Responsabilidad concurrente de la empresa concesionaria del servicio ferroviario y del Estado Nacional por la caída sufrida por un pasajero desde el tren en movimiento.

tren_rocaPartes: Saucedo Gustavo Daniel c/ Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 23-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-98190-AR | MJJ98190 | MJJ98190

Responsabilidad concurrente de la empresa ferroviaria y del Estado Nacional por la caída sufrida por un pasajero desde el tren en movimiento, toda vez que las medidas implementadas por la empresa fueron insuficientes para resguardar la seguridad. Cuadro de rubros indemnizatorios.

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Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar al reclamo indemnizatorio a raíz los daños padecidos por el actor en ocasión en que, viajando en uno de los vagones de la empresa demandada, el convoy se detuvo bruscamente y fue despedido al exterior, quedando su pierna aprisionada entre el vagón y el andén, toda vez que no hay elementos que permitan acreditar alguna de las eximentes de responsabilidad legalmente previstas.

2.-El contrato de transporte significa necesariamente para el acarreador la obligación de conducir al viajero a su destino en el estado en que lo recibió, es decir, sano y salvo; y por el simple incumplimiento de esta obligación aquél es responsable y a él le incumbe la prueba de la eximente.

3.-Si bien el testigo dijo que iba en otro vagón y que recién pudo ver al actor cuando se encontraba gritando, con la mitad del cuerpo debajo de los estribos, su testimonio sirve para saber que el tren circulaba con las puertas abiertas y que no se encontraba en buen estado.

4.-No alcanza para eximir de responsabilidad la posibilidad de que al accionante lo hayan empujado del tren otras personas que iban en el convoy, pues la ocurrencia misma del siniestro resulta demostrativa de que las medidas implementadas por la empresa fueron insuficientes para resguardar la seguridad e integridad física de los pasajeros.

5.-Resulta irrelevante la existencia o no de una norma legal que la obligue a circular con las puertas cerradas o a colocar puertas automáticas, siendo obvio que las puertas tienen que estar cerradas cuando el tren está en movimiento.

6.-La defensa opuesta por la empresa demandada en su contestación, vinculada con su falta de legitimación no puede prosperar, pues el acuerdo celebrado entre la empresa concesionaria del servicio y el Estado Nacional consiste en un contrato administrativo y si bien el Estado Nacional se ha obligado a mantener indemne a aquella, en caso de siniestros ello no implica que la empresa no tiene que responder frente a terceros.

7.-El daño psicológico es un daño de naturaleza patrimonial, de manera tal que debe analizarse su procedencia como integrante de la incapacidad sobreviniente, debiendo incrementarse la suma otorgada por esta partida.

8.-Le asiste razón al apelante con fundamento en la Ley 25.344 que declara en emergencia la situación económica financiera del Estado Nacional, debiendo ser incluida la deuda dentro del régimen de consolidación, lo que conlleva a que el cumplimiento de la condena por este codemandado tenga que ser en la forma y plazos que fija la ley precitada.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 23 días del mes de marzo de 2016, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “Saucedo, Gustavo Daniel c/ Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios”, y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Kiper dijo:

Contra la sentencia dictada en primera instancia (fs. 636/649), que admitió parcialmente la demanda de daños y perjuicios entablada por Gustavo Daniel Saucedo respecto de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. (Ugofe) y el Estado Nacional -Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios-; apelaron las partes, quienes, por los motivos que exponen en sus presentaciones de fs. 685/687, 689/692 y 654/702, intentan obtener la modificación de lo decidido. A fs. 705/708 y 709/710 fueron contestados dichos argumentos, encontrándose los autos en condiciones de dictar un pronunciamiento de carácter definitivo.

Gustavo Daniel Saucedo critica que no se haya considerado al daño psíquico como un perjuicio autónomo, disponiéndose su rechazo. Además, se agravia de la suma fijada en concepto de “gastos varios”.

Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. cuestiona de la atribución de responsabilidad, esencialmente, porque entiende que el hecho se produjo debido a que el reclamante viajaba en un lugar del tren en el que estaba prohibido y, a su vez, a que no existe ninguna obligación que indique que las puertas de los vagones deban ser eléctricas. También se queja de la indemnización y de la imposición de costas.

