El contrato de caja de seguridad a la luz del derecho del consumidor.

Caja de seguridadAutor: Barbieri, Pablo C.

Fecha: 24-may-2016

Cita: MJ-DOC-9891-AR | MJD9891

Sumario:

I. Precisiones primarias. El Código Civil y Comercial. II. Relación con los derechos de usuarios y consumidores y los contratos de consumo. III. La prueba del daño. IV. Reflexiones adicionales. Sobre el funcionamiento de los derechos de usuarios y consumidores y la función estatal.
Doctrina:

Por Pablo C. Barbieri (*)

I. PRECISIONES PRIMARIAS. EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

El contrato de servicio de caja de seguridad, a pesar de haberse convertido en una actividad bancaria tradicional, no poseía regulación en nuestro derecho positivo, salvo algunas disposiciones reglamentarias del Banco Central de la República Argentina. A pesar de ello, se reconocía -doctrinaria y jurisprudencialmente- su existencia y sus efectos, sobre todo, a la luz de la responsabilidad de la entidad bancaria ante el cliente por el robo o hurto de los efectos depositados en los cofres.

Uno de los últimos pronunciamientos anteriores a la sanción del Código Civil y Comercial (CCivCom), dispuso, por ejemplo, que «cabe condenar a la entidad bancaria al pago de daños y perjuicios, por incumplimiento de la obligación al deber de custodia respecto de la caja de seguridad que los actores tenían depositadas sus pertenencias al vaciarse el contenido, por el robo perpetrado en una sucursal del banco. Es que no hay que analizar si medió o no culpa de la entidad bancaria para que se genere la responsabilidad de esta ante el siniestro de las cajas de seguridad, dado que, por resultar esta objetiva, ante el incumplimiento del resultado esperado -inherente a la debida custodia de los bienes depositados allí-, aquella se presume, siendo por ende irrelevante la ausencia de culpa. Solo podría deslindarse la responsabilidad mediando un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, que se configura ante la existencia de un hecho que (…) no ha podido preverse o que previsto, no ha podido evitarse (CCIV 514) -conf. voto del Dr. Bargalló, CNCom, Sala B, 27/11/08, Rana, Irene Cristina y otro c/ Banco Sudameris Argentina S. A.)» (1).

La incorporación de la figura al Código Civil y Comercial puede considerarse, en líneas generales, como positiva. El tenor de los preceptos contenidos entre los arts.1413 a 1417 receptó, en gran parte, soluciones jurisprudenciales bastante asentadas en el tiempo, a pesar de no haberse expedido sobre la naturaleza jurídica del contrato y prever la posibilidad de limitar la responsabilidad de la entidad bancaria prestadora del servicio (art. 1414 ), situación que ha merecido críticas doctrinarias que llegan a cuestionar, inclusive, su constitucionalidad (2).

Lo cierto es que el art. 1413 determina que «el prestador de una caja de seguridad responde frente al usuario por la idoneidad de la custodia de los locales, la integridad de las cajas y el contenido de ellas, conforme con lo pactado y las expectativas creadas en el usuario. No responde por caso fortuito externo a su actividad, ni por vicio propio de las cosas guardadas».

Al respecto, vale la pena destacar los siguientes aspectos:

– No se establece una definición contractual, criterio seguido por el Código en otras figuras rotuladas como «contratos bancarios» (v. gr., custodia de títulos, art. 1418 ). Hace hincapié en las obligaciones de las partes, sobre todo de la entidad bancaria que presta el servicio.

Sin perjuicio de ello, Zingman de Domínguez señala que «se trata de un contrato que combina el de alquiler con el de depósito, «con un deber de vigilancia activa», dado que el usuario busca en la institución bancaria, la custodia y seguridad que no posee en su empresa o en su casa» (3).

