Se indemniza al actor consumidor de una caja de pastas en mal estado y con doble fecha de vencimiento.

pastasPartes: Barrera Jorge Ramón c/ Coto Centro Integral de Comercialización S.A. s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: B

Fecha: 10-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-97923-AR | MJJ97923 | MJJ97923

Se aplica multa civil a la cadena de supermercados ante el incumplimiento de las normas de protección al consumidor al vender productos en mal estado de conservación, violar el deber de información y comercializar alimentos adulterados. Cuadro de rubros indemnizatorios.

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Sumario:

1.-El daño moral ha sido definido por nuestros Tribunales como aquel que tiende a resarcir el sufrimiento que es connatural a todo episodio traumático y que afecta a todo aquel que atraviese dicha situación, más allá de las secuelas de orden psíquico que el episodio pudo dejar en la víctima, según su peculiar sensibilidad y sus circunstancias personales.

2.-Para apreciarse la procedencia de la reparación por daño moral, no se trata únicamente de los disgustos ocasionados por el hecho de adquirir un alimento para consumo familiar en mal estado, sino que debe añadirse: a) la circunstancia de la existencia de un doble etiquetado, adulterando la fecha de vencimiento de un producto que se suponía fresco (y de calidad premium); y b) el accionar desinteresado evidenciado por el proveedor para arribar a una solución, no sólo frente al reclamo asentado por el consumidor en su libro de quejas, sino también ante las denuncias administrativas iniciadas por éste. Así, puede observarse que la turbación padecida por el actor en su ánimo e integridad moral, excede sobradamente las meras molestias que han de tolerarse en el plano cotidiano de la convivencia humana.

3.-En cuanto a la cuantificación de la reparación del daño moral, conviene recordar que a los fines de la fijación del quantum indemnizatorio por daño moral debe valorarse adecuadamente el carácter resarcitorio de dicho rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste.

4.-Para la determinación del quantum del daño moral, no cabe aplicar pautas matemáticas para cuantificar el daño, sino es preciso valorar las circunstancias de la causa, pues la cuantía de la reparación depende de la gravedad de la culpa y de las características de las partes; factores éstos que deben juzgarse a la luz del prudente arbitrio de los Jueces.

5.-Más allá del desagrado que en forma lógica pudo haber ocasionado el hecho de encontrarse con un alimento -supuestamente fresco- en mal estado y con una fecha de vencimiento adulterada, no puedo dejar de ponderar, a fin de arribar a una justa y prudencial cuantificación del perjuicio padecido, que dicho alimento no fue finalmente consumido por el actor o su grupo familiar. Por lo tanto, de acuerdo con las pautas establecidas por el art. 165 del CPCCN., juzgo que la suma de veinte mil pesos ($20.000) reconocida en la anterior instancia, resulta adecuada para indemnizar acabadamente el perjuicio padecido por el actor.

6.-Respecto a la naturaleza jurídica del instituto del daño punitivo, no puede confundirse o asimilarse una operación de compraventa de indumentaria o un electrodoméstico, con la adquisición de alimento para consumo humano. Por ello, las consecuencias que podrían derivar de un hipotético vicio en estos productos deben ser juzgadas con mayor severidad y es que en cuestiones donde puede hallarse comprometida la salud, el criterio a adoptarse tendría que ser de tolerancia cero . Por ejemplo, piénsese en los daños que el consumo de alimentos vencidos podría ocasionar en la salud de niños, mujeres embarazadas o adultos mayores, que por obvias razones, pueden considerarse como los grupos de mayor riesgo.

7.-Es de público conocimiento la existencia de supuestos en que se ingirieron alimentos contaminados, que lamentablemente derivaron en la muerte de las personas que lo consumieron (casos de botulismo por citar uno de muchos ejemplos).

8.-En tanto pueden identificarse, al menos, tres incumplimientos graves a las normas de protección al consumidor por parte de la defendida: 1) la venta de alimento en mal estado de conservación (art. 5 L.D; c); 2) la violación al deber de información, producto del doble etiquetado ya descripto (art. 4 LDC.); y 3) la comercialización de alimento adulterado (de acuerdo a lo verificado en el análisis bromatológico y lo decidido por el Tribunal de Faltas del Municipio de Lanús) (art. 5 LDC. y art. 6 bis C.A.A.),ergo, el accionar desinteresado de la empresa proveedora de alimentos, sumado al conocimiento que cabe presumir que posee respecto a las normas que rigen su actividad, en razón de la profesionalidad que tiene la demandada, quien se definió como …la empresa supermercadista con capitales argentinos más grande del país… , le imponía un mayor celo y responsabilidad al respecto. Por ende, estimo justificada la aplicación al caso de una multa civil en su contra (art. 52 bis , LDC.)