Finalmente, el Estado Nacional cuestiona que, no obstante existir normas que regulan las concesiones de los ferrocarriles, se haya rechazado la defensa de falta de legitimación, haciéndose lugar a la demanda en su contra.Entiende que ha habido una malinterpretación y pide que se deje sin efecto la decisión. Formula extensas consideraciones sobre doctrina y jurisprudencia vinculadas con la responsabilidad estatal.

Del mismo modo, afirma que el accidente se produjo por la culpa de la propia víctima en tanto viajaba en un sector prohibido. Luego, estima excesivas las sumas otorgadas y solicita que se aplique lo dispuesto en la ley 23.982 acerca de cómo debe cumplir una sentencia el Estado Nacional.

Comenzaré con los agravios vinculados a la responsabilidad.

En su escrito de demanda, Gustavo Daniel Saucedo afirma que el 8 agosto del 2008 iba como pasajero en uno de los vagones de la empresa demandada. Al encontrarse la formación llegando a la Estación Temperley del Ferrocarril Roca, mientras el tren avanzaba con las puertas abiertas, el convoy se detuvo bruscamente y fue despedido al exterior, quedando su pierna aprisionada entre el vagón y el andén y sufriendo una serie de lesiones. Atribuye su caída al pésimo servicio ferroviario y, específicamente, a que la puerta del vagón estaba abierta y carecía del barral para sujetarse.

Por su parte, Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. y el Estado Nacional reconocen la existencia del evento pero manifiestan que se produjo exclusivamente por la culpa de la víctima o de un tercero por quien no tienen que responder. Antes de continuar con el estudio del expediente resaltaré que, con respecto al encuadre jurídico que habrá de regir esta litis, atendiendo a la fecha en que tuvo lugar el accidente, resulta de aplicación lo establecido en la normativa contenida en el Código Civil y en el Código de Comercio, hoy derogados, en virtud de lo dispuesto en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, actualmente vigente, sin perjuicio de señalar, claro está, que a idéntica solución se arribaría aplicando las normas pertinentes de este último cuerpo legal.

Cabe recordar que existe entre la empresa y el viajero un verdadero contrato.El contrato de transporte es un contrato consensual que se perfecciona por el sólo consentimiento de las partes, es decir, con el ofrecimiento de realizar el transporte y la aceptación por parte del pasajero, que se traduce en su ascenso al medio propuesto.

De ocurrir un accidente durante el transporte no se está en presencia, por lo tanto, de una culpa aquiliana, sino de una falta esencialmente contractual, derivada de la obligación implícita que contraen las empresas de transporte de efectuar la conducción segura del pasajero. Por ello, el transportista resulta responsable y sólo puede exonerarse de su responsabilidad demostrando, a su vez, que el suceso ocurrió por caso fortuito, culpa de la víctima, o por el hecho de un tercero. El contrato de transporte significa necesariamente para el acarreador la obligación de conducir al viajero a su destino en el estado en que lo recibió, es decir, sano y salvo. Por el simple incumplimiento de esta obligación aquél es responsable y a él le incumbe la prueba de la eximente.

Coincido con mi colega de primera instancia acerca de que hay elementos de prueba suficientes que justifican hacer lugar a la acción. En primer lugar, destaco que no se encuentra discutida la condición de usuario del actor ni la circunstancia de que se haya caído de un tren en movimiento en la Estación de Temperley. Tampoco se objeta que las puertas del vagón estaban abiertas.

No hay ninguna prueba directa acerca de cómo se produjo el accidente. Ni siquiera se puede considerar útil lo narrado por Pablo Ariel Varela Villarroel para sostener que el actor viajaba en un sector peligroso y que lo arrojaron del tren. Ocurre que el testigo dijo que iba en otro vagón y que recién pudo ver al actor cuando se encontraba gritando, con la mitad del cuerpo debajo de los estribos. Sin embargo, su testimonio sirve para saber que el tren circulaba con las puertas abiertas y que no se encontraba en buen estado (fs.356).

