Indemnización al verse frustrado el actor a causa de que la administradora del plan de ahorro decidió rechazar la solicitud sin siquiera analizar la documentación.

calculadora anotacionesPartes: Mottini Claudio Enrique c/ Plan Ovalo S.A. de Ahorro para fines determinados y otro s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 19-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-98658-AR | MJJ98658 | MJJ98658

Al verse frustrado el actor a causa de que la administradora del plan de ahorro decidió rechazar la solicitud sin siquiera analizar la documentación acompañada, corresponde hacer lugar a la indemnización teniendo en cuenta la responsabilidad derivada de la culpa in contrahendo.

Sumario:

1.-Las presunciones constituyen, por su propia naturaleza, una prueba indirecta basada en el raciocinio. Este raciocinio que puede ser inductivo o deductivo según el caso, tiene por fundamento tres grandes tipos de acontecimientos: (a)los modos constantes del obrar de la naturaleza, (b)la índole y esencia misma de las cosas, y (c)la forma constante y uniforme de conducirse los hombres en sociedad, en sus relaciones comunes y recíprocas. Es decir, las presunciones consideradas como institución procesal, tienen un fundamento natural y necesario: el razonamiento.

2.-Aun cuando las partes se hallaron siempre en una etapa de tratativas preliminares o pourparlers, en tanto ello generó en la actora una legítima expectativa de concretar la operación que se vio frustrada a causa de que la administradora del plan decidió rechazar la solicitud sin siquiera analizar la documentación acompañada debe aquélla ser indemnizada por ésta dada su innegable responsabilidad derivada de su culpa in contrahendo, culpa que aparece ante un comportamiento abusivo de la libertad de no contratar que constituye una especie del género abuso del derecho (CCivCom. 10 y 991 ), y defrauda la legítima expectativa de otra persona en orden a la conclusión del negocio, produciendo con ello un daño cierto que es resarcible.

3.-Si bien en los casos de culpa in contrahendo el resarcimiento se halla limitado al sólo interés negativo -lo que es así por la necesidad lógica de hacer esta responsabilidad menos intensa que la contractual, procede sí indemnizar a la actora del daño emergente que aparece constituido por los perjuicios que no habría sufrido si el contrato se hubiera perfeccionado.

4.-Establece el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que durante las tratativas preliminares, aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente, y que el incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de resarcir el daño (art. 991) y por otra parte el art. 10 del mismo ordenamiento impone al juez el deber de fijar una indemnización al comprobarse el ejercicio abusivo de los derechos.

5.-La previsión del cpr 165 coloca a los jueces en posición dificultosa, pues la determinación de un monto con el que resarcir el demérito espiritual será necesariamente discrecional y hasta podrá ser arbitraria. Ocurre que al legislador le resulta inaceptable que una persona probadamente dañada quede sin indemnización por carencias probatorias respecto de su monto y, por tanto, manda fijarlo judicialmente. Mas en tal hipótesis el juez debe actuar con prudencia suma, de modo de no convertir la indemnización en un lucro.

6.-Es muy posible y altamente probable que de ese actuar discrecional no resulte un monto que coincida exactamente con el del daño sufrido por la víctima del incumplimiento; pero de todos modos dicha norma lo que pretende es otorgar alguna indemnización al sujeto dañado, y no la exacta e integral indemnización que se correspondería a un daño de monto suficientemente acreditado.

7.-Cuando se debe una suma de dinero que devenga intereses, el pago no puede reputarse íntegro sino cuando se paga el total del capital con más sus respectivos intereses a la fecha del efectivo pago (art. 870 CCivCom.).

8.-Un depósito de sumas incompleto, no es hábil para interrumpir el curso de los intereses, pues en definitiva se trata de un pago parcial que no resulta idóneo a ese fin. Así, es claro que -en el caso- no habiéndose abonado el monto total del capital debido con más los intereses devengados, los importes depositados no fueron eficaces para hacer cesar el curso de los réditos (arts. 869 , 870 CCivCom.) N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires al día 19 del mes de abril de dos mil dieciséis, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “MOTTINI CLAUDIO ENRIQUE c/ PLAN OVALO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO s/ ordinario” (expediente n° 2982/2011/CA1, Juz. 1, Sec. 1) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Garibotto, Machin y Villanueva.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a reslver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 489/496? El Dr. Juan Roberto Garibotto dice:

821. La litis y la sentencia de primera instancia.

o Claudio Enrique Mottini demandó a Aback S.A. y a Plan Óvalo S.A. para fines determinados por daños y perjuicios con base en el incumplimiento contractual en que habrían incurrido las accionadas a raíz del rechazo de la solicitud de compraventa y préstamo financiero para adquirir una camioneta Ford Ranger por medio del plan de incentivo a la industria automotriz del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Provisional Argentino.

