Automovilista que obró de modo imprudente y empleadora del chofer que conducía a excesiva velocidad responden de modo concurrente por el accidente ocasionado.

accidente choque autoPartes: Abrigo Patricio Alejandra y otro c/ Dota S.A. de Transporte Automotor y otros s/ daños y perjuicios (acc.tran. c/les. O muerte)

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 3-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-98216-AR | MJJ98216 | MJJ98216

Culpa concurrente entre automovilista y empresa de transporte por los daños derivados del accidente, pues el primero procuró doblar sin tomar los recaudos pertinentes, recibiendo el impacto del colectivo que circulaba a una velocidad excesiva. Cuadro de rubros indemnizatorios.

MMM
Sumario:

1.-Corresponde responsabilizar de manera concurrente al automovilista y a la empresa de transporte demandada -en el caso, en un 30% y 70% respectivamente- por los daños derivados del accidente de tránsito que protagonizaron, toda vez que el primero procuró doblar sin tomar los recaudos pertinentes, recibiendo el impacto del colectivo de la accionada que, a su vez, circulaba a una velocidad excesiva.

2.-Toda vez que en el caso sub examine se trata de una relación o situación jurídica que ha quedado constituida conforme a la ley anterior y las consecuencias que emanan de ella, por lo que al haber nacido al amparo de tal legislación, es en definitiva la que se aplica, conforme lo dispuesto por el art. 7° CCivCom. de la Nación aprobado por Ley 26.994 , respecto a la temporalidad de la ley.

3.-Resulta procedente el reintegro de los gastos médicos, de farmacia y de traslado en que debió incurrir la víctima como consecuencia de un hecho ilícito, ello así aunque no exista prueba documentada que demuestre precisa y directamente su erogación, siempre que resulte razonable su correlación con la lesión sufrida y el tiempo de su tratamiento.

Fallo:

Buenos Aires, a los 03 días del mes de marzo de 2016, reunidas las Señoras Jueces de la Sala «J» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: «ABRIGO PATRICIO ALEJANDRA Y OTRO c/ DOTA S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)»

La Dra. Beatriz A. Verón dijo:

1.- Contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 363/372 vta. se alzan las partes y expresan los agravios que lucen agregados a fs. 386/390 (demandada y citada) y fs. 392/396 vta. (actora), contestándose recíprocamente a fs. 401/404 vta. y fs. 399/400.

Las primeras cuestionan de entrada lo decidido en torno a la atribución de responsabilidad, luego impugnan las sumas fijadas por incapacidad física, psíquica y gastos para su tratamiento, y daño moral, en cada caso por entenderlas elevadas. También critican la tasa de interés fijada, y finalmente la citada se agravia de la extensión in totum de la condena a su parte a pesar de la franquicia acordada.

La parte actora, a su turno, también critica el fondo de la cuestión para luego cuestionar las sumas estipuladas en concepto de incapacidad sobreviniente, daño moral, gastos de asistencia médica, farmacia y traslados, en cada caso por considerarlas escasas a tenor de las pruebas producidas. Por último se queja del rechazo de lo reclamado por daños al rodado.

2.- Con carácter previo a todo análisis, cabe señalar por lo pronto que el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26.994, contempla de manera expresa lo tocante a la «temporalidad» de la ley.

Es menester interpretar coherentemente lo dispuesto por su art.7° sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Por ello, lo cierto es que corresponde ponderar que en el caso sub examine se trata de una relación o situación jurídica que ha quedado constituida conforme a la ley anterior, y también -por tanto- las consecuencias que emanan de ella, por lo que al haber nacido al amparo de tal legislación, es en definitiva la que se aplica.

Atribución de responsabilidad

3.1.- Como dijera, ambas apelantes cuestionan la distribución efectuada que responsabilizó por la ocurrencia del siniestro de tránsito en un 70% a la actora y en el 30% restante a la demandada.

Por las razones que paso a desarrollar, propiciaré confirmar lo decidido sobre este punto.

3.2.- En efecto, no está en debate el encuadre aplicable, por lo que me limitaré a recordar que los conductores deben mantener en todo momento el dominio de sus rodados de forma de poder detenerlos cuando lo requieren las dificultades propias del tránsito, regla cuya aplicación debe siempre efectuarse contemplando las distintas y concretas circunstancias de cada caso (esta Sala in re «Mendez, Norma y otro c/ Mazzo, Julio C. s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 10.597/2.009, del 26/12/2.011; ídem, «Montenegro, Alfredo c/ Edul, Pablo s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 2.396/2.006, del 11/11/2010, entre muchos otros; ídem, Sala F, in re «Ruiz Díaz, Carlos y otros c/ Pernas, Manuel y otros s/ Ds.y Ps.», del 26-03-03, libre n° 347.209, elDial AA17BA).

