Confirman la multa que se le impuso al fabricante por comercializar un chocolate agusanado.

dark-chocolatePartes: La Delicia Felipe Fort S.A. c/ DNCI s/ defensa del consumidor – Ley 24.240 – art. 45

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 26-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-98502-AR | MJJ98502 | MJJ98502

Se impone una multa a la fábrica de chocolates por comercializar un producto no apto para el consumo.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la nulidad del acto administrativo mediante el cual se aplicó una sanción de multa a una empresa fabricante de alimentos – por contener un chocolate gusanos en su interior – en tanto que no acreditó ningún perjuicio provocado por dicho acto; más aún cuando tuvo conocimiento de la razón por la cual se imputaron los cargos.

2.-La responsabilidad solidaria del productor, fabricante, importador, distribuidor y vendedor debe ser admitida – se liberarán solamente si demuestran que la causa del daño fue ajena – ya que de esta manera se protege al consumidor frente a la situación de debilidad en la que se haya en sus relaciones de consumo.

3.-El incumplimiento de la obligación de seguridad a cargo del proveedor lo hace incurrir en una responsabilidad de carácter objetivo, en la cual deja de ser relevante la previsibilidad del defecto y adquiere importancia especial la condición del defectuosa del producto en sí mismo no apto para el consumo.

4.-Si bien la actora tuvo en su poder el producto contaminado no demostró que el defecto se produjo por un hecho imputable a alguno de los restantes sujetos que intervinieron en la cadena de comercialización del producto, pues aun cuando las pruebas producidas en la causa acreditaron que su establecimiento cumplía las normas impuestas para la elaboración y envase del producto y los controles de calidad y plagas correspondientes, con respecto al hecho investigado no intentó demostrar la existencia de alguna de las causas de eximición de responsabilidad por el incumplimiento del deber de seguridad.

5.-Aun cuando del informe pericial surge harto probable que el alimento no haya sido adecuadamente conservado, la actora ni siquiera acompañó la factura de venta ni el remito con la fecha cierta de entrega de los chocolates al comercio vendedor, lo que habría permitido al tribunal valorar todas las circunstancias concurrentes y determinar si el proceso de 2 días a 2 semanas de contaminación del producto tuvo origen en una falla de control de plagas en el proceso de fabricación o en la conducta de un tercero; por ende, ante la duda debe aplicarse el principio ‘in dubio pro consumidor’, que consagra el art. 3º in fine de la Ley 24.240.

Fallo:

Buenos Aires, 26 de abril de 2016.- MB

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Que por disposición nº 133, del 22 de julio de 2015, dictada en el marco de las actuaciones administrativas nº S01: 0102670/2013 del registro del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (fs. 1243/1252), el Director Nacional de Comercio Interior (DNCI) aplicó a la firma La Delicia Felipe Fort S.A. (en adelante «Felfort») la sanción contemplada en el artículo 47, inciso b), de la ley 24.240 (defensa del consumidor), consistente en la multa de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000), por haber incurrido en infracción al artículo 5º de la ley 24.240; asimismo, ordenó la publicación de la parte dispositiva de la resolución, a su costa (artículo 47 de la ley citada).

La sanción tuvo origen en que la firma comercializó el producto «Marroc» en condiciones no aptas para su consumo, presentando un peligro para la salud y/o integridad física de los consumidores.

II. Que contra la disposición nº 133/2015, «Felfort» interpuso recurso de apelación, en términos del artículo 45 de la ley 24.240 (fs. 1255/1263); asimismo, acreditó el depósito del valor de la multa aplicada (fs.1243/1244).

La recurrente, en primer lugar, solicitó la nulidad del acto administrativo por presentar vicios en el objeto y en la motivación (artículo 7º de la ley 19.549), alegando que si bien la autoridad de aplicación invocó los artículos 5º y 40 de la ley 24.240, no hizo referencia alguna de la causal de eximición de responsabilidad por el incumplimiento de la obligación de seguridad prevista en el segundo párrafo del artículo 40 de la ley 24.240, que expresa que «.Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena», máxime si la queja por la aplicación parcial y arbitraria de la mencionada norma fue la principal defensa de su descargo (fs. 281182).

Subsidiariamente, se agravia manifestando que:

1.Los extensos controles de calidad en su fábrica hacen que sus productos siempre sean «.utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios».

2. El «Marroc» es un alimento producido a base de maní, azúcares y esencias naturales, en razón de lo cual solamente puede garantizar al consumidor que el producto mantenido en un estado adecuado no es defectuoso. De ahí -dice- que es probable que el defecto que causó el daño no haya existido en el momento en que el producto se puso en circulación o bien que se contaminó con posterioridad por haber sido mal conservado, máxime si el producto fue consumido a fines del mes de febrero o principios de marzo, en pleno verano.

3. En el cartón del «display» conteniendo el producto, en su rotulación informa que los «Marroc» se deben «Mantener en lugar fresco y seco (20º C)»;

4. Los consumidores debieron haber denunciado al establecimiento donde supuestamente adquirieron los chocolates, en tanto su empresa solamente puede probar que el producto es seguro, o sea que salió en condiciones de la plante de fabricación.

5. Se cuestionó que la prueba producida nada demostró respecto del producto contaminado, pero dicha afirmación no se condice con la prueba rendida ni con la sana crítica, máxime si la autoridad se negó a recibir los testimonios del responsable de calidad de la empresa y del técnico de la firma Compañía Americana S.A. (control de plagas).

6. La prueba rendida acreditó que:

(i) no resultaba posible la realización de un peritaje científico «.para determinar el origen de la contaminación y en qué momento y circunstancia se produjo», como pretende la autoridad de control (ver informe a fs. 1269/1270);

(ii) la Compañía Americana S.A.(de control de plagas) informó que se ha demostrado «donde NO se contaminó el producto, que es en la fábrica», básicamente porque el proceso implica tostar la materia prima a altas temperaturas y por un tiempo prolongado, para después ser refinado; este último proceso garantiza la ausencia de plagas (fs. 1198).

(iii) si el alimento hubiera salido de fábrica derretido, con el envoltorio en mal estado y con polillas, serían innumerables las denuncias en su contra; por el contrario, «.no registra actuaciones firmes a la ley 24.240»;

III. Que el señor fiscal general tuvo en cuenta que la infracción fue cometida en la Capital Federal y que la autoridad que dictó el acto administrativo tiene asiento en esta ciudad. Por ende, dictaminó a favor de la competencia de este tribunal para conocer en el caso y declaró la admisibilidad del recurso (fs. 1320/1321).

Se dio traslado del recurso y el demandado contestó los agravios (fs. 1296/1307).

IV. Que las actuaciones se iniciaron el 16 de mayo de 2013, con la denuncia efectuada por varios consumidores contra «Felfort», en la cual manifestaron que el 4 de ese año, aproximadamente a las 16 hs., uno de ellos compró, en el quiosco ubicado en la intersección de las calles Velazco y Fitz Roy de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.), cinco (5) chocolates «Marroc» de la marca «Felfort» para distribuir entre todos, y dos consumidores ingirieron el alimento de un bocado y los restantes abrieron el envoltorio y al morderlo encontraron gusanos vivos en el interior del chocolate; los que ingirieron el producto fueron hospitalizados con diagnóstico y tratamiento indicado, y el vendedor dijo que en el envoltorio del producto no existía ningún rótulo con la fecha de su vencimiento y que dicho dato figuraba en el cartón del «display» que lo contenía; la fecha de vencimiento era enero de 2014.Ese día los consumidores se comunicaron telefónicamente con el fabricante y el 9 de marzo de 2013 se hizo presente en el quiosco un representante de la firma, quien procedió a retirar el producto contaminado dejando debida constancia (fs. 1/3); posteriormente, no habiendo recibido ninguna respuesta por parte de la fabricante, se vieron obligados a formular la pertinente denuncia contra «Felfort» ante la DNCI, acompañando las fotografías del producto contaminado (fs. 4/15).

La autoridad de control fijó la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación prevista por el artículo 45 de la ley 24.240 (fs. 17).

La conciliación intentada fracasó (fs. 24) y la autoridad de control imputó a «Felfort» la presunta infracción al artículo 5º de la ley 24.240, toda vez que los consumidores habían ingerido el chocolate conteniendo gusanos en su interior (fs. 25).

El apoderado de la sumariada tomó vista de las actuaciones (fs. 26) y se presentó en la causa (fs. 28/34 y documentos a fs. 35/1182).

La autoridad de control tuvo por presentado en tiempo y forma el descargo (fs. 1183); la sumariada acreditó el diligenciamiento de los oficios ordenados (fs. 1184).

De las constancias probatorias surge que:

(i) no existía impedimento alguno en la utilización de material «foil de Aluminio» para el envase del chocolate «Marroc» (fs. 1191);

(ii) el «Certificado de Autenticidad nº DE 355» presentado es copia fiel del original (fs. 1195); (iii) no existía probabilidad de contaminación del producto dentro de la planta de fabricación, toda vez que ella cumple las normas de control de plagas y de alta calidad «en concordancia con las normativas de las auditorías internacionales AIL para la industria» (fs.1198); (iv) a menos de que se trate de especies y de hierbas aromáticas, las unidades pequeñas en que la superficie de la cara principal del envase es inferior a 10 cm2 -como es el envase del «Marroc»-, están exentas de los requisitos establecidos en la información obligatoria y, como mínimo, tendrá que figurar en el envoltorio la denominación de venta y la marca del producto; (v) en todos los casos el cartón del «display» debe contener la totalidad de la información obligatoria requerida (fs. 1202).

V. Que para que proceda la pretensión de nulidad del acto administrativo debe acreditarse el perjuicio provocado por los alegados vicios. La recurrente no demostró ningún perjuicio, máxime si tuvo conocimiento de la razón por la cual se le imputaron los cargos (ver notificación a fs. 27) y pudo presentar su descargo y ofrecer la prueba (fs. 29/34 y documental a fs. 35/1163). Asimismo, solicitó la revisión de la sanción ante este tribunal de justicia (esta sala, causa «Citibank N.A. (Sucursal Argentina) y otros c/ DNCI – Disp. 217/11 (Expte. S01:1171031/06»), pronunciamiento del 11 de agosto de 2015, entre otros).

VI. Que uno de los fundamentos que exhibió la DNCI estuvo dado por la previsión del artículo 40 de la ley 24.240, ubicado en el capítulo X, titulado «responsabilidad por daños», que establece: «Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio.

La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan.Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena» (el resaltado no forma parte del texto original).

Dicha previsión, como se desprende de su texto y de su ubicación dentro de la ley, sólo puede ser aplicada en caso de que se examine un pedido de resarcimiento de algún usuario o consumidor pero no como fundamento de una sanción, pues el sentido de esa norma es el de brindar protección a aquéllos ante la situación desfavorable en la que se hallan en la relación de consumo.

VII. Que no obstante la circunstancia apuntada en el considerando anterior, los agravios de la recurrente sólo se dirigen a cuestionar el criterio de la autoridad de aplicación en cuanto no consideró admisibles las razones por las que pretende deslindar su responsabilidad y, a ese efecto, los argumentos que ensaya, en su mayoría, remiten a los que, oportunamente, sustentaron su descargo (fs. 28/34).

Por tanto, el r ecurso no puede prosperar.

En efecto:

1. La ley 24.240 presupone la situación de debilidad en que se halla el consumidor en sus relaciones de consumo y de ahí surge la necesidad de imponer a los distintos agentes que interactúan con aquél en esas relaciones un estricto deber de asegurar la eficacia, la calidad y la idoneidad de los bienes o servicios que ellos ofrezcan en el mercado para el cumplimiento de la finalidad a la que están destinados, de acuerdo a su naturaleza y características.

2. La protección que confiere la ley 24.240 no se restringe a un aspecto meramente económico, sino que a su vez prevé la posibilidad de aplicar sanciones para las cuales no es requerida la comercialización directa de los productos a los consumidores, toda vez que la producción o fraccionamiento forma parte de una cadena económica cuyo último eslabón es el consumidor, respecto del cual el artículo 5º de la ley establece:»Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios».

3. Esta última norma consagra en forma expresa una obligación de seguridad de resultado a cargo del proveedor, cuyo incumplimiento lo hará incurrir en una responsabilidad de carácter objetivo, en la cual deja de ser relevante la previsibilidad del defecto y adquiere importancia especial la condición defectuosa del producto en sí mismo considerado que lo hace no apto para el consumo. Se trata de un régimen imperativo, ya que no puede ser dejado sin efecto por voluntad de las partes (artículo 37 de la ley 24.240).

4. La actora tuvo en su poder el producto contaminado pero no demostró, ni intentó hacerlo, concretamente, que el defecto se produjo por un hecho imputable a alguno de los restantes sujetos que intervinieron en la cadena de comercialización del producto. De ahí que aun cuando las pruebas producidas en la causa acreditaron que su establecimiento cumplía las normas impuestas para la elaboración y envase del producto y los controles de calidad y plagas correspondientes, con respecto al hecho investigado no intentó siquiera demostrar la existencia de alguna de las causas de eximición de responsabilidad por el incumplimiento del deber de seguridad.

5. En el informe técnico, la Dra. Claudia Noemí Juárez (directora técnica de «Felfort») que, en lo que interesa, expresó: «.La polilla que ataca los alimentos es la Plodia Interpunctella. Esta polilla hembra deposita entre 60 y 400 huevos en una superficie de comida. Al cabo de entre 2 días y dos semanas los huevos eclosionan y se convierten en larvas: gusanos blancos [.] Estas polillas pueden entrar en lugares sorprendentemente bien sellados.»; y concluyó en que «.Teniendo en cuenta que el reclamo se origina en productos comprados alrededor de fines de febrero o principios de marzo del año 2013 es harto probable que el alimento no haya sido adecuadamente conservado» (fs.1271/1272). Dicho informe no constituye una prueba directa del hecho investigado, toda vez que la actora ni siquiera acompañó la factura de venta ni el remito con la fecha cierta de entrega de los chocolates involucrados al comercio vendedor, lo que habría permitido al tribunal valorar todas las circunstancias concurrentes en el caso concreto y determinar si el proceso de 2 días a 2 semanas de contaminación del producto tuvo origen en una falla de control de plagas en el proceso de fabricación o en la conducta de un tercero; por ende, ante la duda debe aplicarse el principio «in dubio pro consumidor», que consagra el artículo 3º in fine de la ley 24.240.

Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE: confirmar la disposición DNCI nº 600/2003. Con costas (Conf. art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.).

VIII. Que en razón de la naturaleza del proceso, su monto -en el caso el importe de la multa cuestionada-, el mérito, la calidad y la extensión de la labor desarrollada por los letrados a la luz del resultado obtenido, SE ESTABLECEN en la suma de ($.) los honorarios a favor del Dr. Lucas Rubén Piacenza por su intervención ejerciendo la representación procesal del Estado Nacional (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) y en la suma de ($.) los emolumentos a favor de la Dra. María Antonella Bossi por su actuación en la dirección legal de la misma parte durante la tramitación del presente recurso directo (artículos 6, 7, 9, 19, 37, 38 y demás concordantes de la ley de arancel de abogados y procuradores).

ASI TAMBIEN SE RESUELVE.

El Dr. Carlos Manuel Grecco integra esta sala, en términos de la acordada 16/2011 de esta cámara.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FDO: DR. CARLOS M. GRECCO.

DR. RODOLFO E. FACIO,

DRA. CLARA M. DO PICO;

JUECES DE CAMARA

FDO: DR. HERNAN E. GERDING,

SECRETARIO DE CAMARA

A %d blogueros les gusta esto: