Amparo por la violación del principio de progresividad e independencia del poder judicial en la forma de designar al tribunal examinador para integrantes del Ministerio Público Fiscal.

Derecho (2)Partes: Hughes Patricio Luis c/ Estado Nacional Procuración General de la Nación s/ amparo – ley 16.986

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 10-may-2016

Cita: MJ-JU-M-99165-AR | MJJ99165 | MJJ99165

Se hace lugar a una acción de amparo por la violación del principio de progresividad e independencia del poder judicial con respecto a la forma de designar al tribunal examinador para el concurso de los integrantes del Ministerio Público Fiscal.

Sumario:

1.-Corresponde admitir formalmente el amparo dado que está en juego la trascedencia institucional habida cuenta que se pone en tela de juicio al procedimiento para la selección de magistrados fiscales de la Nación. Además, la resolución del planteo requiere la celeridad propia del mecanismo de amparo, pues dado el avance del procedimiento impugnado, la solución del diferendo no puede aguardar los prolongados lapsos del proceso ordinario.

2.-La vía procesal de amparo es pertinente, ya que el interesado había formulado el reclamo por vía y forma correspondiente y nada obsta que haya promovido la acción ocho meses después de conocer la convocatoria al concurso en el que participa.

3.-La acción de amparo debe ser atendida ya que se encuentra acreditado la existencia de un interés concreto, directo e inmediato del actor por cuanto las resoluciones cuestionadas lo afectan en tanto postulante de uno de los concursos convocados al amparo de la regulación en crisis.

4.-El art. 7 del Reglamento de Selección de Magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que suprime el sistema de sorteo para el tribunal examinador y retorna al mecanismo de designación de jurados en forma directa y discrecional por parte de la Procuradora General de la Nación, es violatorio del principio de progresividad de los derechos, toda vez que todo avance o progreso obtenido – en el caso, el sorteo público de los jurados – no puede ser retrotraído.

5.- El ejercicio de las facultades por parte del Procurador Subrogante que dictó las resoluciones sobre el sorteo público de los jurados no puede ser cuestionado, ya que el hecho de haber resuelto avanzar en pos de principios constitucionales como el de transparencia no implicó un ejercicio abusivo de sus atribuciones, sino más bien todo lo contrario, ya que de ese modo la autoridad regulatoria no hizo sino autolimitarse.

6.-La acción de amparo promovida debe ser rechazada en tanto que la ilegalidad y arbitrariedad manifiesta de las resoluciones invocadas por actor no ha sido demostrada clara y concretamente, sino que se pretende realizar un debate argumental acerca de las disposiciones normativas cuestionadas (del voto en disidencia de la Dra. Caputi)

Fallo:

Buenos Aires, 10 de mayo de 2016.-

I.- Que el Sr. Patricio Luis Hughes promovió el presente proceso para que se declare la nulidad parcial -artículo 7º y sus considerandos- del reglamento de concursos del Ministerio Público Fiscal (Res PGN 751/13 y articulado anexo), en razón de su motivación meramente aparente y contradictoria, conforme lo dispuesto en los artículos 1ro., inciso «f», apartado 3ro, 7mo y 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos, por cuanto establece la designación de los jurados de manera directa por la Procuradora General de la Nación, e incurre en la regresiva y contradictoria derogación, de las Res. PGN Nº 74 y 76 del año 2012 que habían establecido el régimen de sorteo público de jurados y juristas invitados.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se declare la nulidad de la designación de los miembros del Tribunal del concurso 110 y de los juristas invitados, realizado en los puntos dispositivos 5to a 7mo de la Resolución de convocatoria PGN 3284/14.

Asimismo, peticionó que se deje sin efecto la Resolución PGN 1957/15, mediante la cual la Sra.Procuradora General de la Nación rechazó las recusaciones formuladas en el referido concurso contra los vocales titulares y suplentes del Tribunal.

Finalmente, requirió que se admita el planteo de inconstitucionalidad formulado contra el procedimiento de designación de los miembros del jurado de concursos y se ordene a la Procuración General de la Nación que dicte una nueva norma que remedie la regresión que implica el retorno a la designación directa y la derogación del régimen de designación por sorteo público establecido por resoluciones PGN 74 y 76 de 2012.

II.- Que por otro lado, conjuntamente con la promoción del proceso de amparo, peticionó el dictado de una medida cautelar a fin de que se suspenda el trámite del concurso nº 110 que fue convocado por la Procuración General de la Nación y que, como se ha dicho, el actor cuestiona porque considera ilegitima la designación de los miembros del jurado.

Destacó que la afectación a sus derechos se patentiza en la circunstancia de tener que someterse a un Tribunal que no garantiza la imparcialidad y que representa (por la forma en que se lo elige) todo lo contrario.

A fs. 149/150 fue desestimada la cautelar peticionada y el pedido formulado para tener por ampliado el proceso (confr. puntos III.2, III.3 y III.d, fs. 145vta/147).

A su turno, la parte demandada presentó el informe requerido en los términos del art. 8º de la ley 16.986. Destacó el avance en las etapas del concurso nº 110, en particular, puso de relieve que había sido rendido el examen de oposición al que también se presentó el actor, y por lo demás, se opuso al progreso de la acción (ver fs. 157/167).

III.- Que a fs. 181/182 el Sr. Juez de primera instancia, desestimó la acción de amparo promovida y distribuyó las costas del proceso en el orden causado.

Coincidió con el criterio expuesto por el Sr. Fiscal Federal en el dictamen que obra a fs.175/179 que, en lo sustancial, sostuvo que el acto por el que se rechazaran las recusaciones planteadas por el actor en el concurso para la selección de fiscales al que concierne estos autos, se encuentra debidamente motivado y las razones que lo sustentan no impresionan como palmariamente arbitrarias o ilegítimas.

Asimismo, la opinión de la fiscalía, expresó que siendo que la Ley Nº 24.946 no establece el mecanismo que el amparista propicia para la selección de los jurados que intervienen en los concursos convocados para cubrir vacantes en el Ministerio Público, se abre un espacio de discrecionalidad para la actividad reglamentaria. Agregó que, más allá de que haya existido una modificación en la reglamentación, la ley de la que esta depende no dispone (es decir, no regla) la realización de sorteo público para la selección de los jurados (conf. fs. 179 prime párrafo).