Se cuenta con el informe confeccionado por el perito mecánico, Ing. Francisco Antonio Lupi, quien expresó acerca del servicio ferroviario, y que al ir a la Estación pudo comprobar que en el momento en que se anunciaron una serie de cambios de andenes en el servicio se produjo un caos entre los pasajeros y un “desbande en todas las direcciones y hasta [la] bajada de estos a las vías para pasar al nuevo anden con el peligro que ello implica. Por lo tanto el porcentaje estimado de incumplimiento es total”. A mi entender, lo más importante de todo lo que explicó consiste en que “el factor común es la total falta de higiene en los vagones, con aparente mínimo mantenimiento” (fs. 539/542 y 577).

De todo lo expuesto puede inferirse que no hay elementos que permitan acreditar alguna de las eximentes de responsabilidad legalmente previstas.

Tampoco alcanza para eximir de responsabilidad la posibilidad de que a Gustavo Daniel Saucedo lo hayan empujado del tren otras personas que iban en el convoy. La situación tumultuaria causada por la aglomeración de pasajeros, fenómeno de pública notoriedad en casi todas las estaciones de trenes en las horas denominadas “pico” no resulta un hecho desconocido para las empresas ferroviarias, ni puede constituirse como eximente de su responsabilidad cuando precisamente se encuentran obligadas a arbitrar todos los medios a su alcance a fin de que el servicio se preste con regularidad, de manera segura y sin perjuicios para sus clientes (CNCiv., Sala M “Arregui Silvio c/Transporte de Buenos Aires, línea Sarmiento” del 09/09/04 publicado en LA LEY, 01/10/04, p.5; Sala B, “Argañaraz Blanca E c/Trenes de Buenos Aires” del 12/02/02, publicado en La Ley online; ídem Sala M “Rud Mauricio c/Ferrocarriles Metropolitanos SA” del 05/11/2001; LA LEY, 2002-C, 526).

La seguridad vial, de tránsito urbano, suburbano, de vehículos de transporte, de trenes que marchan por la superficie o subterráneos, requiere el acatamiento a todas y cada una de las condiciones que son exigidas reglamentariamente.

En consecuencia, el descontrol del pasaje, el amontonamiento de pasajeros, los agolpamientos frente a los excesos de los vagones, constituyen otros tantos desperfectos del transporte, que hacen responsable a la empresa por inobservancia de las reglamentaciones (CNCiv, Sala B, “Argañaraz Blanca E c/Trenes de Buenos Aires” del 12/02/02, publicado en La Ley online).

En la relación de ideas expuestas, entiendo que la ocurrencia misma del siniestro resulta demostrativa de que las medidas implementadas por la empresa fueron insuficientes para resguardar la seguridad e integridad física de los pasajeros.

El servicio público de transporte de personas, por cualquier medio que sea, debe ser eficiente, es decir, debe contar con el número de vehículos necesarios para cubrir las frecuencias y servicios adicionales; personal idóneo y capacitado para esos menesteres y, por último, trasladar a los pasajeros con un mínimo de comodidad y seguridad, de modo que el trato sea adecuado a seres humanos dignos y no afecte la moral y las buenas costumbres.(CNCiv., Sala F del 27-02—96, sumario F173396 -ISIS; CNCiv., Sala M “Arregui Silvio c/Transporte de Buenos Aires, línea Sarmiento” del 09/09/04 publicado en La Ley 01/10/04).

La circunstancia de que no exista norma que obligue a las empresas ferroviarias a contar con formaciones con puertas automáticas no puede eximir de responsabilidad. Es obvio que las puertas tienen que estar cerradas cuando el tren está en movimiento.Además, la empresa debe implementar todos los medios y recursos que sean necesarios para cumplir su obligación principal de transportar sano y salvo al pasajero al lugar de destino, de manera tal que resulta irrelevante la existencia o no de una norma legal que la obligue a circular con las puertas cerradas o a colocar puertas automáticas.

Entonces, propongo que se confirme lo resuelto al en torno a la responsabilidad que le cabe a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. y el Estado Nacional, que es el titular de los ferrocarriles.

