Admisibilidad del reclamo de diversos rubros derivados en un infortunio incapacitante acaecido en acto de servicio.

demanda-indemnizacionPartes: A. S. O. c/ Prefectura Naval Argentina s/ reclamos varios

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: A

Fecha: 1-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-98471-AR | MJJ98471 | MJJ98471

Admisibilidad del reclamo de diversos rubros derivados del infortunio incapacitante acaecido en acto de servicio.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar en lo principal la sentencia que hizo lugar a la demanda revocando en lo relativo al pago de las retroactividades desde que el beneficio es debido, cuando el último párrafo del art. 4 de la Ley 26.578 dice, expresamente, que, los beneficiarios no tendrán derecho a percibir retroactividad bajo ningún concepto, otra cosa, no retroactividad, constituirá el cómputo del lapso temporal habido entre el infortunio y el momento de entrada en vigencia de la norma de marras a los fines de la actualización sexenal de los haberes (arts. 2 y 4), así el actor tiene derecho a percibir los haberes correspondientes al grado que resulte, en términos legales, por el tiempo trascurrido desde el infortunio hasta la fecha indicada.

2.-Toda vez que el actor afirma que correctamente, que las leyes 16.443 y 20.774 contemplan situaciones distintas; la primera refiere, preponderantemente, a la incapacitación en actos de servicio, mientras que la segunda a similares infortunios acaecidos en y por actos de servicios, y reconoce que su discapacidad ocurrió en acto de servicio mas no por acto de servicio, no está reclamando los dos grados de ascenso instituidos por la Ley 20.774, sino sólo la actualización sexenal que contempla el art. 2 de la Ley 26.578.

3.-La expresión del a quo según la cual decidió extender al actor los beneficios otorgados por la Ley 26.578, debe ser interpretada con el límite del art. 2 de la Ley 26.578, sin perjuicio de la eventual aplicación de lo previsto por los arts. 3 y 4 de tal norma pues las razones que habrían determinado a conferir progresividad a las prestaciones por discapacidad -interrupción abrupta de la carrera, merma de ingresos, mayores gastos, etcétera, todo según el mensaje del PEN acompañando al proyecto de ley- militan indistintamente sea que la discapacidad haya tenido su origen en acto de servicio o en y por acto de servicio.

4.-La aplicación de la norma a los discapacitados en acto de servicio, en cuanto al ascenso escalafonario, implicaría ponerlos en un lugar de privilegio respecto de quienes continúan en actividad, que se encuentran sujetos a vicisitudes de su carrera -como sanciones, calificaciones en su concepto-, no pudiendo acceder a las jerarquías superiores, peca de imprecisión lógica en tanto propone parangonar situaciones diversas, lo cual no conduce a la igualdad sino al igualitarismo, que es otra cosa. Igualdad es tratar del mismo modo situaciones idénticas, no aplicar siempre la misma receta a cuadros disímiles.

Fallo:

Rosario, 1 de marzo de 2016.

Visto en Acuerdo de la Sala “A” el expediente Nº FRO 12087674/2011 caratulado “A., S. O. c/ PREFECTURA NAVAL ARGENTINA s/ RECLAMOS VARIOS”, (originario del Juzgado Federal Nº 1 de Rosario), del que resulta, El Dr. Fernando Lorenzo Barbará dijo:

1.- Mediante resolución de fecha 29 de junio de 2015, a cuya relación de hechos me remito, se hizo lugar a la demanda de cobro de pesos interpuesta por S. O. A., con costas a la demandada vencida (fs. 130/133).

Contra dicha sentencia la accionada interpuso recurso de apelación y expresó agravios a fs. 134/141. Concedido a fs. 142 y contestados (fs. 143/148vta.), se elevaron los presentes a esta Sala “A” (fs. 153) y se ordenó el pase de los autos al Acuerdo, por lo que quedaron a estudio (fs. 155).

2.- Agravia a la recurrente que el a quo para hacer lugar a la demanda se haya basado en el Acuerdo “Escalante” de la Sala “B” de esta Cámara Federal, el cual sostiene que del texto de la ley 26.578 no se infiere tan claramente que se deba distinguir la incapacidad como producida “en y por actos de servicios”, agregando que tal circunstancia se encuentra acreditada en autos.

Destaca que la interpretación de la ley tiene como primera fuente su letra pero no pueden descartarse los antecedentes parlamentarios, señalando fundamentos de la exposición de motivos de la normativa en cuestión.