Los apelantes impugnan directamente la ponderación de las pruebas producidas, tópico sobre el cual advierto que el juez de grado practicó un meduloso estudio que comenzó desde las versiones sostenidas en los líbelos introductorios, sagazmente confrontadas con las constancias obrantes en la causa penal y la pericial de ingeniería producida en autos.

3.3.- La colisión se produjo entre el colectivo de la demandada y el Peugeot 504 por el hecho de haber este último procurado doblar sin tomar los recaudos pertinentes, recibiendo el impacto del colectivo de la demandada que a su vez circulaba a una velocidad excesiva, y esta mecánica proyecta responsabilidad en ambas partes. Así lo corroboro a través del resultado pericial según el informe pericial a fs. 333 vta. (ver además fs. 349 pto. «8», y croquis de fs. 7 de la causa penal N° 41.964 que tengo a la vista).

3.4.- Si bien acierta la actora en que no se demostró que el colectivo también quisiera girar por la misma calle tal como expone rotundamente a fs. 393 (ver pericia a fs. 336 pto. «a»), a tenor de la mecánica descripta lo cierto es que tal extremo carece de la relevancia que pretende la quejosa.

Resulta determinante que el Peugeot no se haya acercado lentamente hacia el carril izquierdo para, anticipando así su maniobra, efectuar luego el giro hacia ese lado, tal como lo dispone el art. 43 inc. «b» de la ley 24.449.

Allí radica fundamentalmente «su» causalidad / antijuridicidad (arts. 901, 1066 y ccds. CC; 1717, 1726 y ccds. CCyCom.), que al sumársele el criterio de atribución aplicable que emana del art. 1113 2° párr. 2° sup. CC (art. 1757/8 CCyCom.), fundamenta su propia responsabilidad.

3.5.- A su vez, respecto a la demandada, no puede ésta negarle entidad causal a la elevada velocidad con la que circulaba por la calle Cafayate (fs. 386 in fine), que según lo informado a fs.334 ascendía a 42 km./h., pues precisamente ello fue lo que le impidió a su conductor advertir la maniobra que se disponía a realizar el vehículo que -no está en discusión- lo precedía en la marcha de circulación por la misma arteria, cuando el Peugeot circulaba a una velocidad que aunque no pudo determinarse con precisión era mucho menor (ver lo informado a fs. 334).

3.6.- En suma, ambos rodados aportaron simultáneamente «causalidad adecuada», y por tanto a tenor de la mecánica del siniestro desarrollada, considero que la distribución efectuada por el juez de grado resulta ajustada a derecho, y por tanto propicio su confirmación.

Incapacidad psicofísica y gastos de tratamiento 4.1.- La juez de grado fijó por daño físico la suma de $15.000 y por la psíquica la de $25.000, así como $2.400 para atender los gastos de tratamiento de esta última.

Tales sumas -adecuadas ya a la distribución de responsabilidad señalada- propiciaré confirmar.

4.2.- En efecto, por lo pronto por incapacidad se entiende la falta de salud derivada de un hecho ilícito o de un incumplimiento contractual. En tal contexto, lo que se resarce por este concepto no es solamente la incapacidad física sino la minusvalía en el trabajo habitual porque deriva de una pérdida de aptitud que resulta de la imposibilidad de continuar desempeñando la ocupación que ejercía anteriormente (Lorenzetti, Ricardo, «Daños a la persona», «Revista de Derecho Privado y Comunitario», Rubinzal, pág. 112).

Según reiterada doctrina de esta sala, esta partida se refiere esencialmente a una merma de aptitudes que sufre el individuo para obtener lucros futuros, sea en las tareas que habitualmente suelen desempeñar o en otras; es una chance frustrada de percepción de ganancias.Pero el daño no se agota en ello, ya que, además, comprende cualquier disminución mensurable económicamente que experimente el dañado con los consiguientes trascendidos negativos que esas disminuciones generan en el patrimonio (in re «Noguera, Ricardo c/ Moretti, Gastón s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 61.084/2.011, del 16/7/2015; idem, «Ferrari, Stella Maris c/ Asociación Médica de Lomas de Zamora S.A. Policlínico de Lomas y otros s/ Ds. y Ps.», N° 39.617/2.007, del 10/3/2.015; idem, «Sosa, Jorge Alberto c/ López, Carlos Alberto y otros s/ Ds. y Ps.», del 02/03/2010, expte. nº 76.437/1999; «Chiaradia de Carecchio, Rosa c/ Transporte Larrazabal s/ Ds. y Ps.», expte. nº 34.996/07, del 23/03/2010; «Ledesma, Ramona c/ Acosta, Miguel Ángel y otros s/ Ds. y Ps., expte. nº 69.932/2002, del 30/03/2010, entre muchos otros).

4.3.- Como adelantara, cada apelante cuestiona las sumas fijadas, y en este sentido es oportuno recordar que en materia de procesos de daños y perjuicios, la prueba pericial resulta de particular trascendencia en lo que se refiere a la existencia y entidad de las lesiones por las que se reclama. El informe del experto, no es una mera apreciación sobre la materia del litigio sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos.

En similar orden de ideas, la función de la prueba pericial es de asesoramiento, pues se trata de cuestiones ajenas al derecho respecto de los cuales el Juez no tiene conocimientos específicos. No será el perito quien defina el pleito, pero es indudable que, fundando debidamente su informe, tiene mayor peso y envergadura. La mera opinión de los litigantes no puede prevalecer sobre sus conclusiones, en especial si se advierte que no hay argumentos valederos para demostrar que éstas fueron irrazonables (esta misma sala, «Soria, Norma Nora Guadalupe c/ Los Constituyentes S.A.T. y otros s/ Ds. y Ps.», Expte.N° 4.363/2.013, del 12/11/2015; ídem, «Sánchez, Romina Mabel c/ La Mediterránea S.A. y otro s/ Ds. y Ps.», expte. nº 32.650/2005, del 10/09/2009; «Elefteriu Zonca, Eduardo y otro c/ Cons. Prop. Bolivar 1867/69/75/87 s/ Ds. y Ps.», expte. nº 115.605, del 04/06/2009; «Ghiorso, Elsa Noemí c/ Pérez, Héctor Oscar y otros s/ Ds. y Ps.», expte. nº 114.916/2003, del 17/02/2010, entre muchos otros).

4.4.- Sentado lo expuesto, en primer lugar advierto que en el momento del siniestro la accionante fue diagnosticada por el personal médico que acudió al lugar del siniestro, con «traumatismo leve de brazo izquierdo», siendo derivada al Hospital Santojanni (ver fs. 1 vta. de la causa penal expte. N° 41.964 que tengo a la vista).

Luego, en el reconocido nosocomio público, se dio cuenta que la Srta. Abrigo ingresó «policontusa, traumatismo cervical.» (ver registro de fs. 54).

Ya en estos obrados, contamos con los informes de fs. 199/200 y la experticia médica de 213/214, del que surge que como consecuencia del siniestro sufrió policontusiones con latigazo cervical, traumati smo cervical con rectificación de columna que requirió collar cervical por 20 días, dándose cuenta a su vez que no quedaran secuelas el traumatismo del hombro (ver ptos. 1 y 2 de fs. 213 vta.).

Se constató como secuela incapacitante la limitación a los movimientos del cuello, dolencia que importa una minusvalía del 7% (ver ptos. 5 y 6 a fs. 213 vta., y pto. 9 a fs. 214).

En el plano psíquico, de acuerdo al informe de fs. 201/212, la accionante presentó un cuadro de trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo, lo que representa una incapacidad del 15% (ver fs. 207).

Además tengo por demostrado que en su consecuencia, resulta necesario afrontar un tratamiento de un año a razón de una sesión semanal, y para ello acudo a lo sostenido por el idóneo en su informe a fs.208.

4.5.- En suma, en razón de todo ello y teniendo en cuenta que a la fecha del siniestro la accionante tenía 42 años de edad, trabajadora independiente de humilde pasar socioeconómico (ver manifestación de fs. 6 y declaraciones de fs. 10 y 11 del BLSG), considero que corresponde confirmar las indemnizaciones fijadas por estos conceptos (art. 165 del CPCCN).

Daño moral 5.1.- Respecto a este perjuicio, se fijó una reparación que asciende a la suma de $13.500 -ponderada ya la distribución efectuada en materia de responsabilidad- que también propiciaré confirmar.

5.2.- En efecto, para llegar a tal solución por lo pronto diré que participo del criterio que aprehende con amplitud el daño moral, al considerar que este perjuicio no queda reducido al clásico pretium doloris (sufrimiento, dolor, desesperanza, aflicción, etc.) sino que, a más de ello, apunta a toda lesión e intereses (jurídicos) del espíritu cuyo trasunto sean unas alteraciones desfavorables en las capacidades del individuo de sentir lato sensu, de querer y de entender (Bueres, Alberto J., «El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la sique, a la vida de relación y a la persona en general», en» Revista de Derecho Privado y Comunitario», Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, nº 1, 1992, p. 237 a 259; Pizarro, Ramón Daniel, «Reflexiones en torno al daño moral y su reparación», en J.A. 1986-111-902 y 903; Zavala de González Matilde, «El concepto de daño moral», J.A., 985-I-727 a 732).

Como he señalado en numerosos precedentes (ver mis votos in re «Luciani, Nelly c/ Herszague, León y otros c/ Ds. y Ps.», Expte. N° 21.920/2006, del 13/8/2010; «Peralta, Daniel Oscar c/ Transportes Metropolitanos General San Martín y otro s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 33.299/2005, del 10/5/2010; «Burcez, Elizabeth Graciela c/ Aguas Argentinas S.A s/ Ds. y Ps.», Expte.N° 115.335/2005, del 22/4/2010, entre muchos otros) este particular nocimiento importa una minoración en la subjetividad de la persona de existencia visible derivada de la lesión a un interés no patrimonial, o, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquél en el que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste, y anímicamente perjudicial (Pizarro, R., Vallespinos, C., Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones, t. 2, pág. 641).

A la hora de precisar el resarcimiento, debe examinarse el «resultado de la lesión», o sea, de qué manera y con qué intensidad el agravio contra la persona le ha causado un perjuicio. Los bienes personalísimos no pueden ser cuantificados en más o menos, pero el sujeto puede sufrir más o menos a consecuencia de la lesión, y también el juez tiene que graduar de la misma manera la indemnización ya que no siempre es igual el daño moral derivado de actividades lesivas análogas. Por tanto, rige el principio de «individualización del daño» y las circunstancias de la víctima suelen dimensionar de distinta manera, inclusive en el ámbito espiritual, las derivaciones de una lesión similar (Zavala de González, M., Código Civil y Normas Complementarias, Bueres – Highton, Hammurabi, t. 3A, págs. 171-2).

5.3.- Pondero particularmente que la Sra. Abrigo sufrió las lesiones físicas y psíquicas señaladas en el anterior acápite, y considerando que se trata de una persona de 42 años de edad a la fecha del siniestro, considero que la suma estipulada por este concepto también debe ser confirmada, lo que así propongo (art.165 del CPCCN).

Gastos de farmacia, asistencia médica, tratamiento kinésico y movilidad

6.1.- Reiteradamente he decidido en casos análogos que resulta procedente el reintegro de los gastos médicos, de farmacia y de traslado en que debió incurrir la víctima como consecuencia de un hecho ilícito. Y ello así aunque no exista prueba documentada que demuestre precisa y directamente su erogación, siempre que resulte razonable su correlación con la lesión sufrida y el tiempo de su tratamiento (cfr. esta Sala in re «Medina de Reyes, Iluminada c/ Quintana, Adriana Miriam y otros s/ Daños y Perjuicios», Expte. N° 48.596/1.999, del 29/12/2.011; ídem, «Abeigon, Carlos A. c/ Amarilla, Jorge O. s/ Ds. y Ps., Expte. N° 95.419/2005, del 17/11/2009; ídem, «Gutmann, Alicia J. c/ Toscano, Enrique A. s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 36.291/98, del 04/3/2010, entre muchos otros).

Lo propio acontece aún en el caso que el damnificado haya sido atendido en hospitales públicos (lo que como ya diera cuenta fue lo que aconteció en el sub examine) o que cuente con cobertura social, toda vez que siempre existen erogaciones que no son completamente cubiertas.

6.2.- De acuerdo a la naturaleza de las lesiones sufridas, y la distribución de responsabilidad efectuada, el resarcimiento establecido por este concepto de $800 (y según lo decidido sobre el fondo, cfr. acápite N° 3) debe confirmarse.

Gastos de reparación del rodado

7.- Sobre este punto, yerra la actora apelante pues luego efectuarse detenido análisis, el sentenciante de grado tuvo por probado el presente nocimiento (ver la prolija pericial de fs.328/337) y acogió por tanto este renglón indemnizatorio, fijando una indemnización que debe mantenerse.

Tasa de interés

8.1.- La demandada y la citada impugnan la aplicación de la tasa activa, y aquí propondré recibir la queja formulada con el siguiente alcance.

8.2.- En efecto, sin perjuicio que según la doctrina y jurisprudencia mayoritaria vigente en el fuero, corresponde aplicar desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago del capital de condena la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, lo cierto es que a la par corresponde ponderar si la aplicación de la misma en el período transcurrido hasta el dictado de la sentencia implicaría una «alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido».

8.3.- Considero que la aplicación de la tasa activa que tiene por objeto mantener incólume la significación económica de la condena, de acceder a lo reclamado por la parte actora implicaría en la especie como un efecto no querido un resultado contrario y objetivamente injusto, lo que produce una alteración del significado económico del capital de condena y por tanto configura un enriquecimiento indebido (esta Sala, «Vallejo, D. c/ Tecnipisos S.A. s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 36.555/12, del 05/11/15; idem, «Gutiérrez, L.c/ Luciani, D. s/ Ds. y Ps.», Expte.Nº 69.941/2005, del 10/8/2010, entre otros).

En la especie las indemnizaciones han sido fijadas según valores a la fecha del pronunciamiento recurrido, pues -se impone recordar- en casos como el sub examine nos encontramos en el terreno de las «obligaciones de valor», categoría obligacional que las distingue de las «dinerarias» pues aquéllas resultan sensibles a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, de allí su carácter correctivo que permiten sortear el escollo legal en materia de desvalorización monetaria.

8.4.- Todo ello, en definitiva, me persuade a modificar lo resuelto en la instancia de grado y proponer que los intereses se devenguen a la tasa pasiva del B.C.R.A. desde la oportunidad fijada hasta la fecha de la sentencia definitiva de la anterior instancia. Recién a partir de allí y hasta el efectivo pago, se liquidará a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Franquicia 9.1.- Por último, la empresa aseguradora citada en garantía cuestiona que la demanda sea acogida in totum en su contra a pesar de haber acordado una franquicia con la empresa de transporte accionada.

Observo en primer lugar que la quejosa articuló la oponibilidad de la franquicia desde su líbelo de inicio (ver fs. 34/39), y sin perjuicio de lo que oportunamente se resolviera in re «Obarrio», considero que corresponde acoger la crítica formulada.

9.2.- En efecto, comienzo por recordar que el art. 109 de la ley 17.418 que regula el contrato de seguro de responsabilidad civil lo define como el contrato en que «el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido», asimismo que el art.118 de la misma ley establece que «. La sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro.».

Es dable remarcar conforme la doctrina sentada por nuestro más Alto Tribunal (Fallos 313:988; 321:394 , SCN N° 312, L. XXXIX «Nieto, Nicolasa del Valle c/ La Cabaña SA y otros» y SCN N° 482 «Villareal Daniel A. c/ Fernández Andres A. y otros s/ Ds. y Ps.», del 29/08/06; «Obarrio, María Pía c/Microómnibus Norte SA y otros» del 4/3/2008; C.724.XLI «Cuello, Patricia Dorotea c/ Lucena Pedro Antonio s/ daños y perjuicios» , del 07/08/07), que «corresponde admitir que la franquicia prevista en el contrato de seguro celebrado entre la compañía de seguros y el asegurado es oponible al tercero damnificado y que la sentencia no podrá ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites de la contratación» (del voto de la mayoría).

Esta Sala ha resuelto que la decisión de la Corte se torna en obligatoria para este Tribunal en el caso particular, más cuando se trata de una corriente consolidada a través de reiterativos fallos en supuestos similares, y tiene autoridad para ser acatada (ver este Tribunal in re «Llanos Massa, Cristina Alicia c/ Empresa San Vicente SAT y otros s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 57.301, del 29/6/2015; ídem, «Brandariz, Alejandra c/ Nueva Chevallier S.A. y otros s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 64.369/2.010, del 30/4/2.015, entre muchos otros).

Se trata de un principio elemental: las resoluciones que dicta la Corte Suprema en el curso de una causa deben ser obedecidas tanto por las partes como por los órganos jurisdiccionales intervinientes en esa causa.Juegan aquí la preclusión de los actos procesales, la firmeza de las decisiones que impone la cosa juzgada, y la autoridad de la Corte como órgano judicial superior de todos los que pudieran haber tenido intervención anterior o posterior a la de ella en el proceso.

Por ello, no se puede dejar de hacer mérito de la trascendencia moral e institucional de los fallos del Máximo Tribunal, así como la afectación que su falta de acatamiento provoca en la certidumbre de los derechos litigiosos y en la celeridad y economía procesal, malgrado lo dispuesto por el art. 258 del CPCCN.

9.3.- Por tanto, cuando la aseguradora es citada en garantía la sentencia en su contra resulta ejecutable «en la medida del seguro», esto es, en los límites y con los alcances de la cobertura asumida por la empresa, entre los que se comprende a la franquicia pactada en la póliza cuyas estipulaciones resultan oponibles al damnificado, ya que su derecho se circunscribe -en este aspecto- a las modalidades del contrato de seguro que vincula a la parte demandada y a la citada en garantía.

El seguro de responsabilidad civil se instituye en beneficio del asegurado aunque en definitiva su efecto beneficioso pueda extenderse a terceros, pero ello será así en tanto el contrato lo permita (esta Sala in re «Stranges, Nicolás Antonio c/ Expreso Lancioni S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios», Expte. N° 64.264/2.007, del 27/10/2011; ídem, Sala I en autos «Olea De Barrera, María Asunción y otros c/ Alonso, Raúl Osvaldo s/ Ds. y Ps.», N° Rec. I089185, del 03/10/96).

El único vínculo entre el tercero damnificado y la aseguradora es el mismo contrato de seguro, de allí que no pueda prescindirse de su contenido (CNCiv., Sala H, «Medina, Gualberto c/ Segovia, Alberto s/ Ds. y Ps.», N° Rec.H246959, del 19-03-99).

Las cláusulas limitativas de responsabilidad en materia de seguros, especialmente aquéllas que delimitan el riesgo asegurable, en tanto cláusulas de no seguro, no son ajenas a la víctima, esto es, ella no puede ignorarlas, desde que su derecho a ser pagada por la compañía aseguradora del victimario se concretará, en tanto la conducta de ésta última resulte involucrada en el riesgo que ha absorbido la entidad aseguradora. El seguro de responsabilidad civil se instituye en beneficio del asegurado, aunque en definitiva su efecto beneficioso pueda extenderse a terceros, pero ello será así en tanto el contrato lo permita. (CNCiv., Sala «I», «Olea De Barrera, María Asunción y otros c/ Alonso, Raúl Osvaldo s/ daños y perjuicios». Nro. de Recurso: I089185 – Fecha: 3-10-1996 – El Dial, CNCiv: 12111).

Si bien el seguro de responsabilidad civil prevé la reparación del daño producido a terceros, éste, salvo disposición en contrario, nunca podrá superar la cuantía o la medida del seguro. Ello significa que el tercero está subordinado, le son oponibles o le afectan determinadas estipulaciones contractuales, aún cuando fue ajeno a la celebración del pacto. (CNCiv., Sala «H», en autos «Hamud, Benjamín Jahmur c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ daños y perjuicios», N° recurso: H194106, del 21-8-1996, El Dial, CNCiv: 13828; ver esta Sala en autos «Jiménez, Federico Rubén c/ Acosta, Miguel Angel y otros s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 94.579/08, del 02/07/13).

9.4.- En consecuencia, corresponde admitir la queja vertida por la apelante y por tanto propicio la modificación del fallo sobre el punto, disponiendo que la citada en garantía deberá responder en la medida del seguro conforme lo dispone el artículo 118 de la Ley N° 17.418.

10.- Por las consideraciones practicadas, doy mi voto para que:a) Se modifique la tasa de interés aplicable conforme se desarrolla en el acápite N° 8; b) Se admita la franquicia acordada conforme acápite N° 9; c) Se confirme el resto de la sentencia apelada en todo lo que ha sido objeto de apelación y agravio. d) A tenor de las quejas formuladas y su resultado, las costas de Alzada se imponen por su orden (art. 68, 2° parte del CPCCN).

La Dra. Marta del Rosario Mattera adhiere al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.- Se deja constancia que la Dra.Zulema Wilde no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N).-

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE: a) Modificar la tasa de interés aplicable conforme se desarrolla en el acápite N° 8; b) Admitir la franquicia acordada conforme acápite N° 9; c) Confirmar el resto de la sentencia apelada en todo lo que ha sido objeto de apelación y agravio. d) A tenor de las quejas formuladas y su resultado, las costas de Alzada se imponen por su orden (art. 68, 2° parte del CPCCN). e) Difiérase la regulación de los honorarios para su oportunidad.

Se deja constancia que la Dra.Zulema Wilde no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N).-

Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.-

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