Responsabilidad estatal por el deceso del interno, dado el acceso de los reclusos a armas blancas de fabricación clandestina.

ataque_cuchilloPartes: Capobianco Angel Miguel y otro c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y derechos humanos- servicio penitenciario s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 25-feb-2016

Cita: MJ-JU-M-98338-AR | MJJ98338 | MJJ98338

Responsabilidad estatal por el deceso del interno, pues la falta de control derivó en el acceso de los reclusos a armas blancas de fabricación clandestina, usadas en la fatal riña.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la responsabilidad del Estado, pues no hay duda de que el acceso de los reclusos a los elementos que fueron utilizados como armas por parte de los protagonistas de la pelea donde falleció el hijo de los actores, revela una falta injustificable del Servicio Penitenciario Federal.

2.-La obtención de palos de escoba y de armas blancas fabricadas dentro del establecimiento carcelario denota una falta de control e información incompatibles con el adecuado cumplimiento del servicio que merece reproche, pues es sabido que al Estado le incumbe organizar sus recursos y crear las condiciones propicias para el cumplimiento de las funciones que le son específicas, por lo cual es responsable de las derivaciones negativas originadas en la ejecución irregular de esa obligación.

3.-Se confirma la responsabilidad estatal pues prescindir del resultado que las tareas de inteligencia del organismo demandado lleva a cabo y abstenerse de controlar a los internos dejándolos librados a su propia suerte equivale, virtualmente, a coparticipar en la materialización de los daños previsibles, y en efecto, la muerte de los reclusos entra en esta última categoría.

4.-El hecho de que uno de los reclusos haya matado al hijo de los actores dentro del establecimiento carcelario a raíz de una riña entre ellos no interrumpe el nexo causal entre el incumplimiento del estándar mínimo de protección y el daño experimentado por los protagonistas del fatídico evento, pues fue precisamente dicho incumplimiento el que desencadenó las consecuencias.

5.-Se juzga que hay una relación de causalidad preponderante entre la conducta del Estado y los perjuicios sufridos por los demandantes, lo que determina que deba repartirse la responsabilidad entre el accionado y el Estado, pues si bien no corresponde situar a ambas partes en pie de igualdad, cabe considerar que el hijo de los actores agredió a otro recluso generando la reacción de éste.

6.-Aunque la calificación del hecho en sede penal obliga a ponderar la agresión ilegítima del hijo de los actores como un elemento que contribuyó al resultado fatal (arts. 1102 y 1111 del CCiv.), ello no significa situarla en un pie de igualdad con la falta de servicio constatada de parte del Estado, pues esta última tuvo una gravitación mayor sobre las proyecciones dañosas porque fue anterior en el tiempo y creó las condiciones necesarias y suficientes para desencadenar el caos y el enfrentamiento.

7.-Dado que el homicidio del hijo de los actores sucedió antes de que estuvieran vigentes la Ley de Responsabilidad del Estado Nº 26.944 y el CCivCom., el marco jurídico de referencia está dado por la Constitución nacional y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el particular.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 25 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “Capobianco Ángel Miguel y otro c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y derechos humanos- Servicio Penitenciario”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo dijo:

I. El señor Ángel Miguel Capobianco y la señora Agueda de Jesús Britez demandaron al Estado Nacional -Servicio Penitenciario Federal (“SPF”) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- por el cobro de $ 2.411.520 y los intereses correspondientes, en concepto de indemnización por la muerte del hijo de ambos, Pablo Javier Capobianco, ocurrida durante una riña de internos en una de la unidades del SPF y en circunstancias que se detallarán ulteriormente.

II. El Estado Nacional compareció contestando la demanda y solicitando su rechazo (fs. 81/90). Para evitar repeticiones innecesarias abordaré los argumentos relevantes de cada parte en la medida que sea pertinente para ejercer la jurisdicción revisora.

III. En el fallo obrante a fs. 316/323, el señor juez de primera instancia admitió parcialmente la demanda y condenó al Estado Nacional al pago del 50% del capital de la condena, que fijó en “$128.200” y distribuyó así: “$71.800” para Agueda de Jesús Britez y “$56.400” para Ángel Miguel Capobianco, con más los intereses calculados a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días desde el día del hecho para todos los rubros, salvo para los gastos futuros, respecto de los cuales los hizo correr desde el dictado de la sentencia.

En cuanto a las costas, las impuso en el orden causado (fs. 322 y vta., considerando XI).

