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Se mantiene vigente la resolución que ordenó la clausura de un desarmadero por carecer de habilitación.

0001494470Partes: Barco Juan Pedro c/ Municipalidad de Santa Fe -R.C.A.- (304/15) s/ medidas cautelares

Tribunal: Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Fe

Fecha: 14-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-98773-AR | MJJ98773 | MJJ98773

Rechazo del pedido cautelar de suspensión de la resolución municipal que dispuso la clausura por carecer el inmueble de habilitación para desarmadero de automóviles.

Sumario:

1.-Cabe rechazar el pedido cautelar de levantamiento de la medida de clausura dispuesta por resolución municipal, cuando -siempre en un examen liminar- el recurrente ni siquiera habría procedido a gestionar el permiso de habilitación que oportunamente se le requiriera, de conformidad a lo reglamentado en la ordenanza para la habilitación de negocios, no siendo óbice para ello la circunstancia que el actor contaría con una certificación de habilitación de negocio anterior, en tanto la misma se encontraría limitada a otro domicilio.

2.-La habilitación; clausura; derecho de defensa; aplicación de normas nacionales y provinciales vinculadas a la actividad (leyes 25.761 y 12.243 ); etc.-, giran en torno a la interpretación de hechos y normas, y a la valoración de elementos probatorios, cuyo análisis excede el limitado ámbito de discusión de esta instancia cautelar, restando contundencia al fumus boni iuris exigido en el caso ; siendo conocido, a la par, que las cuestiones en debate -precedentemente anunciadas- requieren de interpretaciones normativas y de valoraciones fácticas y jurídicas que por ser propias de la actividad de conocimiento de una sentencia conclusiva, exceden el limitado ámbito del debate cautelar, todo lo que conduce al rechazo de la pretensión de revocatoria de levantamiento de medida de clausura.

Fallo:

Santa Fe, 14 de abril de 2016.

VISTOS: Estos autos caratulados «BARCO, Juan Pedro contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE -R.C.A.- (304/15) sobre MEDIDA CAUTELAR» (Expte. C.C.A.1 n° 368, año 2015), venidos para resolver; y,

CONSIDERANDO:

I.1.a. El señor Juan Pedro Barco interpuso recurso contencioso administrativo contra la Municipalidad de Santa Fe tendente a obtener que se deje sin efecto la resolución 350, de fecha 5.8.2015, dictada por el Intendente municipal.

Relató que es titular de un establecimiento comercial dedicado al desarmado y comercialización de autopartes, ubicado en calle Aristóbulo del Valle n° 9501; que el 19.12.2008 obtuvo la habilitación municipal para la actividad de «desarmadero de vehículos – reciclamiento y venta de autopartes» (uso conforme n° 092240), mantenida hasta la fecha; que también consiguió el certificado de inscripción en el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (ley 25.671), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; que trabaja con varias compañías aseguradoras; y que otorga empleo a 8 trabajadores en relación de dependencia.

Señaló que el trabajo en conjunto con las compañías de seguro «implicó que por una cuestión física, las distintas unidades vehiculares siniestradas, sean depositadas en un espacio más amplio»; que se vio obligado a utilizar como depósito parte de un terreno de su propiedad (sito en calle Dr. Zavalla, km.9 V2), en el cual además habita junto a su familia; y que allí se realizan actividades vinculadas al ordenamiento de piezas.

Señaló que en el inmueble mencionado no se realiza ninguna actividad de comercialización de autopartes; que en tal lugar funciona un depósito de los automóviles de las compañías aseguradoras; que esos vehículos no son de su propiedad, sino «en gran parte de las mencionadas compañías de seguros»; que, en definitiva, la finalidad del depósito «es proceder al resguardo de los vehículos, hasta que se encuentren concluidos los trámites de baja de los mismos, ante los correspondientes Registros de la Propiedad Automotor»; que si el pedido de baja es rechazado, devuelve el automóvil a la empresa correspondiente; y que, caso contrario, una vez finalizado con éxito el trámite de baja, los vehículos pasan a ser de su propiedad.

