Obligación del demandado de abonar las facturas emitidas según los precios que en su momento el actor estaba autorizado a cobrar por la Secretaría de Energía de la Nación.

FacturaciónPartes: Mobil Argentina S.A. c/ Litoral Gas S.A. s/ cobro de pesos

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: A

Fecha: 14-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-99016-AR | MJJ99016 | MJJ99016

Obligación del demandado de abonar las facturas emitidas según los precios que en su momento el actor estaba autorizado a cobrar por la Secretaría de Energía de la Nación.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda de cobro de pesos y condenó a la demandada a abonar las facturas que la actora reclama toda vez que a pesar de la disconformidad de la accionada respecto al informe en que se basó el magistrado para resolver está probado que las tres facturas por las que la actora reclama diferencias impagas fueron elaboradas conforme los precios que en su oportunidad autorizó la Secretaría de Energía de la Nación, organismo que después aclaró expresamente que esos instrumentos habrían sido confeccionados conforme la normativa vigente al tiempo de su elaboración.

Fallo:

Rosario, 14 de abril de 2016.

Visto, en acuerdo de la Sala “A”, el expediente Nro. FRO 22003581/2007/CA1, caratulado: “MOBIL ARGENTINA S.A. c/ LITORAL GAS S.A. s/ Cobro de Pesos”, proveniente del Juzgado Federal Nro. 2 de esta ciudad, del que resulta, Vienen los autos para resolver los recursos de apelación que interpusieron los representantes de Litoral Gas S.A (fs. 710) y de Mobil Argentina S.A. (fs. 712) contra la sentencia Nro. 21 del 10 de marzo de 2014 (fs.

700), que hizo lugar a la demanda y condenó a Litoral Gas S.A. a abonar a la actora ciento dos mil novecientos sesenta y siete pesos con 38/100 y setenta y siete mil setenta y dos dólares estadounidenses con 84/100, más intereses e impuso costas por su orden.- Elevado el expediente, se dispuso la intervención de la Sala “A”. La actora expresó agravios a fs.

722, que la contraria contestó a fs. 742. Por su parte, la accionada lo hizo a fs. 726, que Mobil Argentina S.A contestó a fs. 745, quedando la causa en estado de resolver.- El Dr. Carlos F. Carrillo dijo:

1.- La actora cuestiona que la magistrada de primera instancia haya distribuido las costas del juicio en el orden causado. Afirma que según los artículos 68 y 69 del Código Procesal, como regla deben imponerse al vencido, excepto cuando exista mérito para apartarse de ese criterio, lo que -según los letrados que la representan- no acontece en autos.- Destaca que nos encontramos ante un reclamo por cobro de facturas y que se hizo lugar íntegramente a la demanda en virtud de información suministrada por la Secretaría de Energía y por la Subsecretaría de Combustibles, que fue conocida por Litoral Gas S.A.con mucha anterioridad al inicio de la demanda.- Considera que no resulta justo que las costas se distribuyan en el orden causado, cuando pese a que la accionada sabía de las normas que autorizaban a facturar el gas redireccionado, expuso a su parte a este largo proceso, con la finalidad de sustraerse al pago de su deuda.- Por su lado, el representante de Litoral Gas S.A sostiene que la sentencia viola el derecho a la tutela jurisdiccional, de defensa y de división de poderes garantizados por la Constitución Nacional. Esto último al haberse remitido la actividad jurisdiccional que el a quo debe desempeñar, a lo que dispuso un funcionario del Poder Ejecutivo.- Destaca que su parte puso en duda el cumplimiento de las obligaciones de la actora con el suministro de gas al mercado interno, además acreditó que en sus contratos de exportación Mobil Argentina S.A. tenía cláusulas sobre fuerza mayor que la liberaban de obligaciones con sus clientes extranjeros en caso de restricciones del Gobierno Nacional para abastecer el mercado argentino.- Señala que la otra divergencia entre las partes constituye una inadecuada interpretación de Mobil Argentina S.A., ya que en vez de facturar los volúmenes consumidos por los usuarios de Litoral Gas a los valores del Acuerdo homologado por Resolución S.E. nº 208/2004; esa empresa pretende hacerlo a los precios que tenía convenidos con un cliente particular dentro de la República Argentina.- Insiste en que la jueza “se sustrae de resolver la cuestión y cede al Poder Ejecutivo su facultad jurisdiccional.”, repartición que se limitó a informar que se ha “estimado” que Mobil Argentina inyectó gas de la cuenca NOA y que las facturas “habrían sido” confeccionadas adecuadamente.- Por lo expuesto, pide la nulidad del auto recurrido.- Cuestiona que la a quo haya aplicado la misma tasa de interés para una deuda que se fija parte en pesos y parte en dólares estadounidenses, omitiendo toda referencia a la pesificación de deuda.A su vez, considera que la tasa pasiva del BCRA sobre esta última moneda resulta excesivamente onerosa y desproporcionada.- El representante de Litoral Gas también afirma que las pruebas obrantes en autos fueron omitidas en la sentencia y agrega que los elementos en que se funda la nota de la Dirección Nacional de Economía de los Hidrocarburos no obran en el expediente.- Seguidamente, ese letrado realiza una breve síntesis de las pruebas que -afirma- acreditan sus postulados, dividiéndolas entre las que corresponden a las “Facturas del Grupo A” y las “Facturas de Grupo B”.- Respecto del primer grupo, considera que se probó que MASA incumplió el suministro de gas al Mercado Interno antes de exportarlo a Chile de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición SSC Nº 27/2004, art. 8.1 en concordancia con las leyes 24.076 y 17.139. Señala que a fs. 483 se incorporó una planilla que acredita que desde el año 2002 hasta el 2004 Mobil redujo sustancialmente (casi al 50%) la venta de gas natural al mercado interno e inversamente incrementó en forma sustancial la venta al exterior, actitud que junto a la de otros productores dio lugar al desabastecimiento que obligó a dictar la Disposición SSC Nº 27/2004 y la Resolución SE Nº 208/2004.