Sin embargo, haré una serie de referencias en torno al acuerdo celebrado entre Ugofe S.A. y el Estado Nacional y que dispone que Ugofe acepta “la operación integral, administración y explotación por cuenta y orden del Estado Nacional del servicio ferroviario.”. En la cláusula octava señala que: “el Estado Nacional asume mantener totalmente indemne al OPERADOR y/o a los accionistas del OPERADOR y/o a los directores del OPERADOR y/o a los directores de los accionistas del OPERADOR por todos los daños y perjuicios y en general todo rubro o concepto que pudieran válidamente ser reclamados por terceros ajenos a este convenio en concepto de responsabilidad civil en los términos del Código Civil y del Código de Comercio de la Nación como consecuencia de los siniestros y/o accidentes producidos durante la prestación y/u operación de los servicios ferroviarios de pasajeros correspondientes a los servicios ferroviarios objeto de este Acuerdo”.

Sobre la cuestión ya se ha expedido ésta Sala en los autos “Fantasía, Marcelo Fabián c/ Ugofe S.A. s/ daños y perjuicios”, R. 609.915del 15 de abril del 2013, ocasión en la que se entendió que el acuerdo precitado consistía en un contrato administrativo y que si bien el Estado Nacional se había obligado a mantener indemne a Ugofe S.A. en caso de siniestros ello no implicaba que la empresa no tuviera que responder frente a terceros.Los fundamentos y el análisis realizado en dicho fallo, en el que la Vocal preopinante fue mi distinguida colega la Dra. Abreut de Begher, son mucho más extensos. De ahí que, por razones de brevedad, remita a su lectura, aunque aclare que la defensa opuesta por Ugofe S.A. en su contestación de demanda vinculada con su falta de legitimación no puede prosperar.

Las partes criticaron la indemnización.

Se otorgaron $150.000 por incapacidad sobreviniente. También se cuestionaron los $6000 para gastos por tratamiento psicológico.

Se rechazó fijar una partida en concepto de daño psicólogico debido a que el sentenciante piensa que se trata de un daño extrapatrimonial, razón por la cual eligió indemnizar los perjuicios al cuantificar el monto del daño moral. No comparto lo antedicho, ya que personalmente entiendo que el daño psicológico se trata de un daño de naturaleza patrimonial. De manera tal que analizaré su procedencia dentro de la presente partida, como integrante de la incapacidad sobreviniente.

De las constancias remitidas por el Hospital Luisa C. de Gandulfo de la Provincia de Buenos Aires resulta que Gustavo Daniel Saucedo fue atendido por presentar una fractura del fémur izquierdo (fs. 458/500). La perito médica legista, Dra. Isabel Lescano Carrión, indicó que el actor tuvo una fractura mediodiafisaria de fémur izquierdo, lo que hizo necesario que se le coloque un clavo endomedular con cerrojo en una intervención quirúrgica que se efectuó el 23 de septiembre del 2008 que, lógicamente, le dejó una cicatriz. También apuntó que tiene una limitación funcional en el miembro inferior que lo incapacita en un 23% de la total obrera. Además, le asignó un 9% de incapacidad por su lesión estética.

Con respecto a la faz psíquica, adujo que presenta un trastorno adaptativo con síntomas fóbicos y depresivos crónicos que lo incapacita en un 15% y sugurió que haga tratamiento (fs.432/449).

La indemnización por incapacidad sobreviniente -que debe estimarse sobre la base de un daño cierto- procura el resarcimiento de aquellos daños que tuvieron por efecto disminuir la capacidad vital de la persona afectada, no solo en su faz netamente laboral o productiva sino en toda su vida de relación (social, cultural, deportiva e individual).

De allí que en materia civil y a los fines de su valoración no puedan establecerse pautas fijas por cuanto habrá de atenderse a circunstancias de hecho variables en cada caso en particular ya que tratándose de una reparación integral para que la indemnización sea justa y equitativa deben apreciarse diversos elementos y circunstancias de la víctima, tales como su edad, sexo, formación educativa, ocupación laboral y condición socioeconómica.

No debe perderse de vista que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la integridad no son solo un bien jurídicamente tutelado cuyo quebrantamiento debe ser reparado, sino que además constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público.

Por lo demás, reiteradamente he sostenido que, en tanto los dictámenes periciales se encuentren fundados razonablemente en principios y procedimientos técnicos, y resulten congruentes con el resto de la prueba rendida, se deben aceptar a la luz de los arts. 386 y 477 del CPCCN.

Entonces, si tengo en cuenta las circunstancias de hecho en que el actor resultó lesionado, las particularidades de los trastornos padecidos, como también las características personales que se relacionan con aspectos tales como su edad (38 años al momento del accidente), sexo, ocupación (albañil) y sus restantes condiciones personales, que fueron correctamente reseñadas en el fallo apelado; creo que la cantidad establecida es reducida y, por eso, propongo que se la eleve a $220.000.

Distinto es lo que pienso sobre los gastos para tratamiento psicológico toda vez que la partida otorgada me parece que es adecuada, especialmente si se tiene presente lo referido por la perito médica legista.Asimismo, es importante considerar que cuando el reclamante cobre la indemnización tendrá todo el dinero junto y, de esa manera, podrá pactar honorarios más beneficiosos con el profesional que elija.

La indemnización otorgada en concepto de gastos médicos y de farmacia también fue cuestionada. Asciende a $3000.

Desde antiguo se ha entendido que los gastos en los que incurre quien sufre un ilícito no necesitan de una acabada prueba documental y, asimismo, se presume que quien ha sufrido lesiones que requirieron tratamiento médico realiza gastos extraordinarios en concepto de medicamentos y traslados. No obsta a tal solución que el damnificado fuera atendido en hospitales públicos ya que también en estos supuestos debe afrontar ciertos pagos que le ocasionan un detrimento patrimonial.

Así, propicio que se confirme esta parte de la sentencia.

Igualmente, Ugofe y el Estado Nacional se quejaron del daño moral, fijado en $80.000. Para estimar la cuantía del daño, el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante para luego establecer una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido, por lo que más que en cualquier otro rubro queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a la ponderación de las diversas características que emanan del proceso.- “La determinación del monto no depende de la existencia o extensión de los perjuicios patrimoniales pues no media interdependencia en tales rubros, ya que cada uno tiene su propia configuración pues se trata de daños que afectan a esferas distintas” (cfr. Llambías, “Obligaciones” T. I, pág.229).

Así, teniendo en consideración las características que presentó el hecho, la repercusión que en los sentimientos del damnificado debió generar la ocurrencia misma del accidente como una agresión inesperada a su integridad física, los perjuicios psicológicos, el tipo de tratamiento recibido y sus características personales, estimo que la suma no tiene que reducirse.

El Estado Nacional solicitó que, de confirmarse la condena, se aplique la normativa de la ley 25.344, y en su caso, la ley 23.982.

La ley 25.344 es de orden público, y en su art. 1, declara en emergencia la situación económica financiera del Estado Nacional, la prestación de los servicios y la ejecución de los contratos a cargo del sector público nacional. Como consecuencia de ello, el art. 13 consolidó en el Estado Nacional, con los alcances y en la forma dispuesta por la ley 23.982 las obligaciones que consistan en pago de sumas de dinero o que se resuelvan por ese medio de pago, según su naturaleza y respecto de los sujetos alcanzados. Y al respecto, el art. 3, inc. a, Capítulo I, anexo IV, decreto reglamentario 1116/2000, establece que las sentencias judiciales tendrán carácter meramente declarativo con relación a los organismos deudores, limitándose al reconocimiento del derecho que se pretenda, y que la única vía apta para su cumplimiento es la establecida en la ley (conf. ley 25.344 y su prórroga ley 25.725, con remisión a la ley 23.982; esta sala, in re “Aranda, O. c/ Cuenca, A y otro” del 8/3/2008; C.Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3a, 20/11/2001, “Hiperbaires S.R.L. v. ELMA S.A.y otro”). Entiendo que le asiste razón al apelante con fundamento en la normativa invocada, debiendo ser incluida la deuda dentro del régimen de consolidación, lo que conlleva a que el cumplimiento de la condena por este codemandado tenga que ser en la forma y plazos que fija la ley precitada.

Las costas de la Alzada se le imponen a los demandados, sustancialmente vencidos en la presente instancia (conf. art. 68 del CPCCN). Cabe resaltar, igualmente, que no me parece que se deba cambiar la imposición de costas de primera instancia ya que la atribución de responsabilidad efectuada en el fallo fue confirmada.

Por todo ello, y si mi voto fuere compartido, propongo al Acuerdo que se modifique la sentencia recurrida incrementándose la incapacidad sobreviniente a doscientos veinte mil pesos ($220.000.-) y estableciéndose que la condena dispuesta contra el Estado Nacional se cumpla conforme la normativa de la ley 25.344; debiendo confirmarse el fallo apelado en todo lo demás que decide y fue materia de agravios. Con costas de la Alzada conforme lo expuesto precedentemente.