Señaló que al firmar la solicitud de reserva en la concesionaria Aback S.A. abonó como seña $1.889 y que acompañó la documentación requerida para la propuesta de financiamiento, entre ellas:certificado de ingresos por contador público, recibos de pago de autónomos, DDJJ de IVA, Ingresos Brutos, DDJJ de Ganancias, resumen de tarjeta de crédito.

Relató que el día 8/6/09 recibió una carta documento en la cual Plan Óvalo le informaba el rechazo de la solicitud debido a que los ingresos demostrables no se ajustaban a los requisitos del plan.

Ante tal negativa, requirió el reintegro de las sumas dadas en concepto de seña e informó que se encontraba analizando junto a su abogado hacer público el caso ya que consideraba que la documentación presentada había sido analizada con liviandad, dados los antecedentes crediticios que él tenía.

Efectuó denuncia ante la Dirección de Defensa del Usuario y del Consumidor de la Municipalidad de Morón y solicitó mediación con la Asociación de Magistrados de Morón. Ambos intentos resultaron infructuosos.

Expresó que cumplía holgadamente con los requisitos del plan, y que el incumplimiento contractual en que incurrieron las demandadas le ocasionó daños que debían ser reparados. Valoró el perjuicio teniendo en cuenta la imposibilidad de utilizar el rodado, que no fue entregado por falta de cumplimiento del contrato por parte de los demandados (fs. 4). Agregó que se vio obligado a alquilar un vehículo utilitario desde junio de 2009 dada su profesión de arquitecto.

Como consecuencia de ello, solicitó ser indemnizado en $287.640 en concepto de lucro cesante emergente de multiplicar los meses transcurridos entre la fecha del rechazo y la demanda por el monto que debió abonar por el alquiler mensual del rodado. Además requirió el reintegro de la seña pagada, más el doble de su valor por considerar que el contrato no se celebró por culpa de las demandadas.

Plan Óvalo solicitó el rechazo de la demanda.Indicó que en el formulario de solicitud figura un ingreso mensual promedio de $4.700 y que para afrontar la cuota del plan era necesario contar con un ingreso mínimo de $7.500 según requerimiento de ANSES, por lo que la solicitud de préstamo habría sido bien rechazada. Sostuvo que el actor sabía que para acceder al crédito era requisito inexcusable tener un nivel de ingreso determinado, de modo que la cuota del empréstito representara no más del 30% de los mismos.

Respecto al reclamo por la seña otorgada, alegó ser ajena a dicha circunstancia, pues fue la concesionaria quien recibió el dinero que debía ser reintegrado al rechazarse el crédito. Indicó que dicha suma no fue entregada como seña, sino como pago a cuenta para el caso que ANSES aprobara el otorgamiento del crédito, por lo que consideró que no correspondía duplicar ese valor.

En cuanto a los daños, expuso que lo que el actor reclama sería en realidad daño emergente y no lucro cesante, pero además sostuvo su improcedencia dado que no hubo incumplimiento contractual alguno.

o Por su parte, Aback S.A. informó que quiso reintegrarle el monto dado como seña al actor, pero que él no lo quiso recibir ya que reclamaba otras cantidades, por lo que al contestar demanda depositó en pago $1.889.

Consideró improcedente la devolución del doble de la seña, ya que en el caso no hubo arrepentimiento del contrato, sino que la venta no pudo realizarse por cuanto el actor no calificaba para el otorgamiento del préstamo de ANSES.

En relación a los daños reclamados, solicitó su rechazo y refirió que es absurdo que el actor haya rentado un vehículo pagando una suma cuatro veces mayor a lo que valía el 0km que pretendía comprar.Agregó que el actor no era acreedor de un rodado ya que jamás accedió al plan para adquirirlo.

Solicitó se aplique al actor una sanción por temeridad y malicia y por pluspetición inexcusable.

o El sentenciante rechazó la demanda contra Plan Óvalo S.A. de ahorro para fines determinados. Para así decidir consideró que la petición del actor resultó bien desestimada ya que en el formulario figuraban ingresos mensuales que no cumplían con los requisitos exigidos por ANSES.

Indicó que reconocer su firma en el formulario trae aparejado el reconocimiento de todo su contenido, y que si bien el actor negó haber completado el monto de sus ingresos, la pericia caligráfica no pudo llevarse a cabo porque ANSES no acompañó la documentación original.

Por otra parte, y en relación a la seña, rechazó la duplicación de su monto en tanto interpretó que no hubo promesa de contrato sino sólo una reserva condicionada a la aceptación de la financiación. Sin embargo condenó a Aback S.A. a que, a la suma depositada en concepto devolución de la seña otorgada, se adicionen intereses desde la intimación efectuada por el actor hasta la fecha de la sentencia pues esta demandada no acreditó que el actor se hubiere negado a recibir el dinero.

Asimismo rechazó la denuncia por pluspetición y por temeridad y malicia.

El recurso

En fs. 500 apeló el actor quien presentó su memorial en fs. 519/522, recibiendo respuesta de Plan Óvalo en fs. 527/532 y de Aback S.A. en fs. 535/537.

Recurrió la sentencia también Aback S.A. en fs. 504 y expuso sus quejas en fs.513/516 las que no recibieron respuesta.

Agravios de Claudio Enrique Mottini

Se quejó de que el a quo sostuviera que el reconocimiento de la firma implica automáticamente el reconocimiento del contenido del documento.

Agregó que cuando se está frente a contratos de adhesión como la solicitud de financiamiento del caso, se le pide al requirente que firme una multitud de formularios y documentos en doble y triple ejemplar y que en la mayoría de los casos el llenado queda a cargo del empleado que atiende., que los completa en base a la documentación respaldatoria que se entrega.

Indicó además que ante el desconocimiento del actor de ciertas grafías y la necesidad de efectuar una pericia caligráfica, Plan Óvalo informó que no tenía el formulario original porque lo había remitido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. Sin embargo no explicó el motivo por el cual habría remitido la documentación del actor, si tenía la potestad de rechazar la solicitud por bajos ingresos y el legajo, por lo tanto, no sería aprobado.

Añadió que ante la respuesta de ANSES indicando que no había recibido legajo alguno del actor, Plan Óvalo no acreditó que le remitió la documentación.

Agravios de Aback S.A. Se quejó del diez ad quem de los intereses. Sostuvo que la dación en pago de los fondos reclamados corta el cómputo de intereses por lo que la fecha hasta la cual deben calcularse debe ser modificada.

En segundo lugar se quejó de la imposición de costas en el orden causado, en lo que a su parte se refiere. Expresó que no hubo vencimientos parciales y mutuos ya que el actor ha sido derrotado en sus reclamaciones.Agregó que corresponde la aplicación de costas a cargo del actor, o a lo sumo, su distribución prudencial en proporción al éxito obtenido por cada parte.

La solución.

Por una cuestión de orden lógico, analizaré en primer lugar el recurso del actor.

(aaaaa) No es cuestión dudosa que el actor concurrió el 19 de marzo de 2009 a la concesionaria Oeste Autos de Aback S.A. y firmó la solicitud de reserva de un vehículo Ford Ranger dejando constancia que la compra se hacía por medio del “Plan Nacional para utilitarios” según constancias de fs. 45, 47, 116.

Tampoco fue cuestionado que el día 1 de junio de 2009 Plan Óvalo le envió una carta informando que rechazaban su solicitud en razón de que los ingresos demostrables consignados no se ajustaban a los requisitos de dicho plan (fs. 58).

Lo discutido en autos es si la solicitud de compra del rodado por medio del plan de financiamiento fue correctamente rechazada o no.

En fs. 47 a 55 el actor acompañó diversos formularios de solicitud de compraventa del vehículo que obraban en su poder. En fs. 49 se observa la planilla de “datos socioeconómicos”, donde figuran los datos del actor pero los casilleros referidos a los ingresos mensuales fijos y a los montos declarados demostrables se encuentran vacíos.

Más adelante se presenta la demandada Plan Óvalo S.A. de Ahorro para fines determinados a contestar demanda y acompaña la siguiente documentación, entre otras: una constancia de un email de la Analistade Créditos de Ford Credit Argentina, sra. Valeria Cabrera, fechado el 2.6.09 por medio de la cual informa a la concesionaria “Oeste Autos” (ver dirección de correo: crocha@oesteautos.com -perteneciente a Claudia Rocha, administradora de créditos de Aback S.A. según constancias de fs. 123/124) que la solicitud de Claudio Mottini era rechazada porque excedía la relación cuota/ingreso. Debía ganar al menos $7.500 netos mensuales ( fs.106).

Además adjuntó una copia de la planilla de solicitud de préstamo financiero para la compraventa de vehículo utilitario o camión (fs. 116) en la que se observa de manera evidente que la mayoría de los datos corresponden a un mismo autor, mientras que en los casilleros referidos a la Condición IVA y a los ingresos mensuales difieren claramente las grafías, que pareciera que se relacionan con las que se observan en las planillas siguientes (fs. 118 a 122). Nuevamente en fs. 123 y fs. 124 se observan dos tipos de letras diversos.

Justamente esas grafías son las que el actor ha desconocido en fs. 153 y fue la propia demandada Plan Óvalo quien ofreció la pericial caligráfica.

En fs. 367/370 se efectuó el cuerpo de escritura del actor, y en fs. 372 la perito interviniente solicitó que se intimara a la demandada a presentar la documentación original para cumplir con su labor correctamente.

Eso nunca sucedió. Cabe señalar que Plan Óvalo volvió a presentar copias de los formularios (fs. 386/401) y en esta oportunidad acompañó

también copia de lo mismo que el actor presentó en fs. 49. Sin embargo, en este caso los casilleros correspondientes a “ingresos mensuales fijos” figuran completos con los siguientes importes: $3.100 y $1.600 (fs. 393). Es evidente entonces que esos datos fueron completados en un momento posterior a aquel en que el actor obtuvo copia de lo que había firmado.

Comprobando la existencia del mismo formulario, pero con datos diversos, y ante el desconocimiento del actor de ciertas grafías, considero que no es aplicable al caso el art. 1028 CC (actual art. 314 CCyC) pues justamente, su contenido ha sido reputado falso, y el demandado ha obstruido la posibilidad de demostrarlo.

Se excusó la demandada diciendo que los originales de la documentación acompañada en copia habían sido remitidos a ANSES, más específicamente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Requerido que fue ANSES, respondió en fs.432 que ese organismo “no ha recibido legajo alguno a nombre de Mottini Claudio Enrique con la solicitud de préstamo en el marco del Plan de Incentivo Automotriz, ni posee documentación relativa al nombrado”.

Es llamativa la respuesta que dio Plan Óvalo a lo informado por ANSES. En primer lugar presume que el legajo se extravió y luego afirma que “es de público conocimiento que en los organismos del Estado se extravían o desaparecen los expedientes en trámite” y seguidamente, desiste de la prueba pericial caligráfica (fs. 439). Pero el demandado tergiversó la información dada por el organismo público, pues éste último nunca dijo haber perdido el legajo, sino que no recibió legajo alguno del actor y que no obraba en su poder ningún documento a él referido. El demandado entonces debió demostrar que efectivamente había remitido el legajo a ANSES, y no lo hizo.

A ello se agrega otro dato. Quien informa a la concesionaria que la solicitud de financiación había sido rechazada fue la analista de créditos de Ford Credit Argentina (fs. 106) y es también Plan Óvalo quien comunica al actor el rechazo (fs. 58). No obra en el expediente constancia alguna de que ANSES haya participado en el estudio de la documentación.

Es más, en su contestación de demanda Plan Óvalo explicó que ella era la encargada de realizar la calificación crediticia de los clientes y determinar si cumplían con los requisitos impuestos por ANSES, lo que coincide con lo informado por dicho organismo en fs. 319. Afirmó además que fue ella quien se vio obligada a rechazar el crédito solicitado por Mottini (fs.131).

Continuó diciendo que la calificación definitiva quedaba supeditada a la efectiva comprobación documental de los datos consignados en la declaración jurada, pero que en el caso de autos ello no fue necesario atento a que el crédito resultaba susceptible de ser rechazado por los datos consignados en la solicitud.

Sin embargo, luego, en su alegato, y a fin de eximirse de responsabilidad, se contradice al señalar que “no es Plan Óvalo S.A. ni las concesionarias Ford las que deciden si el otorgamiento del crédito es procedente, ya que era el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino el que daba la aprobación final” (fs. 464 vta. Y 465).

Como consecuencia de ello, es claro que quien decidió que el actor no calificaba para el otorgamiento del crédito, y por lo tanto rechazó la solicitud, fue Plan Óvalo. Esto corrobora entonces la respuesta de ANSES al informar que nunca tuvo legajo de Mottini, pues si la solicitud fue rechazada por la demandada, no había motivo para remitir la documentación a ANSES, por lo tanto, quien debió tener los originales y la documentación respaldatoria presentada por el actor, era Plan Óvalo.

Respecto de esto último, el actor solicitó en su demanda y lo reiteró después (fs. 87 y 153 vta.) que se intimara a los demandados a acompañar toda la documentación por él presentada como requisito para acceder al plan, sin embargo sólo se lo tuvo presente para su oportunidad (fs. 154) y en la audiencia del cpr. 360 nada se dijo (fs. 227). Como consecuencia de ello Plan Óvalo jamás acompañó el legajo del demandado con las planillas originales y la documentación por él presentada.

En virtud de lo dicho hasta aquí, y dado que la demandada fue renuente en acompañar la documentación original y de esa manera obstruyó la posibilidad de efectuar la pericia caligráfica, es que considero que debe hacerse efectivo el apercibimiento previsto en el cpr.388 pues ello crea una presunción en contra de Plan Óvalo, que permite tener por cierto que los montos que figuran en las planillas no fueron estampados por el actor, por lo que no cabe más que concluir que la solicitud de financiación fue mal rechazada, lo cual es evidente que ha generado un daño cierto en el actor.

Enseñan Fenochietto y Arazi que el tenedor o dueño del documento que actúa como parte en juicio tiene los deberes jurídicos de lealtad, probidad y buena fe, y en nombre de esos deberes debe prestar su colaboración a la demostración de la verdad. La exhibición forma parte de la contribución que como litigante debe a la obra de la justicia (en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado. T. 2, pág. 376, Ed. Astrea, 1983).

De otro lado, como es sabido y lo mandan los cpr 330: 4º y 356: 2º, un elemental deber de colaboración que recae sobre las partes de todo proceso obliga a éstas mencionar al Tribunal, a través de formas positivas, cuáles han sido las reales circunstancias a fin de que la litis pueda trabarse sobre pautas de verdad que posibiliten el dictado de una sentencia justa (CSJN, Fallos 178:223, 186:64; esta Sala, “Alquivial S.R.L. c/ Balpego S.A., 6.5.11; “Marcala S.A. c/ Rodo Hogar S.A.” , 5.3.13; “Haz Sport Agency S.A. c/ Asociación Atlética Argentinos Juniors” , 11.3.14; “Milstein, Aída Raquel c/ United Stars Entertainment S.A.”, 24.4.14; también CNCom A, “Casa Petchere c/ Bonfilio y Cía. S.A.”, 17.11.71; íd. “El Bohío S.R.L. c/ Efren S.A.”, 20.10.82; Sala B, “Lopez, Héctor c/ Alberto J. Armando S.A.”, 5.7.74; íd., “Kaplan, Mario c/ Besprovan, Daniel”, 17.9.85; Sala D, “Automotores San Telmo S.A. c/ Cía.de Seguros Unión de Comerciantes S.A.”, 16.6.87; íd., “Nuevo Merlín S.A. c/ Cassalone Hnos. S.R.L.”, 19.6.92; íd., “IBM Argentina S.A. c/ Astilleros Corrientes S.A.”, 9.3.98).

Nótese además que el mismo día en que se redactó la nota de rechazo (1.6.09 -fs. 58) Ford Credit Compañía Financiera S.A. solicitó informe a Veraz Risc (fs. 109/113), pero evidentemente no se tuvo en cuenta que el actor tiene a su nombre siete tarjetas de crédito, con un límite de compra máximo por $19.700 y que no registra deuda. Es fácil suponer que con ingresos mensuales de tan sólo $4.700 no es factible contar con tarjetas de crédito y esa financiación. A ello se agrega el resumen de la tarjeta de crédito Visa (fs. 37) donde se observa que hubo un saldo anterior de $3.887,25 y que fue abonado

por Citiphone Banking por un total de $3.890. Cómo es posible entonces, que con ingresos de $4.700 tenga consumos en su tarjeta de crédito por $3.890, restándole para vivir durante el mes sólo $810.

Bueno es recordar, al hilo de lo expuesto, que las presunciones constituyen, por su propia naturaleza, una prueba indirecta basada en el raciocinio. Este raciocinio que puede ser inductivo o deductivo según el caso, tiene por fundamento tres grandes tipos de acontecimientos: (a)los modos constantes del obrar de la naturaleza, (b)la índole y esencia misma de las cosas, y (c)la forma constante y uniforme de conducirse los hombres en sociedad, en sus relaciones comunes y recíprocas. Es decir, las presunciones consideradas como institución procesal, tienen un fundamento natural y necesario: el razonamiento (esta Sala, in re “Buralli Alejandro Adrián c/ Bainter S.A. De Ahorro Para Fines Determinados y otro”, 21.11.13; “Provincia Seguros S.A. c/ Coto C.I.C.S.A.”, 20.2.14; “Caja de Seguros S.A.c/ Cencosud S.A.” , 22.12.10; “Bas, Patricia Josefina c/ Círculo de Inversores S.A.”, 7.9.10; “Devoto, Patricia Rita y otro c/ Banco Societe Generale S.A.”, 8/4/11; ver también Parrilli, en “La prueba de presunciones”, LL. 1987-B-1003).

Ahora corresponde determinar el daño sufrido por el actor.

Asiste razón a los demandados en cuanto a que el daño referido a la privación de uso del rodado, alegado por Mottini, no fue demostrado, pues no ha logrado comprobar el alquiler del vehículo sustituto. Sin embargo, considero que efectivamente, por el actuar de Plan Óvalo, ha sido privado de la posibilidad de adquirir el vehículo con el plan de facilidades que otorgaba ANSES y ello efectivamente es generado de daño cierto, pues dicha financiación finalizó en diciembre del 2009.

Y ello encuadra en lo que se denomina culpa in contrahendo. De modo que aun cuando las partes se hallaron siempre en una etapa de tratativas preliminares o pourparlers, en tanto ello generó en la actora una legítima expectativa de concretar la operación que se vio frustrada a causa de que la administradora del plan decidió rechazar la solicitud sin siquiera analizar la documentación acompañada -tal como lo ha manifestado en fs. 132-, debe aquélla ser indemnizada por ésta dada su innegable responsabilidad derivada de su culpa in contrahendo, culpa que aparece ante un comportamiento abusivo de la libertad de no contratar que constituye una especie del género abuso del derecho (ccyc 10 y 991), y defrauda la legítima expectativa de otra persona en orden a la conclusión del negocio, produciendo con ello un daño cierto que es resarcible (esta Sala, “New Zealand Insurance Broker S.A. y otro c/ Royal & Sun Alliance Argentina S.A. y otros” , 8.11.12; “Damario, Natalio c/ Dieguez, Aurora”, 19.9.96; íd., “Espiño, Raúl c/ Litoral Citrus S.A.”, 26.12.96; íd., “Benettar S.A.c/ Benetton S.P.A.” , 11.12.01; íd., “Lorenzo, Haydee c/ Orígenes Vivienda S.A.” 20.8.10; Sala A, “Kaiber S.A. c/ TEM S.A.”, 20.3.87; íd., “Coy, Julio c/ Coopers & Lybrand Harteneck L. y Cía. Bértora & Asc. UTE”, 12.4.07; Sala E, “Farley, Omar c/ LR1 radio El Mundo -Difusora Baires S.A.-“, 5.6.96; cfr. Llambías, en “Tratado de Derecho Civil-Obligaciones”, tº. I, pág. 225, Perrot, Buenos Aires, 1973; Spota, en “Contratos en el Derecho Civil”, tº. II, pág. 270, Depalma, Buenos Aires, 1964; Orgaz, en “Tratativas contractuales y formación del contrato”, L.L. 75-239).

Y si bien en estos casos el resarcimiento se halla limitado al sólo interés negativo -lo que es así por la necesidad lógica de hacer esta responsabilidad menos intensa que la contractual (Llambías, op. cit., pág. 229)- procede sí indemnizar a la actora del daño emergente que aparece constituido por los perjuicios que no habría sufrido si el contrato se hubiera perfeccionado (esta Sala, “Alegre, Luisa c/ Schvarzman, Rotbart”, 17.8.88; “Katz, Zygmundo c/ Francisco Diaz S.A.”, 28.3.89; “Cía. Exportadora e Importadora de Buenos Aires S.A. c/ Electrodomésticos Aurora S.A.”, 7.8.90; “Caja de Empleados de Comercio c/ Supplies S.R.L.”, 8.7.93; “Klaus Bocker S.A. c/ LItoral Citrus S.A.”, 26.12.96; “Vilella Paz, Esteban c/ Serpyme S.A.”, 10.12.98; “May Day Services Group S.A. c/ Nestlé Argentina S.A.”, 28.10.08; también Sala A, “Kaiber S.A. c/ Tem S.A.”, 20.3.87; “Quintás, Miguel c/ Oriente S.A.”, 9.6.92).

Establece el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que durante las tratativas preliminares, aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente, y que el incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de resarcir el daño (art. 991) y por otra parte el art.10 del mismo ordenamiento impone al juez el deber de fijar una indemnización al comprobarse el ejercicio abusivo de los derechos.

En virtud de ello corresponde determinar el monto del resarcimiento.

No dejaré de señalar que la previsión del cpr 165 coloca a los jueces en posición dificultosa, pues la determinación de un monto con el que resarcir el demérito espiritual será necesariamente discrecional y hasta podrá ser arbitraria. Ocurre que al legislador le resulta inaceptable que una persona probadamente dañada quede sin indemnización por carencias probatorias respecto de su monto y, por tanto, manda fijarlo judicialmente. Mas en tal hipótesis el juez debe actuar con prudencia suma, de modo de no convertir la indemnización en un lucro.

Es entonces muy posible y altamente probable que de ese actuar discrecional no resulte un monto que coincida exactamente con el del daño sufrido por la víctima del incumplimiento; pero de todos modos dicha norma lo que pretende es otorgar “alguna” indemnización al sujeto dañado, y no la exacta e integral indemnización que se correspondería a un daño de monto suficientemente acreditado (esta Sala, “Ingeniería Garbe c/ Conelmec S.R.L.”, 22.9.95; id. “Gaudiosi, Gerardo c/ BankBoston N.A.” , 10.11.09; “González Arrascaeta María Eloisa y otro c/ Scotiabank Quilmes Sa “, 19/3/10; “Potasz, Daniel c/ Oviedo Diego Héctor y otros”, 4.2.11; “Devoto, Patricia Rita y otro c/ Banco Societe Generale S.A.”, 8/4/11; “Vera, Guillermo Antonio René c/ Ford Credit Compañía Financiera S/ Ordinario” , 13/5/11, “Luchetta, Daniel Mario c/ Banco Santander Río S.A. y otro”, del 19/8/11).

Analizadas las constancias de autos, considero justo otorgar al actor una indemnización de $20.000, más intereses desde el momento del rechazo del crédito, 1.6.09 y hasta su efectivo pago, a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días.Con base en lo normado por el cpr 279 que autoriza al Tribunal de

Alzada a adecuar las costas al contenido de su pronunciamiento, corresponde a mi juicio, que la totalidad de las devengadas tanto en la primera instancia como en esta Alzada sean cargadas a la demandada vencida (cpr. 279 y 68).

(bbbbb) Analizaré ahora las quejas de Aback S.A.

Se quejó en primer lugar del diez ad quem de los intereses que deberá abonar al actor en virtud de la falta de restitución de la seña entregada por Mottini.

Entiendo que el recurso no puede prosperar.

Cuando se debe una suma de dinero que devenga intereses, el pago no puede reputarse íntegro sino cuando se paga el total del capital con más sus respectivos intereses a la fecha del efectivo pago (artículo 870 ccyc).

Un depósito de sumas incompleto, no es hábil para interrumpir el curso de los intereses, pues en definitiva se trata de un pago parcial que no resulta idóneo a ese fin. Así, es claro que -en el caso- no habiéndose abonado el monto total del capital debido con más los intereses devengados, los importes depositados no fueron eficaces para hacer cesar el curso de los réditos (artículos 869, 870 ccyc) (Cnfr. Sala A, “BBVA Banco Francés S.A. c/ Abasto José Gabriel y otro”, 4/05/12).

En virtud de ello, corresponde rechazar este agravio.

En segundo lugar, se quejó de la manera en que fueron impuestas las costas.

Este demandado considera que, en lo que a él respecta, no ha habido vencimientos parciales y mutuos pues el actor ha sido vencido en su pretensión.

Si bien es cierto que el demandado no resultó vencedor en cuanto le fue rechazado su reclamo de doblar la devolución de la seña entregada, no puedo soslayar que Aback S.A.debió reintegrar el monto al actor en el momento en que se le rechazó la solicitud del crédito y aún sin que Mottini lo reclamara.

Sin embargo no fue así, y para lograr obtener lo que le debían, debió iniciar acciones judiciales. Y aún más, el demandado no depositó la totalidad de la deuda, ya que no tuvo en cuenta que desde el momento en que debió devolver el dinero dado como seña -1.6.09- y hasta su depósito realizado el 16.12.11 pasaron más de dos años que provocaron el devengamiento de intereses moratorios. Es decir que lo dado en pago no fue la totalidad de la deuda.

Es conocido que en nuestro régimen procesal, las costas se imponen, no como una sanción, sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, que deben ser reembolsados por el vencido.

Y es por esto que, en la generalidad de los casos en que son discutidas cuestiones de índole patrimonial, las costas deben distribuirse prudencialmente por el juez, en proporción al éxito obtenido por cada uno de los litigantes cuando se da tal supuesto (cpr 71; esta Sala, “Franke, Hanns Joachim Andreas c/ Polero Adriana Zulma” , 8.7.11; íd., “Starmar S.A. c/ Bodegas San Huberto S.A.”, 4.10.12; íd., “Ferreyra, Fabián Eusebio c/ Caja de Seguros S.A.” , 18.2.14; íd., “Falabella, Luis Alberto c/ Caja de Seguros S.A.”, 16.9.14).

Pero tampoco debe perderse de vista que en el caso, el actor pudo creerse con derecho a reclamar como lo hizo, como consecuencia de las condiciones del rechazo del crédito.

En virtud de ello, considero que en lo que a éste demandado respecta, las costas de la anterior instancia deberán ser impuestas en un 70% a cargo del demandado y en un 30% a cargo del actor, y las de Alzada, al recurrente que ha sido vencido (cpr. 68).

824.La conclusión.

Por todo lo expuesto es que propongo al Acuerdo que estamos celebrando, hacer lugar al recurso del actor y en consecuencia revocar parcialmente la demanda, condenando a Plan Óvalo S.A. de Ahorro para fines determinados a pagar al actor $20.000 con más intereses según las pautas establecidas en el consid. III.i, con costas de ambas instancias al demandado vencido (cpr. 279 y 68); rechazar parcialmente el recurso interpuesto por Aback

S.A. y confirmar la sentencia apelada en cuanto al cómputo de los intereses y modificar el régimen de las costas respecto de este accionado, imponiendo las de primera instancia en un 70% a cargo del demandado y en un 30% en cabeza del actor, y las de Alzada, al recurrente que ha sido vencido (cpr. 68).

Así voto.

Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara, doctores Eduardo R. Machin y Julia Villanueva, adhieren al voto anterior.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Eduardo R. Machin, Julia Villanueva, Juan R. Garibotto. Ante mí: Manuel R. Trueba. Es copia de su original que corre a fs. del libro de acuerdos N° Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala “C”.

Manuel R. Trueba

Prosecretario de Cámara

Buenos Aires, 19 de abril de 2016.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve (i) hacer lugar al recurso del actor y en consecuencia revocar parcialmente la demanda, condenando a Plan Óvalo S.A. de Ahorro para fines determinados a pagar al actor $20.000 con más intereses según las pautas establecidas en el consid. III.i, con costas de ambas instancias al demandado vencido (cpr. 279 y 68); (ii) rechazar parcialmente el recurso interpuesto por Aback S.A. y confirmar la sentencia apelada en cuanto al cómputo de los intereses y modificar el régime n de las costas respecto de este accionado, imponiendo las de primera instancia en un 70% a cargo del demandado y en un 30% en cabeza del actor, y las de Alzada, al recurrente que ha sido vencido (cpr. 68).

Notifíquese por Secretaría.

Devueltas que sean las cédulas debidamente notificadas, vuelva el expediente a la Sala a fin de dar cumplimiento a la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Julia Villanueva

Eduardo R. Machin

Juan R. Garibotto

Manuel R. Trueba

Prosecretario de Cámara