Señaló el dictamen que las Resoluciones PGN Nros. 74 y 76 ambas del 2012, fueron dejadas sin efecto por las Resoluciones PGN Nros. 337 y 534 del mismo año, que reinstalaron el régimen anterior a su dictado, y toda vez que, la reglamentación referida no ha desnaturalizado, desvirtuado o impedido el derecho de los aspirantes a concursar cargos en el Ministerio Público Fiscal, no puede ser descalificada por inconstitucional.

En el mismo sentido, el Sr. magistrado añadió «.relativamente a los reproches que el amparista achaca al reglamento para la elección de magistradas/os del Ministerio Público Fiscal de la Nación en tanto no establece que los jurados de los concursos deberán ser desinsaculados mediante el mecanismo del sorteo público y son designados directamente por la Procuradora General de la Nación (arts. 7º y 8º), debo decir que -aun considerando las objeciones que dicha modalidad merece desde la perspectiva de la transparencia que debe presidir tales concursos-, la modalidad que establecen no se presenta manifiestamente arbitraria o ilegal y que tampoco lo es la decisión de la Sra.Procuradora General mediante la que derogó las 74 y 76 PGN, mediante las que había sido diseñado un procedimiento más transparente» (confr. considerando 4º fs. 181 vta.).

IV.- Que contra esa decisión interpuso el actor el recurso de apelación que obra a fs. 183/189.

Resaltó que la ilegitimidad manifiesta de la Resolución PGN nº 751/13 se advierte ostensiblemente de la mera lectura de sus términos, por cuanto establece un sistema de designación «a dedo», es decir, a puro arbitrio de la Procuradora General de la Nación, que vulnera elementales principios de objetividad y razonabilidad que resultan de una derivación lógica y una interpretación armoniosa de las garantías constitucionales que consagran los arts. 16 y 18 de la Constitucional Nacional, relativas a los reaseguros de la independencia judicial y la idoneidad como único requisito para acceder a cargos públicos.

Sostuvo que la observación de los principios enunciados y desconocidos por las resoluciones impugnadas en autos, es exigida también por los pactos internacionales con jerarquía constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.1) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción – ley 26.097-.

En ese sentido, citó el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, «Reverón Trujillo vs. Venezuela» del 30 de junio de 2009, y la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re «Uriarte, Rodolfo Marcelo», pronunciamiento en que se señaló que «el Estado debe garantizar un procedimiento para el nombramiento de estos últimos sobre la base de parámetros básicos de objetividad y razonabilidad que aseguren el ejercicio independiente de su cargo».

Asimismo, resaltó las consideraciones expuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Documento «Democracia y Derechos Humanos en Venezuela» -2009- capitulo III.»La separación e independencia de los poderes públicos», apartado «Proceso de nombramiento de jueces y fiscales», parágrafos 187 y 188 – tomado del Señero «Corte IDH Reverón Truillo Vs. Venezuela», Res. 30/06/09.

Concluyó que con base en las normas citadas y los criterios expuestos, es indiscutible que los procesos de designación de magistrados, entre lo que se encuentran los Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la nación, deben guiarse con pautas objetivas y razonables, para evitar la discrecionalidad del poder de turno.

Desde esa perspectiva, sostuvo que, por haberse dictado las Resoluciones PGN nº 74 y 76 del año 2012 mediante las cuales se estableció que la designación de los jurados debía realizarse mediante el sorteo público, la Resolución PGN Nº 751/13 que las dejó sin efecto, importa una inconstitucional regresión que vulnera las normas y los principios mencionados.

En ese orden, afirmó que, no es relevante que la Ley Orgánica del Ministerio Público no haya establecido expresamente el sorteo u otro procedimiento objetivo para la designación de jurados y juristas de los concursos para elegir Fiscales Nacionales y Federales. En todo caso, alegó, las atribuciones conferidas por la ley deben ser interpretadas y ejercidas de acuerdo a las reglas del estado constitucional y convencional de derecho.

Invocó la violación a los principios de progresividad y no regresividad, como también, el carácter sólo aparente de la motivación de las resoluciones cuestionadas en autos.

Mantuvo la reserva del caso federal, solicitó que se revoque la sentencia en crisis y que se admita el amparo.

V.-Que a fs.197/201 el Ministerio Público Fiscal de la Nación, contestó los agravios de su contraria, y peticionó que se los rechace, con costas.

En los sustancial, defendió la legitimidad del sistema de concursos para la selección de fiscales del Ministerio Público Fiscal establecido mediante la Resolución PGN Nº 751/13, que según sostuvo, se destaca por su objetividad y que garantiza la transparencia y robustece la publicidad el procedimiento asegurando la imparcialidad del tribunal evaluador, a la vez que promueve la igualdad de oportunidades en los concursos.

VI.- Que a fs. 215/219 emitió su dictamen el Sr. Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelación en lo Civil, quien intervino en autos por las razones que surgen de lo actuado a fs. 206, 208 y 214.

Opinó que el sistema establecido en el art. 7º de la Res. PGN 751/13 no es contrario a la norma de la que ésta depende, habida cuenta que la Ley 24.946 no establece la realización de sorteo público para la selección de los jurados.

En rigor, expresó, la ley alude a que los integrantes «serán escogidos», por lo tanto, si la norma reglamentaria cuestionada no impide ni altera el derecho de los aspirantes a concursar cargos en el Ministerio Público Fiscal, no debe ser descalificada por inconstitucional.

Añadió que correspondería también desestimar la nulidad planteada con respeto a la Resolución que designó a los miembros del Tribunal del concurso nº 110 y juristas invitado s (Res PGN 3284/14) porque el recurrente funda la impugnación de ésta última en la inconstitucionalidad de la mencionada en el párrafo anterior.

VII.- Que el artículo 43 de la Constitución Nacional establece que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución,un tratado o una ley (confr. esta Sala, in re, Expte. Nº 10609/2014 «Sassi, María c/A.F.I.P.-D.G.A. y otro s/amparo ley 16.986», del 30/10/14).