A continuación destaca que se ocultó prueba decisiva tendiente a acreditar cuánto gas había exportado MASA y cuánto había inyectado al mercado local.

Resalta que la autoridad -ENARGAS- que “pasa a tarifas” el precio del gas que van a cobrar los productores (la actora entre ellos) no tiene la información de lo que realmente pasó en la época de las restricciones, y que aún en el año 2009 carecía de ella.- Señala que dicho ente no reconoce en las tarifas de las distribuidoras el gas natural suministrado por productores globalmente en esas fechas por haberse detectado incumplimientos en la provisión al mercado interno (cita oficio de fs.428), criterio que según la recurrente comparte la Secretaría de Energía de la Nación (nota 1192/2004, fs. 431).- Finalmente, respecto del segundo grupo de facturas -“del grupo B”- destaca que según la demanda lo que la actora reclama es la diferencia resultante entre el precio facturado y el efectivamente abonado por Litoral Gas S.A.- Afirma que su parte pagó según lo establecido en el Acuerdo homologado mediante Resolución 208/2004, una parte al precio correspondiente a la Demanda Residencial y el resto al precio de Demanda Industrial.

Destaca que los precios para ambos segmentos están definidos en el Anexo I-a del Acuerdo y que como prueba de “buena voluntad”, el gas correspondiente al segmento industrial se abonó a un precio superior al establecido en dicho Anexo, correspondiente al contrato entre Litoral Gas y Tecpetrol (el operador del yacimiento de donde proviene el gas de Mobil Argentina S.A.) Acompaña una serie de cuadros y gráficos con los que pretende explicar lo expuesto.- 2.- En primer lugar se advierte que se cometió un error en la foliatura a partir de fs. 695, dado que la foja siguiente lleva el número 670 cuando debió ser 696. Por tanto corresponde salvar dicho error y proceder a refoliar el expediente a partir de dicha hoja.- 3.- Según surge del escrito de demanda, Mobil Argentina Sociedad Anónima (Móbil Argentina S.A. o MASA) pretende que Litoral Gas le abone a) la diferencia entre el precio facturado y el efectivamente abonado por el gas natural que recibió de su parte con motivo de órdenes de redireccionamiento de gas emitidas por la Subsecretaría de Combustibles, dependiente de la Secretaría de Energía de la Nación (tres facturas); y b) la diferencia entre el precio que le facturó y el que Litoral Gas pagó por lo que considera una apropiación ilegítima por parte de ésta del gas que MASA había inyectado en los gasoductos de transporte en cumplimiento del contrato que la unía con Siderca S.A.(cinco facturas).- Hay que señalar que lo único que está en discusión es el precio que debe pagarse por ese gas y que no media controversia sobre la legitimidad de los actos que lo dispusieron o el volumen del fluido que se redireccionó.- Respecto del primer grupo de facturas -punto a)- la actora considera que deben abonarse según el punto 8.2 de la Disposición SSC 27/2004 “valor equivalente al efectivamente percibido por el contrato de exportación respectivo”, mientras que Litoral Gas S.A afirma que debe pagarse según el punto 8.1 de la aludida Disposición, correspondiéndole el “precio promedio de cuenca para el mercado interno publicado por ENARGAS”.