IV. Apelaron ambas partes (fs. 325 y fs. 329, y autos de concesión de fs. 326 y fs. 330).

La demandada expresó agravios a fs.333/339, mientras que los actores hicieron lo propio a fs. 340/350. El traslado ordenado por la Sala fue contestado a fs. 352/359 y a fs. 360/363.

V. a. El Estado Nacional se queja de la responsabilidad que le endilgó el magistrado alegando que no hubo nexo causal entre la muerte de la víctima y la conducta de sus agentes (fs. 334, punto 2.1.1). En segundo lugar, cuestiona la procedencia del daño psicológico y los montos fijados en concepto de agravio moral, gastos de sepelio, psicofármacos y atención psiquiátrica de los demandantes (fs. 335, punto 2.1.2); también los accesorios porque deben computarse -a su juicio- desde la notificación de la demanda y

a la tasa pasiva. Pide la aplicación del artículo 68 de la ley 11.672, Complementaria y Permanente del Presupuesto, lo que conlleva a subordinar el cobro del crédito no consolidado y reconocido por sentencia firme, al trámite y condiciones allí previstos (fs. 337 y vta./fs. 338 puntos 2.1.4 y 2.1.5).

b. Por su parte, los actores se quejan de la culpa concurrente atribuida a la víctima, del rechazo de los daños material -incluido el futuro- y psicológico, de la suma asignada para el daño moral y de la distribución de las costas por su orden (fs. 340/350).

VI. Razones de orden lógico obligan a tratar el tema de la responsabilidad.

Tal como adelanté, los actores protestan contra la responsabilidad compartida en virtud de la cual el Estado Nacional sólo debe afrontar el cincuenta por ciento de la indemnización.Por su parte, el demandado considera que fue el interno Pablo Javier Capobianco el único responsable de la situación que precipitó su muerte.

A los fines de examinar los planteos de ambas partes, tengo presente que está probado que Pablo Javier Capobianco estaba alojado como interno en el Pabellón “E” de la Unidad Penitenciaria de Ezeiza, cumpliendo una prisión preventiva dictada en el marco de un juicio penal iniciado por secuestro extorsivo en el cual había sido procesado. El 18 de mayo de 2005 se produjo una revuelta de los internos que derivó en enfrentamientos entre ellos. Capobianco participó activamente resultando herido en la parte izquierda del tórax con un elemento corto punzante que le causó la muerte.

Con motivo de ese hecho fue iniciada la causa penal nº 2980/04 caratulada “Delucchi Fugazza, Diego Abel s/homicidio simple art. 79 C.P.”, tramitada ante el Tribunal Oral en lo Criminal nº 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en la que el nombrado Delucchi fue condenado por homicidio simple con exceso en la legítima defensa (conf. copia de la sentencia del Tribunal Oral obrante a fs. 292/305 y vta., concordante con las fs. 510/528 de dicha causa, que fue ofrecida como prueba, recibida en la instancia inferior, agregada en fotocopias certificadas con reserva a fs. 237 y elevada a fs. 331 y vta., la cual tengo a la vista).

Corresponde definir el régimen legal en el que hay que subsumir los hechos.

A partir del criterio establecido en la causa nº 2121/05 del 16/09/2015, juzgo que la ley 26.944 (B.O. 8/8/14) es aplicable a los hechos posteriores a su entrada en vigor (art. 3 del Código Civil; art. 7 del Código Civil y Comercial, mi voto en la causa nº 2121/05 ya cit.). La misma consideración se aplica al Código Civil y Comercial de la Nación (conf.voto de la doctora Graciela Medina en la causa nº 11095/03 del 21/10/2015, al que adherí en mi voto en la causa nº 12504/07 del 27/10/2015, entre otras). Dado que el homicidio del hijo de los actores sucedió antes de que estuvieran vigentes dichas normas, el marco jurídico de referencia está dado por la Constitución nacional y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el particular.

Remarco dos cosas: el tinte constitucional del esquema de responsabilidad que estoy examinando (Reiriz M. Graciela, “Responsabilidad del Estado” en AA.VV. El derecho administrativo hoy; Ed. Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 1996, pág. 224) y los compromisos que asumió el Estado Nacional en materia de derechos humanos en los tratados internacionales de rango prevalente (art. 75, inciso 22 de la Constitución nacional), los cuales configuran límites insoslayables del quehacer estatal (Salomón, Jorge L., Originalidad del fundamento de la responsabilidad del Estado en la Argentina, ED 186-618).

La muerte de personas detenidas en prisiones ha dado lugar a condenas del demandado cuando aquélla es el desenlace de una negligencia probada por parte de autoridades penitenciarias determinadas (Fallos: 318:2002). Pero a la misma solución se llega aunque no se individualice al agente que incurrió en la negligencia ni la norma trasgredida en la ocasión ya que, de acuerdo con la actual formulación de la falta de servicio, la condena del Estado se impone cuando el perjuicio sufrido por el particular es

un resultado incompatible con el deber de seguridad que al demandado le atribuyen las normas constitucionales y las convenciones internacionales aludidas.Por eso se ha hecho hincapié en el carácter objetivo y directo de la responsabilidad (esta Sala, causa nº 8943/2006 del 13/02/2009).

Desde esos principios y normas corresponde examinar los hechos.

De las fotocopias de la causa penal ofrecida como prueba que tengo a la vista se desprende que, el 18 de mayo de 2005, a las 17:30 horas aproximadamente, se produjo una “riña colectiva” en el Módulo III, Pabellón “E”, del Complejo Penitenciario Federal Nº 1, ubicado en la localidad de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires y dependiente del SPF (fs. 175 del cuerpo de fotocopias relativo a la causa penal nº 2980/04 citada). En la filmación obtenida por los dependientes del SPF en esa oportunidad se pudo apreciar el inicio de grescas en el denominado “Salón de Usos Múltiples” entre cinco o seis internos, uno de los cuales era el hijo de los actores, Pablo Javier Capobianco, a los que se plegaron otros más (declaración del Inspector Federico Bellini y fotos obrantes a fs. 72/73, y fs.77/84 de la

causa cit.).

Los inspectores de turno que acudieron al lugar observaron que “…varios internos se agredían entre sí, utilizando palos y elementos punzo cortantes habitualmente llamados ‘facas’…” (declaraciones de los Ayudantes Claudio José Ojeda y Jorge Gustavo Bolaño, fs. 92/95 de la causa cit.). A posteriori, la División Homicidios de la Policía Federal se constituyó en el lugar constatando la existencia de trece armas blancas elaboradas artesanalmente y seis palos de escoba cortados transversalmente (fs. 51 e informe de fs.

60/60 y vta. de la causa cit.).

Volviendo sobre la secuencia de los hechos, una vez iniciado el conflicto, el hijo de los actores persiguió -armado con un palo- a dos internos subiendo por la escalera que daba al piso de las celdas; ya en el piso superior trabó combate con ellos, también armados con palos, intercambiando golpes hasta ser herido mortalmente por uno de los dos llamado Diego Abel Delucchi.

Capobianco bajó por la escalera y cayó al piso muerto.El deceso se produjo por una herida en la aorta torácica causada por Delucchi mediante un instrumento punzante y que se conoce en la jerga penitenciaria como “arpón” (fs. 118/122, y fs. 175/178 de la causa cit.).

No hay duda en cuanto a que los elementos que fueron utilizados como armas por parte de los protagonistas de la pelea revelan una falta injustificable de parte del SPF. La obtención de palos de escoba y de armas blancas fabricadas dentro del establecimiento carcelario denota una falta de control e información incompatibles con el adecuado cumplimiento del servicio. Es sabido que al Estado le incumbe organizar sus recursos y crear las condiciones propicias para el cumplimiento de las funciones que le son específicas, por lo cual es responsable de las derivaciones negativas originadas en la ejecución irregular de esa obligación (Fallos: 306:2030; 312:343; 315:1892). El doctor Alfonso remitió a esa doctrina (considerando III del fallo, fs. 318 y vta.) a pesar de lo cual, el accionado no aportó ningún argumento que rebata su aplicación al sub lite (art. 2 67 del Código Procesal según el DJA).

Pero la controversia no se reduce a un aspecto procesal ni a una mera omisión reglamentaria impuesta desde una concepción represiva del derecho penal.