Es doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el amparo constituye un proceso excepcional sólo utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que por carencia de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales y exige para su apertura circunstancias muy particulares, caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, de modo tal que las deficiencias referidas -a que aluden la ley 16.986 y la jurisprudencia anterior y posterior a su sanción-, requieren que la lesión de los derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos ni de un amplio debate y prueba (Fallos 301:1060; 306:1253; 307:747; esta Sala -en una integración anterior-, in re, Expte. Nº 20.903/2010 «Unión de Trabajadores del I.S.S.P. c/E.N. -M de Salud- S.S.S. s/amparo ley 16.986», sentencia del 17/03/11).

El alcance de la acción que aquí importa y su carácter de vía procesal excepcional no ha sido alterado, sin más, por la inclusión en la reforma constitucional de 1994 del art. 43. Esta norma, al disponer que «toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo» mantiene el criterio de excluir la acción cuando por las circunstancias del caso concreto se requiere mayor debate y prueba y por tanto no se da el requisito de «arbitrariedad o ilegalidad manifiestas» en la afectación de los derechos y garantías constitucionales, requisitos cuya demostración es imprescindible para la procedencia de aquélla (Fallos 275:320; 296:527; 302:1440; 305:1878; 306:788; 319:2955 y 323:1825 , entre otros; Sala V Expte. Nº 5.930/09, «Automoviles Saavedra S.A. c/E.N. -Ley 26376- P.J.N.-C.S.J.N. Ac10/08 s/amparo ley 16.986», sentencia del 7/04/11).

Se trata de un remedio procesal excepcional, sólo utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías legales aptas, peligra la salvaguardia de derechos fundamentales, requiriéndose para su apertura circunstancias de muy definida excepción, tipificadas por la presencia de arbitrariedad, irrazonabilidad o ilegalidad manifiestas que configuren la existencia de un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta acción urgente y expedita (Fallos 297:93; 298:329; 299:185; 300;200, 1231; 306:1253; y Sala IV, in re, Causa N° 21.592/2010 «Pisapia, Jorge Alberto c/Universidad Buenos Aires -Facultad de Odontología- s/amparo ley 16.986», del sentencia 23/12/10; Expte. Nº 10.955/2011 «Linskens, Susana c/U.B.A. -Resol 2241/09- Facultad Farmacia y B (725808/09) s/amparo ley16.986», sentencia del 28/02/12).

VIII.- Que con base en los parámetros expuestos en el considerando anterior, cabe precisar que el actor, invoca la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta de la Resolución PGN nº 751/13, con base en que, al dejar sin efecto las similares nº 74 y 76 del año 2012, establece un procedimiento para la designación del jurado en los concursos que se convocan para cubrir vacantes en el Ministerio Publico Fiscal, que desde su perspectiva, desconocen los principios de objetividad y razonabilidad que consagran los arts.16 y 18 de la Constitucional Nacional, así como la normativa internacional por él citada.

Siendo así, la excepcional vía elegida, exige para su procedencia, que la ilegalidad invocada resulte patente en el acto o la conducta impugnada, condición que en el sub examine concierne a la demostración clara y concreta de que los jurados designados en el Concurso nº 110, en el que se ha inscripto el amparista, afectan los principios y garantías invocados con afectación del derecho alegado por el Dr. Hughes.

Corresponde advertir desde ya, que en el sub examine se encuentran reunidos los recaudos que determinan su admisibilidad formal habida cuenta por un lado, la entidad de la materia en análisis y su trascendencia institucional, en tanto se ha puesto en crisis el procedimiento para la selección de magistrados fiscales de la nación, y por el otro, que la resolución de este planteo requiere precisamente la celeridad propia de la vía de la acción de amparo pues dado el avance del procedimiento impugnado, la solución del diferendo no puede aguardar los prolongados lapsos del proceso ordinario ya que podría tornarse abstracta la cuestión por una dilatada definición.

Abunda a la admisibilidad formal de la vía elegida, el hecho de que los cuestionamientos formulados en autos se limitan al análisis de una temática esencialmente jurídica exentos en esta oportunidad de la necesidad de acudir a otros elementos probatorios que los ya aportados a la causa, por lo que se no se advierte que sea necesaria mayor sustanciación a fin de decidir sobre el fondo del asunto (Fallos 330:1635).

Finalmente, y en cuanto a la pertinencia de la vía procesal, no resultan veraces los fundamentos vertidos por la demandada en orden a que el actor habría promovido la acción 8 meses después de conocer la convocatoria el concurso del que participa por lo que se encontraría ampliamente vencido el plazo previsto en el art. 2 inc.e) de la ley 16.986, habida cuenta que, como correctamente señala el interesado a fs. 142vta., previamente ha formulado el pertinente planteo ante la demandada por la vía y forma correspondiente, y ante su rechazo promovió estas actuaciones.

Si bien, a partir de la reforma constitucional de 1994 y la incorporación del nuevo artículo 43 a la Carta Magna, no resultaría un recaudo de admisibilidad el agotamiento de la vía administrativa en forma previa, el hecho de haberse adoptado ese camino -que en definitiva brinda a la autoridad de la que emana el acto cuestionado la posibilidad de su revisión- no puede ser obstáculo a la pertinencia del amparo si, como ya ha quedado demostrado, ésta resulta ser en la especie la vía indicada para la resolución de la cuestión traída a estudio.

Por ende si -como sucede en la especie- la acción de amparo aparece prima facie como la vía judicial más idónea para remediar la situación, se requiere en definitiva de una interpretación que no frustre su vigencia atendiendo solo a las razones formales, siempre que no haya mediado un lapso excesivamente prolongado entre la resolución denegatoria al planteo formulado en sede administrativa y la promoción de la acción judicial, lo que no se presenta en autos.

Por último, es de destacar que en autos se encuentra acreditada la existencia de un interés concreto, directo e inmediato del actor por cuanto las resoluciones cuestionadas lo afectan en tanto postulante de uno de los concursos convocados al amparo de la regulación en crisis.

IX.- Que mediante la Resolución 74/2012, el entonces Procurador subrogante a cargo de la Procuración General de la Nación, Dr. Luis Santiago González Warcalde, dispuso que «que los Vocales de los Tribunales evaluadores de los concursos y los Juristas invitados para intervenir en tal carácter -titulares y suplentes-, sean designados por sorteo público.Para el sorteo de los vocales del Tribunal, se utilizará una lista confeccionada al efecto, integrada por la totalidad de los magistrados que reúnan los requisitos legales y reglamentarios para cumplir la función y actualizada periódicamente . A los fines del sorteo de los Juristas invitados, también público y en la misma oportunidad que el anterior, la Oficina elaborará una lista de profesores regulares por concurso de las universidades públicas, ajenos al M.P.F.N., que se desempeñen o se hayan desempeñado como fiscales o defensores públicos -con preferencia por los primeros-, para lo cual implementará también el mecanismo pertinente y solicitará, en forma periódica, a todas las universidades, las nóminas de los docentes y certificará respecto del ejercicio de tales funciones. Los sorteos serán documentados en actas rubricadas por la totalidad de los presentes, con la intervención como actuario de un funcionario de la Secretaría Permanente de Concursos con jerarquía no inferior a subsecretario letrado de la Procuración General de la Nación.» Que entre los fundamentos de dicha resolución se señala que se «considera necesario y oportuno, introducir modificaciones a la normativa.para perfeccionar el sistema vigente en aras de la máxima transparencia del trámite de los procesos de selección de sus magistrados y de la optimización del desempeño de los recursos humanos con que cuenta este Ministerio Público. Que dicha transparencia también debe ser plena respecto de la selección del tribunal, evitando que las convocatorias puedan recaer reiteradamente sobre los mismos fiscales.» Que con posterioridad, y sobre la base de lo dispuesto en la Resolución 74/2012, el Dr. González Warcalde, modifica el artículo 5 del Régimen de Selección de Magistrados del M.P.F.N. aprobado por Res. PGN.101/07.

Que a través de la resolución 337/12 la actual Procuradora General de la Nación dejó sin efecto la resolución 74/2012 ut supra mencionada.

Que entre los fundamentos vertidos para adoptar tal temperamento, cuestiona las facultades de su antecesor -en tanto procurador subrogante-, en orden al dictado de la Resolución 74/2012, fundándos e para ello en el carácter transitorio y excepcional de su mandato (conf. arg. considerando III, párr. 3).

Tiempo después, mediante la resolución 534/12 y remitiéndose a los fundamentos de la resolución 337/12, la Dra. Gils Carbó deja sin efecto la resolución 76/12 y, en consecuencia, mantiene la redacción del artículo 5 del Régimen de Selección de Magistrados del Ministerio Público Fiscal prevista por la Resolución PGN 101/07.

Finalmente, a través de la resolución 751/2013, la Procuradora General de la Nación aprueba un nuevo reglamento de concursos.

Entre los fundamentos de dicha resolución figura el de realizar «determinadas modificaciones que fortalezcan aún más sus características de objetividad y transparencia» (conf. considerando IV últ. párr.).

Sobre dicha base, el artículo 7 del nuevo reglamento dispone que:

«En el mismo acto de la convocatoria del concurso, la P.G.N. designará a las personas que integrarán el Tribunal establecido por el artículo 6 de la L.O.M.P. El Tribunal estará conformado por un presidente y cuatro (4) vocales, todos magistrados del Ministerio Público Fiscal, escogidos entre aquellos con jerarquía no inferior a fiscal general, otorgando preferencia a quienes se desempeñen en el fuero y, en su defecto, área de especialización. La PGN designará, conjuntamente, a cinco magistrados suplentes, escogidos con idéntico criterio, para el caso de renuncia, remoción, suspensión preventiva, licencia, recusación o excusación de los titulares; y fijará el orden de prelación para su ingreso al Tribunal.

Además la P.G.N.designará a un jurista de amplia y reconocida trayectoria, profesor o profesora titular de universidad pública o referente de una institución especializada en administración de justicia, ajeno al Ministerio Público Fiscal, y a un jurista suplente. El jurista deberá emitir un dictamen, no vinculante para el Tribunal, sobre el desempeño en las pruebas de oposición de quienes concursen.» El citado artículo, en cuanto a la materia que aquí nos ocupa, en definitiva mantiene el sistema del art. 5 de su antecesor 101/07 (que fuera modificado por las disposiciones de las resoluciones 74/12 y 76/12 luego dejadas sin efecto por las resoluciones 337/12 y 534/12 respectivamente), en tanto es el Procurador General de la Nación quien designa a su arbitrio a los integrantes del tribunal examinador y al jurista invitado.

X.- Que efectuada la necesaria reseña de la normativa involucrada en la cuestión, conviene comenzar recordando que nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los procedimientos que regulan la integración de los tribunales han sido inspirados en móviles superiores de elevada política institucional, con el objeto de impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley. Las disposiciones que rigen esos procedimientos se sustentan, pues, en la aspiración de contar con una magistratura independiente e imparcial (Fallos: 330: 2361 y 338:284 ).

Que dichos principios, se extienden a los integrantes del Ministerio Público Fiscal en tanto, magistrados de la Nación, resulta su misión constitucional promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad (art. 120 C.N.).

Es por ello que el Estado debe extremar las medidas para que su actuación inspire legitimidad y confianza suficiente no solo al justiciable, sino a los ciudadanos en una sociedad democrática (conf. arg. Fallos:338:284).

Consistente con idéntica línea de pensamiento mas desde la perspectiva supranacional, el Alto Tribunal ha señalado que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales de orden internacional (Fallos: 321:3555 ; 328:1491 ; 330:3248 ), el principio de independencia judicial (que se extiende sin dudas a la actuación de los integrantes del Ministerio Público -arg. art. 120 1º párr. C.N.-) constituye uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso, motivo por el cual debe ser respetado en todas las áreas del procedimiento y ante todas las instancias procesales en las que se decida sobre los derechos de la persona.

Y en este mismo orden, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que cuando se establecen mecanismos para el nombramiento de los jueces, debe tenerse en cuenta que no cualquier procedimiento satisface las condiciones que exige la Convención para la implementación adecuada de un verdadero régimen independiente. Si no se respetan parámetros básicos de objetividad y razonabilidad, resultaría posible diseñar un régimen que permita un alto grado de discrecionalidad en la selección del personal judicial de carrera, en virtud de lo cual las personas escogidas no serían, necesariamente, las más idóneas (CIDH, caso «Reverón Trujillo vs. -Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de junio de 2009, párrafo 74).

De suerte tal que sólo un adecuado proceso de designación de los miembros del poder judicial, que sea transparente y garantice la igualdad de los candidatos, es garantía fundamental para su independencia (conf. informe de la C.I.D.H. sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, párrafo 187).

A su vez, y precisamente a los fines de garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a los cargos de las y los operadores de justicia, la C.I.D.H.considera que es prioritario brindar una oportunidad abierta e igualitaria a través del señalamiento ampliamente público, claro y transparente de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo. De allí, que los Estados deben emitir de manera previa y públicamente las convocatorias y procedimientos con los requisitos, criterios y plazos para que cualquier persona que considere satisfechos los requerimientos pueda acceder a los puestos de fiscal, juez, jueza, defensora o defensor público.

Agrega, que los mecanismos dirigidos a una mayor publicidad, participación y transparencia, contribuyen a tener mayor certeza sobre la integridad e idoneidad de las y los operadores designados y a brindar confianza a la ciudadanía sobre la objetividad del proceso.

Por ello considera que la selección y el nombramiento de sus integrantes deben ser llevados a cabo mediante un procedimiento justo y transparente (conf. Comisión Interamericana de Derechos Humanos; «Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las américas», párrafos 79, 82 y 245; https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf, el destacado nos pertenece).

Ello establecido, y tomando ahora debida razón de los concretos avances que en orden a la consecución de las aspiraciones enunciadas, resultaban concretamente del dictado de la Resolución N* 74/2012, es oportuno memorar que el decidido impulso hacia la progresividad en la plena efectividad de los derechos humanos, determina que el intérprete deba escoger el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana. Y esta pauta se impone aun con mayor intensidad, cuando su aplicación no entrañe colisión alguna del derecho humano así interpretado, con otros valores, principios, atribuciones o derechos constitucionales (conf. arg. Fallos:330:1989 y 334:198 ).

El reconocimiento del principio de progresividad de los derechos humanos es una de las conquistas del ciudadano frente al Estado, pues este principio limita el eventual desconocimiento por parte de aquél del contenido de los derechos humanos y de los avances que en esta materia se hayan conseguido, además de conllevar una obligación de mejorar la protección y contenido de esos derechos. Es una garantía no solo para evitar que el Estado, a través de cualquier de sus órganos disminuya derechos humanos, sino que además es una garantía de que el Estado adopte las medidas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de esos derechos, a través de acciones concretas (conf. Espina Molina, María Verónica, en Revista de Derecho Público Nº 112/2007, http://www.corteidh.or.cr/tablas/r26575.pdf).

Síguese de cuanto se lleva expuesto, que las líneas directrices claramente enunciadas tanto en el ámbito de nuestro derecho interno como en el marco supranacional, imponen considerar un doble estándar de valoración concerniente por un lado a la objetividad y transparencia que deben regir los procesos de selección de magistrados, y por el otro, relativo al imprescindible resguardo del principio de progresividad (o no regresividad), de suerte tal que todo avance o progreso obtenido no puede ser retrotraído o en todo caso, toda decisión o acto que en el marco de los derechos esenciales produzca un efecto como el señalado, ha de ser objeto de severo escrutinio y en su caso de insoslayable invalidación por parte de los órganos judiciales.

XI.- Sobre la base de las pautas, doctrinarias, jurisprudenciales y convencionales antes mencionadas, se concluye que el actual artículo 7 del Reglamento de Selección de Magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación (aprobado por Resolución 751/13), al suprimir el sistema de sorteo (previsto en la Resolución N* 74/12) y retornar al mecanismo de designación de jurados en forma directa y discrecional por parte de la Procuradora General de la Nación tal como lo establecía el artículo 5 del anterior reglamento aprobado por resolución 101/2007, violenta claramente el principio de progresividad de los derechos.

Es que, en línea con las pautas de valoración enunciadas, debe comenzar por advertirse que el sistema de designación del jurado por simple nominación de sus integrantes dispuesta por el titular del organismo, en modo alguno se condice la alegada «objetividad y transparencia» que se invoca entre los fundamentos de la resolución 751/13, pues resulta de toda evidencia que el retor no al camino de la designación de jurados en forma directa y discrecional por parte del Procurador General de la Nación, no permite vislumbrar claridad alguna en la selección de cada integrante y menos aún -precisamente por el carácter discrecional- la existencia de un criterio de elección exento de interés o marginado de toda posibilidad de arbitrario direccionamiento.

No se advierte fundamento alguno del retroceso institucional que implica abandonar el camino trazado a partir de las resoluciones 74/12 y 76/12 en cuanto implicaron un decidido avance en pos de consolidar un mecanismo objetivo y transparente para el trámite de los concursos de magistrados fiscales de la nación.

Y no resulta atendible -para sustentar la revocación de los dispositivos antes mencionados- el argumento esbozado en las resoluciones 337/12 y 534/12 en orden a la ausencia de facultades por parte del Procurador General subrogante habida cuenta que no existe óbice alguno para quien ejerce una subrogación por haber sido designado conforme a la ley, ejerza su cargo con todas las potestades como si se tratase de un magistrado titular (conf. CS doctrina Fallos:

338:1216) máxime si ninguna limitación se desprende de la propia ley orgánica del M.P.F. vigente en ese entonces (art.11 ley 26.946).

Sin embargo, y aún admitiendo por vía de hipótesis la existencia de alguna suerte de limitación al ejercicio de facultades plenas por parte del Procurador General subrogante (que por cierto no resultan de norma alguna y menos aún han sido concretamente invocadas en las Resoluciones 337/12 y 534/12), no se advierte que el hecho de haber resuelto avanzar en pos de principios convencionales como el de transparencia hubiere implicado el ejercicio excesivo de atribuciones, sino mas bien todo lo contrario, ya que de ese modo la autoridad regulatoria no hizo sino autolimitarse, abdicando de la potestad de ser el titular del Ministerio Público quien en definitiva pudiera elegir a los integrantes del jurado y jurista invitado.

Como se dijo, el sendero iniciado a través de las resoluciones 74/12 y 76/12 no hizo sino avanzar en el sentido que los tratados internacionales, la jurisprudencia y las distintas resoluciones de los organismos internacionales imponen en materia de procedimiento para la selección de magistrados, en tanto favorecía de manera explícita la consecución de los principios de objetividad y transparencia, en pos de la consolidación de la independencia de aquéllos en beneficio de la sociedad toda.

Debe a esta altura advertirse que no forma obstáculo a cuanto se lleva expuesto, el hecho de que la ley 24.946 -entonces vigente- omitiera establecer el recaudo de sorteo de jurados y jurista invitado, habida cuenta que los progresos evidenciados con posterioridad a su sanción a través de las resoluciones reglamentarias 74/12 y 76/12 que bien cuadran en el marco del derecho y jurisprudencia nacional e internacional aplicables a la especie y que fueran reseñados, importaban en los hechos y sus consecuencias, la adopción de concretos mecanismos superadores en pos de la transparencia y objetividad del trámite.

Y buena prueba de cuanto se lleva expuesto, la constituye el hecho de que, en definitiva y en orden a la normativa vigente, tales preceptos de objetividad y transparencia han sido adoptados por la propia ley orgánica del M.P.F. que rige en la actualidad (ley 27.148, art. 49 últ. párr. in fine).

Es que la designación de los miembros del jurado a través de un sorteo público entre todos aquellos que se encontrasen legalmente habilitados para intervenir en tal calidad, comporta un modalidad que sin dudas contribuye a la consecución de dichos objetivos, permitiendo por lo demás, la diversidad y alternancia de las personas en dichos procedimientos, extremo que -sin que implique mella alguna en orden a la capacidad y/u honorabilidad de quienes han sido designados conforme el sistema cuestionado- no se vislumbra en las designaciones efectuadas en forma directa por la Procuradora General de la Nación a partir del dictado de la resolución 751/13, en tanto resulta que los mismos magistrados han sido designados como jurado en más de una oportunidad en distintos concursos, como lo alega el actor a fs. 10 y que no fuera negado por la demandada, lo que además puede corroborarse de la mera compulsa de las constancias obrantes en la página web de la demandada (www.mpf.gob.ar), a lo que debe adicionarse que numerosos concursos también han sido presididos por la Procuradora General de la Nación en el ejercicio de las facultades legales que poseía.

Cabe recordar por ùltimo que se ha considerado que la concentración de funciones asignadas a las y los operadores de justicia con las funciones de gobierno y disciplinarias, puede atentar contra la independencia y el ejercicio independiente y autónomo de las trascendentes atribuciones asignadas a tales operadores (conf. Comisión Interamericana de Derechos Humanos; «Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia.Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las américas», párrafo 246; https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf).

Tiénese de tal modo suficientemente justificado el progreso de la acción de amparo intentada, a poco que se repare en que precisamente la propia negación de los principios de objetividad y transparencia -nominalmente invocados en la Resolución 751/13 impugnada (Consid. VI)- y vulneración de la regla de no regresión, resultantes del mecanismo de integración del tribunal de evaluación, constituyen los factores que permiten descalificar los actos cuestionados por exhibir una ilegitimidad manifiesta.

Conclúyase entonces, desde la perspectiva de los principios y estándares expuestos y en función de las valoraciones desarrolladas, que la Resoluciones PGN 337/12 y PGN 534/12 en tanto dejaron sin efecto sus similares 74/12 y 76/12 respectivamente y el artículo 7 del Reglamento para la Selección de Magistrados del Ministerio Público Fiscal, aprobado mediante resolución PGN 751/13, resultan ostensiblemente contrarias a los preceptos convencionales y jurisprudenciales antes citados, por lo que cabe descalificarlas en orden a su validez, como así también, disponer la consiguiente nulidad de los artículos 4 y 6 de la resolución PGN 1957/15 en tanto desestima el planteo formulado por el actor, todo lo cual lo cual conlleva por natural implicancia y efecto jurídico, la nulidad de todo lo actuado en el marco del concurso Nº 110 del Ministerio Público Fiscal.

XII. Que conforme los desarrollos precedentes, corresponderá revocar el decisorio apelado y admitir la presente acción de amparo, bien que distribuyendo las costas de ambas instancias en el orden causado habida cuenta que la naturaleza, complejidad, novedad y relevancia de las cuestiones decididas, justifica el apartamiento del principio objetivo de la derrota que rige la asignación de tales accesorios (art.68 2º parte y 279 CPCC).

Por lo expuesto, este Tribunal, por mayoría, RESUELVE:

I.Admitir el recurso de apelación interpuesto y fundado a fs.183/189, revocar la sentencia de fs.181/182 y hacer lugar a la presente acción de amparo.

II. Declarar la invalidez de las Resoluciones PGN 337/12 y PGN 534/12 -en tanto dejaron sin efecto sus similares 74/12 y 76/12-, y del artículo 7 del Reglamento para la Selección de Magistrados del Ministerio Público Fiscal, aprobado mediante resolución PGN 751/13.

III. Declarar la nulidad de los artículos 4 y 6 de la resolución PGN 1957/15 -en tanto desestima el planteo formulado por el actor-.

IV. Declarar la nulidad de todo lo actuado en el marco del concurso Nº 110 del Ministerio Público Fiscal.

V. Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado.

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal Federal en su despacho y, oportunamente, archívese.

LUIS MARÍA MÁRQUEZ

MARÍA CLAUDIA CAPUTI

(en disidencia)

JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

La doctora María Claudia Caputi dijo:

I.- Que, a mi juicio, no están dadas las condiciones para la admisión de la acción intentada, por lo que habré de propiciar la confirmación del pronunciamiento apelado, según las consideraciones que pasaré a expresar.

Por lo demás, en cuanto a los antecedentes del caso y sus vicisitudes, hago propia la reseña efectuada a lo largo de los Considerandos I a VII del voto de mis estimados colegas, a efectos de evitar reiteraciones innecesarias.

II.- Que, según surge de autos, se advierte que el actor invoca la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta de la Resolución PGN nº 751/13, con base en que, al dejar sin efecto las similares nº 74 y 76 del año 2012, establece un procedimiento para la designación del jurado en los concursos que se convocan para cubrir vacantes en el Ministerio Publico Fiscal que, desde su perspectiva, desconoce los principios de objetividad y razonabilidad que consagran los arts.16 y 18 de la Constitución Nacional, así como la normativa internacional por él citada.

Siendo ello así, la excepcional vía elegida, exige para su procedencia, que la ilegalidad invocada resulte patente en el acto o la conducta impugnada, condición que en el sub examine concierne a la demostración clara y concreta de que los jurados designados en el Concurso nº 110, en el que se ha inscripto el amparista, afectan los principios y garantías invocados con afectación del derecho alegado por el Dr. Hughes.

En efecto, circunscribir el planteo formulado al caso concreto resulta condición esencial para el conocimiento del asunto, pues lo contrario importaría tanto como admitir un debate argumental acerca de las disposiciones normativas cuestionadas, el cuál -si no se plantea con base en una controversia- excede notoriamente las atribuciones conferidas al Poder Judicial de la Nación en los términos del art. 116 de la Constitución Nacional (en ese sentido, esta Sala in re Expte. nº 29.593/11 «Halabi, Ernesto c/ EN -ley 26.536- s/ proceso de conocimient o», el 6/03/2012).

De hecho, como lo recordó la Sala I de esta Cámara de Apelaciones, en el caso «Villar, Mario Alberto c/ EN – Mº Público Fiscal de la Nación s/inc. apelación», expte. nº 50.531/2014, sentencia del 20/05/2014, parámetro de referencia útil mutatis mutandis para estos autos (máxime porque reedita y sigue la tradicional doctrina de la Corte Suprema en la materia), una de las misiones más delicadas del Poder Judicial es la de saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones, toda vez que -el judicial- es el llamado por la ley para resguardar la observancia de la Constitución Nacional, y de ahí que un avance de este poder menoscabando las facultades de los demás revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público (conf. en este sentido C.S.J.N., en Fallos:155:248; 272:231; 308;1.848; 329:1675 , entre muchos otros).

Por cierto, debe precisarse que los casos referidos, son aquellos en los que se persigue en forma concreta la determinación del derecho debatido entre partes adversas, motivo por el cual «no se da una causa o caso contencioso que permita el ejercicio del Poder Judicial conferido a los tribunales nacionales cuando se procura la declaración general y directa de inconstitucionalidad de las normas o actos de otros poderes»; ni por ende, existe facultad alguna en cabeza del Poder Judicial de la Nación que lo autorice, en tales circunstancias, a formular dichas declaraciones (Fallos: 307:2384 y sus citas, entre otros).

Es que el fundamento último de este criterio reside en la necesidad de salvaguardar el principio constitucional de división de poderes, como fue ya señalado en Fallos: 30:281 al afirmarse «que el Juez que declarase la inconstitucionalidad de una ley, sin ocasión de un pleito, se saldría de su esfera de acción y penetraría en la del poder legislativo». En concordancia con tales principios, el art. 2° de la ley 27 prescribe que la justicia nacional «nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte» (cfr. Fallos: 326:3007 ).

En esta línea, y como se recordó en el precedente de Fallos: 322:528 con cita de Fallos:156:318, 227, 688; y 245:552, tal ha sido la interpretación acordada al punto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante una invariable jurisprudencia, según la cual «si para determinar la jurisdicción de la Corte y de los demás tribunales de la Nación no existiese la limitación derivada de la necesidad de un juicio, de una contienda entre partes, entendida ésta como un pleito o demanda en derecho instituida con arreglo a ´un curso regular de procedimiento’, según el concepto de Marshall, la Suprema Corte dispondría de una autoridad sin contralor sobre el gobierno de la República, y podría llegar el caso de que los demás poderes del Estado le quedaran supeditados con mengua de la letra y del espíritu de la Carta Fundamental» (Fallos: 326:3007).

En consecuencia, debe decirse que cuando ante los estrados de la justicia se impugnan las disposiciones expedidas en ejercicio de una atribución propia de alguno de los otros poderes, con fundamento en que ellas se encuentran en pugna con la Constitución, se configura una causa judicial atinente al control de constitucionalidad de preceptos legales infraconstitucionales cuya decisión es propia del Poder Judicial, siempre y cuando se produzca un perjuicio concreto al derecho que asiste a quien legítimamente lo invoca.

De hecho, según principios generales, el actuar del Poder Judicial no se extiende a todas las violaciones posibles de la Constitución, sino a las que le sean sometidas en forma de caso por una de las partes. Si así no sucede, no hay ‘caso’ y no hay por tanto, jurisdicción acordada (Fallos: 156:318; en igual sentido: esta Sala en una integración anterior: «ACIJ y otro c/ E.N. – Ley 25.790 y otro s/ proceso de conocimiento», Expte.18.076/06, 22/06/2010).

III.- Que, con ajuste a las consideraciones que anteceden, resulta que es deber del juez ponderar la configuración de los recaudos que habilitan la procedencia de la acción de amparo, tal como desde antiguo señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación, afirmando que «los jueces deben extremar la ponderación y la prudencia -lo mismo que sucede en muchas otras cuestiones de su alto ministerio- a fin de no decidir, por el sumarísimo procedimiento de esta garantía constitucional cuestiones susceptibles de mayor debate y que corresponda resolver de acuerdo a los procedimientos ordinarios» (Fallos, 241:302).

Por lo tanto, el art. 43 de la Constitución Nacional debe ser interpretado de manera razonable, no desprotegiendo los derechos esenciales pero tampoco consagrando al amparo como única vía judicial. Ello así, debido a que la garantía prevista por el constituyente, no viene a suplantar los otros procesos previstos en el código de rito, ni significa que ciertos derechos vulnerados no puedan lograr su satisfacción mediante el uso de los procedimientos ordinarios. En este sentido, el más Alto Tribunal tiene dicho que la acción de amparo no es la única vía apta para la salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales o legales (Fallos: 310:877).