Explicó que, atento a dichas circunstancias, el 11.2.2011 solicitó a la Administración municipal la inscripción como depósito del inmueble referido; y que no consiguió esa inscripción pese a las gestiones realizadas.

Expuso que el 17.12.2012, luego de una inspección de oficio, la Dirección de Control de Habilitaciones, le otorgó un plazo de 5 días para inscribir como «desarmadero de vehículos/reciclamiento y venta de vehículos» al inmueble en el cual funciona el mencionado depósito; que cuestionó en sede administrativa dicha decisión; y que mediante la resolución 177, del 22.4.2013, se decidió clausurar el local en cuestión.

Detalló el régimen jurídico que considera aplicable a su actividad (ley nacional 25.761, decreto reglamentario 744/04 y resolución 199/05 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa); mencionó que inscribió también su actividad en el ámbito provincial como «desarmadero» y «compraventa de repuestos usados», en el Registro Provincial de Desarmaderos de Automotores, Chatarrería y Comercios de Compraventa de Repuestos Usados; e invocó, asimismo, las ordenanzas 8813 y 11.499 de la Municipalidad de Santa Fe, y lasresoluciones 50/07 y 527/04 de la D.N.R.P.A.

Afirmó que cumplimentó con todos los requisitos exigidos en la normativa aplicable; y que realizó la correspondiente gestión para inscribir como depósito al local clausurado.

Sostuvo -con cita de jurisprudencia y doctrina- que en sanciones como la que se le impuso se deben respetar «los principios de legalidad, debido proceso, defensa en juicio, presunción de inocencia, razonabilidad, no aplicación de leyes análogas»; y que la clausura ordenada «es a todas luces improcedente por arbitraria y represiva», trayendo como consecuencia el incumplimiento contractual para con las compañías aseguradoras, la paralización de su actividad principal -la cual, dijo, constituye el único medio de subsistencia familiar-, y el «inminente despido» de los trabajadores a su cargo.

Expresó que la sanción «genera irrazonabilidad manifiesta, alejada de los principios básicos de la Constitución nacional», por cuanto se le impone un deber de imposible cumplimiento, sin oportunidad de defenderse; que se le exige una nueva inscripción en el registro correspondiente, «siendo que ya obtuvo ésta»; que en el inmueble en cuestión se desarrollan actividades conexas a la principal; que se genera «una paradoja de injusta y compleja interpretación»; y que la Administración municipal no ha hecho referencia a los descargos efectuados.

Solicitó también medida cautelar, razón por la cual se forma la presente incidencia.

b.En ese orden, pide que «se deje sin efecto la resolución n° 350 de fecha 5 de agosto de 2015 de la Municipalidad de Santa Fe».

Cita jurisprudencia; y asegura, en torno a la verosimilitud del derecho, que es «propietario de un desarmadero de automóviles inscripto tanto a nivel nacional como provincial, y habilitado municipalmente para su funcionamiento»; y que tal legítima actividad requiere como depósito al local sobre el que recayó la clausura.

Con relación al peligro en la demora, indica que con la sanción cuestionada se produce la paralización de una actividad comercial que involucra la subsistencia de un gran «número de personas»; y que se verifica un supuesto de perjuicio irreparable.

Ofrece contracautela; plantea la cuestión constitucional; y solicita -en suma- se haga lugar a la medida cautelar.

2. Corrida la pertinente vista, la Municipalidad de Santa Fe la contesta a fojas 59/65 vto.

Luego de reseñar el planteo del actor, de referir en general -con cita de doctrina y jurisprudencia- a los requisitos exigidos para el despacho de una medida cautelar, y de describir los antecedentes del caso, argumenta en torno a la legitimidad del acto impugnado.

En ese orden, asevera que «se ha constatado de manera fehaciente que el señor Barco carecía de habilitación para funcionar y que, habiéndoselo intimado a cumplimentar la inscripción conforme disposiciones de la ordenanza n° 7845 (hoy n° 12.056) mediante cédula n° 1700/12 (fojas 19), omitió regularizar su situación dentro del plazo otorgado (5 días), labrándose el acta de infracción n° 000902789/13»; y que en virtud de tales incumplimientos, por resolución 177/13 la Dirección de Control decidió clausurar el local en cuestión, conforme el artículo 30, inciso c), de la ordenanza referida.