– En segundo término, debe resaltarse que, siguiendo la legislación italiana, se caracteriza a este contrato como un «servicio», alejándose, en parte, de la caracterización doctrinaria que lo asimilaba al depósito o la locación.Ello tendrá importancia, como se verá seguidamente, sobre la base del análisis de la figura a la luz del derecho de usuarios y consumidores.

– Las obligaciones que asume el banco no son «de medios», sino que pueden encuadrarse sin demasiada discusión en aquellas «de resultado» (4). Tanto es así que se la ha considerado, en jurisprudencia, como «agravada», habiéndose resuelto que «dado que la finalidad del contrato de caja de seguridad no es el mero interés de disponer de una simple caja metálica con llave o bien de un espacio vacío, sino que la custodia de dicho espacio es la obligación principal de la empresa bancaria, el incumplimiento de ese deber es fuente de una responsabilidad agravada, en tanto el banco no se compromete a una custodia disuasiva, sino que se obliga a una custodia efectiva mediante una actividad permanente y duradera» (5).

La Com. A 5479/13 del BCRA establece reglas que se enderezan en similar dirección, profundizando en las medidas de seguridad por adoptarse.

II. RELACIÓN CON LOS DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES Y LOS CONTRATOS DE CONSUMO

Aun antes de la sanción del Código Civil y Comercial, poco se dudaba sobre el carácter de usuario o consumidor del cliente bancario que contrataba el servicio de caja de seguridad y, consecuentemente, con la aplicación de la Ley 24.240 y sus modificatorias.

En tal dirección, se declararon inoponibles ciertas cláusulas eximentes de responsabilidad bancaria contenidas en los contratos respectivos. Expresamente, se resolvió que «en razón del carácter predispuesto del contrato y encontrándonos dentro del régimen de defensa del consumidor, es evidente que, sin perjuicio de la validez del contrato, la citada cláusula limitativa de responsabilidad por daños es totalmente abusiva y, por lo tanto, debe tenerse por inválida y no convenida (art.37 de la Ley 24.240)» (6).

Reconociendo esta tendencia dominante, el Código Civil y Comercial establece que «las disposiciones relativas a los contratos de consumo son aplicables a los contratos bancarios de conformidad con lo dispuesto en el art. 1093 » (art. 1384 ).

Ello no solo tiene importancia a los fines de la caracterización contractual y eventuales conflictos ante los organismos nacionales y provinciales competentes en la «materia consumeril», sino también en las cláusulas limitativas de responsabilidad que pudieren incluirse por parte de las entidades bancarias en la contratación de adhesión usual en la práctica.

El art. 988 del CCivCom, al referirse a esta categoría contractual, establece que se tienen por no escritas aquellas cláusulas que «desnaturalizan las obligaciones de los predisponentes». En similar dirección, se expide la primera parte del art. 1414 , al disponerse que «la cláusula que exime de responsabilidad al prestador se tiene por no escrita». Empero, a renglón seguido, parece fijar una excepción: «es válida la cláusula de limitación de la responsabilidad del prestador hasta un monto máximo solo si el usuario es debidamente informado y el límite no importa una desnaturalización de las obligaciones del prestador».

Se ha destacado, doctrinariamente, cierta contradicción, remarcándose un retroceso en relación con normas protectorias de usuarios y consumidores, incluso previstas en el mismo Código Civil y Comercial (7), sobre todo porque no se contempla de qué manera puede asegurarse esa eventual «comunicación» o «información» al cliente.

Será esta, seguramente, una cuestión que deberá ser resuelta por vía interpretativa. Llama la atención la introducción de la referida excepción en un Código que plantea la defensa de usuarios y consumidores como uno de sus paradigmas, a punto tal de haber incorporado numerosas disposiciones sobre el particular en su articulado. Acaso es un motivo de revisión del referido art.1414, pese a que su recepción doctrinaria -en este punto en particular- ha sido, generalmente, negativa.

