Las prestaciones de la obra social vía amparo intentadas por el curador, deben presentarse ante el juez que intervino en el proceso de insanía.

HospitalesPartes: H. A. R. c/ OSPAT s/ ley de discapacidad

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: A

Fecha: 8-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-98771-AR | MJJ98771 | MJJ98771

La justicia federal es incompetente para entender en una acción de amparo interpuesta como curador de su hermano contra una obra social a fin de obtener la cobertura de la internación, ya ello debió solicitarse ante el juez que intervino en el proceso de insanía

Sumario:

1-Corresponde declarar la incompetencia de la justicia federal para entender en la acción de amparo interpuesta por el curador de una persona incapaz contra una obra social, ya que a partir de la vigencia del nuevo CCivCom. el rol de la justicia es el control de la internación, que abarca el de su fundamentación o justificación, motivos legítimos,condiciones, duración y revisión periódica, por ello dicho reclamo debió ser formulado ante el juez que tiene a su cargo la tutela de los derechos de la persona declarada incapaz. 2-El art. 41 del nuevo CCivCom. prevé determinados recaudos que deben cumplirse antes de proceder a la internación sin consentimiento de una persona y requiere del dictado de una sentencia, y dichos requisitos son insoslayables y previos a la pretensión que de la cobertura de la internación del incapaz en un centro de rehabilitación. 3-Corresponde rechazar el amparo contra una Obra Social iniciado por el curador de un incapaz a fin de que se le cubra la internación, ya que si bien el amparista ofreció distintas instituciones, todas expresaron que no estaban en condiciones de cumplir con esa prescripción por lo que no se advierte que el proceder de la obra social sea arbitrario o ilegal, ni que restrinja o amenace derechos del amparista (del voto en disidencia del Dr. Carrillo)

Fallo:

Rosario, 8 de abril de 2016.

Visto, en acuerdo de la Sala «A», el expediente Nro. FRO 13432/2015, caratulado: «H., A. R. c/ O.S.P.A.T s/ Ley de Discapacidad», proveniente del Juzgado Federal N° 1 de San Nicolás, del que resulta, Vienen los autos para resolver el recurso de apelación que interpuso por el actor la Defensora Pública Oficial (fs. 58) contra la Resolución del 30 de setiembre de 2015 (fs. 55) que rechazó el amparo iniciado por A. R. Hernández en representación de su hermano Antonio Federico Hernández «.sin perjuicio que de encontrar la actora un centro asistencial adecuado, pueda peticionar su cobertura».- Sustanciado el recurso y elevados los autos, se dispuso la intervención de esta Sala «A», ordenándose que pasaran al acuerdo para resolver (fs. 73).- El Dr. Carlos F. Carrillo dijo:

1. – La recurrente se agravia del rechazo de la acción de amparo que interpuso el Sr. Hernández, en atención a su especial situación económica y a la discapacidad de su hermano. Acusa falta de fundamentación y arbitrariedad de la sentencia y resalta que al resolver de ese modo, el magistrado sólo indicó en forma muy somera los motivos que lo llevaron a tomar su decisión, incurriendo así en arbitrariedad por falta de fundamentación.- Destaca como erróneo que el juez expresara que no advertía en la accionada ninguna actitud manifiestamente arbitraria o ilegal que amerite el acogimiento de la presente acción. Alega sin embargo que la grave situación económica y de salud de la familia Hernández hace que resulte muy difícil lidiar con una persona con discapacidad y enferma que necesita atención permanente (recuerda cuál es la patología de Antonio Federico Hernández).- Le agravia que el juez haya considerado que no hay incumplimiento por parte de la obra social a pesar de que su parte arrimó prueba suficiente que así lo acredita. Cita y transcribe la parte pertinente del informe de fs.11 y concluye que Hernández tiene derecho a ser internado en un centro que disponga de las características recomendadas por los profesionales que lo asistieron, «siendo injusto y arbitrario discriminarlo por el simple hecho que algunas instituciones lo hayan rechazado».- Enfatiza que el tratamiento que requiere el amparista es costoso y que los ingresos de la familia son escasos ya que están en «absoluta situación de vulnerabilidad».- 2. – En la sentencia que apeló la Defensora Oficial el magistrado de primera instancia hizo un detallado relato de lo que había acontecido durante el trámite de este expediente y de los motivos por los cuales rechazó el amparo; por ende no es cierto que el fallo carezca de motivación o sea arbitrario por esa razón, independientemente de que se pueda estar en desacuerdo con sus conclusiones, como le sucede a la recurrente.- En consecuencia, el agravio que afirma que la sentencia es arbitrara y no está fundada será rechazado.- 3. – Analizaremos ahora el fondo del asunto. A. R. Hernández inició este amparo contra la Obra Social del Personal de la Actividad del Turf -OSPAT en la representación que le corresponde como curador de su hermano Antonio Federico. Lo hizo con el patrocinio de la Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de San Nicolás, a quien además otorgó poder.