9.-En punto a la graduación de la pena del daño punitivo, éste tiene como uno de sus objetivos primordiales la disuasión y prevención de hechos lesivos, como la venta de alimentos en mal estado. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 10 días del mes de marzo del año 2016, reunidas las Señoras Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdo, fueron traídos para conocer los autos caratulados: «BARRERA JORGE RAMON contra COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A. sobre ORDINARIO» (EXPTE. N° 8169/2013) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctoras Matilde E. Ballerini y Ana I. Piaggi. La Sra. Juez Dra. María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero no interviene en la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).

Estudiada la causa la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La Señora Juez de Cámara Dra. Matilde E. Ballerini dijo:

I. A fs.63/76vta. el Sr. Jorge Ramón Barrera promovió demanda contra Coto Centro Integral de Comercialización S.A. (en adelante «Coto») solicitando se la condene al pago de dos millones doscientos mil pesos ($2.200.000) con más sus intereses y costas, por los daños y perjuicios que alegó haber padecido como consecuencia de la adquisición de pastas frescas fabricadas por la demandada que se habrían encontrado en mal estado de conservación y con dos fechas de vencimiento distintas superpuestas.

II. La sentencia dictada a fs. 476/499, a cuya exposición de los hechos me remito a fin de evitar prolongadas reiteraciones, admitió parcialmente la demanda y condenó a Coto Centro Integral de Comercialización S.A a abonar al actor la suma de quinientos diez mil pesos ($510.000) con más sus intereses y a entregarle una caja de pastas similar a la adquirida. Asimismo, impuso las costas del proceso a cargo de la defendida en su condición de vencida.

Para así resolver, el Sr.Juez a quo concluyó, luego de efectuar un análisis del encuadre jurídico que estimó aplicable al caso y de valorar las diversas pruebas rendidas en la causa, que la accionada incumplió con las obligaciones de seguridad e información que la Ley de defensa del consumidor establece en cabeza de los proveedores de bienes y servicios.

Explicó que conforme surgía de los distintos testimonios, así como de las actuaciones administrativas tramitadas en el Municipio de Lanús, el día 20/03/2011 el actor compró en una sucursal de Coto, 3 cajas de pastas rellenas tipo sorrentinos que se encontraban en mal estado.

Destacó la injustificada negativa de la defendida a acompañar el libro de quejas de la sucursal correspondiente, en donde el Sr. Barrera habría volcado su reclamo por las condiciones de conservación en que se hallaba uno de los productos adquirido y la existencia de dos etiquetas superpuestas con fechas de expiración distintas, estando una de ellas ya vencida.

Estimó que esta circunstancia era indiciaria de la veracidad de los hechos relatados por el actor. Los cuales, agregó, también juzgó que fueron corroborados con las declaraciones testimoniales rendidas en autos.

Con relación a los distintos rubros indemnizatorios reclamados, desestimó el monto pretendido en concepto de daño material, admitiendo exclusivamente la condena a entregar una caja de pastas similares a la comprada por el actor.

En orden al daño moral, concluyó que la adquisición de un producto para consumo familiar en mal estado y con una fecha de vencimiento adulterada, sumado a los contratiempos ocasionados por los diversos reclamos que el accionante acreditó haber realizado, resultaban aptos para generar un agravio moral que debía ser resarcido. Así, prudencialmente estableció la indemnización por este rubro en la suma de $20.000 con más sus intereses calculados desde la fecha de compra (20/03/2011).

También reconoció la procedencia del daño punitivo solicitado.Consideró que por tratarse de un alimento para consumo humano, donde se encontraba en juego la salud de los consumidores, debía reputarse al incumplimiento de la accionada como grave.

Valoró la conducta seguida por la demandada, quien en vez de destinar a descarte el producto una vez pasado su plazo de vencimiento, lo reetiquetó con una nueva fecha, brindando una información falsa e induciendo al cliente a la adquisición del bien como si fuera un alimento fresco, cuando en realidad se hallaba en mal estado.

Asimismo, destacó el resultado de los exámenes bromatológicos efectuados en el marco de las actuaciones administrativas iniciadas por el actor, donde surgía que la muestra analizada violaba el Código Alimentario resultando, por ende, un alimento prohibido para su comercialización, no controvertido oportunamente por la demandada (ver fs. 284).

Concluyó que el incumplimiento de las obligaciones de información y seguridad era justificación suficiente para imponer la sanción solicitada, cuantificando prudencialmente la pena en la suma de $500.000 a la fecha del pronunciamiento.

En orden a las costas del proceso, las impuso a cargo de la accionada por resultar sustancialmente vencida.

III. Contra dicho decisorio apelaron ambas partes.

El actor mantuvo su recurso con la incontestada pieza de fs. 534/538. Por su lado, la defendida expresó agravios a fs. 540/544, respondidos a fs. 546/548.

A fs. 552 emitió su dictamen la Sra. Fiscal General ante esta Cámara.

IV. Los agravios de la accionada transitan, en sustancia, por los siguientes carriles: i) que el anterior sentenciante juzgó acreditado que el producto adquirido por el actor se encontraba en mal estado de conservación; ii) el importe concedido en concepto de daño moral y daño punitivo; y iii) la tasa de interés establecida.

Por su parte, las quejas del actor refieren exclusivamente a los montos indemnizatorios fijados en el pronunciamiento recurrido.

V. Razones de orden metodológico me inclinan por comenzar por el estudio del recurso introducido por «Coto».

En su primer embate, cuestionó que se hubiera juzgado acreditado que la pasta adquirida por el Sr.Barrera se encontraba en mal estado.

Puntualmente criticó que el hecho que su parte no acompañó el libro de reclamos de la sucursal donde se habría efectuado la compra, no predicaba una presunción suficiente a efectos de demostrar los extremos invocados por el actor.

Sostuvo que no se aportaron otros elementos probatorios que permitieran acreditar siquiera la existencia del reclamo que habría asentado el accionante en dicho libro.

Señaló que los testimonios rendidos en autos no resultarían idóneos para demostrar la adquisición de la pasta en mal estado o respecto a su correcta conservación por parte del actor.

Como punto de partida, juzgo importante recordar que en el moderno Derecho Procesal se acabaron las reglas absolutas en materia probatoria. Por el contrario, predomina el principio de las «cargas probatorias dinámicas», según el cual, ésta se coloca en cabeza de la parte que se encuentra en mejores condiciones para producirla; no hay preceptos rígidos sino la búsqueda de la solución justa según la circunstancia del caso concreto (conf. Peyrano Jorge, Chiappini Julio, «Lineamentos de las cargas probatorias dinámicas», Ed.107-1005; Peyrano Jorge, «Doctrina de las cargas probatorias dinámicas» La Ley, 1991-B, 1034).

Asimismo, estimo que este principio actualmente se encuentra reforzado -en el marco de las relaciones de consumo- de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la ley 24.240 (luego de su reforma por la ley 26.361), el cual coloca en cabeza de los proveedores, la carga de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, en orden a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en juicio.

En consecuencia, no sólo por encontrarse en mejores condiciones de hacerlo (por ejemplo, por ser quien tenía en su poder el libro de quejas), sino también porque -como se dijo- la legislación vigente le impone un rol activo en la aportación y producción de aquellas pruebas que se encuentre dentro de su alcance y que ayuden a esclarecer los extremos controvertidos, la accionada no podía válidamente escudarse en una mera negativa genérica de los hechos denunciados por el actor (fs. 108/119vta), prácticamente sin producir pruebas o -mínimamente- aportar aquellas constancias documentales que se encontraban en su poder.

En este contexto, no puedo omitir que pese a la intimación que a tal efecto se cursara en la anterior instancia bajo apercibimiento de ley (art. 388 del CPCC, ver fs. 134vta.), la defendida no acompañó el libro de quejas en donde el Sr. Barrera habría asentado su reclamo el día en que realizó la compra de los productos cuestionados, haciéndose efectivo en consecuencia el mismo (ver fs. 384).

La importancia de esta prueba se puede apreciar a simple vista.

De haberse logrado verificar si efectivamente se asentó el mencionado reclamo -hoy imposible de determinar merced a la injustificada resistencia exhibida por la apelante- habría sido indudablemente esclarecedor para corroborar la veracidad de los hechos controvertidos en autos.Nótese que la inmediación temporal entre la compra y la formulación de la queja (realizada en el mismo día, de acuerdo al relato del actor), parecería indicio suficiente del modo en que sucedieron los eventos, ya que -de acuerdo a un normal acontecer de las cosas- si el ticket de compra o mismo la caja de pastas con su contenido y fechas de vencimiento superpuestas no se habrían encontrado en las condiciones denunciadas por el accionante en ese instante, el supermercado habría objetado inmediatamente el reclamo.

A mayor abundamiento, pondérese que jamás fue desconocida la existencia del mentado libro o su inobservancia, sino que no lo acompañó ni tampoco suplió la falencia con una certificación notarial del mismo.

Desde otra perspectiva, estimo que el registro de quejas también habría ofrecido un amplio panorama del apego por parte del proveedor a las normas de protección al consumidor e, indirectamente, el porcentaje de satisfacción de los reclamos y sugerencias formuladas por sus clientes .

Las respuestas y soluciones que los proveedores brindan a sus consumidores ante una queja o problema en concreto, se encuentra íntimamente relacionado -a entender de esta Vocal preopinante- con el trato digno que no solo merece el consumidor en el ámbito de la relación de consumo (art. 42 CN), sino todas las personas en general, por su mera condición de seres humanos.

Difícilmente podría hablarse de un fiel cumplimiento a la normativa consumeril por parte de un proveedor al cual no le interesa resolver o cuanto menos, responder en tiempo y forma las quejas que formulan sus clientes.

Por todo ello, coincido con el anterior sentenciante en punto al importante valor indiciario que la conducta reticente de la accionada posee para la solución del presente.

VI. Sentado lo anterior, juzgo que con los elementos probatorios aportados y el indicio previamente referido -valorado en su conjunto a la luz del principio de la sana crítica que informa el art. 386 del CPCC- se logró demostrar:la adquisición de la pasta en cuestión; que se encontraba en mal estado, conforme referiré más adelante; y que exhibía dos fechas de vencimientos diferentes y superpuestas.

En efecto, por un lado se acompañó el ticket correspondiente a la compra efectuada por el actor el 20/03/2011 en una de las sucursales de la accionada, en donde se aprecian dentro de los artículos allí discriminados, la compra de 3 cajas de sorrentinos.

Respecto al mismo, cabe apuntar que el documento exhibe todas las características comunes para este tipo de comprobantes, sin haberse cuestionado seriamente su autenticidad (ver fs. 2/3 reservada en sobre nro. 93993 que en este acto se tiene a la vista y copias a fs. 12).

Asimismo, se adjuntó la tapa de la caja de sorrentinos que corre a fs. 6 (reservada en sobre nro. 93993 y que en este acto se tiene a la vista), donde precisamente se aprecia la existencia de dos etiquetas superpuestas con distinto vencimiento en cada una de ellas (ver copias a fs. 10/11).

No soslayo que la accionada desconoció la autenticidad de estos documentos, pero como ya expresé, su posición inmejorable y la normativa vigente le imponían la carga de aportar pruebas que demostraran la falsedad de aquellos.

Por ejemplo, pudo intentar desacreditar la veracidad del ticket antes indicado, incluso la existencia de la propia operación de compraventa denunciada, acompañando las constancias contables que debe conservar de acuerdo con la normativa vigente en la materia.

Abona lo antes dicho, las declaraciones testimoniales prestadas por las Sras. Nieves Pajarín, Elizabeth Pajarín y Tatiana Klein coincidentes respecto a la compra por parte del actor de la pasta cuestionada; que ésta se encontraba en mal estado de conservación; y que en la caja se advertían dos etiquetas con fechas de vencimiento distintas y superpuestas (ver declaraciones de fs. 396/96vta, fs. 397/97vta y fs.398/400 respectivamente).

Finalmente, resta destacar que en la denuncia efectuada por el accionante en el ámbito de los organismos administrativos de defensa del consumidor, también se presentó la documentación antes referida y no se advierte que la denunciada cuestionara en forma seria

-al menos en ese limitado marco cognoscitivo- la falsedad de la compra de la pasta fresca o la existencia de la caja en donde aparecen dos etiquetas con vencimientos distintos (ver copias a fs. 162/344).

En síntesis, el valor indiciario que surge de la negativa exhibida por la accionada a acompañar el libro de quejas, sumado a la documentación adjuntada con el inicio de la demanda, los testimonios que ratifican los hechos invocados por el actor, las constancias obrantes en la denuncia administrativa efectuada ante los organismos de protección al consumidor y -por último- la conducta pasiva desplegada por la defendida respecto al ofrecimiento y producción de pruebas que procurasen desvirtuar aquellas aportadas por el actor, me inducen a concluir que: a) el producto en cuestión efectivamente fue adquirido por el actor; b) que éste se encontraba en mal estado; y c) que poseía dos fechas de vencimiento distintas y superpuestas como se observa a simple vista. Por ello, corresponde rechazar el agravio.

VII. A continuación, procederé a analizar en forma conjunta las quejas vertidas por los justiciables respecto a los montos indemnizatorios establecidos en el pronunciamiento recurrido.Mientras el actor solicita su elevación, la accionada cuestiona que los importes son excesivos y que no habría pruebas que siquiera demostraran su procedencia.

En lo que respecta a la indemnización reconocida en concepto de daño moral (o consecuencias no patrimoniales, siguiendo la terminología adaptada por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación), estimo que las molestias sufridas por el actor, que ya han sido descriptas a lo largo de este voto, justifican la admisión de la reparación en cuestión.

El daño moral ha sido definido por nuestros Tribunales como aquel que tiende a resarcir el sufrimiento que es connatural a todo episodio traumático y que afecta a todo aquel que atraviese dicha situación, más allá de las secuelas de orden psíquico que el episodio

no dejar en la víctima, según su peculiar sensibilidad y sus circunstancias personales (conf. CNCom. esta Sala, en autos » Jotafi Computación Interactiva S.A. y otro c/ Banco de Galicia y Bs. As.S.A.» del 17/02/2010, entre muchos otros).

En la especie, no se trata únicamente de los disgustos ocasionados por el hecho de adquirir un alimento para consumo familiar en mal estado, sino que debe añadirse:

a) la circunstancia de la existencia de un doble etiquetado, adulterando la fecha de vencimiento de un producto que se suponía fresco (y de calidad premium); y b) el accionar desinteresado evidenciado por el proveedor para arribar a una solución, no sólo frente al reclamo asentado por el consumidor en su libro de quejas, sino también ante las denuncias administrativas iniciadas por éste.

Así, puede observarse que la turbación padecida por el actor en su ánimo e integridad moral, excede sobradamente las meras molestias que han de tolerarse en el plano cotidiano de la convivencia humana.

Ahora bien, en cuanto a la cuantificación de la reparación, conviene recordar que a los fines de la fijación del quantum indemnizatorio por daño moral debe valorarse adecuadamente el carácter resarcitorio de dicho rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (conf. C.S.J.N., in re, «Lema, Jorge H. c/ Provincia de Buenos Aires y otros» del 20/03/2003; en el mismo sentido idem, in re, «Sitja y Balbastro, Juan Ramón c/ La Rioja, Provincia de y otro s/ Daños y Perjuicios» del 27/05/2003, entre tantos otros).

No cabe aplicar pautas matemáticas para cuantificar el daño, sino es preciso valorar las circunstancias de la causa, pues la cuantía de la reparación depende de la gravedad de la culpa y de las características de las partes; factores éstos que deben juzgarse a la luz del prudente arbitrio de los Jueces (ver CNCom. esta Sala, in re, «Vazquez Bourgeois Natalia c/ Peugeot Citroën Argentina S.A.s/ ordinario» del 20/05/2011 y sus citas, entre muchos otros).

Bajo tales premisas, más allá del desagrado que en forma lógica pudo haber ocasionado el hecho de encontrarse con un alimento -supuestamente fresco- en mal estado y con una fecha de vencimiento adulterada, no puedo dejar de ponderar, a fin de arribar a una justa y prudencial cuantificación del perjuicio padecido, que dicho alimento no fue finalmente consumido por el actor o su grupo familiar. Y si bien, en esta instancia, el accionante refirió que actualmente «.convive con una inevitable sugestión al momento de efectuar compras en lugares de provisión.» (sic fs. 534vta), lo cierto es que -además de lo tardío del argumento- el mismo no resulta audible por cuanto no se produjo prueba que acredite fehacientemente tal extremo.

