Admisibilidad de la acción tendiente al cobro de facturas impagas si no se demostró que las cuentas reclamadas hayan sido abonadas.

FacturaciónPartes: Asociación Médica del Dpto. Gral. Obligado c/ Cruz Blanca S.R.L. y/u otros s/ ordinario

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista

Sala/Juzgado: 2da Nom.

Fecha: 15-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-98367-AR | MJJ98367 | MJJ98367

La falta de impugnación del contenido inserto en las facturas reclamadas constituye prueba del contrato y autoriza a considerar que las condiciones del negocio fueron aceptadas por la compradora, resultando aplicable la presunción del art. 474 del CCom.

Sumario:

1.-Debe confirmarse la sentencia que condenó a la demandada a abonar la suma reclamada por la actora desde que ésta agregó suficiente documental como el contrato o las fotocopias de las notas que lo reanudan, facturación, cheques y recibos presentados, en demostración de la existencia de las obligaciones adeudadas, documentos que la recurrente manifiesta haber negado pero que en los autos fueron reconocidos por el representante legal de la Obra Social en cuanto a que los membretes pertenecían a la entidad demandada y que el sello era del gerente que revestía ese cargo a la fecha, demostrándose la existencia de la relación jurídica que vinculaba a actora y demanda, la emisión y remisión de las facturas correspondientes y el incumplimiento de la prestación por parte de la última.

2.-La falta de impugnación temporánea del contenido inserto en las facturas, la que constituye la prueba del contrato, autoriza a considerar que las condiciones del negocio fueron aceptadas por la compradora, es decir resulta aplicable la presunción del art. 474 del CCom. en el sentido de que las cuentas están liquidadas.

Fallo:

En la ciudad de Reconquista, a los 15 días de Abril de 2016, se reúnen los Jueces de esta Cámara, Dres. Aldo Casella, María Eugenia Chapero y Beatriz Abele, para resolver el recurso interpuesto por la parte demandada contra la resolución dictada por el señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación, de Reconquista, Santa Fe, en los autos: «Asociación Médica del Dpto. Gral. Obligado c/ Cruz Blanca S.R.L. y/u otros s/ J. Ordinario», Expte. N° 246, año 2010. Acto seguido el Tribunal establece el orden de votación conforme con el estudio de autos: Casella, Chapero y Abele y se plantean las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿Es nula la sentencia apelada?

SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia apelada?

TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión el Dr. Casella dijo: La recurrente sostiene la nulidad del fallo alzado (fs. 440/440 vto) cuestionando que el a quo obvió toda consideración del «thema decidendum» como lo es la carencia de sustento probatorio de la demanda efectuada por la actora, sosteniendo que no ha demostrado ningún elemento fáctico traído a la presente causa y culminando sus críticas en cuanto a que la sentencia carece absolutamente de motivación suficiente. No obstante los argumentos de la recurrente, surge del fallo cuestionado que el Juez a quo ha hecho un análisis detallado de la documental aportada por la actora, haciendo mención de las facturaciones correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1998 y enero de 1999 (facturas nros. 8-3991; 8-4127; 8-4512; 8-4642 y 8-4772), citando también la nota de fs. 6/7 mediante la cual la actora comunica a la Obra Social que se reanudan las prestaciones médico-sanatoriales a sus afiliados, y otra documental como contratos, cheques y recibos.De modo que no hay duda que el fallo alzado ha resuelto en razón de los hechos constitutivos de la litis considerandolos acreditados por las documentales que analiza por lo que concluye condenando a la parte demandada; por lo que no aparece transgredido el principio de congruencia invocado por el nulidicente, pues se verifica «identidad entre la materia, partes y hechos de la litis con lo resuelto en el fallo alzado» (Conf. Peyrano, J. W, Vázquez Ferreyra, R.A., Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, análisis doctrinario y jurisprudencial, T. 1, pág. 687, Editorial Juris).