Relata que el actor ha sido pasado a retiro como consecuencia de una enfermedad considerada como producida en actos de servicio, pero el hecho en el que se produjo la caída y traumatismo en la pierna izquierda con síndrome flebítico postraumático como secuela, no reúne las condiciones de “por acto del servicio” que prevé la manda legal para el otorgamiento del beneficio, ya que obedece a supuestos acaecidos en el cumplimiento del deber como policía en defensa propia o de terceros, no incluyendo incapacidad por alguna otra tarea diaria en el trabajo.Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.

Asimismo se queja del tipo de interés dispuesto en baja sede de la tasa activa sumada promedio mensual del BNA y de la imposición de costas. Hace reserva del caso federal.

Y Considerando que:

1.- Como lo vengo sosteniendo en mis votos de los Acuerdos “Pasetto” (24/09/15), “Abasto” y “Cicconi” (15/10/15) (ver http://www.cij.gov.ar/sentencias) – relativos a casos a los cuales el presente se asemeja-, según surge del primero de los agravios de la impugnante, el debate que propone versa sobre la trascendente problemática atinente a la interpretación de la ley. Ya en la primera materia de nuestra carrera, cuanto menos en la “Facultad de Derecho de Rosario”, aprendimos que el tema concernido forma parte de otro mayor que es el del “funcionamiento de la norma”, del cual aquélla, la interpretación, resulta ser el primer paso (así Werner Goldschmidt en: “Introducción al Derecho”, Depalma, Buenos Aires, 1967, tercera edición, página 231 y siguientes).

Al respecto se ha dicho mucho antes de ahora que “El que considera desde luego claro e inteligible un precepto legal, sin admitir debate sobre él, comete una petición de principio” (Reichel, Hans en: “La ley y la sentencia”, Reus, Madrid, 1921, página 64).

1.1.- Ahora bien. La apelante propugna una interpretación de la ley 26.578 según la cual, en función de antecedentes extra normativos, el caso de autos no encontraría amparo en ella, de modo que la sentencia que hizo lugar al reclamo debería ser revocada.

A esta altura cuadra señalar que si bien el mensaje con el cual el P.E.acompañó al Congreso de la Nación su proyecto de ley contiene menciones que podrían sustentar la postura de la impugnante, esto es la limitación de los beneficios conferidos sólo para los casos de víctimas de delitos violentos, también es cierto que ese mismo elemento refiere tanto a la ley 20.774 como a la 16.443, tal como a la postre lo reguló la ley 26.578. Por ello cabe tener en cuenta que el artículo 1 de la ley 16.443 refiere a incapacidades generadas “en acto de servicio”, previendo para hipótesis de actos heroicos o de arrojo en el cumplimiento del deber, es decir, “en y por un acto de servicio”, un plus de concesión facultativa, al tiempo que el artículo 7, al referir al personal civil de las fuerzas de modo genérico, utiliza la expresión “.causal de incapacidad o inutilización por acto de servicio.”, de tal suerte que la diferenciación pretendida por la recurrente entre discapacidad con origen “en acto de servicio”, por una parte y “en y por acto de servicio” por la otra, no surge con nitidez de la norma bajo análisis.Mas bien su texto pareciera indicar que su autor o autores no efectuaron tal disquisición.

Por su parte, la ley 20.774 modificó y si se quiere complementó la precedente 16.443, tornando operativo ministerio legis el ascenso de dos grados que esta última preveía como facultativo, introduciendo así una mejora a la situación de discapacidades que hubieren tenido su origen “en y por actos de servicio”, más sin exigir ya De tal suerte entonces que la aplicación de las normas cuyo análisis nos viene ocupando, habrá de establecer siempre una diferenciación entre quien se incapacite “en acto de servicio” y quien sufra tal menoscabo “en y por acto de servicio”, desde que este último ostentará a partir del momento de su fatalidad, dos grados más en su jerarquía escalafonaria, con el consiguiente incremento remuneratorio.

1.2.- Es de recordar que la confección de las leyes en una República democrática no plasma voluntad individual alguna, sino la colectiva del cuerpo legislativo, integrado tanto por diputados como por senadores, de manera que si la formula restrictiva (“en y por acto de servicio”) a la que se aferrara la impugnante, no fue la sancionada por el órgano legiferante, lo que cabe inferir es que se habría debido a que no quiso hacerlo y no por olvido, indolencia, ni ninguna otra razón disvaliosa.Porque como lo afirma el tribunal cimero “No cabe presumir en el legislador inconsecuencia, falta de previsión ni el desconocimiento de otras leyes vigentes” (278-62, 289:200, 297:142, 300:1680, 308:283 y muchos otros).

Desde una óptica constitucional es de tener presente que el PEN además de contar con la posibilidad de asumir la iniciativa en la formación de las leyes, como lo hizo en este caso, luego del tránsito de éstas por ambas Cámaras del Congreso y de la sanción, les son remitidas “. para su examen.” y “.aprobación.” (artículo 78). De manera entonces que el órgano administrador no sólo fue el autor del proyecto de la ley 26.578 que no incluyó en su texto la disquisición restrictiva invocada por la apelante, sino que antes de la promulgación y publicación de la norma la analizó y aprobó.

La situación trae a cuento el brocárdico conforme al cual Ubi lex voluit, dixit, ubi voluit, tacuit (“Donde la ley quiere habla; donde no quiere, calla” (Q. Mucius Scævola en: “Código Civil comentado .”, segundo tomo apéndice, Madrid, imprenta de Ricardo Rojas, 1896, página 150).

1.3.- Nuestro máximo tribunal tiene afirmado que “La primera fuente de interpretación de la ley son sus palabras, que deben entenderse empleadas en su verdadero sentido, en el que tienen en la vida diaria, partiendo de la base de que no son superfluas sino que han sido empleadas con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir conceptos” (Fallos 200:175).

También se ha sostenido entre nosotros la siguiente idea que comparto y por ello la cito: “.resulta errónea la disputa de si el intérprete tiene que ser fiel a la voluntas legislatoris o a la voluntas legis, porque la fidelidad que se le pide al intérprete jurídico es a la justicia prudencialmente definida aquí y ahora .” (Vigo, Rodolfo L. en:”Interpretación jurídica”, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe-Buenos Aires, 1999, página 101, la cursivas son de autor citado).

Hace ya años que otro insigne jurista nuestro esbozó ideas similares a la precedente al sostener que toda norma, una vez sancionada, contiene una voluntad autónoma, agregando que “En la vida social y política es dado ver con frecuencia al inventor de un sistema empeñado en la vana tarea de poner diques improvisados para detener el curso de los pensamientos que él mismo puso en circulación” (Soler, Sebastián en: “La interpretación de la ley”, Ariel, Barcelona, 1962, página 117).

2.- La reclamante explicó adecuadamente en su escrito inicial en qué consistía y consiste su pretensión (fojas 5vta. y 6) tanto como la interpretación armónica de las leyes 16.443, 20.774 y 26.578, especificando que su reclamo se encuadra en las previsiones de la primera y de la última.

Sucintamente tenemos entonces que la actora afirma, estimo que correctamente, que las leyes 16.443 y 20.774 contemplan situaciones distintas; la primera refiere, preponderantemente, a la incapacitación “en actos de servicio”, mientras que la segunda a similares infortunios acaecidos “en y por actos de servicios”, de modo que A., quien reconoce que su discapacidad ocurrió “en acto de servicio” mas no “por acto de servicio”, no está reclamando los dos grados de ascenso instituidos por la ley 20.774, sino sólo la actualización sexenal que contempla el artículo 2 de la ley 26.578.Consecuentemente la expresión del a quo de fojas 133 según la cual decidió extender al actor “.los beneficios otorgados por la Ley 26.578.”, debe ser interpretada con ese límite, sin perjuicio de la eventual aplicación de lo previsto por los artículos 3 y 4 de tal norma.

Porque desde mi punto de vista las razones que habrían determinado a conferir progresividad a las prestaciones por discapacidad (interrupción abrupta de la carrera, merma de ingresos, mayores gastos, etcétera, todo según el mensaje del PEN acompañando al proyecto de ley) militan indistintamente sea que la discapacidad haya tenido su origen “en acto de servicio” o “en y por acto de servicio”.

Estimo igualmente que el argumento de la recurrente según el cual la aplicación de la norma a los discapacitados “en acto de servicio”, en cuant o al ascenso escalafonario, implicaría ponerlos en un lugar de privilegio respecto de quienes continúan en actividad, que se encuentran sujetos a vicisitudes de su carrera -como sanciones, calificaciones en su concepto-, no pudiendo acceder a las jerarquías superiores, peca de imprecisión lógica en tanto propone parangonar situaciones diversas, lo cual no conduce a la igualdad sino al igualitarismo, que es otra cosa.Igualdad es tratar del mismo modo situaciones idénticas, no aplicar siempre la misma receta a cuadros disímiles.

Por otra parte, el valor solidaridad, sin duda contenido en nuestra Constitución Nacional, impone a los más afortunados condescendencia con sus semejantes que no lo son, al tiempo que no cabe ver como un privilegio ni una desigualdad irritante la simple compensación parcial de una desgracia discapacitante, la cual constituye un ingente precio de tan magra recompensa, al punto que ninguna persona sana y sensata estaría dispuesta a pagarlo si de ella dependiera.

