Por no tener las instalaciones en las condiciones reglamentarias, EDENOR debe responder por el fallecimiento de un menor.

Torre energíaPartes: Q. V. N. s/ EDESUR S.A. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: E

Fecha: 6-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-99209-AR | MJJ99209 | MJJ99209

La prestataria del servicio de energía eléctrica responde por el fallecimiento de un menor en el patio de su casa, ya que no cumplió con su obligación de tener las instalaciones en las condiciones reglamentarias de seguridad antes de proceder a la conexión del fluido a la vivienda. Cuadro de rubros indemnizatorios.
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Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto condenó a la empresa prestataria del servicio de luz a resarcir a los accionantes por los daños derivados del fallecimiento por electrocución de su hijo menor en el jardín de su casa, toda vez que quedó debidamente acreditada la conexión causal jurídicamente relevante entre el hecho originador y el daño sufrido.

2.-Ha quedado debidamente probado a través de la pericia técnica (que demuestra que no se cumplió con las normas de seguridad para la conexión eléctrica del resto de la vivienda) que la única responsable del accidente es la demandada, quien no cumplió con su obligación de tener las instalaciones en las condiciones reglamentarias de seguridad que le marcan las normas específicas antes de proceder a la conexión del fluido a la vivienda.

3.-La responsabilidad de la prestataria del servicio eléctrico (propietaria del fluido) no sólo deriva de su eventual carácter de dueña de las instalaciones, sino también de la obligación de su supervisión que resulta inherente a su actividad, lo cual le exige ejercer una razonable y concienzuda vigilancia de las condiciones en que el servicio se proporciona para evitar consecuencias dañosas a terceros.

4.-No procede la atribución de la culpa in vigilando alegada por la demandada respecto de la madre del menor, a quien se le imputó un proceder negligente o peligroso al jugar pasando una pelota por sobre los cables eléctricos, toda vez que según el criterio del experto el accidente no hubiera acaecido de contarse con el interruptor diferencial de que adolecía el tablero principal que debió haber sido colocado por la empresa prestataria porque estaba obligada a ello por las normas reglamentarias vigentes a la época en que se instaló dicho tablero.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los seis días del mes de abril de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala «E», para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: «Q. V. N. S/ EDESUR S.A. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS», respecto de la sentencia corriente a fs. 373, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores CALATAYUD. RACIMO.

DUPUIS.

El Señor Juez de Cámara Doctor CALATAYUD dijo:

1.- A raíz de la muerte por electrocución de su hijo A. G. C. acaecida el 4-3-2010 en el jardín de su casa, la actora -V. N. Q. – entabló demanda contra la Empresa Distribuidora y Comercializadora Sur S.A. (EDESUR) tendiente a obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de ese deceso. En la sentencia de fs. 373/86, el señor juez de la causa hizo lugar a la pretensión y condenó a la referida empresa a abonarle las siguientes sumas: $ 450.000 en concepto de indemnización por fallecimiento y $ 150.000 por daño psicológico y daño moral, importes que devengarían intereses desde la fecha del hecho dañoso y hasta la del efectivo pago a la tasa activa prevista en el plenario dictado por esta Cámara en los autos «Samudio de Martínez Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios» y las costas del juicio.

Contra dicha decisión se alzan ambas partes. Mientras la actora se agravia por considerar que no debió fijarse una única suma para resarcir el daño psicológico y el moral y reclama que se establezcan por separado y en forma independiente (ver fs.396/97), su contraria lo hace por la responsabilidad que se le ha endilgado, se la atribuye a la madre del menor y, en subsidio, pide se contemple la posibilidad de una concurrencia de culpas. Además, se queja por considerar elevados los montos indemnizatorios y, por último, por la tasa de interés, la que deberá calcularse según la tasa pasiva promedio empleada por el Banco Nación conforme la doctrina establecida por nuestro más Alto Tribunal en autos «YPF c/ Pcia. de Corrientes» (L.L. 1992-B, 216) (ver fs.400/10).

Por una lógica razón metodológica, comenzaré por el análisis de las críticas formuladas a la cuestión de fondo, para luego -y en su caso- examinar las restantes cuestiones planteadas al tribunal.

2.- Asegura la quejosa que no resulta responsable de las instalaciones que se encuentran dentro de la propiedad del usuario, siendo deber de éstos mantener en perfectas condiciones el tendido eléctrico, toda vez que el Reglamento de Suministro la responsabiliza por el estado de las instalaciones hasta las terminales de entrada del tablero ubicado en la parte posterior del tablero. Sin embargo, de la pericia llevada a cabo por el ingeniero M. Á. F., designado de oficio por el juzgado, claramente surgen dos condiciones que resultan obligatorias para la prestataria antes de habilitar el servicio y que no estaban presentes en el caso de autos. Me refiero a un dispositivo de protección a contactos humanos accidentales: el interruptor diferencial (ver fs. 172, pregunta 4; fs. 173, pregunta 6 y fs. 174, pregunta 14). Además, informa el experto que en el tablero principal no existe un interruptor diferencial que pueda impedir situaciones como la vivida, y no se encuentra conectado el medidor a una jabalina de puesta a tierra como tampoco se conecta desde ella la instalación eléctrica de la casa, «esto último es una condición esencial de las instalaciones eléctricas domiciliarias», puesto que los tomas que se hubiesen instalado deberían estar conectados a tierra (ver fs. 175, pregunta 10 y fs.176, pregunta ii).

Menciona el profesional los defectos de que adolece el tablero principal y asegura que al momento de la conexión del medidor no se cumplió con las normas de seguridad para la conexión eléctrica del resto de la vivienda, «ya que no se verificó la ausencia del interruptor diferencial, ni se instaló jabalina de puesta a tierra, además se permitió conectar la vivienda sin conexión a tierra desde la jabalina» (ver fs. 178, pregunta iv), siendo que la AEA establece como medida de seguridad contra contactos eléctricos directos e indirectos que el usuario debe contar con una protección diferencial y conexión de puesta a tierra de seguridad (fs. 178, pregunta v).

Todas estas consideraciones fueron ratificadas por el ingeniero F. al responder a fs. 280/92 las explicaciones requeridas por las partes a fs. 211 y 232/34, por lo que, no existiendo otros elementos objetivos de similar o mayor valor probatorio, deberán ser aceptadas por el juzgador (arts. 386 y 477 del Código Procesal, ver Palacio, Derecho Procesal Civil, t. IV pág. 720).

En tales condiciones, es evidente que ha quedado debidamente probado en autos a través de la pericia técnica que la única responsable del lamentable accidente ocurrido es la demandada, quien no cumplió con su obligación de tener las instalaciones antes de proceder a la conexión del fluido a la vivienda en las condiciones reglamentarias de seguridad que le marcan las normas específicas. Por lo demás, esta Sala ha sostenido que, más allá de la discrepancia existente acerca de la propiedad o cuidado y mantenimiento del cableado, la responsabilidad de la prestataria del servicio eléctrico -propietaria del fluido- no sólo deriva de su eventual carácter de dueña de las instalaciones, sino también de la obligación de su supervisión que resulta inherente a su actividad, lo cual le exige ejercer una razonable y concienzuda vigilancia de las condiciones en que el servicio se proporciona para evitar consecuencias dañosas a terceros (ver voto del Dr. Dupuis, en J.A.2005-I, 195 y cita que contiene del fallo de la CNCiv. Sala J, causa 122.558 del 31-8-98). Es que, es responsabilidad de la empresa proveedora el mantenimiento, cuidado y vigilancia de las instalaciones eléctricas comprensivas de los postes, cables y medidores de luz (ver CNFed.Civ. y Com. Sala I, in re: «Rojas Carlos René y otro c/ Edenor S.A.» , del 20-5-03).

Por consiguiente y si bien es cierto que conforme principio reconocido, a los fines de la atribución de responsabilidad -sea ésta contractual o extracontractual-, es menester que exista conexión causal jurídicamente relevante entre el hecho que la origina y el daño sufrido por quien pretende su indemnización (conf. Llambías, Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, t. III pág. 713 n° 2284; Borda, Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, 8a. ed., t. II pág. 205 n° 1313; Orgaz, El daño resarcible [Actos ilícitos], 3a. ed., pág. 34 y ss.; Alterini, Curso de Obligaciones, vol. 1 pág. 173 n° 371; Mayo en Belluscio, Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, t. 2 pág. 617 n° 12; Cazeaux y Trigo Represas, Derecho de las obligaciones, 2a. ed., t. 4 pág. 383 y ss.; Bustamante Alsina, Teoría general de la responsabilidad civil, págs. 86 y 217 y ss.), en tanto la carga de la prueba de la necesaria relación de causalidad entre el hecho y el daño se encuentra -en principio- en cabeza de la víctima, demostración que si no se concreta conduce inexorablemente al rechazo de la acción (conf. Busso, Código Civil Anotado, t. III pág. 408 nº 35; Llambías, op. y loc. cits., pág. 716 n° 2286; Cifuentes en Belluscio, op. cit., t. 4 pág. 53 nº 5 y doctrina y jurisprudencia citados en pág. 54 nota 29), lo concreto en el caso de autos es que Q.logró acreditar fehacientemente -como surge de las pruebas examinadas- tales circunstancias.

Y, por el contrario, no existe elemento objetivo alguno que autorice a atribuir -ni siquiera parcialmente- a la culpa in vigilando que alega la demandada respecto de la madre del menor, a quien se le imputa un proceder negligente o peligroso al jugar pasando una pelota por sobre los cables eléctricos, toda vez que según el criterio del experto -reitero- el accidente no hubiera acaecido de contarse con el interruptor diferencial de que adolecía el tablero principal que debió haber sido colocado por la empresa prestataria porque estaba obligada a ello por las normas reglamentarias vigentes a la época en que se instaló dicho tablero.

3.- Esta Sala considera que el daño psíquico debe ser diferenciado del daño moral puesto que, como ha señalado reiteradamente, constituyen dos partidas que merecen ser, según las circunstancias, indemnizadas por separado, dado que el último sucede prevalecientemente en la esfera del sentimiento, en tanto que el primero afecta preponderantemente la del razonamiento, y además mientras el moral no requiere prueba acerca de su existencia y extensión, el otro exige demostración de ambos aspectos (conf. Cifuentes, El daño psíquico y el daño moral – Algunas reflexiones sobre sus diferencias, en J.A. 2006-II, 1089; Cipriano, El daño psíquico [Sus diferencias con el daño moral], en L.L. 1990-D, 678). Es por ello que se ha aceptado mayoritariamente la indemnización de las secuelas psíquicas que pueden derivarse de un hecho con independencia de que se conceda también una reparación en concepto de daño moral (conf. mis votos en causas nº 69.658 del 2-10-90, 81.134 del 24-12-90 y 174.074 del 8-8-95, con cita de Zavala de González, Daños a las personas – Integridad sicofísica, t. 2a pág.195 nº 57 y jurisprudencia allí mencionada).

De todas maneras, el hecho de que se hayan considerado conjuntamente en la sentencia se trata, en definitiva, de una cuestión metodológica que no merece reproche alguno, siempre y cuando -claro esté- que ambos perjuicios estén debidamente resarcidos (argumento fallos de esta Sala en mis votos en causas 243.399 del 2-9-99 y 273.320 del 30-9-99). No obstante y para dar una plena satisfacción a la demandante en su queja, procederé a valorarlos en forma independiente.

Ello establecido, según lo concluido por el perito psicólogo D. R., después de haber e ntrevistado a la actora y habiéndola sometido a diversos test, resulta que a raíz del hecho traumático sufrido ésta ha padecido un importante deterioro de las funciones cognitivas (atención, concentración, memoria) que repercutió en su vida laboral, provocándole desorientación temporal y espacial, sin poder lograr haber regresado al domicilio en el que vivía con su hijo fallecido y su otro vástago. En múltiples ocasiones se refiere a A. como si estuviera con vida, como si negara la realidad y, si bien no tenía una vida social muy activa, el deceso le ha agravado este aspecto de su personalidad. Concluye que según el baremo del Dr. Castex, presenta un duelo patológico severo, sin ideas de autoeliminación, lo que permite calcular su discapacidad entre un 25% a un 50%, aconsejando un tratamiento de un año de duración y una frecuencia de una sesión semanal, a un costo aproximado a los $ 180 cada sesión (ver fs.299/305), dictamen que -como bien señaló el magistrado- no mereció observación alguna de las partes y que, por tanto, debe ser aceptado.

Sabido es que para fijar el quántum indemnizatorio de la incapacidad sobreviniente -que abarca también el aspecto psíquico- debe valorarse la naturaleza de las lesiones sufridas, así como también la edad del damnificado, cómo habrán aquéllas de influir negativamente en sus posibilidades de vida futura e, igualmente, la específica disminución de sus aptitudes laborales, dado que la incapacidad sobreviniente comprende no solamente la minusvalía de la capacidad laborativa del individuo propiamente dicha, sino también todo menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrollaba con la debida amplitud y libertad (conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, op. cit., t. 5 pág. 219 nº 13 y pág. 220 y citas de la nota 87; Llambías, op. cit., t. IV-A pág. 120; CNCiv. Sala «F» en E.D. 102-330; íd., en E.D. 105-452; esta Sala, causas 119.627 del 4-12-92 y 127.457 del 19-4-93, entre muchas otras).

Así las cosas, habida cuenta la entidad de la afección psíquica y sus secuelas, edad de la demandante a la época del evento dañoso (55 años), su estado civil (divorciada), su actividad laboral (vendedora callejera de productos de panificación por ella elaborados) y demás condiciones socio-económicas que resultan del beneficio de litigar sin gastos, considero prudente propiciar se fije esta partida en la suma actual de $ 74.000, importe en el que se encuentra incluido el tratamiento psicoterapéutico aconsejado.

En lo que atañe al daño moral, esta Sala entiende por tal cualquier lesión a los sentimientos o afecciones legítimas de una persona, o cuando se le ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos o, en fin, cuando de una manera u otra se han perturbado la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado (conf. CNCiv. Sala «D» en E.D. 61-779; íd., en E.D.69-377; Sala «F» en E.D. 42-311; íd., en E.D. 53-350; Sala «G» en E.D. 100-300; esta Sala, causas 502 del 26-12-83 y 66.984 del 30-5-90).

En tanto que, para fijar su cuantía, reiteradamente ha decidido que deben ponderarse diversos factores, entre los que merecen ser citados, a modo de ejemplo, la gravedad de la culpa del autor del hecho, la existencia y cuantía de los perjuicios materiales, las condiciones personales de aquél y las de la víctima, etc., factores todos que quedan librados al prudente arbitrio judicial (conf. CNCiv. Sala «B» en E.D. 57- 455; Sala «D» en E.D. 43-740; esta Sala, causas 19.073 del 13-3-86 y 124.140 del 16- 11-94).

A la luz de estos principios, habida cuenta que difícilmente pueda concebirse un dolor espiritual tan intenso como la pérdida de un hijo a temprana edad y en circunstancias tan dramáticas como las que llevaron a la muerte a A. G., condiciones personales de su madre que ya he destacado y demás antecedentes del caso, considero equitativo proponer se fije esta partida en la suma de $ 100.000 a valores de la fecha de este pronunciamiento.

4.- Se queja la demandada por considerar elevado el monto concedido a su madre por el fallecimiento del menor A. G. C. Sabido es que el deceso de un hijo representa un daño indemnizable, pues él aparece como una probabilidad cierta de ayuda futura, sea económica, sea de apoyo y colaboración (conf. Zavala de González, Daños a las personas – Pérdida de la vida humana, t. 2 b págs. 249 y ss., nos.52 a 54; CNCiv. esta Sala, mi voto en J.A.1995-II, 481).

Entre los elementos que deben ser meritados a los fines de la valuación de la referida chance, pueden mencionarse, a modo de ejemplo, la situación económica de los padres, la edad del hijo malogrado, sus condiciones personales, la existencia de otros vástagos, elementos todos que quedan librados al prudente arbitrio judicial (conf. Zavala de González, op. y loc. cits., págs. 271 y ss., nos. 57 y 58; CNCiv. esta Sala, mi voto citado precedentemente en J.A. 1995-II, 481).

En la especie, la actora cuenta -como señalara anteriormente- con una deficitaria situación económica a estar a las constancias del incidente sobre beneficio de litigar sin gastos; el menor contaba con 14 años de edad al momento del deceso; se encontraba cursando estudios en la E.E.S.T., n° 4 «General Enrique Mosconi» de la localidad de Quilmes, Pcia. de Buenos Aires (ver informe de fs. 127); que existen otros hijos de la reclamante (dos mayores y uno menor que el occiso) que seguramente en caso de necesidad le prestarán asistencia moral y económica, la suma reconocida por este concepto a valores actuales de este acuerdo de ninguna manera me parece elevada, sino por el contrario, justa y adecuada a las circunstancias que he puntualizado.

5.- Resta examinar lo atinente a la tasa de interés que, según recordara, la quejosa requiere se la fije en la «pasiva promedio para uso judicial del Banco Nación de la República Argentina, conforme la mejor doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia», con cita del precedente de ese tribunal en autos YPF c/ Provincia de Corrientes y otro». Seguramente el apelante ha incurrido en un error de concepto toda vez que el fallo en cuestión establece como tasa moratoria la pasiva promedio mencionada en el art. 10 del decreto 941/91, que no es otra que la pasiva promedio que este decreto obligó a publicar mensualmente al Banco Central de la República Argentina y no al Banco de la Banco de la Nación Argentina (ver L.L.1992-B, 222, considerando 31).

Ello aclarado, si bien con fecha 20 de abril de 2009 el Tribunal en pleno dejó sin efecto la doctrina fijada en los fallos «Vázquez Claudia Angélica c/ Bilbao Walter y otros s/ daños y perjuicios» del 2-8-93 y «Alaniz Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 S.A.C.I. interno 200 s/ daños y perjuicios» del 23-3-04 -que ratificó el anterior-, estableciendo como doctrina legal obligatoria la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, la que debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido (ver autos «Samudio de Martínez Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios» ), lo cierto es que la Sala ha interpretado dicha doctrina de manera diferente a la que propicia el quejoso.

En efecto, sobre el punto ha considerado que aceptar que la tasa activa mencionada se devengue desde el momento mismo de producido el evento dañoso y hasta el del efectivo pago, arrojaría un resultado objetivamente injusto y representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido en favor del acreedor y en detrimento del deudor que la Justicia no puede convalidar. Es que, sin lugar a dudas, se estaría computando dos veces la misma cosa:la desvalorización monetaria operada entre el hecho y la sentencia, dado que en esta se contemplaron valores a la época de su dictado; en tanto la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación de la moneda (ver fallos de esta Sala -aunque referidos a la tasa pasiva promedio- en causas 146.971 del 16-6-94, 144.844 del 27-6-94 y 148.184 del 2-8-94, 463.934 del 1-11-06 y 492.251 del 19-11-07, entre muchas otras; Borda, Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, 8a. ed., t. I pág. 338 n° 493; Casiello, Los intereses y la deuda de valor [Doctrinas encontradas y una saludable evolución de la jurisprudencia], en L.L. 151-864, en especial, pág. 873 cap. V; Durañona y Vedia y Quintana Terán, La depreciación de la moneda y los intereses, en J.A. 1970-7-332, en especial, cap. V; Vázquez Ferreyra, La tasa aplicable en los juicios de responsabilidad civil, en L.L. del 10-6-09, pág. 7; ver mis votos en causas 527.451 del 12-5-09 y 615.823 del 14-8-13, entre muchos otros).

No obstante que este Tribunal ha aceptado para los casos como el presente que se trata de valores actuales una tasa «pura» del 6% anual desde la fecha del suceso dañoso y hasta la del pronunciamiento que ha establecido los importes indemnizatorios, como en la especie la única apelante requiere se fije la pasiva promedio antes mencionada, así deberá disponérselo dado el alcance del recurso, incluso para el período posterior al 1/8/15 y hasta la de este decisorio, dado que en éste se calcularon los montos de los rubros reclamados (ver mi voto en expediente n° 85.237-11 del 7-9-15).

6.- En definitiva, voto para que se modifique la sentencia de fs.373/86, fijándose en $ 74.000 y en $ 100.000, las partidas por daño psíquico y daño moral, respectivamente, como así también en materia de intereses en la forma propuesta en el considerando anterior, confirmándosela en lo demás que decide y fue materia de agravio expreso. Las costas de alzada, deberán imponerse a la demandada vencida (art. 68 del Código Procesal).

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Racimo y Dupuis por análogas razones a las expuestas por el Dr. Calatayud, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto.

JUAN CARLOS G. DUPUIS.

FERNANDO M. RACIMO.

MARIO P. CALATAYUD.

Este Acuerdo obra en las páginas Nº 92 a Nº 96 del Libro de Acuerdos de la Sala «E» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, 6 de abril seis de 2016.-

Y VISTOS:

En atención a lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se modifica la sentencia de fs. 373/86, fijándose las partidas en concepto de daño psíquico y daño moral en las sumas de SETENTA Y CUATRO MIL PESOS (son $ 74.000.-) y en CIEN MIL PESOS (son $ 100.000.-), respectivamente, como así también en lo que atañe a la tasa de interés a devengarse entre la fecha del evento dañoso y la de este pronunciamiento que será la pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, confirmándosela en lo demás que decide y fue materia de agravio expreso. Costas de alzada a la demandada vencida, difiriéndose la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para cuando obre en autos liquidación definitiva aprobada. Not. y dev.-

MARIO PEDRO CALATAYUD, JUEZ DE CAMARA

JUAN CARLOS GUILLERMO DUPUIS, JUEZ DE CAMARA

FERNANDO MARTIN RACIMO, JUEZ DE CAMARA

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