También resulta de la sentencia que los argumentos del a quo descansan sobre variada normativa local (arts. 79, 143, 251, 387, y concs.; y 161 Del C.P.C.C.) para condenar a la demandada, en cumplimiento con la exigencia de la norma imperativa del art. 95 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, respetando también el derecho de propiedad y la garantía del debido proceso derivados la Constitución Nacional. Todo ello da razón de que la sentencia no constituye una manifestación caprichosa de la voluntad del Juez a quo, y que la recurrente no hace más que profesar una mera disconformidad con la sentencia alzada. Sobre ello se ha dicho que «La motivación suficiente exigida por la Ley Suprema, no impone un cartabón de quantum sino de calidad de las argumentaciones que le sirven de sustento, lo cual supone correlación entre aquéllas y lo resuelto (A y S. 64-53/58). Es decir, no existe una medida en la fundamentación de sentencia judicial, sino que bastará con que la misma contenga fundamentos mínimos suficientes, debida fundamentación o sustento necesario como condición de su validez (fallos: 306:1094). la parquedad de un pronunciamiento no importa falta de fundamentación, no debiendo confundirse fundamentación breve o sucinta con una raquítica o insuficiente, reñida con el debido proceso» (A. y S. 69-411/413) – C. S. J. De Santa Fe, 17-3-93. «Estable.Punta Azul», A. y S. 99-195/197, ídem, 15-12-93, «Giampietro, Ernesto y otros c/ Transp. Rurales Argentinos (Deleg. Casilda) s/ Juicio declarativo s/ Queja», entre otros -. De modo que más allá del desacuerdo del recurrente, el fallo resulta suficientemente fundado y en todo caso, su disconformidad podrá ser considerada al tratar el recurso de apelación. Por los motivos expuestos voto por la negativa.

A la misma cuestión, la Dra. Chapero vota en igual sentido y la Dra. Abele luego de analizar la cuestión se abstiene de emitir opinión conforme lo dispuesto por el art. 26 de la ley 10.160.

A la segunda cuestión, el Dr. Casella dijo: La Asociación Médica del Departamento General Obligado deduce demanda de cobro de pesos contra Cruz Blanca SRL y/o la Obra Social de los Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina y/o la Obra Social del personal de la actividad Hotelero Gastronómica (OSUTGRA)por la suma de $27.822, 22.

Cruz Blanca SRL no compareció, siguiéndose contra la misma el proceso en rebeldía. Por su parte OSUTGRA al responder negó la totalidad de los hechos alegados la demandada y solicitó el rechazo de la misma (fs. 57/59).

En la sentencia del 18 de Agosto de 2.009 el Juez a quo resolvió hacer lugar a la demanda y en consecuencia condenó a la demandada a abonar a la actora la suma reclamada con más sus intereses desde la mora, con costas.

Recurrida esta decisión, la accionada OSUTGRA expresa agravios a fs. 434/441, aduciendo que la sentencia del a quo la agravia en virtud de que considera el razonamiento efectuado por el a quo como erróneo y contrario al principio de congruencia procesal, ya que desprende la aludida «responsabilidad de la obra social» del simple hecho -no demostrado conforme a los principios básicos del «onus probandi» respecto del actor – de que existiera un contrato originario cuya vigencia sería presuntivamente de fecha 21/08/98 , que luego fue reanudado mediante notas, cuyas fotocopias han sido desconocidas por su parte.Por lo que sostiene que mal puede considerarse demostrada la aludida «responsabilidad», lo que encierra un término equívoco en virtud de que no estamos en una acción de responsabilidad por daños sino en un proceso ordinario en donde se discute las «presuntas obligaciones incumplidas por mi representada». Agrega que el fallo es irrazonable y que le incumbía la carga de la prueba de la existencia de un contrato comercial vigente al actor, ya que éste debía demostrar que durante la vigencia de este contrato se generaron obligaciones que fueron incumplidas por esta parte demandada, lo que no ha sido demostrado, por lo que no puede interpretarse que no las ha cumplimentado debidamente.

En concordancia con lo anterior, sus siguientes agravios refieren a que tratándose éste de un proceso ordinario, no un proceso ejecutivo, las facturaciones emitidas no tienen validez jurídica si no se prueba el sustrato material del pretendido contrato comercial de prestaciones sanatoriales, vale decir, las diversas prestaciones concretas, porque las facturas son confeccionadas de forma unilateral por la actora, y no tienen ningún tipo de firma de persona autorizada de parte de su representada, solamente la anotación en los libros comerciales, lo que no hace plena fe sobre el contenido de tales facturaciones.

