Rechazo de la demanda deducida en el marco del Decreto-Ley 326/56 que rige el servicio doméstico, pues la trabajadora no logró acreditar el umbral horario mínimo requerido por la norma mencionada.

RelojPartes: Arriola Silvia Leticia c/ Alzari Eduardo H. y/o q.r.j.r. s/ laboral

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista

Sala/Juzgado: 4ta circ.

Fecha: 18-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-98424-AR | MJJ98424 | MJJ98424

Rechazo de la demanda deducida en el marco del Decreto-Ley 326/56 que rige el servicio doméstico, pues la trabajadora no logró acreditar el umbral horario mínimo requerido por la norma mencionada.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el rechazo de la demanda, pues quedó ampliamente demostrado que la actora prestaba servicios por menos de cuatro horas por día, de lunes a viernes y como niñera, no alcanzando a superar el umbral horario de dedicación diaria exigido por el decreto-ley 326/56.

2.-Si bien la tarea de niñera que desarrolló la actora no estaba excluida por el dec-ley 326/56 , pudiendo afirmarse que era un trabajo que se daba en el marco de la vida doméstica del domus, la trabajadora no logró acreditar el umbral horario mínimo requerido por la norma mencionada.

3.-Dada la exclusión del servicio doméstico del RCT, no regía para estos trabajadores la presunción del art. 23 LCT de modo de invertir las cargas probatorias sobre la afectación temporal, por lo que incumbía a la accionante demostrar que laboraba cuatro ó más horas diarias, lo que no ha hecho.

Fallo:

En la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, a los 18 días de Marzo de 2016, se reúnen los Jueces de esta Cámara, Dres. Aldo Pedro Casella, Santiago Andres Dalla Fontana y Mario E. Balestieri para resolver los recursos interpuestos contra la resolución dictada por el Señor Juez de Primera Instancia de Distrito N° 4 en lo Laboral de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, en los autos: ARRIOLA, SILVIA LETICIA C/ ALZARI, EDUARDO H. Y/O Q.R.J.R. S/ LABORAL, EXPTE. N° 441, AÑO 2008. Acto seguido, el Tribunal establece el orden de votación conforme con el estudio de autos: Dalla Fontana, Casella y Balestieri, y se plantean para resolver las siguientes cuestiones: Primera: ¿Es nula la sentencia? Segunda: Caso contrario, ¿Es justa? Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión el Dr. Dalla Fontana dijo: el recurso de nulidad no ha sido sostenido en esta Alzada por la recurrente, y no advirtiendo vicios graves que ameriten su tratamiento de oficio, voto por la negativa.

A la misma cuestión, el Dr. Casella vota en igual sentido. El Dr. Balestieri, advirtiendo la existencia de dos votos coincidentes, se abstiene de votar (art. 26 L.O.P.J.).

A la segunda cuestión, el Dr. Dalla Fontana dijo: la sentencia de primera instancia (fs. 154/156) rechazó la demanda impetrada por Silvia Leticia Arriola contra Eduardo Alzari e impuso a aquélla las costas del juicio. En su valoración del caso y luego del repaso de las pruebas rendidas el a-quo estimó ampliamente demostrado que la actora prestaba servicios por menos de cuatro horas por día, de lunes a viernes y como niñera, no alcanzando a superar el umbral horario de dedicación diaria exigido por el Dec. – Ley 326/56. También mencionó que «no se dio el servicio doméstico que dice la actora realizó para el accionado», entendiendo por aquél el que incumbe «a las necesidades propias del hogar o de la persona del patrono» (fs.155 vto.).

Arriola apeló el fallo que le fuera adverso, concediédosele el recurso en forma inmediata. Radicados los autos en esta alzada, fundó la apelación expresando sus agravios.

Se queja primero porque el a-quo no encuadró las tareas de niñera dentro del ámbito del servicio doméstico (Dec.-ley 326/56), donde según su posición se ubican naturalmente. Luego se agravia porque la sentencia no tuvo en cuenta el propio reconocimiento que realizó el accionado de la relación laboral, puntualizando las expresiones de Alzari en la Secretaría de Estado de Trabajo así como una expresión del Dr. Ruiz en la contestación de demanda y del testigo Leciza. En tercer término achaca al anterior la forma en que sopesó las declaraciones testimoniales, entre las que encuentra parcialidad y carencia de fundamentos en algunos casos, mientras que en otros entiende que sirven para acreditar el carácter laboral «doméstico» de la relación habida entre las partes. En su cuarto agravio la actora puntualiza circunstancias necesarias para que haya locación de servicios que no se darían en autos. Posteriormente se queja porque el a-quo sostuvo que la actora trabajaba de lunes a viernes, menos de cuatro horas por día. Finaliza la serie de agravios con una referencia crítica a la conducta profesional desplegada por el apoderado de la demandada, no sólo en autos sino también en otras causas, sin detallarlas. Después de formular una conclusión de sus argumentos pide la revocación del fallo alzado y que en su lugar se haga lugar a la demanda, con costas.

En su oportunidad procesal la demandada contestó los agravios vertidos por la apelante, abogando por su rechazo. También peticionó «se aplique en autos el dispositivo previsto para la plus petición inexcusable en el art. 20 de la L.C.T.» (fs. 180).

Firme la providencia de pase al Tribunal ha quedado la presente concluida para definitiva.

A fin de dar un orden a las cuestiones traídas a revisión analizaremos los siguientes temas:a) Actividad desarrollada por Arriola en beneficio de Alzari; b) Encuadramiento legal; c) Solución del caso.

a) Actividad desarrollada por Arriola en beneficio de Alzari.

La confesional de la propia actora contiene numerosas precisiones sobre la índole de tareas que desplegaba y que debemos tener en cuenta dado su carácter de probatio probatissima en la medida que fortalezcan la posición de su contraria. Así tenemos que fue Arriola quien ofreció sus servicios a Alzari para el cuidado de su hija menor María Clara (posiciones 5, 6 y 9), que a la actora se le pagaba semanalmente sin exigírsele recibo de pago (posiciones 11 y 13), que la niña fue a un colegio en horario vespertino durante la primera mitad de 2005 y en horario matutino durante la segunda mitad, estando la actividad de Arriola relacionada con acompañar a la menor desde o hasta los establecimientos escolares (posiciones 14, 15, 16, 22, 23 y 24), que cuando prestó servicios a la mañana se retiraba cerca del medio día (posición 25) y cuando lo hizo a la tarde se retiraba para ir a la escuela nocturna (posición 17), que la actora cocinaba en su casa y se ocupaba de las tareas de su propio hogar, siendo casada y con varios hijos (posiciones 2 y 29) y que María Lilia Vanoni colaboró como maestra especial en la atención domiciliaria de María Clara Alzari (posiciones 18, 36 y 38). Además de lo que surge del propio texto de las posiciones a las que se dio respuesta afirmativa, lo descripto es suficiente para concluir de sus propios dichos que Arriola se desepeñó como niñera (algo que no está siquiera discutido por las partes) a tiempo parcial, muy lejos de las 10 horas diarias de lunes a domingo que figuran en la demanda (fs.

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Los testigos han dado aún más precisiones acerca de la índole de tareas realizadas por la actora, coincidiendo en que era niñera de lunes a viernes, nunca más de 3 horas diarias, y que Susana Kaufmann se ocupaba de los quehaceresdomésticos inherentes a la limpieza y cocina en el hogar de Arriola. Ello se desprende de las declaraciones coincordantes de Vanoni (reconocida por la propia actora como que también prestó servicios para la niña), Kaufmann (empleada doméstica), Vizcay (quien concurría al domicilio del demandado), Leciza (jardinero que prestaba servicios en el domicilio del demandado) y Robul (amiga del demandado y que visitaba su casa).

El informe de la Escuela Particular Incorporada N° 1258 «Concordia» (fs. 58) da cuenta de que María Clara Arriola asistió a clases de marzo a junio de 2005 durante 2 horas 30 minutos diarios «por tratarse de una niña con necesidades educativas especiales». Por su parte, el Jardín de Infantes N° 1437 «Inmaculada Concepción» (fs. 60) informó que la menor comenzó asistiendo 1 hora diaria para luego hacerlo durante 1 hora y 45 minutos diarios. Estos precisos datos, relacionados con las tareas de acompañamiento a la escuela a que antes he hecho referencia, lucen totalmente compatibles con el horario de trabajo narrado por los testigos e incluso con la preparación previa (vestido, peinado, etc.) para concurrir a los establecimientos escolares (conf. Nilda Vizca que dijo haber visto a la actora cambiar a María Clara para ir al colegio).