En el escrito inicial detalló cuál es la patología que presenta (que no está controvertida en autos) e informó que se le había indicado «internación en Centro con la complejidad suficiente y modalidad de preferencia cerrada en su estadía que contemple las necesidades rehabilitatorias.». La obtención de dicha cobertura constituye entonces el objeto de este amparo, toda vez que afirma que la obra social a que está afiliado el incapaz (OSPAT) la rehúsa arbitraria e ilegalmente a pesar de que consta la discapacidad del sujeto. Acompañó como prueba tres documentos: a) un informe del Centro Provincial de Atención de las Adicciones, suscripto por un psiquiatra y un Lic. en Pedagogía Social (fs.7) quienes solicitaron la internación; b)el reclamo extrajudicial a la Obra Social (fs. 9) para que se le autorice esa internación en el Hospital Neurológico de la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia (FLENI) de Buenos Aires y c) por último, el informe confeccionado por los profesionales del Centro de Salud Mental «Santa Isabel» donde estaba alojado (fs. 11), que aconsejan que sea trasladado a un centro de complejidad suficiente y de modalidad cerrada, sugiriendo el Instituto FLENI, APREPA o SADIV. Además agregó copia del certificado de discapacidad y de la resolución por la cual el 11.6.13 se declaró su insania en un Juzgado de Familia de San Nicolás (cf. arts. 141 y 142 CC).

Antes de despachar la cautelar que se pidió en la demanda, el magistrado ofició a OSPAT para que informara el estado del trámite administrativo que la Defensora Oficial había iniciado con el objeto de lograr la cobertura de la internación. Dicha entidad respondió a fs. 33 y detalló los distintos tratamientos que Hernández había llevado a cabo durante los últimos años, que fracasaron sin excepción. En la misma presentación manifestó al juzgado que consideraba que lo más relevante era cubrir el aspecto psiquiátrico y complementarlo simultáneamente con rehabilitación y no a la inversa (como se pidió en la demanda) y a ese efecto citó la opinión de diferentes profesionales; también enumeró los distintos establecimientos de salud donde se había tratado el actor.- A fs. 42, el a quo ordenó oficiar a los institutos que había propuesto la amparista, FLENI, APREPA y SADIV para que informaran si estaban en condiciones de recibir a un paciente con la modalidad estadía cerrada y con la patología que presenta Hernández. Fue la propia Defensora Oficial quien informó que se había comunicado con esas entidades y todas refirieron no poder brindar la atención médica que requería el actor (fs. 45). En dicha oportunidad, la Dra.Costa ofreció al tribunal un cuarto Instituto (Fundación Rita Bianchi), ubicado en la provincia de Córdoba.- A raíz de este nuevo pedido, el magistrado corrió traslado a la accionada, que a fs. 49 informó que se había puesto en contacto con el Director de dicha fundación, quien le manifestó que ese centro no disponía de la cobertura adecuada para las patologías psiquiátricas y adicción a las drogas que presentaba Hernández, y la entidad lo ratificó -a instancias del juzgador- a fs. 53, cuando expresó «en base a la descripción adjunta de su situación clínica funcional Clínica Rita uede internar al paciente por la severa desinhibición comportamental descripta y su carácter de institución abierta que no puede ofrecer recursos de contención».- Cuando el Juzgado ofició a esta última clínica le acompañó los certificados de fs. 7 y 11. Recordemos que en el primero, suscripto por profesionales del Centro Provincial de Atención de las Adicciones, se consignó que Hernández «presentaba conductas de problemáticas poliadictivas previas al accidente, conductas notablemente exacerbadas inmediatamente con su recuperación.» «.derivaron en un síndrome afásico principalmente expresivo asociado a dificultades de la comprensión, hiperimpulsividad con reiterados episodios de excitación psicomotriz/ violencia hacia terceros. En el proceso también se ha agudizado severamente las conductas poliadictivas y una disminución/desviación en la realidad y las consecuencias de sus actos».- 4. – Resumiendo: el actor solicitó que se le cubra la internación en un centro con la complejidad suficiente y modalidad cerrada, que le permita rehabilitarse en distintos aspectos (psiquiátrico, kinesiológico, neurológico, etc.). Acompañó dos certificados, ambos firmados por profesionales de la salud mental, que coincidieron en que el centro donde se alojaría debía ser «de preferencia cerrada» (fs.8) o directamente «de modalidad cerrada». El amparista ofreció distintas instituciones, pero todas expresaron que no estaban en condiciones de cumplir con esa prescripción.- En este particular contexto la solución que adoptó el magistrado no luce desacertada, dado que el amparo, como bien indicó en la sentencia, está previsto como una herramienta efectiva y rápida dirigida contra todo acto u omisión en este caso de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley. – En los presentes no se advierte que el proceder de la obra social sea arbitrario o ilegal, ni que restrinja o amenace derechos del amparista. En primer lugar, porque hasta el momento le brindó cobertura en los distintos lugares donde se trató (así lo afirma su representante y no lo niega la Defensora). Y en segundo término porque lo que el actor solicita (internación con modalidad cerrada en centro para rehabilitación integral) no lo presta ninguna de las instituciones que escogió para hacerlo, las que respondieron «no estar en condiciones de brindar la atención médica requerida.» (fs. 45) o no poder internar al paciente «por la severa desinhibición comportamental descripta» (fs. 53).- Las respuestas que brindaron esas cuatro instituciones especializadas -todas ofrecidas por la actora- son contestes con el informe que el amparista acompañó a fs.7 (cuyas conclusiones citamos en el último párrafo del considerando anterior) y con los argumentos que esgrimió la demandada cuando le exigieron que cubriera esos lugares, quien además no se negó arbitrariamente a brindar lo que le reclamaban, sino que explicó que por el concreto cuadro que tiene el actor, los centros de rehabilitación donde querían internarlo no eran los adecuados, afirmación que ellos mismos se encargaron de ratificar.- En síntesis, no se verifica negativa de OSPAT a afrontar la cobertura de los requerimientos que impone el cuadro de Antonio Federico Hernández, sino que no se encontró alguna institución que pudiera poner en práctica la compleja tarea terapéutica y de contención en cuestión. Por tal motivo el rechazo del amparo será confirmado ya que no se demostró que OSPAT obrara con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.- De lo dicho hasta ahora se sigue que no es acertada la conclusión del a quo respecto a la posibilidad de que el actor proponga otra institución, porque se trata de una hipótesis eventual y porque corresponde que tal proposición se haga a la obra social y no al tribunal.

Por consecuencia ese aspecto del fallo debe revocarse.- 5. – En otro orden, cabe señalar que conforme acreditó la propia actora, mediante sentencia del 11 de junio de 2013, el juzgado de familia de San Nicolás declaró la insania de Antonio Federico Hernández «en tanto resulta incapaz de dirigir su persona y administrar sus bienes», le nombró curador en la persona de su hermano A. y lo citó a una nueva junta interdisciplinaria para el 8 de junio de 2016 a fin de evaluar su situación (fs.1).- El Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde agosto de 2015, regula lo atinente a la restricción de la capacidad en los artículos 31 y siguientes (Sección 3° «restricciones a la capacidad»). El artículo 32 dice que «El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes» «Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador»

Seguidamente, el Código incorpora distintos aspectos del trámite que debe seguirse (quiénes pueden solicitar la declaración de incapacidad, las medidas cautelares que pueden ordenarse, el alcance de la sentencia, étc.) y por último regula lo relacionado con la internación de cualquier persona, tenga o no restringida su capacidad.- En consecuencia, dado que fue el Juzgado de Familia de San Nicolás el que en su momento declaró la insania de Hernández, valorando que no podía valerse por sí mismo, le nombró un curador y lo citó a los tres años para volver a evaluar su situación, es esa magistratura la que se encuentra facultada para evaluar lo que hace a su eventual internación. En relación con esa conclusión no hay que olvidar que el actor (curador de su hermano) insiste en que Antonio Federico Hernández debe permanecer internado, y que en el legajo consta que él mismo salió de alta voluntaria de varios lugares en los que estuvo hospitalizado.Además, la actora enfatiza con apoyo en dos dictámenes médicos (corroborados por las instituciones donde pretendió tratarse y la clínica donde estuvo internado al tiempo de iniciarse este amparo) que la internación que requiere el incapaz debe cumplirse en modalidad cerrada, vale decir que al menos eventualmente podría ser contra su voluntad.

Por lo tanto corresponde que se remitan copias del expediente al tribunal que declaró insano al beneficiario de esta acción, a fin de que -si no lo hubiera hecho ya- tome la intervención que le compete.

6.- Las costas se distribuirán por su orden en ambas instancias, atento a la naturaleza de la cuestión debatida y a la circunstancia de que la accionante pudo creerse con derecho a litigar.- 7.- Finalmente conviene dejar expresado que dado que no media acreditación de pobreza del amparista ni de su representante legal, la intervención de la Defensora Pública Oficial coadyuvante debe entenderse en cumplimiento de la obligación resultante del art. 54 de la ley 24.946 en atención a que el amparista es incapaz.- Es mi voto.- La Dra. Eleonora Pelozzi dijo:

En primer lugar, habré de analizar si la cuestión traída a estudio es de competencia de este tribunal, en atención a la exposición de los hechos realizados por el actor en la demanda y a la naturaleza jurídica de la pretensión. En virtud de que es de orden público, de excepción y se encuentra circunscripta a las causas que expresamente le atribuyen las leyes que fijan su competencia, las cuales son de interpretación restrictiva y como regla improrrogable, lo que implica que las partes no pueden convenir la jurisdicción federal. Por consiguiente, la declaración oficiosa es un deber judicial (art. 4 y 352 C.P.C.C.N.).

Ahora bien, conforme surge de las constancias acompañadas en autos, mediante sentencia dictada por la Dra.Regina Adriana Cucit, juez de Familia de San Nicolás, Antonio Federico Hernández fue declarado insano según los fundamentos de la nueva ley de salud mental 26.657 y los artículos pertinentes del código civil, vigentes a la fecha de esa resolución («Hernández, Antonio Federico s/ Insania y Curatela», expte. 34.579, fs. 1/4). Y su hermano, A. R. Hernández fue designado su curador definitivo.- A su vez, la pretensión esgrimida por el Sr. A. R. Hernández, en carácter de curador de Antonio consiste en que se ordene a la obra social demandada la cobertura de su internación en un centro con la complejidad suficiente y modalidad cerrada que contemple las necesidades rehabilitatorias, que detalla. (fs. 13/13 vta.).

Al respecto, entiendo que, previo a intentar el reclamo formulado en estos autos, el curador debió solicitar la internación de la persona discapacitada ante la juez que intervino en el proceso de insania. En virtud de lo previsto en el art. 7 del Código Civil y Comercial, de aplicación inmediata a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes, corresponde remitirse a las disposiciones pertinentes de ese cuerpo normativo. Así pues, en lo atinente a la materia que nos ocupa, el art. 41 del nuevo Código Civil y Comercial prevé determinados recaudos que deben cumplirse antes de proceder a la internación sin consentimiento de una persona y requiere del dictado de una sentencia. En el caso, nos encontramos con una situación de hecho en la cual no se verifica que se hubieren cumplido tales requisitos, los cuales son insoslayables y previos a la pretensión que se intenta hacer valer en estos autos.Además, a partir de la vigencia del nuevo régimen, el rol de la justicia es el control de la internación, que abarca el de su fundamentación o justificación, motivos legítimos, condiciones, duración y revisión periódica.

Por lo cual, considero que la justicia federal no resulta competente para dirimir la cuestión planteada en la presente causa, debiendo el actor formular el reclamo pertinente ante el juzgado de Familia de San Nicolás, a cargo de la Dra. Regina Adriana Cucit, dentro de los autos «Hernández, Antonio Federico s/ Insania y Curatela», expte. 34.579 por ser quien tiene a su cargo la tutela de los derechos de la persona declarada incapaz.- En consecuencia, voto por declarar la incompetencia de la justicia federal para entender en la preste causa. Con relación a las costas, atendiendo al resultado del pleito en virtud de lo resuelto por el juez a quo y en atención a que las partes pudieron creerse con derecho a controvertir la cuestión ventilada en autos, propongo que se impongan en el orden causado, en ambas instancias. Vuelvan los autos al Juzgado de origen.

El Dr. Fernando Lorenzo Barbará dijo: Adhiero al voto de la Dra. Eleonora Pelozzi.- Por lo tanto, SE RESUELVE:

1.- Declarar la incompetencia de la justicia federal para entender en la presente causa. 2.- Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado. 3.- Regular los honorarios de esta instancia en un 25% de lo que se fije por la primera. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada n° 15/13 de la CSJN y oportunamente devuélvanse los autos al Juzgado de origen.

E.C-T.P

FERNANDO LORENZO BARBARÁ

JUEZ DE CAMARA

CARLOS FEDERICO CARRILLO

JUEZA DE CAMARA

ELEONORA PELOZZI

JUEZ DE CAMARA

(Subrogante)

Ante mi Raquel Bolzico

Secretaria de Cámara

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