Entiende que la sanción resultó fundada en los hechos constatados y en el derecho aplicable; que el recurrente «nada aporta» en orden a acreditar la pertinente habilitación para realizar su actividad en el local clausurado; que el trámite iniciado para inscribir al inmueble como depósitofue archivado; y que mediante tal pedido el actor reconoció «que el mismo hasta el presente no se halla inscripto».

Realiza una nueva cita de jurisprudencia; y rechaza que exista en el caso peligro en la demora o perjuicio irreparable, señalando que el recurrente «de manera muy genérica alega la responsabilidad de la Municipalidad de Santa Fe respecto de la subsistencia de un gran número de personas, conforme sus dichos, que aparentemente dependerían de la actividad en el local clausurado».

Observa que el actor soslaya el hecho de que «el responsable de tomar empleados para un local que no cuenta con habilitación resulta una infracción sobre su persona»; y que la Administración municipal no debe responder «por los compromisos asumidos por el recurrente con las compañías de seguro ni cualquier otro que hubiere tenido en vistas el predio que hoy se encuentra clausurado».

Introduce la cuestión constitucional; y pide -en síntesis- se rechace la medida cautelar, con costas.

II. Surge de autos que la pretensión cautelar se dirige a que «se deje sin efecto la resolución 350/15», por la cual se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el actor, ratificando, en definitiva, la clausura dispuesta por resolución n° 2/13 de la Dirección de Control Municipal (fs.30/36).

Se adelanta que la medida cautelar no puede prosperar.

Los términos de la medida cautelar pretendida no son suficientes para encuadrar el supuesto en el artículo 14 de la ley 11.330.

En efecto, el recurrente funda la petición en la dogmática invocación de que la medida de clausura efectivizada resulta improcedente «por arbitraria y represiva», y con la sola mención del perjuicio que su ejecución le ocasionaría.

En este sentido, esta Cámara ha señalado que siendo que en el régimen de la ley 11.330 el recurso debe fundarse en un vicio de ilegitimidad (artículo 4), la cuestión vinculada a la verosimilitud del derecho constituye un presupuesto básico para la procedencia de las cautelares en general y, en particular, de las articuladas contra actos administrativos que, como tales, se presumen legítimos, por ende, de cuya valoración no puede el recurrente prescindir («Fiasconaro», A. T. 1, pág. 394; «Ercole», A. T. 7, pág. 434; «Miño», A. y S. T. 7, pág. 488; «Trotvil», A. y S. T. 13, pág. 53; «Ghisolfi», A. y S. T. 22, pág. 63; «Torrielli», A. y S. T. 22, pág. 153).

Tampoco lo son las razones invocadas por el actor en sustento de su pretensión substancial.

En efecto, tal como se desprende de los antecedentes de la causa, en el domicilio del recurrente, sito en calle Dr. Zavalla km. 9 V2 de la ciudad de Santa Fe, se habría detectado el funcionamiento de una actividad comercial en el rubro «desarmadero de vehículos, reciclamiento y venta de vehículos», que no habría contado con la inscripción y habilitación pertinente; que así se le habría requerido otorgándosele un plazo de cinco días hábiles; que el titular de la actividad no habría cumplido con los trámites de habilitación, lo que dio lugar al dictado de la resolución n° 177/13 de la Directora de Control Municipal, disponiendo la clausura del local en cuestión (fs.19/35 vto., expediente n° DE-0448-00940539-0).

Además, tampoco podría el Tribunal acceder al levantamiento de la clausura del comercio dispuesta por la resolución impugnada, cuando -siempre en un examen liminar- el recurrente ni siquiera habría procedido a gestionar el permiso de habilitación que oportunamente se le requiriera, de conformidad a lo reglamentado en la ordenanza n° 7845 para la «habilitación de negocios».

Tampoco sería obice para ello la circunstancia que el actor contaría con una certificación de habilitación de negocio anterior, en tanto la misma se encontraría limitada a otro domicilio, sito en avenida Aristóbulo del Valle 9501 (f. 26).

Es más, según consta, se encontraría pendiente de «regularización» el plano del inmueble de calle Dr. Zavalla km. 9 V2, cuestión que, en principio, requeriría de una resolución específica por parte de la Administración, previa a la habilitación (expediente n° DE-0505-00748285-4).

En estas condiciones, el Tribunal debería pronunciarse acerca de cuestiones para lo cual no sólo que no ha sido llamado, sino que dicho cometido el ordenamiento jurídico lo ha reservado a la autoridad administrativa municipal (ley 2756).

Tampoco pasa inadvertido que se trata, pues, del ejercicio del poder de policía municipal en materia de seguridad, lo que -obviamente- exige una especial estrictez a la hora de analizar pedidos como el de autos, habiéndose incluso considerado que «no son admisibles las medidas cautelares de no innovar respecto de actos que suponen el ejercicio del poder de policía» (Fallos 307:1994); principio este que también aparece en cierto modo plasmado en el artículo 17 de la ley 2756 (Orgánica de Municipalidades), el cual, si bien no puede entenderse que cancele de plano el ejercicio de jurisdicción cautelar por el Tribunal, claramente robustece la ejecutoriedad propia de los actos que, como el impugnado, comportan el ejercicio de dicho poder de policía («Energy», A. y S. T. 12, pág. 209; «Trotvil», A. y S. T. 13, pág. 53;

«Dere», A. y S.T. 24, pág. 278).

Por lo demás, las cuestiones debatidas -entre otras: habilitación; clausura; derecho de defensa; aplicación de normas nacionales y provinciales vinculadas a la actividad (leyes 25.761 y 12.243); etc.-, giran en torno a la interpretación de hechos y normas, y a la valoración de elementos probatorios, cuyo análisis excede el limitado ámbito de discusión de esta instancia cautelar, restando contundencia al fumus boni iuris exigido en el caso ; siendo conocido, a la par, que las cuestiones en debate -precedentemente anunciadas- requieren de interpretaciones normativas y de valoraciones fácticas y jurídicas que por ser propias de la actividad de conocimiento de una sentencia conclusiva, exceden el limitado ámbito del debate cautelar («Pérez», A. T. 1, pág. 210; «Uleriche», A. T. 5, pág. 350; «Iturraspe», A. T. 7, pág. 350; «Oomes», A. y S. T. 3, pág. 69; «Vidal», A. y S. 15, pág. 304; entre muchos otros).

En orden al periculum in mora, no se constatan cumplidos los recaudos que acrediten los perjuicios que la situación impugnada pueda ocasionar, ni tampoco que a su turno los mismos sean de reparación difícil o imposible.

Corresponde, pues, rechazar con costas el pedido, lo que, desde luego, no implica pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso («Risueño», A. T. 1, pág. 170; «Pérez», A. T. 1, pág. 210; «Correo Argentino», A. T. 2, pág. 482; «Veniselo», A. T. 3, pág. 197; etc.), ni particularmente respecto de la competencia del Tribunal para conocer y decidir respecto de la pretensión substancial -artículo 99, ley 10.160- (C.S.J.P.: «Federación de Básquetbol», A. y S. T. 138, pág. 33; «Cooperativa de Vivienda», A. y S. T.146, pág. 278; «Litoral Gas S.A.», A. y S. T. 160, págs. 93 y 97; etc.; de esta Cámara: «Llambi», A. T. 6, pág. 73; «Galeota», A. T. 6, pág. 78; «Refahe», A. T. 7, pág. 97; «Abasto», A. T. 1, pág. 139; «Iturraspe», citado; «Giangreco», A. y S. T. 3, pág. 74; «Dere», citado; etc.).

Por ello, la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 1 -integrada- RESUELVE: No hacer lugar a la medida cautelar solicitada, con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo. PALACIOS. LISA. DELLAMONICA (Art. 26, ley 10.160). Di Mari (Sec)

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