argentina percibe en sus operaciones de descuento a treinta días, plazo vencido.

II.- Dicho pronunciamiento fue materia de apelación por parte de la actora (fs.366) y por EDENOR S.A. (fs. 369).

A fs. 375 funda su expresión de agravios la demandada, la que en esencia finca en: a) Yerra el sentenciante al considerar que la distribuidora eléctrica incumplió con las obligaciones a su cargo. En ese sentido, debió ponderar que hasta la fecha del dictado de la resolución AU N°7999/2003, la empresa actuó dentro de las facultades que le otorga la ley; b) El “a quo” no consideró la existencia de culpa de la víctima, en la medida que la accionante debió aceptar el suministro de la potencia requerida desde la red de baja tensión. De este modo, la negativa de aquella parte únicamente obedeció a la diferencia entre los costos de la energía que se consume desde las distintas redes, lo que convierte a la propia actora en la responsable de los daños padecidos; c) Resulta improcedente la indemnización en concepto de daño emergente, en tanto la factura que acredita el alquiler del grupo electrógeno es de fecha posterior al mes en que se dio cumplimiento al cambio de tensión; d) Por último, la imposición de costas debió responder a la proporción en la cual se admitió la demanda respecto de los rubros y los montos reclamados.

Dichos agravios fueron respondidos en el escrito de fs. 385 por Laminación Gorriti.

Por su parte, la actora se agravia del rechazo del monto solicitado en concepto de lucro cesante. Por otra parte, solicita la aplicación de los intereses contemplados en el artículo 770 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación, a partir del día de la notificación de la demanda.

Las quejas expuestas por la demandante fueron replicadas por la accionada en la pieza obrante a fs.391/393.

III.- Como punto de partida, corresponde aclarar que no se encuentra controvertido en autos que Laminación Gorriti solicitó en el mes de julio de 2003 la provisión del suministro de electricidad en media tensión, destinado a alimentar las instalaciones en el domicilio de la calle Gorriti 250, localidad de La Tablada, Partido de la Matanza (v. fs. 20/21). En igual sentido, ambas partes coinciden en que el día 21 de julio de 2003 la demandada rechazó aquel requerimiento a tenor de lo informado en la nota obrante a fs. 19, circunstancia que fuera expresamente reconocida con la transcripción efectuada por EDENOR en el responde de demanda (v. punto 2) de fs. 108).

Asimismo, no se haya debatido en esta instancia que, de conformidad con la Resolución AU N°7999/2003, el E.N.R.E. consideró que el usuario tenía derecho a solicitar el cambio de tensión y ordenó a la distribuidora a poner a disposición de éste una potencia de 318kW en media tensión.

En razón de ello, y atendiendo los planteos traídos a conocimiento de este Tribunal la cuestión a resolver gira en torno a dilucidar, en primer término, sí EDENOR S.A. ha incumplido sus obligaciones legales y contractuales en oportunidad de negarle la solicitud efectuada por la accionante.

IV.- En el modo en que se sucedieron los hechos, queda claro que hasta mediados del año 2003 la energía eléctrica era proveída por la demandada en el domicilio de Laminación Gorriti mediante la red de baja tensión y que, debido a la actividad de desarrollada por aquella sociedad, fue solicitado a la prestadora del servicio público la provisión del suministro mediante la red de media tensión. En ese sentido, de las declaraciones testimoniales rendidas en la causa se desprende que “se dedicaban a laminar

cobre” y que “las máquinas no pudieron arrancar a trabajar porque no había media tensión” (v. fs.19).

De la lectura detenida de la Resolución n°1745/1998, y en especial de las consideraciones previas, se vislumbra el objetivo esencial que debe analizarse al momento de evaluar la solicitud de cambio de tensión por parte de los usuarios. Resulta palmario que “el criterio de asignación del nivel de tensión en función de la potencia debe obedecer a criterios de optimización, por lo que el nivel de tensión de suministro a definirse debe corresponder a aquél que hace mínimo el costo de suministrar la potencia determinada”.