La República Argentina tuvo un papel protagónico en la determinación de las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos en el Primer Congreso de Naciones Unidas

para la Prevención del delito y el tratamiento del delincuente de Ginebra, en 1955. Se explica en función del derecho al trato digno y humano que la Constitución de 1853 estableció a favor de las personas privadas de libertad (art. 18). A partir de la reforma de 1994, ese derecho se vio fortalecido en virtud del compromiso asumido por nuestro país en los tratados internacionales de rango constitucional (art. XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art.5, inciso 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos). La solución se encuentra en la formulación de una política de Estado que establezca los medios necesarios para terminar, entre otras cosas, con la superpoblación y el hacinamiento carcelarios, y concretar la protección de la integridad personal y el desarrollo de los reclusos (Fallos: 328:1146 y Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes – Naciones Unidas, Convención homónima, ratificado por la Argentina el 15 de noviembre de 2004). Los motines, las riñas entre internos, los homicidios y todas las prácticas degradantes que se llevan a cabo en las cárceles no son preocupaciones abstractas susceptibles de investigación por parte de sociólogos o psicólogos, sino problemas concretos que el Estado está obligado a afrontar y solucionar. A propósito de ello, es pertinente recordar que, al interpretar la VIII enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América que prohíbe aplicar penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, la Suprema Corte juzgó que, aunque los condenados pueden ver restringidos sus derechos durante el período en que cumplan la pena, ello no significa que estén despojados del amparo constitucional porque “…no hay una cortina de hierro trazada entre la Constitución y las prisiones de este país…” (Wolf v. MacDonnell; 418 US 539, 1974).

Resumiendo, la obligación del Estado prevista en la Constitución y reiterada en tratados internacionales de jerarquía equivalente a ella es compleja porque involucra distintos ámbitos de actuación y, por ende, no está limitada al cumplimiento de los reglamentos carcelarios. Es cierto que la realidad contrasta esta afirmación que puede parecer ilusoria; pero también lo es que el derecho no debe ir a la zaga de los hechos ni quedar condicionado por ellos (Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30 de marzo de 2006 citada en C.S.J.N. L. 733. XLII.ORIGINARIO “Lavado, Diego Jorge y otros c/ Mendoza, Provincia de y otro s/ acción declarativa de certeza” , resolución del 13 de febrero de 2007; Fallos: 328:1146, cit. considerando 58, págs. 1200 y 1201; y disidencia parcial del doctor Fayt, considerando 27, págs. 1221 y 1222).

Sentado lo anterior, corresponde confirmar la responsabilidad estatal y abordar el agravio de la actora sobre la culpa concurrente de la víctima. Los apelantes arguyen que la conducta de su hijo no fue la causa de su muerte.

Conviene separar dos cuestiones, a saber: el hecho de que Diego Abel Delucchi haya matado al hijo de los actores en las circunstancias señaladas no interrumpe el nexo causal entre el incumplimiento del estándar mínimo de protección y el daño experimentado por ellos. Fue precisamente dicho incumplimiento el que desencadenó las consecuencias: prescindir del resultado que las tareas de inteligencia del SPF lleva a cabo y abstenerse de controlar a los internos dejándolos librados a su propia suerte equivale, virtualmente, a coparticipar en la materialización de los daños previsibles. Y la muerte de los reclusos entra en esta última categoría (Fallos: 318: 2002).

La segunda cuestión atañe a la conducta observada por Capobianco en la ocasión: tengo en cuenta que agredió a Delucchi generando la reacción de éste (sentencia penal, fs. 301 y vta., y considerando IV del fallo apelado, párrafos primero y segundo, fs. 319/320); pero también que el tribunal en lo criminal rechazó la defensa de Delucchi basada en el artículo 34, inciso 6 del Código Penal (ver fs. 299/299 y vta.) por entender que no se presentaba el requisito previsto en el apartado b de dicha norma (fs. 301/302). Y aunque la calificación del hecho en sede penal obliga a ponderar la agresión ilegítima de Capobianco como un elemento que contribuyó al resultado fatal (arts. 1102 y 1111 del Código Civil), ello no significa situarla en un pie de igualdad con la falta de servicio constatada.Esta última tuvo una gravitación mayor sobre las proyecciones dañosas porque fue anterior en el tiempo y creó las condiciones necesarias y suficientes para desencadenar el caos y el enfrentamiento con el resultado ya descripto (Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de derecho civil -Obligaciones, Buenos Aires, Editorial Perrot, 1973, tomo I, págs. 218 a 221).

Así las cosas, considero que hay una relación de causalidad preponderante entre la conducta del Estado y los perjuicios sufridos por los demandantes, la cual fijo en el 90% correspondiendo el 10% restante al occiso. En atención a ello, la responsabilidad del accionado se corresponde con ese grado de participación.

VII. En lo que atañe a las quejas del Estado Nacional relacionadas con la procedencia del daño psicológico, los montos fijados en concepto de agravio moral, gastos de sepelio, psicofármacos y atención psiquiátrica de los demandantes, y el apartamiento de las reglas de la sana crítica (expresión de agravios del demandado, fs. 335 vta. a fs. 337 vta.), cabe consignar que ninguna de ellas está fundada pues sólo trasuntan una mera discrepancia de las conclusiones a las que arribó el magistrado sobre estos tópicos (art. 267 del Código Procesal DJA).

Tampoco puede admitirse la que se vincula con el punto de partida de los intereses (fs. 338 cit., punto 2.1.5. del recurso cit.) porque, más allá de que no fue puesta a consideración del juez de la causa (art. 278 del Código Procesal, DJA), carece de racionalidad calificar la obligación como “contractual” (fs.338, 2.1.5 cit., párrafo tercero). Es sabido que los accesorios se devengan, como en los casos de hechos ilícitos, desde que se verificó el daño y a la tasa fijada en el fallo (esta Sala, causas n° 2553/08 del 3/08/2012, n° 324/07 del 21/10/2013 y sus citas, entre muchas otras).

Ello no obsta a que la condena -que está fuera del régimen de consolidación de deudas públicas porque el hecho ocurrió después de la fecha de corte prevista en ese régimen legal (art. 13 de la ley 25.344 B.O. 21/11/00)- sea cumplida con arreglo al artículo 68 de la Ley 11.672 Complementaria Permanente del Presupuesto (fs. 337 vta., 2.1.4) debiendo el Poder Ejecutivo Nacional efectuar las previsiones presupuestarias correspondientes (art. 22 de la ley 23.982 y CSJN, Fallos: 322:2132 ). El devengo de intereses cesará en los términos de la reglamentación respectiva.

VIII. El doctor Alfonso rechazó el daño material (incluido el futuro) por falta de prueba (considerando VI de su sentencia, fs. 320/321). Comparto la decisión porque no existe ningún elemento en autos que la desvirtúe, a punto tal, que la actora en su recurso se limita a reproducir jurisprudencia, exponer generalidades y dar por ciertas meras hipótesis tales como el “futuro prometedor” de Pablo Javier Capobianco por el hecho de haber cursado estudios secundarios (fs. 344 vta., tercer párrafo) omitiendo rebatir circunstancias comprobadas tales como la condena recibida por un delito cometido cuando sólo contaba con veintiún años de edad y la causa por secuestro extorsivo, tenencia ilegítima de arma de

guerra y concurso real con robo con armas que llevó a su detención. A lo largo del proceso no hay evidencias sobre una actividad lícita y productiva que justifique la admisión del rubro en cuestión.

Análogas consideraciones merece el planteo expuesto a fs. 348/349 del recurso tendiente al acogimiento del daño psicológico incapacitante (art.267 del Código Procesal DJA).

En cambio, corresponde admitir el agravio concerniente a la elevación del monto relativo al daño moral.

Recuerdo que el capítulo tiene un carácter predominantemente resarcitorio que no obsta a que, en ciertas situaciones, pueda servir como una expresión de repudio a la conducta antijurídica del deudor tendiente a encauzarla evitando así su reiteración (esta Sala causa n° 4550/99 del 22/10/2003).

Prudencialmente juzgo que debe ser incrementado en $ 100.000 por cada actor, lo que lleva al total de $ 160.000 para Águeda Britez y $ 150.000 para Ángel Capobianco.

En atención al modo en que se resuelve y a lo prescripto en el artículo 280 del Código Procesal -DJA-, la queja de la actora sobre las costas (recurso cit., fs. 349/349 vta.) deviene abstracta.

Por ello, propongo al Acuerdo modificar la sentencia apelada con el alcance que surge de los considerandos VI, VII y VIII, y confirmarla en lo restante. Las costas de ambas instancias se le imponen al demandado en el 90% y a los actores en el 10% debido al vencimiento parcial y mutuo en las proporciones indicadas (arts. 73 y 280 del Código Procesal).

Así voto.

El Dr. Recondo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.

Buenos Aires, 25 de febrero de 2016.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: modificar la sentencia apelada con el alcance que surge de los considerandos VI, VII y VIII y confirmarla en lo restante. Las costas de ambas instancias se le imponen al demandado en el 90% y a los actores en el 10% debido al vencimiento parcial y mut uo en las proporciones indicadas (arts. 73 y 280 del Código Procesal DJA).

Con relación a las regulaciones de honorarios, comparto el criterio del a quo (ver fs. 323, último párrafo, punto 3) en diferirlas hasta el momento en que se encuentre firme la liquidación definitiva.

La Dra. Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo

Ricardo Gustavo Recondo