Las constancias de autos no dan razón a las críticas del recurrente. En efecto, la actora agregó suficiente documental como el contrato o las fotocopias de las notas que lo reanudan, facturación, cheques y recibos presentados (fs. 9/30), en demostración de la existencia de las obligaciones adeudadas, documentos que la recurrente manifiesta haber negado pero que en los autos fueron reconocidos por el representante legal de la Obra Social en cuanto a que los membretes pertenecían a la entidad demandada y que el sello era del gerente que revestía ese cargo a la fecha (fs. 360/ 360 vto.). Además, como bien valora la sentencia recurrida, los términos de la absolución de posiciones del representante de la apelante llevan a tenerlas por absueltas en aplicación del art.161 del CPCC, pues, en efecto ante varias de las propuestas a fs. 237 no las niega terminantemente, sino «por no constarle»(fs.238). Con estos elementos probatorios ha quedado demostrada la existencia de la relación jurídica que vinculaba a actora y demanda, la emisión y remisión de las facturas correspondientes (posición 8, fs.237/8) y el incumplimiento de la prestación por parte de la última. Como ha dicho la jurisprudencia aplicable al caso, «La falta de impugnación temporánea del contenido inserto en las facturas, la que constituye la prueba del contrato, autoriza a considerar que las condiciones del negocio fueron aceptadas por la compradora, es decir resulta aplicable la presunción del art. 474 del Cód. de Comercio en el sentido de que las cuentas están liquidadas» (MOLINO MATILDE S.A. c/ ROSSI, Roberto y otro s/DEMANDA ORDINARIA. Santa Fe – Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe. Sala 3. 09-06-2010). Siendo esta presunción «juris tantum» correspondía a la accionada demostrar la inexistencia del contrato y no solo limitarse a negarlo, por lo que corresponde desestimar este agravio. Por otra parte tanto la documental como la deuda reclamada queda también corroborada por las pericias contables practicadas en autos (fs. 242/244,287/289), con respaldo en la contabilidad de la actora que es llevada regularmente, y aunque la demandada no ostente carácter de comerciante las escrituras constituyen cuanto menos un indicio presuncional importante cuando, como en este caso, se apoya además en la documental presentada (v. Ghersi – Weingarten, Código de Comercio, I, 146).

En consecuencia, las críticas del recurrente no pueden admitirse, por lo que corresponde rechazar el recurso de apelación. En lo relativo a la imposición de costas y como consecuencia de lo resuelto, las mismas deben mantenerse en cabeza del apelante en su totalidad, con fundamento en el art. 251 ss. y cc.del C.P.C.C.

Voto por la afirmativa, proponiendo confirmar la sentencia en todas sus partes, con costas a la recurrente.

A la misma cuestión, la Dra. Chapero vota en igual sentido y la Dra. Abele lu ego de analizar la cuestión se abstiene de emitir opinión conforme lo dispuesto por el art. 26 de la ley 10.160.

A la tercera cuestión, el Dr. Casella dijo: atento al resultado precedente, corresponde adoptar la siguiente resolución: 1) Desestimar los recursos de nulidad y apelación; 2) Confirmar la sentencia alzada; 3) Imponer las costas al recurrente; 4) Regular los honorarios de Segunda Instancia de los letrados actuantes en el 50% de la regulación firme de Primera Instancia.

A la misma cuestión, la Dra. Chapero vota en igual sentido y la Dra. Abele luego de analizar la cuestión se abstiene de emitir opinión conforme lo dispuesto por el art. 26 de la ley 10.160.

Por ello, la CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

RESUELVE: 1) Desestimar los recursos de nulidad y apelación; 2) Confirmar la sentencia alzada; 3) Imponer las costas al recurrente; 4) Regular los honorarios de Segunda Instancia de los letrados actuantes en el 50% de la regulación firme de Primera Instancia.

Regístrese, notifíquese y bajen.

CASELLA

Juez de Cámara

CHAPERO Jueza de Cámara

ABELE

Jueza de Cámara En abstención

WEISS Secretaria de Cámara

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