Se hace lugar al reclamo por el hurto del rodado asegurado.

seguro accidente 2Partes: Maldonado Jorge Osvaldo c/ Caja de Seguros s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: B

Fecha: 8-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-98762-AR | MJJ98762 | MJJ98762

No habiendo acreditado la compañía de seguros la inconsistencia planteada en la denuncia del siniestro por parte del actor, corresponde hacer lugar al reclamo por el hurto del rodado asegurado.

Sumario:

1.-Si la valoración de la denuncia del asegurado se efectuó en relación al particular supuesto en que se pretendían hacer valer contra un tercer ajeno a la relación de seguro, quién no tenía las facultades investigativas otorgadas por la Ley 17.418 ni las cargas impuestas por dicha norma, en tales supuestos, la denuncia policial adquiere un valor relativo, distinto al que tiene en la relación directa entre la aseguradora y su cliente.

2.-No puede ignorarse que en los casos en que se reclama el reintegro contra quien tendría la custodia del vehículo no basta probar la sustracción, sino que debe justificarse el estacionamiento del vehículo y su posterior desaparición del lugar de propiedad de quién se demanda.

3.-No puede asignársele al informe del liquidador del siniestro el carácter de prueba concluyente, cuando La conclusión a la que arribó no fue ratificada por ninguna prueba producida -ni siquiera ofrecida- en el sub lite; sino que es tan sólo una determinación unilateral efectuada de manera extrajudicial sin control del actor y de admitírsela, se estaría cercenando el derecho de defensa de los no partícipes del acto.

4.-La prueba preconstituida, -por su propia índole- posee eficacia relativa y debe admitirse con criterio restrictivo por afectar el principio de contradicción respecto de la prueba. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 8 días del mes de abril de dos mil dieciséis, reunidas las señoras Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por “MALDONADO JORGE OSVALDO” contra “CAJA DE SEGUROS”, sobre “ORDINARIO” en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctoras Piaggi, Ballerini y Díaz Cordero.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La Señora Juez de Cámara Doctora Piaggi dijo:

58. Plataforma fáctica del caso.

1. El 17.09.2009 (fs. 53/57) Jorge Osvaldo Maldonado -en su calidad de cesionario de Lourdes Estela Estigarribia Florentín, conforme surge de la escritura 86 del 03.09.2009- demandó a La Caja de Seguros S.A. por $79.400, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, con más sus intereses moratorios y compensatorios.

Relató que su cedente era titular de un rodado marca Mercedes Benz, tipo Sprinter 311, modelo 2003, dominio EAO-725 que se encontraba asegurado contra hurto y robo mediante la póliza nº 5410-0059081-01.

Sostuvo que el día domingo 10.08.2008 dejó estacionado el vehículo en la vía pública. Explicó que no pudo utilizar su garaje habitual porque se encontraban operarios laborando en el lugar. Cerca de las 10:00 hs. advirtió que la unidad había sido sustraída por desconocidos, lo que motivó la denuncia radicada ante la comisaría cuarta de Vicente López.

Agregó que formuló el reclamo ante la aseguradora, quién le pidió explicaciones complementarias el 10.09.2008 y el 04.11.2008, las cuales fueron evacuadas con fecha 09.10.2008 y 07.11.2008.

Añadió que el 19.11.2008 la demandada le comunicó mediante carta documento el rechazo del pago del siniestro; por lo que inició la presente demanda.

El 14.12.2009 (fs.92/99) Caja de Seguros S.A. contestó la demanda solicitando su rechazo, con costas.

Arguyó que al realizarse las indagaciones sobre la forma de ocurrencia del siniestro, se detectaron una serie de inconsistencias, contradicciones e irregularidades en la versión de la asegurada; ello motivó el rechazo del mismo en los términos del art. 48 de la ley de seguros.

Dijo que conforme a las investigaciones efectuadas por la empresa de liquidadores contratada, a 25 metros del lugar donde se habría producido la sustracción existía una garita de seguridad privada cuyo personal no había podido aportar datos del siniestro, del cual habían tomado conocimiento recién con la actuación policial.

Además, contravino la postura de la asegurada, quien refirió que el vehículo se hallaba en la vía pública porque el día del siniestro -domingo- había operarios trabajando en el garaje. Empero, la aseguradora dijo que de los testimonios colectados surgía que “desde hace tiempo” no existía actividad en el lugar.