3.- Sin perjuicio de las consideraciones precedentes que habrán de conducir a la propuesta final de mi voto, a la luz de los agravios de la impugnante y el consecuente análisis exhaustivo del fallo venido para control, advierto que éste hizo lugar a “.el pago de las retroactividades desde que el beneficio es debido” (fojas 133), cuando el último párrafo del artículo 4 de la ley 26.578 dice, expresamente, que “Los referidos beneficiarios no tendrán derecho a percibir retroactividad bajo ningún concepto.”. Otra cosa, no retroactividad, constituirá el cómputo del lapso temporal habido entre el infortunio y el momento de entrada en vigencia de la norma de marras a los fines de la actualización sexenal de los haberes (artículos 2 y 4). De manera que, para que quede claro; el actor tendrá derecho a percibir desde el día 01 de enero de 2010, los haberes correspondientes al grado que resulte, en términos legales, por el tiempo trascurrido desde el infortunio hasta la fecha indicada.

4.- En cuanto al agravio relativo a la tasa de interés también propugnaré su rechazo, dado que interpreto que la fijada por el a quo resulta acorde a Derecho y a las circunstancias socio-económicas actuales.

5.- En definitiva me expediré por rechazar los agravios de la impugnante y consecuentemente confirmar la sentencia venida en crisis, en los términos y con las precisiones de los considerandos precedentes.

6.- Con relación a las costas de la presente instancia no encuentro razón que ameriteel apartamiento de la regla general en caso de vencimiento de una de las partes, por lo cual propongo cargarlas íntegramente a la apelante que, cuanto menos según mi voto, habrá de resultar perdidosa (primer párrafo del artículo 68 del CPCCN).

Es mi voto.

El Dr. Carlos F. Carrillo dijo:

Adhiero a la solución que propone adoptar el Dr. Fernando Lorenzo Barbará, tanto en lo relativo al fondo como a las costas, en función de lo que sostuve en mi voto en los precedentes “Pasetto” del 24/09/2015, “Abasto” y “Cicconi”, ambos del 15/10/2015, a cuyos fundamentos me remito en mérito a la brevedad.- Únicamente disiento en lo que refiere a la tasa de interés, ya que de conformidad con el criterio sentado por esta sala en reiterados pronunciamientos (Ac.

241/07, 67/08, entre otros), corresponde aplicar la tasa pasiva promedio mensual capitalizada que publica mensualmente el BCRA, revocándose la sentencia de primera instancia en este punto.- Es mi voto.- Concuerdo con la solución que proponen acordar mis colegas en cuanto al fondo de la cuestión e imposición de costas, respecto al derecho del actor a percibir los haberes correspondientes al grado que resulte, en términos legales, por el tiempo transcurrido desde el hecho incapacitante hasta el momento de entrada en vigencia de la Ley 26.578, esto es, el 01.01.2010 (cfr.art.

4º, primera parte), en tanto las cuestiones aquí planteadas resultan análogas a las tratadas en autos “Pasetto” (Acuerdo del 24 de septiembre de 2015), “Abasto” y “Cicconi”, (acuerdos del 15/10/2015), “Calderón” (acuerdo del 19/11/2015) y “Peruggia” (acuerdo del 02/12/15), a cuyos fundamentos y conclusiones, en lo pertinente al caso, corresponde remitir por razones de brevedad y economía procesal (ver http://www.cij.gov.ar/sentencias).

En lo que respecta a la tasa de interés, concuerdo con la solución propuesta por el Dr.

Carrillo, consecuentemente, entiendo que corresponde revocar lo resuelto por el a quo en este punto y aplicar en su lugar la tasa pasiva promedio mensual capitalizada que publica mensualmente el BCRA (cfr. criterio de esta sala -con distinta composición- en Ac. 241/07, 67/08 entre otros).

Es mi voto.

Por tanto, SE RESUELVE:

1.- Confirmar parcialmente la sentencia de fecha 29 de junio de 2015 obrante a fs. 130/133 de autos, en los términos y con las precisiones de los considerandos precedentes.

2.- Disponer la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual capitalizada que publica mensualmente el BCRA.

3.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (art.

68 del CPCCN).

4.- Regular los honorarios de los profesionales actuantes ante la Alzada en el 25% de lo que respectivamente se regule en primera instancia.

5.- Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada nº 15/13 de la C.S.J.N. y oportunamente devuélvanse los autos al Juzgado de origen.

Gl-pcd

FERNANDO LORENZO BARBARÁ

JUEZ DE CAMARA

CARLOS FEDERICO CARRILLO

JUEZA DE CAMARA

ELEONORA PELOZZI

JUEZ DE CAMARA

(Subrogante)

Ante mi

Raquel Bolzico

Secretaria de Cámara