El Dr. José Benito Fajre dijo:

Adhiero a las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper en su voto, proponiendo la solución allí indicada.

La Dra. Abreut de Begher dijo:

Adhiero a las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper en su voto, proponiendo la solución allí indicada.

Con lo que se dio por finalizado el acto, firmando los señores Jueces por ante mí de lo que doy fe.- Fdo.:

José Benito Fajre.

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2016.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad, el Tribunal decide:

I.- Modificar la sentencia recurrida incrementándose la incapacidad sobreviniente a doscientos veinte mil pesos ($220.000.-) y estableciéndose que la condena dispuesta contra el Estado Nacional se cumpla conforme la normativa de la ley 25.344; debiendo confirmarse el fallo apelado en todo lo demás que decide y fue materia de agravios. Con costas de la Alzada a los demandados (conf. art.68 del CPCCN).

II.- En atención a lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal, corresponde dejar sin efecto las regulaciones efectuadas en la instancia de grado y establecer los honorarios de los profesionales intervinientes adecuándolos a este nuevo pronunciamiento.

En lo que se refiere a la base regulatoria, este Tribunal entiende que, de conformidad con lo establecido por el art. 19 de la ley 21.839, debe considerarse como monto del proceso a los fines arancelarios al capital de condena con más los intereses reclamados y reconocidos en la sentencia (cfr. Esta Sala, “Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/Medina Juan José y otros s/cobro de sumas de dinero” del 27/09/11).

Sentado lo anterior se tendrá en cuenta el objeto de las presentes actuaciones y el interés económicamente comprometido resultante del capital de condena, naturaleza del proceso y su resultado, etapas procesales cumplidas por cada uno de los beneficiarios y el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión, considerando además lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 19, 33, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432-.

En consecuencia, regúlase el honorario del Dr. Marcelo Eduardo Bottaro, por su intervención como letrado apoderado de la parte actora en las tres etapas del proceso, en la suma de ($.).

Los del letrado apoderado del demandado UGOFE S.A., Dr. Hernán de Arzuaga Pinto, por su actuación hasta la renuncia de fs. 195, en la suma de ($.). Los del Dr. Nicolás Mihura Gradin en el mismo carácter en la suma de ($.).

Los de la Dra.Ana Laura Mastieri letrada apoderada del Estado Nacional, en la suma de ($.) por su actuación en las tres etapas del proceso.

III.- En cuanto a los honorarios de los peritos, se tendrá en consideración el monto del proceso conforme lo decidido precedentemente, la entidad de las cuestiones sometidas a sus respectivos dictámenes, mérito, calidad y extensión de las tareas, incidencia en la decisión final del litigio y proporcionalidad que debe guardar con los estipendios regulados a favor de los profesionales que actuaron durante toda la tramitación de la causa (art. 478 del CPCC).

Por lo antes expuesto se regulan los honorarios de los peritos ingeniero mecánico Francisco Antonio Lupi y de la perito médica Dra. Isabel Lescano Carrión en la suma de pesos quince mil ($ 15.000), para cada uno de ellos.

IV.- Respecto a los honorarios de la mediadora, esta Sala entiende que a los fines de establecer sus honorarios corresponde aplicar la escala arancelaria vigente al momento de la regulación (cfr. autos “Brascon, Martha Grizet Clementina c. Almafuerte S.A. s/ds. y ps.”, del 25/10/2013).

En consecuencia, ponderando el monto del proceso y lo dispuesto por el Dec. 2536/2015, Anexo I, Art. 2°, Item g), se fija el honorario de la Dra. Adriana Darriba, en la suma de ($.).

V.- Por su actuación en la etapa recursiva que culminó con el dictado de la presente sentencia definitiva, regúlase el honorario del Dr. Marcelo Eduardo Bottaro en la suma de ($.). Los del Dr. Nicolás Mihura Gradín en la suma de ($.). Los de la Dra. Ana Laura Mastieri en la suma de ($.), (art. 14 del Arancel).

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y oportunamente, devuélvase.-

Fdo.:

José Benito Fajre.

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper.