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Preocupado por el escaso avance en la sanción de leyes clave para el Gobierno, el oficialismo convocará en los próximos días a la oposición para acordar una agenda parlamentaria de aquí a fin de año. La reforma del Ministerio Público Fiscal -diseñada para apurar la salida de la procuradora Alejandra Gils Carbó, afín al kirchnerismo-; la promoción del empleo joven y la reforma electoral -con eje en la boleta única electrónica-, son las tres prioridades legislativas que el oficialismo pondrá sobre la mesa de negociaciones.
«Queremos destrabar estos temas antes de que comience la discusión del presupuesto 2017, a mediados del mes próximo, porque se va a llevar toda la atención de los legisladores», indicó Mario Negri, jefe del interbloque de diputados de Cambiemos. «Queremos una agenda parlamentaria consensuada, tal como hicimos en el primer semestre. Y mal no nos fue, al contrario», agregó.
Pero en este segundo semestre el tiempo político es otro. El Gobierno ya agotó su «luna de miel» y el peronismo no kirchnerista comienza a pertrecharse con vistas a las elecciones legislativas de 2017.
jEl oficialismo busca destrabar leyes clave antes de debatir el Presupuesto
El oficialismo busca destrabar leyes clave antes de debatir el Presupuesto. Foto: Archivo / Ricardo Pristupluk
A sabiendas de la inferioridad numérica de los bloques oficialistas en ambas cámaras, el PJ no kirchnerista buscará imponer sus condiciones. Sergio Massa, líder de un bloque fundamental para alcanzar la mayoría en la Cámara baja, ya hizo saber que sus prioridades van por otro lado.
«Mejorar las jubilaciones mínimas y las asignaciones sociales; rediscutir el impuesto a las ganancias y fomentar el empleo. Nuestra agenda es social», enfatiza el jefe del bloque Unidos por una Nueva Argentina (UNA).
Casualmente (o no), el bloque Justicialista, que encabezan Oscar Romero y Diego Bossio (también interlocutores frecuentes del oficialismo) comparten prioridades similares a las de Massa.
«El aumento de 14,16% que se dará a los jubilados a partir del mes próximo (en virtud de la ley de movilidad jubilatoria) deja como saldo una pérdida mayor a 15 puntos de su poder adquisitivo. Hay que cubrir esa diferencia», insiste Bossio.
Los oficialistas desesperan: cada demanda de la oposición es sinónimo de mayor costo fiscal que deberá afrontar el Estado. Es el precio a pagar por los votos que no tienen, pero con los números de la economía en rojo, el Gobierno no abrirá la billetera tan graciosamente.
Se avecinan tiempos de mayor tirantez en la relación entre el oficialismo y la oposición; si al cabo del primer semestre el balance fue positivo para el Gobierno -que obtuvo la sanción de leyes clave-, en esta segunda etapa los opositores se anticipan más duros.
Emilio Monzó, presidente de la Cámara baja, Negri y las principales espadas legislativas de Cambiemos ya lo perciben.
«Hay leyes que están muy demoradas», admiten. El caso más notorio es el proyecto de ley de empleo joven: el presidente Mauricio Macri lo elevó a la Cámara de Diputados el 26 de abril pasado y no tuvo dictamen de ninguna comisión. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, reclamó su aprobación el miércoles pasado, cuando ofreció el informe mensual de gestión ante los diputados.
«Creemos que la ley que propone el Gobierno deja demasiado a la intemperie (en materia de condiciones laborales) al joven que ingresa en su primer empleo», sostiene Massa. «Es la punta de lanza de la flexibilización laboral», enfatizó el bloque Justicialista, al igual que el kirchnerismo.
Indefinición sobre Gils Carbó
También está trabada la reforma de la ley de Ministerio Público, pendiente desde abril. Si bien oficialismo y oposición acordaron importantes cambios -por caso, se acortaría a cinco años el mandato del Procurador General (hoy vitalicio)-, todavía hay puntos sin saldar. El oficialismo propone crear un Consejo Federal que diluya, en los hechos, el poder del jefe de los fiscales. El Frente Renovador no está de acuerdo.
Entretanto, el bloque del PJ en el Senado ya advirtió: «La procuradora no debe ser sacada a los empujones», dijo el senador Rodolfo Urtubey.
El dictamen sobre la reforma electoral, en tanto, tendría luz verde dentro de un par de semanas en la Cámara de Diputados. Sin embargo, aún hay asuntos no resueltos. Si bien se acordó que la boleta electrónica se aplicará de manera gradual en las provincias, aún no se definió cuáles serán las debutantes y si la crucial Buenos Aires será de la partida.
Además, se colaron en el debate la propuesta de ampliar al 50% el cupo femenino y la posibilidad de incrementar la cantidad de miembros de la Cámara de Diputados. Sobre este último punto, empero, ya habría consenso. «No es el momento oportuno. Con la economía en rojo, incorporar más diputados a la Cámara sería un desatino», coinciden opositores y oficialistas.
La agenda de Cambiemos
Prioridades del Gobierno para el segundo semestre
Ministerio Público
El oficialismo y el Frente Renovador no se ponen de acuerdo. El proyecto busca acotar el poder de la procuradora Gils Carbó
Primer empleo
El proyecto está demorado desde abril pasado. La oposición teme una nueva flexibilización laboral
Reforma electoral
Aún resta definir qué provincias debutarán con la boleta electrónica en 2017
En esta nota:
Congreso Nacional.
Fuente: La Nación.
