Responsabilidad del municipio por la caída del peatón por baldosas flojas fundado en el art. en el 1112, 1113 y 2340 inc. del CCiv.

veredasdadPartes: O. M. M. c/ Municipalidad de Rosario s/ daños y perjuicios

Tribunal: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario

Fecha: 9-dic-2015

Cita: MJ-JU-M-98234-AR | MJJ98234 | MJJ98234

Responsabilidad del municipio por la caída del peatón al estar unas baldosas flojas fundado en el art. en el 1112, 1113 y 2340 inc. del CCiv. desde que es el derecho aplicable por ser la norma vigente al momento del accidente y no el Código Civil y Comercial de la Nación.
Sumario:

1.-Es competente el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual para entender en el juicio de daños y perjuicios instado por la actora pues en momentos en que caminaba por calle a raíz de la existencia de baldosas sueltas, tropieza y cae al piso sufriendo lesiones por cuyas consecuencias peticiona resarcimiento; fundando la responsabilidad del municipio demandado en el artículo 1112 , 1113 y 2340 inc. del CCiv. desde que es el derecho aplicable por ser el CCiv. vigente al momento del accidente y no el CCivCom. cuya vigencia comenzó en Agosto del año 2015.

Fallo:

Rosario, 9 de diciembre de 2015.

Y VISTOS: Los autos caratulados “O., M. M. c/MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ Daños y Perjuicios” Expte. N° 3054/2013, de los que resulta que a fs. 28 la demandada, MUNICIPALIDAD DE ROSARIO, representada por la Dra. María Eugenia Lara, plantea excepción de incompetencia del Tribunal interviniente, y solicita el archivo de las actuaciones, con costas en caso de oposición.

Sostiene la excepcionante que en tanto se ha reclamado en autos por responsabilidad de un ente estatal sobre bienes de dominio público, y por haber entrado en vigencia la ley 26.994, que debe interpretarse en concordancia con el artículo 121 de la Constitución Nacional (CN), se excluye de la órbita del régimen ordinario la responsabilidad estadual, conforme al art. 1764 CCC, y por ello, el Tribunal que integra ésta magistrada, resulta incompetente para entender en la materia que es objeto del debate judicial; afirma que se trata de una acción de naturaleza pública y que el diagrama de distribución funcional por materia establecido por la concordancia de la ley ritual y la ley orgánica (arts. 541 y sgtes CPCCSF y 67 y sgtes LOT), y la propia constitución indica que es competente exclusivamente la Cámara Contencioso Administrativa, art. 93 inciso 2° Constitución Provincial (CP) y Ley 11330 art. 3°.

Corrido traslado, a fs. 38 la actora resiste la pretensión de la excepcionante; indica que la materia controvertida en autos no es competencia de la Cámara Contencioso Administrativa, toda vez que no se ha impugnado un acto administrativo en ejercicio de función administrativa, sino que se está ante un reclamo por los daños y perjuicios sufridos por la actora a raíz de la falta de servicio cometida por la Administración, lo que determina la competencia del Tribunal para entender en los presentes; solicita el rechazo de la excepción, con costas.

Y CONSIDERANDO: 1) Surge de la demanda obrante a fs.2/8, que la actora instó la acción de daños y perjuicios, sosteniendo que en momentos en que caminaba por calle Entre Ríos al 900 de Rosario, a raíz de la existencia de baldosas sueltas, tropieza y cae al piso sufriendo lesiones por cuyas consecuencias peticiona resarcimiento; funda la responsabilidad de la demandada en el artículo 1112, 1113 y 2340 inciso 7° del Código Civil.

2) Se encuentra vigente el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y por ende cabe entrar en la consideración del art. 7 de dicho ordenamiento., “Interpretando dicho artículo, el Dr. Lorenzetti sostiene que se trata de una regla dirigida al juez y le indica que ley debe aplicar al resolver un caso, estableciendo que se debe aplicar la ley de modo inmediato y que no tiene efectos retroactivos, con las excepciones previstas. Entonces, la regla general es la aplicación inmediata de la ley que fija una fecha a partir de la cual comienza su vigencia (art. 5) y deroga la ley anterior, de manera que no hay conflicto de leyes. El problema son los supuestos de hecho, es decir, una relación jurídica que se ha cumplido bajo la vigencia de la ley anterior, tiene efectos que se prolongan en el tiempo y son regulados por la ley posterior. La norma, siguiendo al Código derogado, establece la aplicación inmediata de la ley a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las que se constituyeron o extinguieron cumpliendo los requisitos de la ley anterior no son alcanzadas por este efecto inmediato. (Conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, Director. Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, T 1, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014, pp.45/47). en el sistema actual la noción de retroactividad es una derivación del concepto de aplicación inmediata. Por lo tanto la ley es retroactiva si se aplica a una relación o situación jurídica ya constituida (ob cit.p 48/49) (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Corrientes, Sala IV, MMI c/MC s/ Prescripción Adquisitiva, Expte 78263/12, El Dial AA90D1)

