Reconocido que su hijo falleció a causa de graves lesiones en un accidente, no procede la demanda impetrada por daños a causa de negligencia médica.

Cirugia medicosPartes: I. R. A. c/ K. E. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 19-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-98772-AR | MJJ98772 | MJJ98772

Habiendo reconocido el actor que su hijo falleció debido a las gravísimas lesiones sufridas al ser atropellado por el ferrocarril, no aportando al proceso pruebas que acrediten la negligencia médica, no cabe hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios.

Sumario:

1-Corresponde rechazar la demanda de daños y perjuicios derivados de la muerte del hijo de los actores debido a las lesiones sufridas al ser atropellado por un ferrocarril, ya que no existe prueba respecto de la causalidad adecuada entre dicho suceso y la demora de la emergencia o deficiente atención médica y la causalidad no se presume, sino que es presupuesto ineludible de la responsabilidad. 2-De conformidad con lo dispuesto en el sistema de derecho transitorio contenido en el art. 7 del CCivCom. al haberse consumado antes del advenimiento del actual CCivCom. la relación jurídica debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas- de acuerdo al sistema del anterior CCiv- Ley 17.711 , interpretado a la luz de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por nuestro país, porque así lo impone una correcta hermenéutica y respeto ala supremacía constitucional.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de Abril de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala «B», para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: «Irrizarri R. A. c/ K. E. y otro s/ Daños y Perjuicios» respecto de la sentencia de fs. 420/429 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: PARRILLI-RAMOS FEIJOO-MIZRAHI-

A la cuestión planteada el Dr. Parrilli, dijo:

1. – La sentencia impugnada La sentencia de fs.420/429 rechazó la demanda que R. A. I. interpusiera contra el médico R. A. K. y el Gobierno de la Ciudad Autónoma en la cual pretendía el resarcimiento de los daños y perjuicios que afirmó le provocó la muerte de su hijo J., deceso que atribuyó a la negligente y tardía atención médica que, según dijo, le brindaran los demandados a través del servicio de emergencias del SAME, luego del accidente ferroviario sucedido en el paso a nivel en el cual el joven sufriera gravísimas lesiones.

Dicho pronunciamiento únicamente fue apelado por el actor, mediante el escrito de f. 432.

El recurso en cuestión pretendió fundarse con el escrito de fs.459/560, cuyo traslado (ver f.464) fue contestado a fs.465/467 por el apoderado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien requirió se lo declare desierto en los términos del art. 266 del CPCCN.

2. – Aclaraciones previas Frente a la existencia de normas sucesivas en el tiempo, antes de entrar en el examen de los agravios, debo aclarar que al ser el daño un presupuesto constitutivo de la responsabilidad (cfr. arts. 1716 y 1717 del Código Civil y Comercial de la Nación y art.1067 del anterior Código Civil), aquél que diera origen a este proceso constituyó, en el mismo instante en que se produjo, la obligación jurídica de repararlo.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el sistema de derecho transitorio contenido en el art. 7° del nuevo Código la relación jurídica que da origen a esta demanda, al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial de la Nación, debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas- de acuerdo al sistema del anterior Código Civil- ley 17.711, interpretado, claro está, a la luz de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por nuestro país porque así lo impone una correcta hermenéutica y respeto a la supremacía constitucional.

Por otra parte, debo decir que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia (ver CSJN, «Fallos»: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, entre otros) y tampoco es obligación ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las apropiadas para resolver (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, «Fallos»: 274:113; 280:3201; 144:611).

3. La insuficiencia técnica de la expresión de agravios. La pretendida responsabilidad de los demandados La expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una «crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas». Lo concreto se refiere a lo preciso, indicado, determinado – debe decirse cuál es el agravio -. Lo razonado indica los fundamentos, las bases, las sustentaciones- debe exponerse porque se configura el agravio-. Deben precisarse así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones.Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del juez de la anterior instancia, a través de la expresión de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación (cfr. Morello A. Mario- Sosa Lucas G., – Berizonce Roberto O., Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Comentados y Anotados, Librería Editora Platense, La Plata, 1988, tomo III, p.351 y jurisprudencia allí citada).

La Sra. Jueza de anterior instancia decidió rechazar la demanda, argumentando que: a) no resultó incorrecta la conducta del Dr. E. K. – médico a cargo de la ambulancia que debía asistir a J. David I. – al haberse detenido seis minutos en el camino a auxiliar a otro accidentado, pues constituye una obligación de todo médico el hacerse conocer como tal, y asistir a cualquier eventual herido, comprobar la gravedad de las lesiones que presente y el estado vital y allí evaluar para poder prestar el mayor auxilio posible (ver considerando 1.8); b) surge de la causa penal que el joven J. David I. sufrió heridas de extrema gravedad al ser atropellado y no sólo por la amputación traumática del brazo, sino también por las que sufriera en todo su cuerpo, especialmente en la zona craneal (considerandos 1.8 y 1.9); c) J. David I. no murió porque el Dr. K. haya sido demorado por el tránsito, o porque se haya detenido a auxiliar a otro joven accidentado, «sino porque fue arrollado por un tren, habiendo corrido a acostarse sobre las vías instantes previos al paso de la formación ferroviaria. Las heridas que sufriera al ser atropellado por el tren fueron de entidad gravísima, incluyendo la fractura de base del cráneo» (ver considerando 1.10); d) no existió por parte del Dr. K.»ninguna conducta irregular o contraria a las leyes de su ciencia, ni lejanamente negligente, dado que cumplió con todas las maniobras médicas posibles a las que tenía acceso, atento el gravísimo estado del joven I.» (ver considerando 1.11); e) «. .tampoco puede en este caso reprochársele a la Ciudad de Buenos Aires, el hecho del deceso del hijo del actor, ya que el mismo se produjo como resultado de las heridas que sufriera al ser arrollado por un tren, cuya embestida buscó, y no puntualmente por la demora en el arribo del auxilio médico.» (ver considerando 1.11). f) «. no puede hablarse de una causalidad adecuada entre la conducta del médico Dr. K., o la del Gobierno de la Ciudad, y el luctuoso hecho que constituyó la muerte del hijo del actor. » (ver considerando 1.12).

Estas razones, que constituyen el fundamento central de la sentencia, no aparecen cuestionadas a través de la crítica concreta y razonada que exige el art. 265 del Código Procesal y a la que antes he referido.

En efecto, el recurrente se limita a enunciar los hechos que entiende se han probado y a discrepar con la sentencia, pero no esboza un sólo razonamiento que menoscabe, aunque fuera mínimamente, las argumentaciones del pronunciamiento relativas a la inexistencia de la responsabilidad que pretendió endilgar a los demandados.

Lo expuesto conduce, en forma inexorable, a la deserción del recurso (art. 266 del Código citado).

De todos modos, si con criterio flexible- por la gravedad del caso donde se debaten supuestas responsabilidades en la muerte de un joven – soslayara las deficiencias técnicas del escrito que pretende hacer las veces de » expresión de agravios», la solución de la anterior instancia tampoco habría de variar.

Digo que no habría posibilidad de revocar la sentencia porque no hay una sola prueba de que haya existido causalidad adecuada entre la muerte del joven David J. I.y la demora de la emergencia o deficiente atención médica que se atribuye al médico codemandado y la causalidad, que no se presume, es presupuesto ineludible de la responsabilidad (cfr. arts. 901, 902 y conc. del Código Civil; art. 1726 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación; Llambías, «Tratado de Derecho Civil», «Obligaciones», t. III, pág.713, N 2284; Alterini, «Curso de Obligaciones», vol. 1, pág. 173, N 371; Mayo en Belluscio, «Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado», t. 2, pág. 617, 12; Cazeaux y Trigo Represas, «Derecho de las obligaciones», 2a ed., t. 4, pág. 383 y ss.; Bustamante Alsina, «Teoría general de la responsabilidad civil», págs. 86 y 217 y ss; Bueres Alberto Jesús «Responsabilidad civil de los médicos», Hammurabi, Buenos Aires, T.I, p. 297, parágrafo 22) y debió ser probada por el aquí recurrente (cfr. art. 377 Código Procesal, ver en este sentido el art. 1736 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación).

Por otra parte, si este último dice que «es lógico» que su hijo falleciera como consecuencia de las lesiones que sufriera al ser embestido por el ferrocarril pero «no es lógico» concluir que «si hubiese sido rescatado a tiempo, igual hubiese fallecido», quizás podría pensarse- aunque el actor nada dice, ni argumenta en ese sentido- en encuadrar su pretensión en una concurrencia de causas o perdida de chance, más ocurre que, reitero, no hay pruebas en este expediente que permitan determinar que el obrar de los demandados haya tenido alguna incidencia en el fatal resultado.

No paso por alto que, según dictaminó el Dr. Carlos Felipe Bruno, perteneciente al Cuerpo Médico Forense, en el marco de la investigación realizada en sede penal, la demora en la atención médica del joven J. D. I.implica «haber restringido posibilidades terapéuticas dada causa final de muerte, en particular en lo que al shock hemorrágico se refiere» (ver f.78 punto «e»; 92 punto «c» y 124 de las copias certificadas de la causa penal n° 53.903/2007).

Sin embargo, el perito médico designado de oficio en este expediente, sostuvo que «el causante tenía un muy mal pronóstico y un pésimo estado general que hacían que su expectativa de vida fuera nula» (ver f.389 punt o 2°). Estas conclusiones, que suponen un conocimiento científico y calificaron de inexorable el fatal resultado – descartando así una eventual pérdida de chance-, deben aprobarse (cfr. art. 477 del CPCCN) pues no fueron impugnadas por el aquí recurrente, ni al dársele traslado (ver f. 391 y vta), ni al alegar (ver fs.415/418) y no pueden minimizarse, como este pretende, con el «conocimiento sencillo que sobre medicina todos tenemos» (ver f. 460), ni reemplazarse por un conocimiento empírico. Tampoco podríamos desecharlas de oficio, sobre la base de los informes periciales obrantes en la causa penal a los cuales he referido, porque el actor nada alegó en este sentido y, además, fueron producidos sin intervención de los aquí demandados (cfr. art. 473 del CPCCN). Si así procediéramos, violentaríamos el principio dispositivo, la igualdad procesal (art. 34 inciso 5°, ap. III del CPCCN) y, claramente, la garantía de la defensa (art. 18 Constitución Nacional).

En consecuencia, si el propio actor reconoce como lógico el poder concluir que su hijo falleció debido a las gravísimas lesiones sufridas al ser atropellado por el ferrocarril; si no aportó al proceso prueba que acredite un obrar médico negligente por parte del Dr. K. ( art. 377 del CPCCN; 512 del Código Civil y arts. 1724, 1725 y 1734 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación); si tampoco probó que la demora en la llegada de la ambulancias del SAME – sólo atribuible al Gobierno local a título de falta de servicio (art.1112 CC) y no a los médicos a cargo, a quienes no puede responsabilizarse por carencias y deficiencias del sistema de salud -haya tenido incidencia en el fatal resultado, ni privado al joven I. de una probabilidad suficiente de sobrevivir y si el incumplimiento de las cargas probatorias del actor y la ausencia de una técnica recursiva adecuada, no pueden ser suplidas por esta Sala, debo proponer al Acuerdo se declare desierto el recurso en examen y se confirme la sentencia recurrida en todo cuanto fue materia de recurso. Las costas de Alzada se imponen del mismo modo que las de la anterior instancia (art. 68, 163 inc. 8, 271 y concordantes del Código Procesal). Así lo voto.

Los Dres. Ramos Feijóo y Mizrahi, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Parrilli, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto: PARRILLI-RAMOS FEIJOO-MIZRAHI- Es fiel del Acuerdo.

Buenos Aires, Abril de 2016.- Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: declarar desierto el recurso en examen y confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto fue materia de recurso. Las costas de Alzada se imponen del mismo modo que las de la anterior instancia (art. 68, 163 inc. 8, 271 y concordantes del Código Procesal).

Regístrese, notifíquese por cédula por Secretaría. Fecho, publíquese (c. Acordada 24/2013 CSJN).

Cumplido, devuélvanse las actuaciones a primera instancia.-

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