III. LA PRUEBA DEL DAÑO

Una de las cuestiones que mayor controversia ha presentado en la materia, se refiere a la prueba de los objetos resguardados o depositados en una caja de seguridad bancaria, ante el acaecimiento del robo o hurto.

En este punto, el art. 1415 del CCivCom establece textualmente que «la prueba del contenido de la caja de seguridad puede hacerse por cualquier medio», lo que, en cierto modo, resulta lógico en virtud de la operativa que denota el servicio. El cliente-usuario utiliza el cofre de manera privada, sin que personal del banco le exija ninguna declaración de los efectos depositados, ni tenga acceso a la manipulación de estos.

Lo ha reconocido, incluso, la propia jurisprudencia, al sentenciar que «sería virtualmente impracticable una prueba rigurosa e inequívoca, por el locatario de una caja de seguridad sobre la veracidad del contenido que dice sustraído» (8).

De allí que haya adquirido importancia, en la especie, la prueba de «presunciones». En tal dirección, su carácter de ser graves, precisas y concordantes son las resaltadas por el art. 163, inc. 5 , del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN), las cuales serán evaluadas por el juez interviniente conforme a las reglas de la sana crítica.

En un fallo relativamente reciente, se volvió a asentar tal criterio al disponerse lo siguiente:«Nuestros tribunales han otorgado pleno valor probatorio a las presunciones -como las derivadas de la posición económica de la parte actora, la actividad empresaria realizada, el hecho de aparecer en eventos sociales luciendo las joyas supuestamente robadas con ulterioridad, la concordancia entre los objetos denunciados en sede penal y los mencionados en la demanda civil, las declaraciones juradas prestadas a los fines impositivos, entre otras-, las cuales deben ser apreciadas con parámetros de amplitud y prudencia por el juzgador, teniendo especialmente en cuenta que el depositario no controla ni la introducción ni la extracción de efectos personales de las cajas de seguridad, actividades que normalmente se realizan en el más absoluto secreto, con la mayor reserva y discreción (…). Incluso se ha optado por la admisibilidad de las denominadas pruebas compuestas , consistente en la combinación de pruebas simples imperfectas (indicios) que, consideradas aisladamente, no hacen prue ba por sí solas, pero que, consideradas en conjunto, llevan a un grado de convencimiento mínimo, suficiente para tener por acreditado el contenido atribuido a la caja de seguridad (conf. esta CNCom, Sala D, 12/8/1998, «in re»: «Gordon, Claudio y otro c/ Banco Mercantil Argentino» …» (9).

IV. REFLEXIONES ADICIONALES. SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES Y LA FUNCIÓN ESTATAL

La vigencia de las normas protectorias de usuarios y consumidores (Ley 24.240 y sus modificatorias, Código Civil y Comercial y algunas normas sobre materias especiales) determina su aplicación a numerosas relaciones jurídicas. De hecho, jurisprudencialmente se extendieron muchos de sus preceptos a distintas actividades, como, por ejemplo, prestación de servicios de medicina prepaga, contratos bancarios, servicios turísticos, telefonía celular, prestación de servicios públicos, etcétera.

Frente a toda esta realidad, las distintas jurisdicciones provinciales han dispuesto de órganos dentro de la administración estatal que se ocupan de estas cuestiones.Es más, a nivel nacional, se sancionó la Ley 26.993 que crea un sistema particular sobre la temática, cuya aplicación aún no puede apreciarse valorativamente, atento a la escasez de práctica sobre el particular.

Me permito, sobre el particular, formular algunas reflexiones:

a. Estimo que el sistema público de defensa del consumidor -sea cual fuere la denominación que se le otorgue-, debería tener como principal función arbitrar las relaciones entre consumidores (o usuarios) y proveedores, mediante la aplicación de la normativa vigente. Tomando en cuenta el principio protectorio que pregona dicha legislación, buscando fórmulas conciliatorias, solución a los conflictos y, en su caso, aplicación de las sanciones correspondientes.

b. De esa manera, podrá otorgarse real sentido a la legislación en vigor y alejar la cuestión de la lógica del mercado que, en muchos casos, presenta aspectos que exceden la protección de derechos de usuarios y consumidores, que, en definitiva, resultan la parte más débil de las relaciones o contratos de consumo.

c. La aplicación normativa, en el área estatal, encuentra natural sede dentro de la órbita de los organismos con competencia en la Justicia (v. gr., Ministerio de Justicia y / o similares).

En tal dirección, el art. 24, inc. 14 , de la Ley de Ministerios de la Provincia de Buenos Aires vigente (10), establece la competencia del Ministerio de Justicia para «intervenir en lo vinculado a la defensa del consumidor».

De allí que nos parezca correcto y atinado el eventual traspaso del organismo público encargado al respecto desde la órbita del Ministerio de Producción provincial al área de Justicia.

d. La defensa de usuarios y consumidores ha alcanzado dimensiones mucho más importantes, incluso, que las que poseía al sancionarse la Ley 24.240.Se han multiplicado los conflictos, y se ha sancionado mayor normativa que amerita nuevos enfoques, estudios y necesidad de capacitación para todos los protagonistas de un sinnúmero de relaciones jurídicas que, además, presentan cuestiones litigiosas, como algunas de las que se han reseñado en este comentario. Avanzar en esta dirección coadyuvará a profundizar la vigencia del principio protectorio establecido -incluso en el art. 42 de la Constitución Nacional (CN)- y numerosos tópicos de gran interés y sensibilidad social (v. gr., cláusulas abusivas en los contratos, trato digno, discriminación a usuarios, entre muchos otros). Es ese el horizonte que va a perseguirse. Como se ha visto, en el tema del contrato de servicio de cajas de seguridad, el Código Civil y Comercial lo ha logrado a medias, sobre todo en la limitación a la responsabilidad bancaria prevista en el art. 1414.

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(1) Sumario Microjuris del fallo «Gluk, Tobías Roberto y ot. c/ Banco Makro S. A. s/ Ordinario» (CNCom, Sala E, 30/6/2015, MJJ96477 ).

(2) Entre otros, RITTO, Graciela: Sistema de Defensa del Consumidor. Buenos Aires, 20XII Grupo Editorial, 2016, p. 197, quien, además, postula la posibilidad de conflictos sobre el particular.

(3) ZINGMAN DE DOMÍNGUEZ, Nydia: «El contrato de caja de seguridad bancaria y la nueva legislación», Doctrina Microjuris, 14/10/2015, MJD7445 .

(4) RITTO, Graciela: op. cit., p. 191 y doctrina allí citada.

(5) CNCiv, Sala I, 5/5/2015, «Colome, Eduardo H. y ot. c/ Banco de la Nación Argentina s/ Daños y Perjuicios», MJJ94449 .

(6) Ídem nota anterior, voto del Dr. De las Carreras.

(7) Ídem nota 3.

(8) CNCom, Sala B, 4/10/96, LL 1997-B-80.

(9) CNCom, Sala A, 19/3/2015, «Olid, José S. y ot. c/ BBVA Banco Francés S. A. s/ Ordinario», MJJ94370

(10) Ley 14.803 , sancionado por la Legislatura provincial el 10/12/2015.

(*) Abogado. Profesor titular de Derecho Comercial III y Concursos, Quiebras y Títulos Circulatorios, UNLZ. Profesor adjunto Derecho Comercial III, UMSA. Autor de numerosos artículos y obras en materia de derecho comercial y derecho deportivo. Conferencista en dichas temáticas.

Voces: CAJAS DE SEGURIDAD – CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN – RESPONSABILIDAD BANCARIA – BANCOS – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – DAÑOS Y PERJUICIOS – CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE RESPONSABILIDAD – PRUEBA – PRESUNCIONES

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