Lo expresado me convence de que Arriola desarrollaba para Alzari exclusivamente tareas de niñera de la hija menor de éste, de lunes a viernes, sin superar las 3 horas diarias de labor.

b) Encuadramiento legal:

El régimen del servicio doméstico vigente al momento de los hechos que nos ocupan había sido regulado en nuestro país por el Decreto – ley 326/56 y por su decreto reglamentario 7979/56. Integraba el derecho del trabajo como categoría de trabajo subordinado (art.14 bis C.N.), pero ha recibido sin dudas una protección menos intensa del legislador que la que aparece en la L.C.T., teniendo en cuenta -según el criterio legislativo de aquel momento- fundamentalmente que en la actividad doméstica el dador de trabajo no es un empresario ni obtiene un lucro directo por las labores del empleado doméstico. A su vez, para encuadrar dentro de este régimen particular se establecían ciertos requisitos: el servicio debe prestarse en el seno de y para un hogar ajeno, y se debían cumplir ciertos mínimos temporales (art. 1 dec. – ley 326/56).

La tarea de niñera que desarrolló la actora no estaba excluida por las referidas normas

en cuanto tal y puede afirmarse que era un trabajo que se daba en el marco de la vida doméstica del domus, sin perjuicio de que – como en autos – incluya acompañar al menor cuidado a sus actividades escolares. A mayor abundamiento, podemos subsumir las tareas de la niñera en el art. 20 inc. a) del Decreto 7979/56. Por tanto, no ofrece ninguna difucultad situar objetivamente el servicio prestado por Arriola dentro del estatuto, por lo que cabe analizar seguidamente si se cumplieron las denominadas condiciones o extremos temporales.

Así, el estatuto excluía de su ámbito a quienes prestaren servicios por tiempo inferior a un mes, menos de cuatro horas por día o por menos de cuatro días a la semana para el mismo empleador, habiéndose dicho acertadamente que «Dichos extremos, cuya concurrencia ha de requerirse acumulada y no alternativamente, constituyen la principal valla para la actuación del ámbito de protección. » y que el régimen especial ha optado por desagregar «. a quienes no sean ocupados según una carga horaria que permita inferir una cierta exclusividad o, por lo menos, una dedicación intensiva en favor del mismo empleador.» (Machado, José Daniel, Acceso al ámbito de protección del decreto 326/56 para trabajadores del servicio doméstico, R.D.L. 2003-2, Estatutos y otras actividades especiales – I, Rubinzal – Culzoni, pág.301) En este orden de ideas el a-quo juzgó adecuadamente que la actora no quedaba comprendida en las previsiones del Dec. – ley 326/56 ya que su jornada de labor – de conformidad a las pruebas analizadas en el acápite anterior – no llegaba a las cuatro horas diarias.

No resulta ocioso destacar que dada la exclusión del servicio doméstico del R.C.T. (art. 2 inc. b de la L.C.T. ) no regía para estos trabajadores la presunción del art. 23 de la L.C.T. de modo de invertir las cargas probatorias sobre la afectación temporal, por lo que incumbía a la accionante demostrar que laboraba 4 ó más horas diarias. Y no sólo no lo ha hecho, sino que los testigos propuestos por el demandado han sido contestes en que Arriola no cumplía tal extremo.

En este punto corresponde preguntarnos dónde se situaban (desde el punto de vista de la regulación normativa) aquéllas personas que no encuadran en el estatuto del servicio doméstico por no llegar al umbral los requisitos temporales de su art. 1. Sin desconocer que ha habido diversidad de opiniones al respecto, creo que luce ajustada la posición sostenida por la antigua mayoría de esta Cámara desde hace varios años (Dres. Casella y Albizzati in re: Gómez, Irma Ferretti de c. Facal, Lidia Gasparutti de s. Laboral, 29/06/95, L. 6 Res. 86/95, F. 1, entre otros) coincidente con una visión «tradicional» del tema, que ubicaba el supuesto en el ámbito del derecho común (arts. 1623 y cc. del Código Civil). Es que mal podría aplicarse por vía de la analogía el régimen protectorio atenuado del decreto – ley a personas excluidas expresamente, y menos aún las normas del R.C.T. (de mayor protección) del que fueron desagregados incluso los trabajadores del servicio doméstico regidos por el estatuto.Ello me lleva a coincidir con la opinión del a-quo.

Desde otro orden, las críticas focalizadas en lo manifiestado por Eduardo Alzari en la audiencia llevada a cabo en la Secrearía de Estado de Trabajo no significan en mi opinión un reconocimiento del carácter de dependiente de Silvia Arriola. No se puede exigir a un lego (obsérvese que Arrriola concurrió sin asistenica letrada al órgano administrativo, fs. 23) la precisión terminológica de un profesional, por lo que del hecho de haber manifestado que «despidió» a la actora en lugar de afirmar (por ejemplo) «rescindí el contrato de locación de servicios» no puede acarrearle efectos adversos. Tampoco emplaza a la accionante en el lugar de una empleada doméstica la manifestación de haberle abonado todo, ya que al locatario de servicio también se le paga un precio (art. 1627 del Código Civil). Por último el ofrecimiento de Alzari de pagar los aportes de Arriola no quiere decir que aquélla haya estado comprendida en el estatuto ya que de conformidad al art. 15 de la ley 26.063: «El Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico instituido por el Título XVIII de la Ley N° 25.239 es de aplicación obligatoria para aquellos sujetos que prestan servicio dentro de la vida doméstica y que no importen para el dador de trabajo lucro o beneficio económico, en los términos previstos en la referida norma, sea que dichos sujetos encuadren como empleados en relación de dependencia -de conformidad con lo estipulado por el Estatuto del Personal del Servicio Doméstico, aprobado por el Decreto-Ley N° 326 de fecha 14 de enero de 1956 y su reglamentación- o como trabajadores independientes.» (lo resaltado me pertenece), lo que fue precisado por el art. 1 de la Resolución General AFIP – DGI 1978/05 que exige un mínimo de 6 horas semanales para deber aportar al régimen especial. Por último, la expresión del Dr. Ruiz citada a fs.171 in fine sólo aisladamente y a través de una interpretación rebuscada puede dar lugar a tener por reconocida una situación de hecho que las pruebas contradicen. c)Solución del caso:

En mérito a lo hasta aquí desarrollado considero que Silvia Leticia Arriola no revistió el carácter de empleada doméstica, no siéndole aplicables las disposiciones del Decreto – ley 326/56 ni tampoco las de la L.C.T., por lo que la sentencia apelada merece ser confirmada, siendo improcedente la pretensión de pago de rubros derivados del encuadramiento estatutario o en el R.C.T.

Antes de terminar no quiero dejar de señalar que sin perjuicio de la lamentable desaveniencia entre los letrados de ambas partes que evidencia la redacción del denominado sexto agravio, el mismo no constituye tal, no existiendo pretensión concreta relacionada con lo allí expresado. Y en relación al pedido de la demandada de que se aplique el dispositivo previsto para la plus petición inexcusable no corresponde su tratamiento por no haber esa parte recurrido la sentencia.

En consecuencia, voto por la afirmativa, debiéndose imponer las costas de esta instancia a la recurrente perdidosa (art. 101 del C.P.L.).

A la misma cuestión, el Dr. Casella manifiesta que coincide con lo expuesto por el Dr. Dalla Fontana, por lo que vota en igual sentido. En tanto, el Dr. Balestieri se abstiene de hacerlo ante la existencia de dos votos coincidentes (art. 26 L.O.P.J.)

A la tercera cuestión, el Dr. Dalla Fontana dijo: atento al resultado precedente, corresponde adoptar la siguiente resolución: 1) Desestimar el recurso de nulidad; 2) Rechazar el recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada; 3) Imponer las costas de segunda instancia a la recurrente perdidosa; 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en la Alzada en el 50% de los que correspondan por regulación firme a su actuación en la instancia de grado.

A la misma cuestión, el Dr. Casella vota en igual sentido y el Dr. Balestieri se abstiene (art. 26 L.O.P.J.)

Por ello, la

CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

RESUELVE: 1) Desestimar el recurso de nulidad; 2) Rechazar el recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada; 3) Imponer las costas de segunda instancia a la recurrente perdidosa; 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en la Alzada en el 50% de los que correspondan por regulación firme a su actuación en la instancia de grado.

Regístrese, notifíquese y bajen.

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