Señaló también que al formular la denuncia de siniestro; Estigarribia Florentín había solicitado que la empresa no estime los rumores de operarios que habrían visto a “gente amiga” remolcar el rodado.

Por último, la aseguradora solicitó para el hipotético caso en que prosperara la demandada, que en forma previa al pago de la indemnización, se ordene la baja de la unidad y/o cesión de derechos a su favor.

En fs. 103/4, a instancias de la demandada, se admitió la citación como tercero de Lourdes Estela Estigarribia Florentín quien la contestó a fs. 195, adhiriendo a los fundamentos y prueba ofrecidos por su cesionario.

El decisorio recurrido.

La sentencia definitiva de primera instancia, corriente a fs. 515/525 y correctamente precedida de la certificación actuarial sobre su término prevista en el art. 112 del reglamento del fuero, admitió parcialmente la acción, condenando a la accionada a pagar $68.000, más intereses y costas.

Para así decidir, el Juez meritó que:(a) se encontraba acreditado que el automóvil era de titularidad de Lourdes Estela Estigarribia Florentín; (b) lo expuesto por la asegurada, tanto en la denuncia policial como ante la aseguradora y sus liquidadores, es coherente; (c) la demandada se encontraba en mejores condiciones para probar sus dichos, lo cual no logró.

Los recursos.

Contra el decisorio apeló la aseguradora el 05.06.2015 (fs. 530) y su recurso fue concedido el 07.07.2015 (fs. 544).

El memorial de agravios fue presentado el 01.12.2015 (fs. 572/574) y contestado por la tercera y por actor el 15.12.2015 (fs. 576/578 y fs. 579/581 respectivamente).

La presidencia de esta Sala llamó ‘autos para sentencia’ el 12.02.2016 (fs. 583), el sorteo del expediente se realizó el 07.03.2016 (fs. 585vta.) y el Tribunal se encuentra habilitado para resolver.

Agravios.

o El demandado se queja porque el anterior sentenciante:

a) tuvo por acreditada la ocurrencia del siniestro valorando únicamente la denuncia policial formulada por la asegurada y, b) tuvo por cumplido el requisito de la baja registral del vehículo por parte de la actora.

o Luego de analizar los antecedentes del caso, los diversos medios de prueba aportados al expediente de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 386, CPCCN) y la sentencia recurrida, anticipo que el pronunciamiento apelado será confirmado.

No atenderé todos los planteos del apelante, sino sólo los que estime esenciales y decisivos para fallar en la causa (cnfr. CSJN, “Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica” , del 13.11.86; ídem, “Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de Aduanas” , del 12.02.87; bis ídem, “Pons, Maria y otro” del 06.10.87; ter ídem, “Stancato, Carmelo”, del 15.09.89; v. Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).

La decisión.

La prueba indiciaria. En atención al modo en que fue abordada la cuestión por el Sr.Juez de primera instancia, vale recordar que el Magistrado tiene la facultad de recurrir a la prueba indiciaria para valorar los hechos relevantes de la causa, por cuanto en el ámbito probatorio la renuncia consciente a la verdad jurídica constituye una falta del deber fundamental del juzgador: administrar justicia; o sea, el consciente desconocimiento de elementos fácticos resulta incompatible con esta misión (CNCom., esta Sala, 28.10.2005, in re “Armanino, Leopoldo Aquiles c. Colegio del Árbol S.A. y otro” ).

Ello así, en tanto desde el conocido caso “Colalillo” de la CSJN, no es tema controvertido que el proceso tiene como finalidad el establecimiento de la verdad jurídica objetiva; esto es, la obtención de la certeza positiva o negativa sobre el material fáctico en que las partes han fundado sus respectivas pretensiones y la determinación de su significación jurídica en función de la legislación aplicable (CNCom., esta Sala, 15.08.2006, in re “Pesquera Alondra s/quiebra s/incidente de ineficacia concursal s/ordinario”; y sus citas).

En base a lo anterior, los indicios y presunciones en que sustentó el anterior sentenciante su decisión fueron correctamente valorados en función no sólo de la prueba producida sino -como infra se expondrá- en la que omitió producir el apelante.

La carga probatoria.Sabido es que el fin de la prueba es llevar al Juez al convencimiento de los hechos y la certeza de que conoce la verdad sobre ellos; en cada caso el Magistrado tiene el deber de efectuar una reconstrucción histórica de lo acontecido con el objeto de determinar si las afirmaciones de las partes son ciertas o no; para ello debe examinar las pruebas rendidas, apreciarlas con criterio lógico y jurídico y asignarles valor de acuerdo con las reglas de la sana crítica y las máximas de experiencia, extraídas de la observación del corriente comportamiento humano científicamente verificables (CSNJ, 7.06.1988, “Martínez Saturnino y otros s/homicidio calificado”).

En punto a la tesis del agraviado de que la carga probatoria pesa sobre la actora; el tema de la flexibilidad en torno a las reglas de la carga de la prueba no es nuevo y, el principio de las cargas probatorias dinámicas establece que la acreditación de los hechos constitutivos de la responsabilidad y los demostrativos de su falta, pesa sobre ambas partes (CNCom, esta Sala, 07.12.2012, in re “Lekeitio S.A. s/quiebra s/incidente de ineficacia concursal por la sindicatura” ).

Sintetizo: la doctrina de las cargas probatorias dinámicas -que comparto- hace desplazar el onus probandi del actor al defendido o de éste a aquél; según las circunstancias del caso. Registra una actitud proactiva y dinámica ya que el onus probandi que pesa sobre una parte, aparece tan sólo después de que su contraria acreditó determinado hecho o circunstancia (CNCom., esta Sala, 13.12.2004, in re “Organización Mundo del Soporte L.A. S.R.L. c/ Stretegic Merchant Bank S.A. s/ sumarísimo).

Va de suyo que, las simples alegaciones de las partes resultan inidóneas para producir convicción sobre su existencia, pues la carga de la prueba no es una distribución del poder de probar que tienen las partes, sino del riesgo de no hacerlo; no supone un derecho sino un imperativo para cada litigante.

El caso.Formuladas estas precisiones, corresponderá adentrarse en el análisis de la prueba producida, pues el primer agravio de la demandada se funda en que el siniestro no se encuentra acreditado.

En primer término, las alegadas incongruencias entre los dichos de Estigarribia Florentin no se condicen con las constancias de autos. Nótese que la versión de la asegurada se mantuvo, en lo esencial, incólume. Al efecto, basta observar que la narración efectuada en sede penal, aquella volcada en la denuncia de siniestro y la formulada ante la empresa liquidadora resultan ser idénticas en cuanto a la mecánica del hecho (ver fs. 44, 71 y 80/81 de la documentación original reservada en sobre n° 096193 que en este acto tengo a la vista).

La dogmática negativa formulada por la accionada respecto de la información volcada en la denuncia realizada ante la autoridad policia l, de modo alguno logra desvirtuar el contenido que la misma exhibe; máxime cuando la misma no ha sido redargüida de falsedad.

Nótese que la fiscalía interviniente en las actuaciones penales halló verosímil la versión de la asegurada, pues de encontrarla incursa en el delito penal de falsa denuncia (art. 245, CP) habría iniciado el procedimiento respectivo (arts. 6 y 287 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires), cuestión no alegada en el sub lite.

Tampoco la defensa acusó formalmente la falsedad de la denuncia efectuada en sede criminal, de lo cual se infiere razonablemente que no contaba con el convencimiento del actuar desleal de la asegurada.

En punto a su valor convictivo, el recurrente citó en apoyo de su postura, dos antecedentes de esta Sala (“Omega Coop. De Seguros Ltda. c/ Carrefour Argentina S.A. s/ ordinario” del 18.10.2005 y “Caja de Seguros S.A. c/ Fodermi S.A. s/ ordinario” del 26.06.2008). Pero en ambos precedentes las compañías de seguros perseguían contra los titulares de las playas de estacionamiento donde se habrían producido los siniestros, la repetición de lo oportunamente pagado a sus asegurados.Ergo, no puede asimilarse al caso de autos.

Los supuestos facticos resultan diversos pues, como se dijo en tales precedentes, “es muy diferente admitir la sustracción del vehículo cuando se aseguró el hurto, que sostener que el siniestro se produjo en la playa de estacionamiento de la demandada y reclamar su reintegro”.

En otros términos ninguno de los precedentes citados otorga razón a la postura de la quejosa, pues la valoración de la denuncia del asegurado en tales casos se efectuó en relación al particular supuesto en que se pretendían hacer valer contra un tercer ajeno a la relación de seguro, quién no tenía las facultades investigativas otorgadas por la ley 17.418 ni las cargas impuestas por dicha norma.

En tales supuestos, la denuncia policial adquiere un valor relativo, distinto al que tiene en la relación directa entre la aseguradora y su cliente.

No puede ignorase que en los casos citados -distintos al de autos- en que se reclama el reintegro contra quien tendría la custodia del vehículo no basta probar la sustracción, sino que debe justificarse el estacionamiento del vehículo y su posterior desaparición del lugar de propiedad de quién se demanda (ver lo decidido en la ya citado caso “Caja de Seguros S.A. c/ Fodermi S.A. s/ ordinario”).

Por otro lado, la empresa de rastreo satelital del vehículo recibió la denuncia del hurto el día 10.08.2008 a las 11:50 y lo detectó en la zona de Lanús a las 12:35 horas del mismo día (ver fs. 338). La asegurada vive y trabaja en el partido de La Matanza, donde a las 14:10 del mismo día estaba realizando la denuncia policial.

Tal secuencia corrobora en todo la versión relatada por la cedente del actor, pues es inverosímil que tuviera el vehículo en su poder, o que hubiera fraguado la denuncia; cuando se advierten cumplidos todos los pasos que son esperables en estos casos (art. 1198 Cod.Civil).

Así, Estingarribia descubre que su rodado había sido hurtado el 10.08.2008 entre las 9:30 y las 10:00, más tarde -a las 11:50 hs.- da aviso a la empresa de rastreo satelital del vehículo, y a las 14:10 se le toma la denuncia policial pertinente. Al día siguiente formula el reclamo ante su aseguradora, contestando los requerimientos que ésta le formula; todo ello fue reconocido por la contraria.

La demandada fundó su negativa en el informe emitido por la firma liquidadora “Eagle Security & Investigations” anejo a fs. 77/91. Pero no puede asignársele este el carácter de prueba concluyente. La conclusión a la que arribó el liquidador del siniestro no fue ratificada por ninguna prueba producida -ni siquiera ofrecida- en el sub lite; es tan sólo una determinación unilateral efectuada de manera extrajudicial sin control del actor. De admitírsela, se estaría cercenando el derecho de defensa de los no partícipes del acto (CNCom., esta Sala, 22.05.2006, in re, “Correa, Miguel c/ Caja de Seguros S.A.”, 22-5-06; y sus citas).

Es como una prueba preconstituida, por ello -por su propia índole- tal medio posee eficacia relativa y debe admitirse con criterio restrictivo por afectar el principio de contradicción respecto de la prueba (CNCom, esta Sala, 03.06.2013, mi voto in re “Colonna Ángel c/ Boston Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ ordinario” ).

Máxime cuando como en el caso, la asegurada rechazó las conclusiones del liquidador (ver CD de fs. 47 y de fs. 48, cuya autenticidad fue reconocida por el accionado).

Se concluye de lo hasta aquí expuesto, que el demandado era quien efectivamente se encontraba en mejor condiciones para producir las pruebas que abonaran su postura. Y es que difícilmente habría podido la asegurada ofrecer testigos u otras probanzas del hecho -sobre el que no se tienen siquiera precisiones en cuanto al momento en que ocurrió- cuando la policía provincial, que se presume especialista en la materia, no pudo hallarlos (ver en fs.454/470, las copias certificadas de la causa penal n° 14-07-019413-08 caratulada “NN s/ hurto agravado de vehículos” que tramitaron ante la UFI 3 de Vicente López).

Empero si la aseguradora sostuvo que el personal de seguridad privada apostado “a 25 metros del lugar del hecho” no había tomado razón del hurto ni había detectado movimiento extraño ese día, bien podría haber ofrecido a esas personas como testigos -de tales supuestos policías, no brindó dato alguno-.

Tampoco citó a quienes le habrían informado -ni suministró su filiación- que los domingos no había operarios en el garaje donde se guardaba el vehículo.

La única prueba relevante aportada por la demandada fue el informe de sus liquidadores, al cual me referí supra, y la declaración testimonial de su empleado, quien refirió que la asegurada había solicitado que no se atendiera a los rumores de operarios que habrían visto a “gente amiga” remolcar el rodado (ver fs. 302).

Tal afirmación, que por emanar de un dependiente de la accionada deber ser evaluada con rigurosidad, tampoco fue corroborada por ninguna otra probanza. El testimonio podría haber sido fácilmente sustentado por declaraciones de los operarios, quienes también podrían haber aclarado si el garaje había sido utilizado el día domingo, impidiendo la guarda del rodado siniestrado.

Nada de eso ocurrió, y es inadmisible su actitud omisiva, pues el carácter profesional de la aseguradora la responsabiliza agravadamente (art. 902 CC). Además, su superioridad técnica le imponía el deber de obrar con óptima prudencia y pleno conocimiento del negocio -en beneficio propio y de sus asegurados- con la diligencia necesaria para el desarrollo de su objeto haciendal (CNCom., esta Sala, in re: “Banesto Banco Shaw S.A. c. Dominutti Cristina”, 20.09.99; ídem, in re, “Molinari Antonio c. Tarraublella Cia.Financiera S.A.”, 28.02.01; entre otros).

Agrego que del informe de la firma “Eagle Security & Investigations”, surge que la actora no se encontraba en una situación económica adversa y que el rodado estaba en buen estado de conservación y funcionamiento, por ello no se advierte -ni jamás fue explicado- cuál sería el beneficio perseguido con el hurto supuestamente simulado.

Este agravio se rechaza.

Se queja también la accionada porque el anterior sentenciante omitió ordenar la baja registral de vehículo, como requisito previo al pago de la indemnización.

Cabe recordar que el art. 5 del decreto 744/2004, reglamentario de la ley 25.761, establece que las aseguradoras “.previo al pago de la indemnización por sustracción, deberán exigir la presentación de la denuncia de robo o hurto del automotor debidamente inscrita en el Registro Seccional correspondiente”.

El requisito impuesto por la norma está cumplido, pues el certificado de estado de dominio de fs. 51/52, da cuenta que el 19.08.2008 se inscribió la respectiva denuncia de robo.

Agrego, que la norma en cuestión solo exige la baja registral de vehículo en caso de indemnización por “destrucción total”, supuesto ajeno al de autos.

Tal interpretación es coherente con lo pactado en la póliza que corre a fs. 39/49. Véase que la cláusula 4. c) “Destrucción Total” dice: “Será obligación del asegurado, previo al pago de la indemnización, inscribir la baja definitiva de la unidad ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor.”.

Pero tal carga no es impuesta en el caso de robo, pues el art. 4.a) “Robo o Hurto” dice:”En caso de que el vehículo hallado quedare definitivamente en poder de La Caja, el Asegurado deberá efectuar todos los trámites y diligencias necesarias tendientes a obtener la trasferencia definitiva”.

Es decir, no se exige la baja registral para el pago de la indemnización, lo cual es obvio pues el rodado puede ser encontrado con posterioridad a tal erogación, quedando la aseguradora subrogada en los derechos de su cliente.

En concordancia con la diferenciación antes referida, la póliza exige, solo para el caso de indemnización por destrucción total, la inscripción registral de la baja del automotor.

Este agravio tampoco será admitido. Ello, claro, sin perjuicio de los planteos que puede efectuar la demandada en la etapa de ejecución de la sentencia, de conformidad con lo que surge de la disposición contractual antes referida.

No habiendo formulado más objeciones respecto a la condena ni el monto allí reconocido, corresponde confirmar la sentencia recurrida.

V. Por lo anterior, si mi criterio es compartido por mis distinguidas colegas, propongo -por los fundamentos enunciados hasta aquí- confirmar el decisorio recurrido en cuanto fue materia de agravios; con costas a cargo de la demandada que ha resultado vencida en el pleito (art. 68, CPCCN). He concluido.

Por análogas razones las Dras. Ballerini y Díaz Cordero adhirieron a la conclusión propiciada por su distinguida colega. Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron las Sras. Jueces de Cámara Dras. Matilde E. Ballerini, Ana I. Piaggi, María L . Gómez Alonso de Díaz Cordero. Es copia del original que corre a fs. 190/7 del Libro de Acuerdos Comerciales. Sala B.

JORGE DJIVARIS SECRETARIO DE CÁMARA

Buenos Aires, 8 de abril de 2016.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo que precede, se resuelve: confirmar el decisorio recurrido en cuanto fue materia de agravios; con costas a cargo de la demandada que ha resultado vencida en el pleito (art. 68, CPCCN).

Regístrese y notifíquese por Secretaría, en su caso, conforme Acordadas N° 31/11 y 38/13 CSJN y devuélvase. Oportunamente, cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada N° 15/13 CSJN.

MATILDE E. BALLERINI

ANA I. PIAGGI

MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO