Cesantía del actor al haberse comprobado diversas irregularidades en el manejo de fondos en el área en el que aquél se desempeñaba.

comercialPartes: Puppo Juan Ricardo c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso contencioso administrativo

Tribunal: Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Fe

Fecha: 11-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-98706-AR | MJJ98706 | MJJ98706

Cesantía del actor al haberse comprobado diversas irregularidades en el manejo de fondos en el área en el que aquél se desempeñaba.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el decreto que dispuso la cesantía del actor, pues la mera negación de la existencia de las faltas o de su autoría resulta manifiestamente insuficiente para alterar las conclusiones a las que arribó la Administración provincial en el procedimiento sumarial, ya que de otro modo se soslayarían las profusas pruebas que se encuentran en distintos expedientes tramitados en sede administrativa, que dan cuenta de la comisión de diversas irregularidades en el manejo de fondos de la Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadísticas, y de la participación en ellas del actor.

2.-Debe rechazarse lo afirmado por el recurrente respecto de que no pudo conocer la imputación en el trámite sumarial, ya que en oportunidad de comparecer en dichas actuaciones, al agente se le hizo saber cuáles eran las irregularidades investigadas y qué derechos titularizaba, resultando innecesario que en las posteriores etapas se informe nuevamente el alcance de la imputación, por no encontrarse así exigido en las pertinentes disposiciones de la Ley 8525.

3.-El actor ha tenido en las actuaciones administrativas una razonable posibilidad de defensa , pues se le corrieron en su oportunidad dos vistas para cumplimentar con las exigencias previstas en los arts. 69 y 71 de la Ley 8525, y el recurrente no desplegó actividad alguna luego de anoticiado de la vista, ni siquiera los actos más elementales que hacen al derecho de defensa.

4.-No puede acogerse el agravio del actor referido a que no se pudo imponer de las supuestas pruebas que el Instructor Sumariante considera contundentes , ya que no consta que el recurrente haya peticionado la vista del expediente o el acceso a cualquier otra información respecto de la prueba, ni -menos aún- que la Administración provincial haya negado tal posibilidad al agente.

Fallo:

En la ciudad de Santa Fe, a los 11 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, se reunió la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 1, integrada al efecto por los doctores Alfredo Gabriel Palacios y Aidilio Fabiano, con la presidencia del titular doctor Federico José Lisa, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “PUPPO, Juan Ricardo contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” (Expte. C.C.A.1 n° 6, año 2006). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores Lisa, Palacios y Fabiano.

A la primera cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Lisa dijo:

I.1. El señor Juan Ricardo Puppo promueve recurso contencioso administrativo contra la Provincia de Santa Fe tendente a obtener la anulación del decreto 1605, de fecha 12.7.2002, por el cual se dispuso su cesantía; y que, en consecuencia, se lo reincorpore al cargo en el que se desempeñaba, se le abonen los salarios caídos desde la fecha de la sanción expulsiva y hasta su efectivo reintegro, con más intereses, y se le indemnice el daño moral sufrido.

Relata que se desempeñaba como Secretario Administrativo y Habilitado, en el ámbito de la Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadística, “donde siempre tuvo una actuación correcta”.

Argumenta que “sorpresivamente se encuentra que como consecuencia de un sumario administrativo iniciado por causas a las que es totalmente ajeno, se dispone su cesantía del cargo que ocupaba, por supuesta violación a los incisos a), b) y e) del artículo 13 de la ley 8525 y, sin que exista un solo elemento en todas las actuaciones que haga presumir siquiera tal existencia de tal situación”.

Considera que la sanción impuesta deriva “de un sumario administrativo plagado de errores, que lotornan ilegítimo y absolutamente nulo”; y que se vulneró su derecho de defensa por cuanto no se le permitió “imponerse de las actuaciones, ni se corrieron las vistas dispuestas en los artículos 69 y 71 de la ley 8525”.

Precisa que “si bien se dispuso correr la vista del artículo 69 y se notificó a fojas 216, no se dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 30 y 32 del Reglamento de Actuaciones Administrativas establecido

por decreto 10.204″.

Puntualiza que al correrse la vista no se le entregó copia de ninguna actuación, y tampoco fue derivado el expediente a la Mesa de Entradas para su consulta.

Añade que “igual situación, se repite al correrse el traslado del art. 71, a fojas 248/249, sin que se acompañe copia conforme corresponde en las vistas o se deje el expediente a disposición en Mesa de Entradas”.

Expone que tampoco “se pudo imponer de las supuestas pruebas que el Instructor Sumariante considera contundentes [las cuales] son sólo aparentes y, además, no le son imputables en manera alguna”.

Por otra parte, asegura que, teniendo en cuenta el cargo cuyas funciones ejercía, “se le endilgaron tareas que corresponden a otra dirección, y de mayor envergadura, extendiendo su labor fuera del horario establecido, sin ningún suplemento adicional y conforme a las instrucciones que se le impartían por parte de las respectivas Direcciones Generales de Estadísticas y Planificación, sin que jamás se le llamara la atención al respecto”.

Sostiene que en los considerados del decreto impugnado no se advierten referencias a una conducta suya que pueda configurarse como violatoria de lo establecido en el artículo 13, inciso b), de la ley 8525; que nunca recibió dádivas en cumplimiento de sus funciones, lo cual -asevera- tampoco se menciona en el acto cuestionado; y que los actos que se le imputan fueron cometidos no por él sino por personal superior, “y en realidad constituyen delitos, por lo que sólo en caso de existir condena podría aplicarse sanción administrativa alguna”.

Dice que la cesantíasólo hubiese sido procedente en caso de condena judicial, aplicándose en tal caso lo dispuesto en el artículo 53, inciso i), de la citada ley; y que “para salvaguardar a los verdaderos responsables de los hechos investigados, se ha omitido realizar la correspondiente denuncia ante los Tribunales competentes, siendo remitidas copia[s] de las actuaciones al agente fiscal de turno 4 años después (27 de mayo de 2002)”.

Concluye que basta con “hojear su legajo personal para darse cuenta de la falsedad de las imputaciones realizadas”.

Pide -en suma- se haga lugar a la demanda, con costas.

2. Declarada la admisibilidad del recurso interpuesto -excepto con relación a la indemnización por daño moral (fs. 30/31 vto.)-, comparece la Provincia de Santa Fe (f. 49/vto.) y contesta la demanda (fs. 59/65).

Luego de formular una detallada negativa y de reseñar la pretensión del actor y los antecedentes del sub lite, rechaza que la sanción impuesta al agente presente algún vicio en sus elementos esenciales, pues se trata de un “acto conclusivo de un procedimiento -sumario administrativo- ordenado por autoridad competente [. ] tendiente a deslindar responsabilidades administrativas que pudieren corresponder, por los hechos referidos en las investigaciones administrativas y de auditoría técnico operativas y evaluaciones en las rendiciones de gastos no presupuestarios, cuya realización fuera ordenada a la Dirección General de Auditoría Interna y a la Gerencia de Asuntos Jurídicos”.

Aclara que a la tramitación del sumario administrativo no le es aplicable el decreto-acuerdo 10.204/58 sino el Código Procesal Penal de la Provincia, además de la ley 8525.

Asevera que el recurrente “gozó del más amplio ejercicio del derecho de defensa”; y realiza distintas consideraciones generales -con cita de doctrina- en torno a la vista en la tramitación administrativa.

Expresa que la providencia de “correr vista” a los fines previstos en los artículos 69 y 71 de la citada ley debe ser suscripta por el instructor y fehacientemente notificada, oportunidad en la cual el agente debe conocer el porqué de la citación; yque el actor recibió las pertinentes notificaciones, sin haberlas cuestionado.

Señala que “el recurrente no manifiesta no haber sido notificado, sino que expresa que las mismas fueron sin las copias respectivas, fundando el supuesto vicio en el art. 30 y 32 del decreto-ley 10.204”; e insiste en que esta norma no es aplicable al procedimiento disciplinario.

Arguye que “el hecho investigado se encuentra debidamente acreditado y en consecuencia las faltas cometidas por el recurrente”; que en las actuaciones sumariales se investigó un sinnúmero de irregularidades; y que “se acreditó que el responsable de las anomalías aludidas fue el agente Puppo, Secretario Administrativo y Habilitado autorizado conjuntamente con la Directora General de Estadística -señora María Rosa López Facciano- para el manejo de fondos de la cuenta corriente n° 9733-07 del Banco de Santa Fe S.A. y de las partidas asignadas a las Direcciones General de Estadística y Provincial de Planificación y Control de Gestión”.

Agrega que “también se advierte una flagrante violación a la normativa vigente -Ley de Contabilidad n ° 1757/56-, puesto que no se requerían los documentos probatorios de la inversión, como así tampoco, la relación de gastos y/o el balance de la inversión”; que “tampoco se lleva los registros contables conforme lo prescribe la resolución 13/85 (art. 1, 2 y 4) del Tribunal de Cuentas de la Provincia a fin de establecer el balance mensual del movimiento de fondos, como así también, no se observó lo dispuesto en dicha norma legal en lo que respecta a entregas dinerarias art. 202, 205, 207 y 216 y concordantes de la Ley de Contabilidad, inobservando en consecuencia el Sr. Puppo los deberes previstos en el artículo 13, incisos a), b) y e) de la ley 8525”.

Arriba a la conclusión de que “habiéndose acreditado que el Sr. Puppo ha sido un administrador infiel y que sus faltas son gravísimas, correspondió aplicarle la sanción disciplinaria de cesantía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 inc.c), 53, inc g) y 58 de la ley 8525”.

Afirma, con cita de jurisprudencia, que la sanción penal y la disciplinaria son independientes entre sí, por lo cual “el hecho de haberse declarado en sede penal que no existen méritos para procesar ni sobreseer, no es un impedimento para ser sancionado administrativamente”.

Introduce la cuestión constitucional; y solicita -en síntesis- el rechazo del recurso, con costas.

Abierta la causa a prueba (f. 67), y producida la que consta en el expediente, alegan las partes sobre su mérito (fs. 106/107 vto. y 108/113 vto.).

Dictada (f. 119) y consentida la providencia de autos, se encuentra la presente causa en estado de ser resuelta.

3. De conformidad al artículo 23, inciso a), de la ley 11.330, corresponde emitir pronunciamiento sobre la admisibilidad del recuso.

Al respecto, no se han invocado, ni se advierten, razones que autoricen a apartarse del auto obrante a fojas 30/31 vto. (A. y S. T. 26, pág. 284).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Palacios coincidió con lo expresado por el señor Juez de Cámara doctor Lisa, y votó en igual sentido.

A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Fabiano dijo:

Habiendo tomado conocimiento de los autos y existiendo votos totalmente concordantes de dos Jueces, de conformidad al artículo 26 de la ley 10.160 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, me abstengo de emitir opinión.

A la segunda cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Lisa dijo:

II.1. Conforme surge del relato efectuado al tratar la cuestión anterior, el actor pretende que sea dejado sin efecto el decreto 1605, de fecha 12.7.2002 (fs. 271/282, expte. adm. n° 00501-0021559-0; fs.97/100 de autos), mediante el cual se le impuso la sanción disciplinaria de ce santía, con base en lo dispuesto en los artículos 50 -inciso c)-, 53 -inciso g)- y 58 de la ley 8525, “por inobservancia de los deberes previstos en el artículo 13, incisos a), b) y e), del citado cuerpo normativo”.

Antes de ingresar en el análisis en particular de los agravios vertidos por el recurrente, considero oportuno recordar que, como reiteradamente lo ha destacado este Tribunal -siguiendo a la Corte nacional-, “la potestad del Poder Judicial de revisar los actos disciplinarios de la Administración tiene limitada su jurisdicción al control de la legitimidad del procedimiento y del acto que se ataca, lo que no impide verificar si los hechos se encuentran probados y las sanciones ajustadas al texto legal (Fallos 303:1335; 304:1335; 306:1792; 307:1282)” -entre otros: “Sarmiento”, A. y S. T. 9, pág. 67; y “Paniagua”, A. y S. T. 28, pág. 466-.

En el mismo orden, esta Cámara también ha destacado que “el control del Tribunal queda básicamente limitado al examen de la razonabilidad de las conclusiones de la Administración acerca de la existencia misma del hecho y sobre la responsabilidad del agente” (“Pussetto”, A. y S. T. 11, pág. 186; “Bonzini”, A. y S. T. 13, pág. 14; “Sosa”, A. y S. T. 16, pág. 485; “Goddio”, A. y S. T. 30, pág. 340; etc.).

2.Dicho ello, se observa que, básicamente, en punto al acto impugnado el recurrente plantea -al demandar y en su alegato-, por un lado, argumentos referidos a la existencia de vicios en el procedimiento previo a la imposición de la cesantía (defectos en las vistas corridas, imposibilidad de imponerse de las pruebas producidas y desconocimiento de la imputación); y, por otro lado, alude a la configuración de distintos vicios en la causa (ausencia de acreditación de las imputaciones, no comisión por su parte de las conductas reprochadas, asignación de tareas superiores a las de su cargo de revista e imposibilidad de aplicar una sanción sin condena penal previa).

Entiendo que ninguno de esos agravios puede prosperar, razón por la que adelanto mi opinión contraria a la procedencia del recurso.

a. En primer lugar, basta para rechazar lo afirmado por el recurrente respecto de que no pudo conocer

la imputación en el trámite sumarial (f. 106) con señalar que, en oportunidad de comparecer en dichas

actuaciones, al agente se le hizo saber cuáles eran las irregularidades investigadas y qué derechos titularizaba (f.

129, expte. adm. cit.), resultando innecesario que en las posteriores etapas se informe nuevamente el alcance de

la imputación, por no encontrarse así exigido en las pertinentes disposiciones de la ley 8525.

b.En cuanto a las vistas corridas en las actuaciones administrativas, el actor, si bien primero niega su existencia, luego invoca que fueron incorrectamente tramitadas, en virtud de que no se le entregó copia de ninguna actuación, y tampoco fue derivado el expediente a la Mesa de Entradas para su consulta, tanto en el supuesto de la vista establecida en el artículo 69 de la ley 8525, como en la ordenada en el artículo 71 de esa norma.

Sobre esta cuestión, resulta prioritario tener en cuenta, como ya lo ha dicho esta Cámara -con cita de prestigiosa doctrina-, que “el derecho a ser oído lleva a que la participación que implica la defensa deba ser oportuna, entendiéndose como tal en forma previa al dictado del acto y también a posteriori en la etapa recursiva, y que la institución de la vista en el procedimiento administrativo tiene un significado más amplio que en el derecho procesal, pues en aquél la vista es un derecho subjetivo público esencial del particular que, en principio, no puede ser limitado por el órgano administrativo, pues el funcionario puede incurrir en en violación de los deberes que le son propios” (“Valdez”, A. y S. T. 25, pág. 362).

Es que el procedimiento administrativo cumple una función de garantía, al proteger tanto al interés público como al particular frente a la ilegitimidad o inconveniencia del obrar de la Administración Pública, para lo cual debe encuadrarse en un marco procesal de respeto prioritario al ordenamiento jurídico, comprensivo de todo el sistema normativo (Comadira, Julio Rodolfo; Procedimientos Administrativos, T. 1, Buenos Aires, La Ley, 2002, págs. 49/51), debiendo el procedimiento administrativo reconocer y admitir la garantía del debido proceso legal.

Pues bien: aun a la luz de estos estrictos criterios, considero que el señor Puppo, pese a su opinión en contrario, ha tenido en las actuaciones administrativas una “razonable posibilidad de defensa” (C.S.J.P.: “Farías”, A. y S. T 158, pág. 283; de esta Cámara: “Garavaglia”, A.y S. T. 17, pág. 205).

En efecto, conforme surge de las constancias del expediente mediante el cual se tramitó el sumario administrativo, al actor se le corrieron en su oportunidad dos vistas para cumplimentar con las exigencias previstas en los mencionados artículos 69 y 71 de la ley 8525: la primera fue ordenada el 11.4.2000 (f. 215, expte. adm. cit.), y se notificó el 12.4.2000 (f. 216/vto., ib.); mientras que la segunda se proveyó en fecha 23.6.2000 (f. 248, ib.), y fue notificada el 4.7.2000 (f. 249/vto.).

En ambos supuestos, el recurrente no desplegó actividad alguna luego de anoticiado de la vista, ni siquiera los actos más elementales que hacen al derecho de defensa.

Así pues, se observa que el señor Puppo nada dijo sobre la imputación efectuada, ni ofreció prueba, ni cuestionó aspecto alguno del trámite sumarial.

En este último sentido, puede señalarse que, cualquiera sea la normativa que haya debido aplicarse en subsidio al procedimiento disciplinario, el actor pudo -y, se insiste, no lo hizo- solicitar las copias que consideraba faltantes, o requerir que el expediente se ponga a su disposición en Mesa de Entradas.

c. Por similares razones tampoco puede acogerse el agravio del actor referido a que no se pudo “imponer de las supuestas pruebas que el Instructor Sumariante considera contundentes”.

Es que no consta que el recurrente haya peticionado la vista del expediente o el acceso a cualquier otra información respecto de la prueba, ni -menos aún- que la Administración provincial haya negado tal posibilidad al agente.

En definitiva, en el caso nada indica que el derecho de defensa del recurrente haya sufrido menoscabo, toda vez que conoció la imputación; no le fue negado el acceso al expediente ni la posibilidad de expresar sus consideraciones sobre los hechos y la prueba; y el sumario finalizó con una resolución administrativa motivada (criterio de “Busso”, S. T. 1, pág. 113; “Aranda”, A. y S. T. 19, pág. 259; “Luna”, A. y S. T. 23, pág. 1; y “Fernández”, A.y S. T. 29, pág. 434; entre otros).

d. Por otra parte, igualmente debe desecharse lo sostenido por el señor Puppo en torno a que la imputación no se encontraría probada y a que él no cometió los hechos reprochados.

Efectivamente, la mera negación de la existencia de las faltas o de su autoría resulta manifiestamente insuficiente para alterar las conclusiones a las que arribó la Administración provincial en el procedimiento sumarial, pues de otro modo se soslayarían las profusas pruebas que se encuentran en distintos expedientes tramitados en sede administrativa (vid. fs. 105/107 vto., 110/111 vto., 124/126 y 213/214, expte. adm. cit.; fs. 1/154, expte. adm. n° 00501-0023887-8; fs. 1/34, expte. adm. n° 00501-0021663-6; fs. 1/162, expte. adm. n° 00501-0027300-0), que razonablemente dan cuenta de la comisión de diversas irregularidades en el manejo de fondos de la Dirección Provincial de Planificación, Control de Gestión y Estadísticas, y de la participación en ellas del actor, quien, de acuerdo a su situación de revista (f. 35 vto., expte. adm. n° 00501-0021559-0), realizaba tareas sustancialmente vinculadas a las anomalías que se comprobaron, pese a lo que ha afirmado en contrario, especialmente al alegar.

Asimismo, la negativa formulada por el actor se encuentra huérfana de argumentos que permitan rebatir las conclusiones a las que arribaron tanto la Instructora del sumario (fs. 241/247, ib.), como la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud (fs. 250/254 vto., ib.); conclusiones estas que luego esencialmente hicieron suyas los órganos activos de la Administración provincial.

e. En cuanto a lo expresado por el recurrente con relación a que se le asignaron tareas correspondientes a otra Dirección -hecho que han corroborado los testigos que declararon en sede administrativa (fs. 105/107 vto., 110/111 vto. y 124/126, expte. adm.n° 00501-0021559-0)-, y de mayor envergadura, “sin que jamás se le llamara la atención al respecto”, cabe afirmar que ello carece absolutamente de relevancia en el caso, en virtud de que la asignación de tareas más allá de su situación de revista, o la ausencia de observaciones previas con relación a su desempeño, no le quitan a los hechos verificados su naturaleza de faltas, ni eximen de modo alguno al señor Puppo por su participación en dichas irregularidades.

Agrego, por lo demás, que la intervención que podrían haber tenido los superiores del recurrente en la comisión de las transgresiones constatadas, en todo caso habilitaría a la Administración a imponer las sanciones que pudieran corresponder a esos agentes, pero tampoco constituye una causal de exclusión de responsabilidad.

f. Finalmente, debe rechazarse lo argumentado por el actor en el sentido de que sólo era posible imponerle una sanción en el caso de una previa condena penal.

Sobre esta cuestión, cabe indicar que en reiteradas oportunidades la Corte Suprema de Justicia de la Provincia ha destacado -en criterio que ha sido compartido por esta Cámara (“Neder”, A. y S. T. 4, pág. 289; “Mori”, A. y S. T. 5, pág. 301; “Wermer”, A. y S. T. 14, pág. 469; “Aranda”, citado; “Paniagua”, citado; “Maurici”, A. y S. T. 33, pág. 484; entre otros) que “en términos generales, se considera que existe independencia entre el procedimiento penal y el administrativo, aunque en algunos casos el primero presenta decisiva infl uencia sobre el segundo; que respecto de la incidencia de la decisión penal en sede administrativa, el principio general es que ambas sanciones son independientes, autónomas entre sí; que la potestad, y respectivamente la jurisdicción disciplinaria, se orientan a una finalidad diversa de la represión penal, cual es la regularidad del servicio (A. y S., T. 19, pág. 413, T. 54, pág. 234; T. 66, pág.148, entre otros); que, en la materia existe una razón específica para justificar la regla de la compatibilidad entre las decisiones tomadas en una y otra órbita, fundada en la supremacía especial a que está sometido el agente; concluyéndose en que, por ello, ‘una misma conducta puede infligir, a la vez, el ordenamiento general, que protege el sistema penal, de modo que una sanción impuesta en uno de esos ámbitos no reduplica la del otro, por afectar a normas diversas’ (E. García de Enterría y Tomás Ramón Fernández; Curso de Derecho Administrativo, T. II, págs. 171/172, Madrid, 1988)” (“Porra”, A. y S. T. 136, pág. 375; “Goris”, A. y S. T. 161, pág. 45; etc.); y que “puede dictarse resolución sin esperar la sentencia judicial cuando haya elementos suficientes para juzgar administrativamente al imputado [.]” (“Kruse”, A. y S. T. 102, pág. 116).

En este sentido, la ley 8525 dispone en su artículo 59 que “la sustanciación de sumarios administrativos por hechos que sean objeto de un proceso penal y la imposición de sanciones disciplinarias son independientes de la causa penal”.

El principio, entonces, es la autonomía del procedimiento administrativo con respecto al proceso penal, y, en el caso, ninguna de sus limitadas excepciones aparecen configuradas.

Así, pues, no consta -ni se ha invocado- que en sede penal se haya dictado alguna resolución vinculada con el supuesto de autos y que -además- pueda excepcionalmente obstar el ejercicio de la potestad disciplinaria; ni se observa que las causales por las que se decidió la cesantía del actor impliquen la exigencia de previa declaración por parte del juez en lo penal de que se ha configurado un delito, siendo irrelevante la invocación por parte del recurrente del artículo 53, inciso i), de la ley 8525, el cual no tiene relación alguna con el sub discussio.

En conclusión, a la luz de las constancias de la causa no resulta irrazonable la conclusión a que arribó la Administración en el acto impugnado, ni puede entenderseque concurran los restantes vicios invocados, por lo que, de prosperar este voto, habrá de declararse -según anticipé- la improcedencia del recurso, con costas al recurrente.

Voto, pues, por negativa.

A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Palacios expresó similares fundamentos a los vertidos por el señor Juez de Cámara doctor Lisa, y votó en igual sentido.

A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Fabiano dijo:

Conforme el criterio sustentado al tratar la cuestión anterior, me abstengo de emitir opinión. A la tercera cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Lisa dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar improcedente el recurso interpuesto, con costas. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se efectúen las estimaciones pertinentes. Así voto.

A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Palacios dijo que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Juez de Cámara doctor Lisa, y así votó.

A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Fabiano dijo:

Conforme el criterio sustentado al tratar las cuestiones anteriores, me abstengo de emitir opinión.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 1, integrada, RESOLVIÓ: Declarar improcedente el recurso interpuesto, con costas. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se efectúen las estimaciones pertinentes.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando los señores Jueces de Cámara por ante mí, doy fe. Fdo. PALACIOS. LISA. FABIANO (art. 26, ley 10.160). Di Mari (Sec)