Bajo estos parámetros, como se ha señalado en el considerando anterior, resulta que la vía elegida por el actor exige para su procedencia la verificación de ciertos recaudos que condicionan el examen de los planteos incluidos en el escrito inicial; de suerte tal que, si no se los considera cumplidos, no corresponde pronunciamiento alguno sobre el fondo de la cuestión sometida a juzgamiento.

IV.- Que se sigue de lo expuesto, que pesaba sobre el actor la carga de demostrar que la Resolución PGN nº 751/13, resulta manifiestamente ilegítima y arbitraria, y su patente nulidad afectó también la validez de la Resolución PGN 3284/14 de convocatoria para el concurso nº 110, y la Resolución PGN 1957/15, mediante la cual la Sra.Procuradora General de la Nación rechazó las recusaciones formuladas en el referido concurso contra los vocales titulares y suplentes del Tribunal.

En ese orden, el amparista debía acreditar concretamente que la selección de los jurados designados, transgrede manifiestamente los principios de objetividad y razonabilidad alegados, pues de otro modo, la acción resulta formalmente inadmisible.

Precisamente, es ese el recaudo legal que no aparece cumplido en autos, habida cuenta que, el recurrente, no ha explicado ni mucho menos acreditado, las razones que justifican considerar irrazonable la designación de quienes fueron elegidos como miembros del jurado para intervenir en el concurso nº 110. De allí que, por todo lo que se viene expresando, hago propios los razonamientos vertidos en el décimo octavo párrafo del considerando V del dictamen obrante a fs. 175/179vta. (vide, en especial, fs. 179vta.), cuyo texto me encuentro relevada de transcribir, por razones de brevedad, y que es a su vez compartido por el Sr. Magistrado de la anterior instancia, según lo manifestado en el considerando 4º de la sentencia en recurso.

Vale reiterar, no corresponde juzgar el procedimiento reglado mediante la Resolución PGN nº 751/13 en abstracto, sino que resulta imperativo que el amparista demuestre la vulneración que en concreto produce la designación realizada en el concurso mencionado.

Y en este sentido, de la compulsa del escrito de inicio (2/15), de la apelación (fs.183/189) e inclusive de la lectura del planteo formulado para invitar al Tribunal del concurso nº 110 a excusarse con recusación interpuesta en subsidio que en copias obra a fs. 29/33, surge que, el argumento invocado por el recurrente concierne de modo estricto al procedimiento empleado para la designación del jurado, sin expresar de manera específica y circunstanciada el fundamento de la arbitrariedad que invoca con respecto a quienes efectivamente integran el Tribunal.

En consecuencia, por no haberse acreditado en autos la manifiesta arbitrariedad e ilegitimidad invocada por amparista, no pueden considerarse reunidos los extremos que justifican admitir la excepcional vía promovida con base en las disposiciones contenidas en el art.43 de la Constitución Nacional.

V.- Que, en otro orden de ideas, conviene añadir que surge de la compulsa de las actuaciones, así como de la página web de la Procuración General de la Nación que, el 25 de agosto de 2015 fue rendido el examen de oposición correspondiente al Concurso nº 110 y que el actor estuvo presente y participó de la prueba.

La situación expuesta implica que el concurso se encuentra en trámite, y se han cumplido etapas con la intervención del amparista y otros participantes que, puede lógicamente presumirse, tienen algún interés en que no se suspenda su sustanciación.

En tales condiciones, debe tenerse en cuenta que, tampoco podría dictarse válidamente un pronunciamiento como el que pretende el actor sin considerar la posible afectación de derechos de terceros contra-interesados que, en el estado actual de la causa, no han sido incorporados al proceso.

Por lo demás, la circunstancia destacada, es decir, el avance del concurso con la participación del actor, impide advertir también la urgencia y el perjuicio concreto sobre los derechos alegados que justificarían admitir la acción intentada.

VI.- Que, en este contexto, debe considerarse que la acción urgente y expedita del amparo no procede si no existe un daño que revista la gravedad requerida y que sólo resulte reparable por aquel remedio excepcional (confr. esta Sala, Expte. Nº 21.041/2012 «Moyano Nores, José Manuel /EN-AFIP s/Amparo ley 16.986», 20/12/2012; Sala IV «Pontoriero, Alejandro F. c/ E.N. M. Justicia s/ amparo» del 5/4/2011).

A lo que cabe añadir, que no resulta admisible la vía intentada cuando los perjuicios que pueden ocasionar su rechazo no son otra cosa que la situación común de toda persona que pe ticiona el reconocimiento judicial de sus derechos por los procedimientos ordinarios (Fallos 297:93), ni cuando existen otras vías judiciales más aptas (Fallos, 300:642; 307:562, entre otros) – confr.este Tribunal in re «Aquino Martínez, Celso Darío c/ DNM-DISP 87479/09 s/ amparo ley 16.986», Expte. Nº 22.755/2012, del 14 de agosto de 2012.

En ese orden de ideas, debe recordarse, que la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios instituidos para la solución de las controversias, ni para obviar los procedimientos administrativos o judiciales (Fallos 313:101; esta Sala: «Aquino Martínez, Celso Darío c/ DNM – DISP 87479/09 s/ amparo ley 16.986», ya citado; en igual sentido: doctrina de la Sala IV en el expte. Nº 24.463/10, «Brito, Constanza c/ BCRA – Comunicación «A» 5106 s/amparo ley 16.986″, 29/03/2011).

En consecuencia, siendo que no se encuentran configurados en autos los extremos legales que se exigen para la procedencia formal de la acción de amparo, relacionados con la condición de que los actos impugnados ostenten arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta, así como, por haberse omitido demostrar la situación de urgencia o de grave afectación de derechos y garantías constitucionales del actor que, como se ha dicho, participa del concurso nº 110, los agravios del recurrente carecen de idoneidad para prosperar.

VII.- Que, en definitiva, estimo que cabe confirmar el decisorio apelado, con costas en el orden causado (cfr. la pauta autorizada por el art. 68 del código de rito), atento a que el amparista pudo creerse con derecho a litigar como lo hizo.

ASÍ VOTO.-

MARÍA CLAUDIA CAPUTI

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