Para quedar encuadrado en una u otra modalidad lo decisivo era determinar si los productores (MASA en este caso) cumplieron sus obligaciones particulares con el mercado interno (abastecimiento de gas según lo asumido en su momento). Si son cumplidores se aplica el punto 8.2 y en caso contrario el 8.1. La actora afirma estar encuadrada en el primer supuesto, y la accionada dice que en el segundo.- En cuanto al restante grupo de facturas -punto b)- la accionante sostiene que tienen su origen en ciertos volúmenes de gas que su parte inyectó en los gasoductos de TGN (Transportadora Gas del Norte) con destino a Siderca durante mayo, junio, julio, agosto y setiembre de 2005, de los que la demandada se apropió antes de que llegaran a destino. Destaca que Litoral Gas abonó parcialmente estas facturas, aplicando un precio por volumen recibido menor al facturado por MASA, lo que devino en un saldo a favor de esta última.

A su turno, la demandada dijo que los precios considerados en las facturas no eran correctos (fs. 292).-

Las partes ofrecieron numerosas pruebas, que abarcaron informes de distintas empresas y organismos públicos y una pericial contable, que obra a fs.

493.-

A fs.641, la a quo ofició a la Secretaría de Energía de la Nación para que informe si las facturas -que acompañó en copia- “.habían sido confeccionadas adecuadamente, conforme los valores de los respectivos períodos y que resultan aplicables a las partes según la normativa vigente y a las modalidades de la provisión del gas y el grado de cumplimiento de las obligaciones particulares y colectivas a cargo de ellas.” Dicho informe fue evacuado por el Secretario de Energía de la Nación, Ing. Daniel Cameron, a fs. 692 luego de que requiriera en dos oportunidades información complementaria -que aportaron las partes a fs.

656, 659 y 688-.- La jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda y se basó, principal aunque no exclusivamente, en el mencionado informe, que concluyó que las facturas cuyo pago reclama Mobil Argentina S.A. “habrían sido confeccionadas adecuadamente conforme la normativa vigente al tiempo de su elaboración”.-

4.- En razón de que ambas partes apelaron el decisorio de primera instancia, creo conveniente comenzar el análisis por los agravios de la accionada, dado que Mobil Argentina únicamente cuestionó las costas, aspecto que será tratado en último término y después de definir el resultado del juicio.- En primer término, considero que el recurso que interpuso Litoral Gas no debe declararse desierto -como pidió la actora- dado que el escrito de fs. 726 cumple, en principio, con las prescripciones del art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.- En segundo lugar hay que analizar el planteo de nulidad de la sentencia que efectuó la accionada a fs. 732 vta.- En ese rumbo debemos recordar que la nulidad se reserva para cuestionar aquellas sentencias que padecen graves irregularidades que no pueden repararse por vía de apelación. “Como consecuencia de la absorción de la nulidad de sentencia por la apelación, si el agravio puede ser reparado por la cámara, corresponde modificar el decisorio antes de decretar su nulidad.Debe estarse por el principio de validez del acto jurisdiccional, como unánimemente lo viene decidiendo la jurisprudencia” (Conf. FENOCHIETTO, Carlos E. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo II, Editorial Astrea, Bs. As. 1999, pág. 48).-

La lectura del resolutorio no evidencia que la jueza haya delegado la solución del pleito en un organismo administrativo, más allá de que el letrado que representa a Litoral Gas no esté de acuerdo con la valoración que se hizo de un particular medio de prueba, en este caso el informe que produjo la Secretaría de Energía de la Nación y la importancia que le asignó la magistrada. Por otro lado, la a quo tampoco estaba obligada a analizar todas las pruebas que ofrecieron las partes, sino aquéllas que consideró pertinentes para resolver la cuestión.- Por último, hay que resaltar que la medida para mejor proveer por la que se solicitó el informe en cuestión le fue notificada oportunamente a Litoral Gas S.A., parte que incluso aportó ciertos datos cuando la Secretaría de Energía los requirió (fs. 659) para confeccionar adecuadamente el informe. Vale decir que la accionada no cuestionó oportunamente la decisión del tribunal dirigida a obtener información que consideró necesaria para fallar. En consecuencia, no puede aceptarse que critique que la jueza haya hecho mérito de los datos que se agregaron en respuesta a la medida.- Por todo lo expuesto, debe rechazarse el pedido de nulidad.- Antes de concluir este punto creo conveniente destacar que no pueden admitirse las afirmaciones que realizó el letrado de la accionada, Dr. Juan Pablo Dirienzo, cuando refiere que la sentencia es “sanata pura” o que la jueza directamente le preguntó a la Secretaría de Energía “¿Cómo debe resolver este pleito?” (fs.731 vta.).