Se sigue de ello que la cuantificación del daño en las obligaciones de valor se efectiviza en oportunidad de dictar sentencia; las normas aplicables que captan en su antecedente normativo tal presupuesto y son las vigentes al momento de la emisión de sentencia (art. 772 CCC y 245 CPCC).

Así, se ha explicado que si el ad quem “revisa una sentencia relativa a un accidente de tránsito, aplica la ley vigente al momento de ese accidente, en agosto de 2015 la revisará conforme al artículo 1113 del Cod. Civ no porque así resolvió el juez de primera instancia, sino porque la ley que corresponde aplicar es la vigente al momento que la relación jurídica nació (o sea, el del accidente). En cambio, si la apelación versara sobre consecuencias no agotadas de esas relaciones, o lo que atañe a la extinción de esa relación (por ej. Una ley que regula la tasa de internes posterior al dictado de la sentencia de primera instancia), debe aplicar esa ley a los períodos no consumidos” (Kemelmajer de Carlucci, Aída, El art.7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme, en LL del 22.4.15, p.1 cita on line AR/DOC/1330/2015; relativizando en parte tal razonamiento, p.c Rivera Julio César, Aplicación del CCyC a los procesos judiciales en trasmite y otras cuestiones que debería abordar el Congreso, en LL 4.5.2015)

Lo expresado se encuentra en consonancia con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su reiterada jurisprudencia “según conocida jurisprudencia del Tribunal en sus sentencias se deben atender las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario, y si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, la decisión de la Corte deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuren circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir (conf. Fallos: 306:1160; 318:2438; 325:28 y 2275; 327:2476;331:2628; 333:11474; 335:905, entre otros) (CSJN autos D.I.P.V.G y otros c/ Registro del Estado Civil y Comercial de las Personas s/Amparo, 6/8/15. CIV 34570/2012/1/RH1)

Surge de lo expresado que el derecho aplicable al hecho que da origen a las presentes actuaciones, en razón de indicarse en la demanda que el mismo ocurrió en fecha 25.04.2013, es el Código Civil vigente a dicha data, y no el Código Civil y Comercial cuya vigencia comenzó en Agosto del año 2015.

3) Cabe destacar que la competencia de la Cámara Contencioso Administrativo, deviene por delegación de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe; que el Recurso Contencioso Administrativo regulado por la ley 11330, se admite contra los actos de la administración pública regidos por el ordenamiento jurídico administrativo (art.3°); se entiende por actos de la Administración Pública los dictados en función administrativa por el Gobernador de la Provincia, los Intendentes y Concejos Municipales y las Comisiones Comunales, originarios de esas autoridades o de otras inferiores a ellas sometidos a su revisión por vía de recurso (art. 5°); se excluye los actos que se relacionen con derechos o intereses que tutela el derecho privado, atribuidos a la jurisdicción ordinaria (art. 6° inc. b); y en consecuencia, no tratándose el caso de autos de un acto administrativo con los recaudos previstos en la mencionada norma, la Cámara Contencioso Administrativo no resulta ser el Tribunal competente para entender en el sub lite.

4) Por otra parte, conforme lo establecido en la LOPJ, compete al Tribunal Colegiado el conocimiento de lo actuado en la audiencia de vista de la causa y la emisión de la sentencia de fondo y mérito que pone fin a alguno de los litigios que enumera el artículo 541 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 66); y el conocimiento de todo proceso que versa sobre responsabilidad civil extracontractual (art. 69).

Se concluye de las consideraciones precedentes, que corresponde al Tribunal Colegiado interviniente, entender en el presente caso, y por ello, rechazar la excepción de incompetencia instada por la demandada, con costas (art. 252 CPCC).

Por lo expuesto,

RESUELVO: 1) Rechazar la excepción de incompetencia incoada por MUNICIPALIDAD DE ROSARIO, con costas.

Insértese y hágase saber.

(Expte. 3054/2013)