Por lo tanto, de acuerdo con las pautas establecidas por el artículo 165 del CPCC, juzgo que la suma de veinte mil pesos ($20.000) reconocida en la anterior instancia, resulta adecuada para indemnizar acabadamente el perjuicio padecido por el actor.

Atento a lo decidido, se impone desestimar las quejas vertidas por los justiciables respecto a la reparación aquí analizada, sin necesidad de adicionar mayores consideraciones al respecto.

VIII. A continuación, abordaré las críticas referidas al importe reconocido en concepto de daño punitivo.

Respecto a la naturaleza jurídica del instituto bajo análisis y, especialmente, los requisitos que la normativa prevé para su admisión, a fin de no incurrir en prolongadas reiteraciones, me remito al desarrollo efectuado por el anterior sentenciante en el pronunciamiento recurrido (ver fs. 491/493).

Coincido con el Sr. Juez a quo en que no puede confundirse o asimilarse una operación de compraventa de indumentaria o un electrodoméstico, con la adquisición de alimento para consumo humano.

Por ello, las consecuencias que podrían derivar de un hipotético vicio en estos productos deben ser juzgadas con mayor severidad. Es que en cuestiones donde puede hallarse comprometida la salud, el criterio a adoptarse tendría que ser de «tolerancia cero» (arg. conf. CNCom.esta Sala, in re, «Raspo Miguel Ángel y otros c/ Swiss Medical S.A. s/ ordinario» del 02/06/2015).

Por ejemplo, piénsese en los daños que el consumo de alimentos vencidos podría ocasionar en la salud de niños, mujeres embarazadas o adultos mayores, que por obvias razones, pueden considerarse como los grupos de mayor riesgo.

Es de público conocimiento la existencia de supuestos en que se ingirieron alimentos contaminados, que lamentablemente derivaron en la muerte de las personas que lo consumieron (casos de botulismo por citar uno de muchos ejemplos).

Y si bien no soslayo que en el presente s e trató de pastas frescas rellenas, estimo que ello no hace menos severo el celoso control que el proveedor debe efectuar sobre los productos alimenticios que fabrica y comercializa.

Por otra parte, a criterio de la suscripta, resulta agravante el hecho que el bien comercializado exhibiera dos fechas de vencimiento distintas y superpuestas. Esto hace presumir que el fabricante, en vez de destinarlo a descarte una vez expirado el período durante el cual resulta apto para consumo (y asumir la pérdida económica por la imposibilidad de vender dicho producto), le insertó un nuevo vencimiento para igualmente proceder a su venta.

Sobre esto último, recuerdo que la accionada procuró justificar la presencia de dos etiquetas con fechas de vencimiento distintos en la caja contenedora del alimento, aduciendo que lo que pudo haber sucedido es que una vez vencido el producto inicialmente empaquetado, éste fue descartado y la caja reutilizada con otras planchas de pastas frescas que no se encontraban vencidas, procediéndose a colocar una segunda etiqueta (ver fs.114 del escrito de contestación de demanda).

Sin embargo, cabe advertir que no demostró en modo alguno que fuera un procedimiento habitual el hecho de reutilizar los envases de los productos frescos fabricados por su parte, de modo que la justificación esbozada resulta inaudible por carecer de elementos probatorios serios que permitan respaldar su versión de los hechos.

Por último, no resulta un dato menor el resultado que arrojaron los análisis bromatológicos efectuados en el ámbito de la denuncia administrativa iniciada a instancias del actor.

Allí, el laboratorio que llevó adelante el estudio concluyó que las muestras frescas tomadas de la sucursal de la demandada incumplían la normativa vigente en la materia, resultando por ende, un alimento alterado, prohibido para su venta de conformidad con el artículo 6 bis del C.A.A. (ver fs. 284). Cabe destacar, que la defendida siquiera intentó controvertir los resultados arribados en dicho análisis.

Ahora bien, como puntualizó el anterior sentenciante, esto derivó en que el Juzgado N° 3 del Tribunal Municipal de Faltas de la Municipalidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires, le impusiera a la accionada una multa por comercializar alimentos alterados (ver copia de la resolución a fs. 298/299vta).

En resumen, en la especie pueden identificarse, al menos, tres incumplimientos graves a las normas de protección al consumidor por parte de la defendida: 1) la venta de alimento en mal estado de conservación (art. 5 L.D. c); 2) la violación al deber de información, producto del doble etiquetado ya descripto (art. 4 L.D.C.); y 3) la comercialización de alimento adulterado (de acuerdo a lo verificado en el análisis bromatológico y lo decidido por el Tribunal de Faltas del Municipio de Lanús) (art. 5 L.D.C. y art.6 bis C.A.A.).

Ergo, el accionar desinteresado de la empresa proveedora de alimentos, sumado al conocimiento que cabe presumir que posee respecto a las normas que rigen su actividad, en razón de la profesionalidad que tiene la demandada, quien se definió como «.la empresa supermercadista con capitales argentinos más grande del país.» (sic. fs. 110), le imponía un mayor celo y responsabilidad al respecto. Por ende, estimo justificada la aplicación al caso de una multa civil en su contra (art. 52 bis, L.D.C.)

En punto a la graduación de la pena, recuerdo que ésta tiene como uno de sus objetivos primordiales la disuasión y prevención de hechos lesivos similares a los que en estas actuaciones merecen punición.

Bajo tales parámetros y valorando que, como se dijo, ya se impuso una multa como consecuencia de la denuncia administrativa iniciada por el actor y la ausencia de mayores elementos probatorios que permitan acreditar la existencia de una práctica sistemática por parte de «Coto», estimo prudente confirmar la indemnización reconocida en la anterior instancia, ya que afortunadamente el producto en cuestión no fue consumido por la familia.

Por ello, se rechazan los agravios vertidos por ambas partes.

IX. Por último, resta avocarse al estudio de la queja proferida por la accionada respecto a la tasa de interés establecida en la sentencia dictada en la anterior instancia.

Sabido es que la ley 26853 derogó las disposiciones atinentes al recurso de inaplicabilidad de ley y el CPR 303, y más allá de la ultraactividad de los plenarios que ya han sido dictados, lo cierto es que la doctrina fijada por esta Excma. Cámara Nacional Comercial, in re: «SA La Razón s/ quiebra s/ incidente de pago de los profesionales», del 27/10/1994, consagra una pauta interpretativa jurisprudencial de positivo valor jurídico que impone su aplicación a los procesos actualmente en trámite.

Por ello, en la medida que la tasa de interés fijada por el Sr.Juez a quo (tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos a 30 días), es coincidente con aquella reconocida en forma pacífica por la jurisprudencia del Fuero en general, y de esta Sala en particular, corresponde desestimar el agravio sin necesidad de efectuar ulteriores precisiones.

X. En orden a las costas, sin perjuicio que la acción es admitida en forma parcial, deben ser distribuidas a cargo de la demandada por resultar sustancialmente vencida.

Es que en materia de controversias que versan sobre reclamos indemnizatorios las costas causídicas deben ser soportadas por el responsable del daño inferido, con abstracción que las pretensiones del perjudicado no hayan progresado íntegramente con relación a la totalidad de los rubros resarcibles

Como corolario de todo lo expuesto, si mi criterio es compartido, propongo al Acuerdo: i) rechazar las apelaciones deducidas a fs. 504 y fs.506 y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada a fs. 476/499 en todas sus partes, con costas a cargo de la demandada.

Así voto.

Por análogas razones, la Dra. Ana I. Piaggi adhiere a las conclusiones del voto que antecede. Con lo que se terminó este Acuerdo que firmaron las señoras Jueces de Cámara. Es copia fiel del original que corre a fs. 92/104 del Libro de Acuerdos Comercial Sala B.

JORGE DJIVARIS SECRETARIO

Buenos Aires, Marzo 10 de 2016. Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que precede, se resuelve: Acuerdo: i) rechazar las apelaciones deducidas a fs. 504 y fs.506 y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada a fs. 476/499 en todas sus partes, con costas a cargo de la demandada. Regístrese y notifíquese por Secretaría, en su caso, conforme Acordadas N° 31/11 y 38/13 CSJN y devuélvase. Oportunamente, cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada N° 15/13 CSJN.

MATILDE E. BALLERINI

ANA I. PIAGGI

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