Igualmente entiendo oportuno recordarle a dicho letrado que debe observar las normas de respeto hacia la figura del magistrado y el adecuado estilo en sus presentaciones.-

5.- De acuerdo a la síntesis que se hizo en el considerando tercero y del mismo modo que lo abordaron las partes desde el inicio de este juicio, considero que resulta conveniente dividir el estudio de la cuestión en dos grupos o categorías, ya que el reclamo varía según se trate de facturas cuyo origen sea la disposición de la Subsecretaría de Combustible Nº 27/2004 (nros 0001- 00001102, 0002-00000087 y 0002-0000088) – punto a) del considerando tercero- o bien se trate del gas que Mobil Argentina S.A tenía originariamente comprometido con la empresa Siderca S.A. y del que -a decir de la actora- Litoral Gas S.A “se apropió” (facturas nros. 0002-0000259 al 262 y 0002-00000340 y 341) -punto b) del considerando tercero-.- También conviene reiterar que en este juicio únicamente se reclaman las aludidas diferencias entre lo facturado y abonado, y no están en discusión otros aspectos, como ser la cantidad de gas redireccionado o la legitimidad de las disposiciones en las cuales se funda ese redireccionamiento. Tampoco forma parte de la litis las eventuales diferencias que la actora se reservó reclamar en las diversas notas prejudiciales que le dirigió a la contraria (vgr. fs.20 y 104, relativas a ambos reclamos).-

6.- En relación al conjunto de facturas que se vinculan con las restricciones a la exportación de gas que previó la Disposición SSC 27/2004 (denominadas primer grupo), los agravios se centran principalmente en que la actora no habría cumplido con el abastecimiento de dicho fluido al mercado interno, lo que implica la asignación de un determinado precio al gas redireccionado, inferior al que Mobil Argentina S.A le facturó (Litoral Gas invoca el artículo 8.1 de la Disposición en tanto la actora el 8.2).- Lo decisivo entonces es determinar si MASA había cumplido con el aludido abastecimiento al mercado interno, dado que de eso dependería el precio que Litoral Gas debía pagar por el gas. En apoyo de esa tesis invoca numerosa prueba que -según la demandada- se habría omitido tener en cuenta a la hora de resolver el planteo.- Sin perjuicio de lo expuesto hay que señalar que desde el inicio la actora resaltó que las facturas cuyo pago total reclama (hablamos siempre de las del primer grupo) habían sido emitidas según los precios que en su momento estaba autorizada a cobrar por la Secretaría de Energía de la Nación mediante dos notas cuyas copias acompañó (nro. 1881 y 2866). Recordemos que esa Secretaría era la autoridad que estaba encargada precisamente de definir el nivel de cumplimiento de cada Productor en el marco de la Disposición 27/2004(fs. 360).- Por medio de esas notas, dirigidas a la firma actora (ver fs. 14 y 245), dicha repartición autorizó facturar el gas natural objeto del régimen que analizamos de acuerdo a los precios que se detallaban en los anexos que se adjuntaban (para los montos precisos ver las fojas citadas) y que tenían en cuenta el artículo 8.2 de la Disposición 27/2004.- A lo expuesto debemos agregar que según el informe pericial confeccionado en autos (ver fs. 493 y siguientes, especialmente fs.503 punto II “Ampliación solicitada por la actora a fs. 258”), las facturas Nº 0001- 00001102, 0002-00000087 y 0002-0000088 (cuya cancelación es objeto de este juicio) fueron confeccionadas de acuerdo a los precios autorizados en las notas a que hicimos referencia en el punto anterior.- En conclusión, a pesar de la disconformidad de la accionada respecto al informe en que se basó la jueza para resolver (el de fs. 691), está probado que las tres facturas por las que la actora reclama diferencias impagas fueron elaboradas conforme los precios que en su oportunidad autorizó la Secretaría de Energía de la Nación, organismo que después aclaró expresamente que esos instrumentos habrían sido confeccionados conforme la normativa vigente al tiempo de su elaboración.- Por lo expuesto, la sentencia en crisis debe confirmarse en este punto.- Por el mismo motivo, los elementos que invocó la recurrente en sostén de su tesis pierden peso (vgr. la existencia de cláusulas por las cuales la actora se liberaba de responsabilidad en caso de no poder cumplir por restricciones a la exportación de gas o el incremento de las exportaciones en detrimento del mercado interno) dado que la dependencia estatal competente autorizó los valores que se consignaron en las facturas.-

7.- Respecto del restante conjunto de facturas (que Litoral Gas llama “del grupo B” en el escrito de expresión de agravios) se advierte que los cuestionamientos que hace esa parte son insuficientes para variar el criterio que adoptó la jueza a quo, dado que la accionada se limitó a decir cómo habían sido pagadas las facturas (una parte al precio correspondiente a Demanda Residencial y otra a Demanda Industrial), pero sin explicar por qué se había hecho de esa forma ni la razón por la cual la facturación que le había remitido Mobil Argentina S.A sería incorrecta.- Sin embargo, la Secretaría de Energía (fs. 691) teniendo en cuenta lo que el propio apoderado de la demandada informó a fs.659 respecto de a quién había sido destinado el gas redireccionado, concluyó -citando los cuadros del anexo 1.a de la Resolución Nº 208/2004- que las facturas habrían sido confeccionadas adecuadamente.- En conclusión, la sentencia está fundada en constancias objetivas del expediente, que el representante de la firma accionada no cuestionó adecuadamente.- Por lo expuesto corresponde rechazar los agravios y confirmar lo decidido por la jueza también en este punto.-

8.- En cuanto a los intereses, la apelante critica que se haya aplicado la misma tasa a la deuda en pesos y a la expresada en dólares estadounidenses y concretamente que se dispusiera la aplicación de la tasa pasiva del BCRA sobre la última divisa.- A su vez, hay que aclarar que la tasa sobre la deuda en pesos no fue cuestionada.- De acuerdo al criterio que siguió esta Sala en el precedente “Allario” expte. FRO 22011422/2011/ca1 del 25/06/2014 y en mérito a los fundamentos vertidos en esa sentencia que no se transcriben para no repetir sin necesidad ya que pueden consultarse en la página web del Centro de Información Judicial, los intereses sobre la deuda en dólares corresponde fijarlos desde que son debidos hasta la fecha del efectivo pago de acuerdo a la tasa abonada en los lapsos respectivos por el Banco de la Nación Argentina a los depósitos en esa moneda.- En consecuencia, se debe modificar la sentencia con el alcance señalado en este considerando.-

9.- Por último, resta analizar los agravios de la actora, referidos a la distribución de costas en primera instancia.

Sintéticamente, solicita que se impongan a la accionada en lugar de que lo sean en el orden causado, como resolvió la magistrada.- Considero que asiste razón al representante de Mobil Argentina S.A, su parte procedió según los elementos que le aportó la Secretaría de Energía de la Nación, datos que fueron oportunamente puestos en conocimiento de la accionada, tal como se destacó en los considerandos anteriores.- Por lo expuesto, dado que no se constatan razones queautoricen a dejar de lado el principio objetivo de la derrota, las costas de primera instancia deben imponerse a la accionada y las de segunda instancia en un 90% a esta última y un 10% a la actora (por lo que se resolvió en el considerando anterior) de conformidad con el artículo 71 del CPCCN.- Así voto.- La Dra. Eleonora Pelozzi dijo:

Adhiero al voto del Dr. Carlos Carrillo por cuanto comparto en lo sustancial sus fundamentos.- Por lo tanto, SE RESUELVE:

I.- Refoliar el expediente a partir de fs. 696.

II.) Confirmar parcialmente la Resolución Nro. 21 del 10 de marzo de 2014 (fs. 700) en cuanto fue materia de recurso, modificándola respecto de: a) la tasa de interés a aplicar a la deuda en dólares, que se fija desde que son debidos hasta la fecha del efectivo pago en las que abonó en los lapsos respectivos el Banco de la Nación Argentina por los depósitos en esa moneda; y b) las costas de primera instancia, que se imponen a Litoral Gas S.A.

III) Cargar las costas de esta instancia en un 90% a la demandada y un 10% a la actora (Art.

71 CPCCN).

IV.) Regular los honorarios de los profesionales que intervinieron en un 25% de lo que se les fije por su labor ante la primera instancia. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada nº 15/13 de la C.S.J.N. y oportunamente devuélvanse los autos al Juzgado de origen. No participa del Acuerdo el Dr. Fernando Lorenzo Barbará por encontrarse en uso de licencia.- E.C-T.P

CARLOS FEDERICO CARRILLO

JUEZA DE CAMARA

ELEONORA PELOZZI

JUEZ DE CAMARA

(Subrogante)

Ante mi

Raquel Bolzico

Secretaria de CámarA