Por otra parte, surge de forma categórica que “los usuarios y grandes usuarios comprendidos en la Tarifa N° 3 (T3-Grandes Demandas) y la Tarifa por el Servicio de Peaje, respectivamente, del cuadro tarifario de las Distribuidoras “EDENOR S.A.”, “EDESUR S.A.” y “EDELAP S.A.”, deberán tener una demanda mínima de potencia igual a 315 KW, como requisito para solicitar el suministro en media tensión.” (artículo 1, el subrayado me pertenece).

En lo que aquí interesa, de la “Declaración Jurada de Cargas para Clientes Tarifa 3” suscripta por el representante de la actora, se desprende que la solicitud formulada encontraba su justificación en la potencia instalada en el domicilio (353,51) de acuerdo con los equipamientos que allí se detallan (fs. 20/21). De este modo, de la referida documental se infiere con facilidad que la potencia indicada por Laminación Gorriti, respondía a los parámetros fijados por la normativa en cuestión.

Por lo demás, si alguna duda existe respecto de aquél extremo, el ente regulador hizo lugar a la petición de la actora, en tanto consideró que aquella reunía los requisitos necesarios para acceder a tal servicio. Sobre este punto, el E.N.R.E. se expidió en torno a la cuestión aquí planteada sosteniendo que “la Resolución E.N.R.E.N°1745/1998, establece que, si el usuario decide contratar 315 kW de capacidad de suministro está en condiciones de requerir que el mismo sea en media tensión, debiendo la distribuidora soportar las inversiones asociadas al cambio de tensión”, agregando que “el hecho de que posteriormente la potencia registrada sea inferior a 315 kW no perjudica a la Distribuidora puesto que la misma facturará durante un plazo de 2 años según la capacidad de suministro contratada (318kW)”. En concreto, el referido organismo resolvió que “del análisis efectuado a la documentación obrante en el expediente surge que la solicitud del usuario se encuadra en la normativa prevista en las Resoluciones E.N.R.E. N°1745/98 y N°734/99” (fs. 284). Frente a esa resolución, la aquí demandada interpuso el recurso de reconsideración cuya copia se encuentra glosada a fs. 289/298, que motivo el rechazo del Jefe del Departamento de Atención Usuarios obrante a fs. 307/308. Dicha decisión habría sido consentida por la demandada (al menos, no se ha brindado en autos una versión distinta), al no haberse promovido recursos administrativos o acciones judiciales en su contra.

De este modo, EDENOR no dio observancia a la norma, pues lejos de contemplar que la solicitud de la sociedad accionante encuadraba en los requisitos previstos en el art. 1 de la Resolución n°1745/98 del E.N.R.E. optó por desestimar el detalle de carga sin siquiera realizar una inspección presencial de las instalaciones. Sin eufemismos: EDENOR aplicó mal la mentada resolución, en desmedro del usuario.

Por otra parte, recuerdo que las empresas concesionadas que se encuentran constreñidas a dar observancia a las disposiciones que regulan su actividad, sin que ello las faculte a formular interpretaciones de la normativa disvaliosas a los derechos de los usuarios, cuando del texto de la norma se desprende con claridad los requisitos necesarios para la prestación.A mayor abundamiento, quisiera destacar que ante la asimetría existente entre las partes y la naturaleza de la relación, debe preferirse la solución que más concilie con los intereses del usuario (arg. art. 42 de la Constitución Nacional), aunque por cierto, como desarrollaré a continuación, la solución de este caso me resulta clara.

V.- Precisado lo expuesto, tampoco parece procedente el argumento sostenido por la accionada respecto de la culpa en la que habría incurrido Laminación Gorriti al no aceptar el suministro de la potencia requerida desde la red de baja tensión. En ese sentido, varios son los extremos de los que me voy a ceñir para sostener, al igual que lo hizo el “a quo”, que la Distribuidora debió acceder a lo solicitado por la usuaria de modo oportuno.

En primer término, de la prueba peric ial en ingeniería eléctrica se desprende la razonabilidad de la petición de la actora de provisión de energía eléctrica en media tensión. En ese sentido, el perito CHAVARRÍA argumentó que “debido al tipo de proceso se observa la necesidad de trabajar con motores de potencia eléctrica acorde a la producción de laminación de metales por ejemplo cobre” agregando que “al laminar el metal en frío o en caliente para lo cual se requiere disponer de potencia de alimentación eléctrica de acuerdo a este proceso y los subprocesos productivos”. Tal es así, que el experto es tajante al sostener que “por el tipo de proceso de laminación de metales se observa una simultaneidad de tareas que demanda alto consumo de energía eléctrica en un determinado

período de tiempo” (fs. 249). Sobre este punto, y pese a encontrarse debidamente notificada del dictamen obrante a fs. 249/250 (v. cédula de fs. 256), la distribuidora guardó absoluto silencio.Por lo demás, ninguna prueba ha aportado la accionada (siendo que de ella recaía la carga de demostrar el extremo aducido) respecto de la posibilidad de suministrar la potencia solicitada desde la red de baja tensión. En ese sentido, y pese a las argumentaciones esbozadas en la expresión de agravios en cuanto a que la actora debió probar que le fuera imperioso contar con el suministro de energía desde la red de media tensión, antes bien parecería que la demandada era quien se encontraba en mejores condiciones profesionales y técnicas para probar en este juicio aquel extremo. Sin embargo, EDENOR optó por no arrimar ninguna constancia como así tampoco consultó al perito designado con relación a aquella circunstancia.

Por último, frente a la alegación vertida por la demandada respecto de que la actora no aceptó el suministro de energía desde la red de baja tensión por resultarle más oneroso, debo decir que aquella afirmación tampoco puede prosperar. Nótese que el artículo 5 de la Resolución n°1745/98 del E.N.R.E. prevé que “las Distribuidoras podrán optar, a menos que existan, además de la potencia demandada, motivos de tipo tecnológico debidamente justificados que obliguen al usuario a requerir expresamente el nuevo nivel de tensión, en no realizar las inversiones en la red asociadas al cambio de tensión solicitado, y continuar brindando el suministro en el actual nivel si las instalaciones lo permiten técnicamente, pero deberá facturarlo de acuerdo a la tarifa correspondiente al nuevo nivel solicitado por este último”. Asimismo, el artículo 4 de la resolución N° 734/99 del E.N.R.E.dispone que “Una vez presentada la solicitud de cambio de tensión de suministro a media o alta tensión, o un nuevo suministro en esta últimas tensiones, y verificado el cumplimiento de las condiciones para proceder a su efectivización, la empresa Distribuidora dispondrá de 10 (diez) días hábiles para informar al usuario existente o futuro, si hará uso de la opción contemplada en el artículo 5 de la Resolución ENRE N° 1745/98”.

De este modo, la propia normativa regula el supuesto en el cual la Distribuidora, ante la solicitud del usuario, puede optar por mantener el suministro en la misma red en la que se venía prestando el servicio. Sin embargo, para que ello suceda debía notificarse al usuario del uso de aquella opción como así también realizar la facturación de acuerdo a la tarifa correspondiente al nuevo nivel solicitado. Es decir, no sólo que EDENOR no informó nada al respecto a quien solicitó el suministro desde la red de media tensión, sino que, además, de haberlo realizado; debió respetar las tarifas acordes a la red de media tensión tal cual fuera peticionada.Lo dicho, implica que en modo alguno se podría haber perjudicado al usuario con la facturación de una tarifa relativa a la red de baja tensión, lo que torna impresentable la alegación ensayada por la apelante.

Por lo demás, lejos de tratarse de un supuesto de “culpa de la víctima” como pretende encuadrar quien tiene la responsabilidad de prestar un servicio público, si la sociedad accionante solicitó el suministro de energía desde la red de media tensión por motivos de reducción de sus costos, satisfaciendo los requisitos legales previstos;, la negativa de la Distribuidora deviene en una actuación arbitraria en desmedro de los intereses del usuario.

VI.- Establecida entonces la conducta reprochable que asumió la demandada al momento de rechazar la solicitud efectuada por Laminaciones Gorriti, resta analizar los agravios relativos a los rubros indemnizatorios.

Con relación a la procedencia del reclamo inherente al alquiler del grupo electrógeno durante el período en que no se le proveyó del suministro energético en la red solicitada, la Distribuidora se agravia por considerar que aquella erogación fue realizada Fecha de firma: 09/03/2016 con posterioridad al cambio de tensión. En ese sentido, destaca la apelante que la documentación que respalda aquella erogación data de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2004, mientras que el cambio de tensión se habría producido en el mes de agosto de aquel año.

Sobre este punto, advierto que del dictamen pericial obrante a fs. 249/250 se desprende que “de acuerdo a la factura N°300423989 en el mes de diciembre de 2004” la demandada comenzó a proveer la energía eléctrica en media tensión (v. fs. 249vta.). Ahora bien, pese a lo sostenido en su expresión de agravios respecto del momento a partir del cual comenzó a proveer dicho servicio, la accionada guardó absoluto silencio con relación a aquella conclusión pericial.

Asimismo, dicho parecer se corrobora con lo informado por el perito contador a fs.173, quien al ser consultado sobre dicho punto, respondió que “a partir del 15 de diciembre de 2004 se comenzó a efectuar la facturación a nombre de la actora con el código tarifario 3-S MT”.

Por lo demás, la declaración del testigo DOMECQ -por cierto, empleado de EDENOR- disipa cualquier duda que pudiera quedar respecto a la viabilidad del reclamo inherente al pago del alquiler y puesta en funcionamiento del equipo electrógeno por los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2004. En ese sentido y luego de relatar los pasos previos que sucedieron a la implementación, destacó que la demandada otorgó el suministro “en el mes de diciembre de 2004” (v. fs. 324vta.).

En razón de lo expuesto, corresponde confirmar lo resuelto en la anterior instancia en cuanto admitió la suma de $21.780 en concepto de “daño emergente”.

VII.- Por otra parte, se agravia la actora con relación al rechazo del rubro lucro cesante durante el transcurso de los meses en los cuales se les negó el suministro peticionado.

A la hora de juzgar la presencia del lucro cesante, debe considerarse que aquél debe ser cierto. Sin embargo su estimación concreta suele ser relativa y se requiere del aporte de circunstancias objetivas que autoricen a inferirlo (conf. ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, “Resarcimiento de daños. Daños a las personas”, t n°2, 2° edición ampliada, 4° reimpresión, p. 254).

En este punto, la pretensión resarcitoria comprende los valores relativos a la pérdida de las ventas correspondientes a los meses en que no se le brindó el suministro eléctrico peticionado. Recuerdo en este sentido que la producción de daños como consecuencia de la falta de provisión de energía eléctrica para laminar metales es un hecho que se configura según el curso natural y ordinario de las cosas (arg. art. 901 del Código Civil). Resulta susceptible de constituirse como causa adecuada de perjuicio para todo aquél que ejerce el comercio.En el escenario que dan cuenta las constancias de autos, deviene natural la imposibilidad de llevar a cabo sus actividades lucrativas a causa de la negativa de proveer la potencia requerida, determinando esto la admisibilidad de la pretensión resarcitoria.

Con relación a la pérdida de facturación reclamada, puntualizo que aparte de la acreditación de la imposibilidad o dificultad de continuar con la explotación comercial, también ha sido demostrada la utilidad obtenida por la explotación de la empresa durante los períodos trabajados efectivamente en los meses anteriores en que el E.N.R.E. ordenó a la accionada hacer el lugar a la petición de Laminación Gorriti. Tales extremos, no han merecido objeción por parte de la demandada en la etapa procesal correspondiente, pese a encontrarse debidamente notificada (v. cédula glosada a fs. 199), siendo que aquella parte consintió el responde de las impugnaciones (v. fs. 197).

La reparación objeto de tratamiento en este apartado, está constituida por aquéllas pérdidas de orden económico provocadas directa y necesariamente por la denegación del servicio pretendido, y que en el supuesto de una organización comercial o de actividades independientes, está conformada por la imposibilidad de obtención de ganancias netas derivadas de las operaciones propias de su giro. En definitiva, no se trata de calcular el valor patrimonial de la lesión a un bien, sino la medida de una ganancia que se habría conseguido si no hubiese acaecido el hecho, esto es, de no haberse materializado el incumplimiento de las obligaciones legales (conf. MESSINEO, F. “Manual de Derecho Civil y Comercial”, t. IV, págs. 248/249, N° 3bis; BELLUSCIO, A. C. y otros “Código Civil y Leyes Complementarias. Comentado, Anotado y Concordado”, t. 2 pág. 721). Por lo tanto, la mera frustración de ventas no es, en el caso de autos, susceptible de generar un efecto dañoso en sí misma, sino en tanto y en cuanto ellas son aptas para generar una concreta ganancia neta.De modo tal que es esta ventaja económica que pudo ser obtenida -de acuerdo a probabilidades objetivas, debida y estrictamente comprobadas- y no lo fue, la verdadera pérdida patrimonial que debe ser enjugada por el responsable (conf. C.S. Fallos: 306:1409 considerandos 4 y 5; 312:2269).

Desde esta perspectiva, destaco entonces que existen datos objetivos en punto a los ingresos por ventas que demuestran el nivel de facturación bruta obtenido por el g iro comercial de la sociedad durante los meses anteriores al reconocimiento de la petición, así como el nivel de disminución o diferencia entre la facturación de aquellos con los periodos

venideros, todo lo cual permite obtener datos precisos en torno de la apreciación concreta del daño experimentado por la dificultad de llevar adelante sus actividades lucrativas. La magnitud del capítulo en tratamiento responde a los datos técnicos que el perito contador extrajo de los registros de la demandante. En ese sentido, el perito IEMOLO informó a fs. 191 que la sociedad accionante no tuvo facturación alguna en los meses de junio, julio y agosto de 2004. Asimismo, puntualizó que la facturación de los periodos anteriores fue de $82.800 (abril de 2004) y $41.400 (mayo de 2004).

Sobre esta base, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el art. 165 del ritual, la pauta que tomaré para determinar el lucro o pérdida de ganancia será de un 15% de la diferencia promedio de la facturación total de los meses anteriores.Para ello, tengo en cuenta que -como he manifestado anteriormente- para determinar el rubro debe descontársele a la facturación las erogaciones en que la actora incurrió en el giro propio de sus actividades comerciales y que conforman los costos operativos de la actividad.

De esta forma, corresponde hacer lugar a la queja de Laminación Gorriti vinculada a este ítem, y tomando en cuenta las referidas pautas, fijo en la suma de $27.940 (veintisiete mil novecientos cuarenta pesos) en concepto de lucro cesante.

VIII.- En cuanto al agravio inherente a la aplicación de los intereses contemplados en el artículo 770 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación, aquello no puede prosperar. En ese sentido, sólo basta recordar la prohibición contemplada en el artículo 623 del Código Civil, vigente al momento de la promoción de la presente demanda (28 de febrero de 2005).

De este modo, tratándose de intereses devengados con antelación al 1 de agosto de 2015 -fecha en la que comenzó a regir el nuevo ordenamiento- y dado que al momento de demandarse judicialmente la obligación, la figura del anatocismo no se encontraba prevista para supuestos como el que aquí se debate, la pretensión no resulta admisible (conf. art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación).

En relación a los intereses relativos al monto reconocido en concepto de “lucro cesante”, deberán ser calculados de conformidad con lo dispuesto en el Considerando VI de la sentencia dictada en la anterior instancia, en tanto aquello no mereció objeción alguna por parte de la demandada.

IX.- Por último, en cuanto al agravio relativo a la imposición de costas a la demandada vencida, propongo su confirmación, desde que no concurre ninguna situación excepcional que justifique apartarse del criterio objetivo del vencimiento o derrota (art. 68, Cód.Procesal).

X.- En atención a lo expuesto, voto por confirmar la sentencia apelada en cuanto al fondo de la cuestión y modificarla en lo relativo al rubro “lucro cesante” el que se reconoce en esta instancia en la suma de $ 27.940. En cuanto a las costas devengadas por el trámite ante la segunda instancia, deberán ser soportadas por la demandada vencida (art. 68 C.P.C.C.N.).

El doctor Ricardo Víctor Guarinoni, por razones análogas a las expuestas por el doctor Alfredo Silverio Gusman, adhiere a su voto.

La doctora Graciela Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: confirmar la sentencia apelada en cuanto al fondo de la cuestión y modificarla en lo relativo al rubro “lucro cesante” el que se reconoce en esta instancia en la suma de $ 27.940. En cuanto a las costas devengadas por el trámite ante la segunda instancia, deberán ser soportadas por la demandada vencida (art. 68 C.P.C.C.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

RICARDO VÍCTOR GUARINONI