Embargan fondos del GCBA a causa de la excepcional operatividad al modo de ejecución establecido en los arts. 299 y 400 del CCAyT.

Pesos argentinos 3Partes: Spota Alberto Gaspar Mario c/ Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 19-may-2016

Cita: MJ-JU-M-99435-AR | MJJ99435

Procede el embargo de fondos contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a raíz del crédito alimentario reclamado por el actor, pues se hace operativa la excepción al modo de ejecución de sentencias establecido como regla en el CCAyT.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la resolución y hacer lugar a los embargos dispuestos sobre los fondos que la demanda posee en la entidad bancaria, toda vez que se trata del pago de honorarios y de una indemnización a favor del actor por daños a su persona, ambos de carácter alimentarios, configurándose la situación de excepción que justifica el apartamiento al régimen de consolidación de deudas previsto por el art. 22 de la Ley 23.982 y del art. 395 del CCAyT. de la Ciudad de Buenos Aires.

2.-Opera una excepción respecto del régimen general previsto para la ejecución de sentencias, en la medida en que, cuando el que se encuentra obliga es el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda fuera del arbitrio del juez del caso determinar un plazo para el pago de los créditos reconocidos en una condena judicial

3.-Existe un límite a la prerrogativa de la que goza el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha sido puesta de manifiesto en la parte final del art. 398 del CCAyT. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando definitivamente estipulada la excepción en el segundo párrafo del art. 395 del Código Citado: el crédito debe ser de carácter alimentario, y el importe que debe pagarse anticipadamente no puede superar el doble de la remuneración que percibe el jefe de Gobierno; parámetros establecidos que deben subvenir para que los particulares accedan al beneficio indicado.

Fallo:

Buenos Aires, Mayo 19 de 2016.

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:

Las presentes actuaciones se remiten a este Tribunal a los efectos de conocer acerca del recurso de apelación interpuesto a fs. 304 por el actor contra la resolución de fs. 303, concedido a fs. 305. Presenta memorial a fs. 306/310, que habiendo sido sustanciado a fs. 311 conforme cédula de fs. 312, no fue contestado.

El decisorio apelado establece que la ley 25973 no contiene excepción alguna que permita apartarse del principio de inembargabilidad que consigna dicha ley. En consecuencia, deja sin efecto los embargos dispuestos a fs. 287 y 290.

En la especie, el actor pretende ejecutar el cobro de la indemnización reconocida a su favor en la sentencia dictada por este Tribunal a fs. 268/274 vta. y los honorarios que le fueron regulados.

A fs.287 y fs. 290 se ordenaron sendos embargos sobre los fondos que la demandada posee en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para cubrir el capital de condena y los honorarios, juntamente con la suma presupuestada originalmente para responder a intereses. A resultas del diligenciamiento de los embargos de marras acreditados a fs. 294/296, se agregó a fs. 300 el oficio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en el que refiere que los fondos cuyo embargo fuera ordenado en autos “.se encontrarían comprendidos en el régimen de inembargabilidad que establece el art. 1 de la ley 25973. Atento a ello, respetuosamente solicita a V.S. ratificar, si corresponden el embargo y transferencia requeridos” (SIC).

El ordenamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha prescripto un régimen propio de ejecución de sentencias contra el estado local, que establece la previsión presupuestaria como recaudo necesario para el pago de créditos reconocidos en sede judicial, tal cual lo hace el artículo 22 de la Ley 23982 en el orden nacional (art.399 y 400 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). La normativa local exceptúa de la necesidad de previsión presupuestaria y hace inmediatamente ejecutables a los créditos de naturaleza alimentaria “cuyo importe no sobrepase el doble de la remuneración que percibe el Jefe de Gobierno (art. 395 “in fine”). A su vez, el art. 98 de la Constitución de la C.A.B.A. referido al Jefe de Gobierno indica el parámetro a tener en cuenta a los fines de ejecutar el citado art. 395 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario mencionado. El mismo establece que “.sus retribuciones son equivalentes a la del Presidente del Tribunal Superior de Justicia” Es así que en el cuerpo normativo indicado precedentemente se dispone que, previamente a hacer frente a las erogaciones que provengas de sentencias en las que ha sido condeno el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los créditos deben ser incluidos en el proyecto de presupuesto destinado a solventar los gastos del ejercicio siguiente.

La obligación de realizar la pertinente previsión presupuestaria, que permanece en cabeza de los funcionarios de la Administración Pública con competencia para cumplir con ese deber, se halla condicionada a que se encuentre aprobada, forme y notificada en el proceso judicial la liquidación del crédito debido, con antelación al día 31 de Diciembre del año anterior a que en el que corresponde ejecutar el presupuesto en el que debió incluirse la acreencia para su pago. Es decir que, finalizado un año, cualquiera sea, si se encuentran cumplidos los requisitos indicados precedentemente, surgirá la carga para el funcionario público de la Administración habilitado al efecto de realizar la imputación del crédito adeudado para que sea pagado en el transcurso del año siguiente.

Durante el año de ejecución del presupuesto en el que debió incluirse la acreencia la sentencia tendrá carácter declarativo, el que cesará el día 31 de Diciembre del mismo año.Mientras tanto serán inembargables los fondos y/o bienes de las autoridades administrativas condenadas al pago, correspondiendo, una vez finalizado dicho término, la ejecución conforme a los parámetros previstos en el Título XII, Capítulo III, del CCAyT.

De lo expuesto se extrae que opera una excepción respecto del régimen general previsto para la ejecución de sentencias, en la medida en que, cuando el que se encuentra obliga es el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda fuera del arbitrio del juez del caso determinar un plazo para el pago de los créditos reconocidos en una condena judicial. No obstante, existe un límite a la prerrogativa de la que goza el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha sido puesta de manifiesto en la parte final del artículo 398 del Código Contencioso Administratio y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando definitivamente estipulada en el segundo párrafo del art. 395 del Código Citado. Dicho coto importa, como correlato, el acceso a un pago anticipado para los sujetos cuyas situaciones queden configuradas en las pautas allí contempladas. Los parámetros establecidos en el art. 395 del C.CAyT que deben subvenir para que los particulares accedan al beneficio indicado se traducen un requisito y en un condicionamiento.

El primero, radica en que el crédito debe ser de carácter alimentario. El segundo, en que el importe que debe pagarse anticipadamente no puede superar el doble de la remuneración que percibe el jefe de Gobierno.

Si acaece dicha situación, entonces, se hace operativa la excepción al modo de ejecución de sentencias establecido como regla en los art. 399 y 400 del CCAyT (obligación de efectuar la previsión presupuestaria y efectos temporales del carácter declarativo de sentencias, respectivamente), evitando de tal forma el particular quedar comprometido en el mecanismo allí establecido para percibir el dinero proveniente de una condena contra el Estado Local.Sentado lo expuesto, entendemos que le asiste razón al apelante, por cuando se trata del pago de una condena contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por daños a la persona, que como en el “sub examine” es inferior a los dos sueldos del Jefe de Gobierno -ver fs. sentencia de este Tribunal de fs. 268/274 vta. que se encuentra firme-, se configura la situación de excepción que justifica el apartamiento de la ley de consolidación de las deudas del Estado (Ley 23.982).

En cuanto a los honorarios, atendiendo al monto de los mismos que no superan al doble de la remuneración del Jefe de Gobierno, considerando su carácter alimentario -pues son frutos civiles del ejercicio de la profesión y constituyen el medio con el cual se satisfacen las necesidades vitales propias y de la familia-, también se encuentran excluidos del régimen de consolidación de deudas previsto por el art. 22 de la ley 23.982, por cuanto se hallan previstos dentro de la excepción contemplada específicamente en el art. 395 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al que ya hicimos referencia en los considerandos que preceden.

Por lo expuesto, los agravios vertidos a fs. 306/310 habrán de ser receptados. En orden a lo manifestado, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la resolución de fs. 303 y disponer que se continué con el trámite del presente en los términos peticionados a fs. 302. 2) Sin costas de Alzada, en ausencia de bilateralización de la cuestión (conf. art. 161 inc. 3 del Código Procesal).

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Art. 4 de la Acordada n° 15/13 de la C.S.J.N. e Inc. 2 de la Acordada 24/13 de la C.S.J.N) y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de trámite, sirviendo la presente de atenta nota de remisión. Se deja constancia que la Dra. Beatriz A. Verón no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).