Responsabilidad del organizador del partido de fútbol en el que el espectador reclamante resultó lesionado al ser empujado por un grupo de personas.

EstadioPartes: Brahim Mohamed Hasan c/ Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 25-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-97900-AR | MJJ97900 | MJJ97900

Responsabilidad del organizador del partido de fútbol en el que el espectador reclamante resultó lesionado al ser empujado por un grupo de personas. Cuadro de rubros indemnizatorios.vbnn

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios deducida, pues surge probado que el accidente se produjo como consecuencia de que el actor fue empujado por un grupo de personas mientras observaba y festejaba el resultado del partido de fútbol organizado por los demandados.

2.-En materia de responsabilidad civil por daños sufridos por concurrentes, organizadores y protagonistas de espectáculos deportivos se consagra en forma inequívoca la existencia de una obligación de seguridad, de resultado, que gravita solidariamente sobre las entidades o asociaciones participantes en el espectáculo deportivo; es una responsabilidad objetiva, basada en la idea de riesgo de empresa, por lo que las eximentes son limitadas: hecho o culpa de la víctima y el caso fortuito o fuerza mayor.

3.-El deber de seguridad que asume el organizador obliga antes, durante y después de concluido el espectáculo a que los asistentes no sufran daños en su persona, por lo que ese deber se prolonga durante todo el tiempo, desde el ingreso del espectador al recinto hasta su posterior egreso; así, a la víctima le basta con probar el daño sufrido y la relación de causalidad, pero no tiene necesidad de acreditar la culpa del organizador, ya que esta última está presumida por el solo hecho del incumplimiento contractual, exteriorizado en el hecho de haber sufrido el espectador un perjuicio durante la realización y como consecuencia del desarrollo del evento en cuestión.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los veinticinco días del mes de abril de 2016, reunidas en la Sala de Acuerdo de esta Excma. Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza las Dras. Alejandra Orbelli, Silvina Miquel y Marina Isuani trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos Nº 192.443/51.413, caratulados: “BRAHIM, MOHAMED HASAN C/ CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA Y OTS. P / D. Y P.”, originarios del Décimo Noveno Juzgado Civil, venidos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto por Fiscalía de Estado a fs. 903, contra la sentencia de fs. 891/900.

La causa quedó en estado de resolver a fs. 956. Practicado el sorteo de ley, se estableció el siguiente orden de estudio: Doctoras Orbelli, Miquel e Isuani.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y 141 del C.P.C., se plantearon las siguientes cuestiones a resolver.

Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?

Segunda cuestión: costas.

Sobre la primera cuestión propuesta la doctora Alejandra Orbelli dijo:

I. En la primera instancia la Jueza a quo hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el Sr. Mohamed Hasan Brahim, en contra del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, de la Asociación del Fútbol Argentino y del Gobierno de la Provincia de Mendoza, y condenó a estos a abonar al actor la suma de pesos ciento veintidós mil setecientos sesenta ($ 122.760), con más sus intereses, impuso costas y reguló honorarios.

Entendió la magistrada que los demandados Club Godoy Cruz Antonio Tomba, Asocia-ción de Fútbol Argentino y Gobierno de Mendoza, no acreditaron la eximente invocada que los libere de su responsabilidad.

Tuvo por probado, en base a los testimonios de los Sres. Peleytay y Medrano, que el ac-cidente se produjo como consecuencia de que el actor fue empujado por un grupo de personas mientras observaba y festejaba el resultado del partido de fútbol referenciado.Respecto al tes-timonio de Zárate, ponderó que, al no haber sido contundente sobre la causa que provocó la caída, no sirve para fundar la versión de la actora.

Precisó que, al ser la víctima un espectador, el daño es atribuido al incumplimiento del deber de seguridad, en los términos del art. 1198 C. Civ. y art. 5° de la Ley de Defensa del Consumidor; y que la onerosidad o gratuidad del espectáculo es irrelevante, sino que interesa la relación causal con el evento, desde que el artículo 42 de la Constitución Nacional alude a la relación de consumo, independientemente del vínculo contractual.

Especificó asimismo que resulta aplicable al caso la ley 24.192 que en art. 51 dispone que las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen en los estadios.

No obvió la Jueza de primera instancia que el actor se colocó en un lugar peligroso al momento del accidente, conforme extrae de las declaraciones de los testigos Medrano, en la onceava ampliación y Peleutay, en la sexta sustitución. Advirtió la sentenciante que, es dable suponer que en la vorágine de los festejos ante tan importante partido y resultado favorable para el club local, se produjeran empujones, cambio de lugar de los espectadores, e incluso que al-guno de los mismos intentara ingresar al campo de juego.

Ponderó que, si bien tuvo por acreditado en autos que el Sr. Brahím era un asiduo con-currente a este tipo de espectáculos, conforme extrajo de sus propios dichos y de los testigos por él ofrecidos, y por ende debía saber que el lugar donde estaba ubicado era in-seguro; no se acreditó que él intentara fehacientemente ingresar al campo de juego, o que estuviera sentado, trepado o parado en la baranda divisoria.Sí tuvo por probado en cambio, que el citado muro de contención, que es la protección ofrecida por el estadio a los concurrentes y jugadores, no tenía la altura reglamentaria exigida, según lo informado por la pericia del ingeniero Marañón y lo mencionado por el testigo Zárate en la primera ampliación.

Expresó, siguiendo a jurisprudencia nacional que el organizador tiene que procurar los medios para que el evento se desarrolle sin peligro para el público concurrente, aun previendo la imprudencia o temeridad de quienes asisten.

Luego, entró en la consideración de los rubros reclamados.

Fijó el rubro daños materiales derivados de las secuelas incapacitantes en la suma de $ 90.000.

Tuvo presente el perfil socio económico del actor: hombre casado, padre de tres niños pequeños, con 32 años al momento del accidente, que trabajaba como repartidor de una distri-buidora de cervezas, teniendo instrucción primaria completa, según la descripción de la pericia efectuada por la lic. Yannelli a fs. 588/91, siendo el último sueldo de $ 5.528,35, correspon-diente a julio de 2011, pagado por Empresa Hawaii Distribución SA que es exhibido a la perito durante la entrevista y que al momento de efectuarse la misma, el accionante se encontraba desocupado, realizando changas de albañilería.

Ponderó lo informado por la misma pericia, en cuanto a partir del siniestro el accionante ha experimentado alteraciones en diversos aspectos de su vida, como consecuencia de diversos hechos vivenciados a partir del accidente, presentando una Reacción Vivencial Anormal Neu-rótica, con manifestación depresiva Grado III, con una incapacidad del 20%, vinculada al acci-dente en cuestión.

Ponderó lo dictaminado por el perito traumatólogo, apuntando que el actor padeció fractura luxación de tobillo izquierdo, que ocasionó una incapacidad parcial y permanente del 30% de su capacidad laborativa total.

Ponderó asimismo lo descripto por el perito médico legista a fs.630/33, el cual estimó que como consecuencia de las lesiones presenta el actor incapacidad del tobillo enquilosado del 18% e incapacidad estética por las cicatrices atípicas provocadas por las cirugías realizadas para reparar la anatomía, del 5,97%; e interpretó que considerando la incapacidad psicológica del 20% estimada por la lic. Leglise, el actor presenta una incapacidad total, permanente y defi-nitiva del 43,38 %.

Estimó la reparación por daño moral en la suma de $ 27.000 atendiendo a que el actor fue sometido a numerosas intervenciones quirúrgicas, sufriendo un largo período de recupera-ción que no arrojó resultados enteramente satisfactorios y a los acontecimientos vividos que redundaron en la pérdida de su paz espiritual, en cambios laborales y forma de vivir.

Hizo lugar al rubro daño material por tratamiento psicológico en la suma $ 5.760, en virtud de lo expuesto y de las condiciones personales del actor.

II. A fs. 921/925 funda el recurso la apelante Fiscalía de Estado.

Se agravia en primer lugar de la valoración de la prueba efectuada por la sentenciante, a la que juzga como errónea.

Objeta lo considerado en la sentencia, respecto de que sea dable suponer que se produjeran empujones, atento a los festejos y la importancia del partido y resultado para el club demandado. Alega que dicha enunciación es una suposición no acontecida en los hechos.

Apunta que el testigo Zárate declaró a fs. 346 que el Sr. Brahim se encontraba casi en la orilla de la platea Sur y que no le consta que haya sido empujado; y que estaban en la tribuna y el damnificado se les cayó a la fosa casi al terminar el partido.

Señala que Zárate, a diferencia de lo afirmado por el actor, sobre que la caída se produjo a raíz de un gol, expuso que el hecho se produjo cuando ya casi terminaba el partido ylos simpatizantes querían entrar a la cancha para sacarle la camiseta a los jugadores.Expone que Medrano sostuvo que el tumulto no fue por el gol, sino porque los simpa-tizantes querían entrar a la cancha para sacarle la camiseta a los jugadores.

Destaca que, según Pelaytay, el suceso ocurrió cuando intentaba entrar a la cancha,.de lo que deduce que Brahim se desplazó hacia la baranda para entrar a la cancha en busca de su trofeo.

Sostiene que existe una fuerte contradicción entre la versión dada por el actor y lo que refiere los testigos, que da cuenta de la existencia de una culpa de la víctima.

En segundo lugar, se agravia por cuanto alega falta de valoración de prueba, en concreto de un informe del Ministerio de Seguridad a fs. 693.

Refiere que en dicho informe se señala que los hechos relevantes en el caso en estudio fueron el corte de cabello de un menor de edad en los escalones del estadio y el accidente de Brahim, que resultó con rotura de tobillo, al arrojarse desde la tribuna al campo de juego. Destaca que el reporte no dice que fue empujado ni que hubiera habido una avalancha contra él.

Advierte que de lo sucedido no da cuenta tampoco la crónica deportiva. Expresa que el Estadio Mundialista funciona perfectamente desde su origen en 1.978 y que no existen demandas originadas en una deficiente construcción del mismo.

Indica que de la pericia civil de fs. 565 surge la existencia en el estadio de barreras de contención de avalanchas que cumplen los requisitos exigidos por la AFA y la propia declaración del actor y de los testigos indicaron que había vallas de contención, vallado y barandas para impedir caídas al foso.

En subsidio se agravia de los montos concedidos en concepto de daño material derivado de las secuelas incapacitantes y daño moral.

Respecto del primero, afirma que la evolución tórpida sufrida por el actor, no tuvo que ver con la hipotética infección sufrida, por no tener causalidad en el hecho generador de la fractura de tobillo.Solicita la reducción del monto de $ 90.000 otorgado por el concepto en examen.

Finalmente, solicita la reducción del monto fijado en concepto de daño moral, por con-siderarlo excesivo. Cita jurisprudencia.

III. A fs. 938/942 contesta el traslado la actora, solicitando el rechazo del recurso, por los fundamentos que expone, a los cuales remito en honor a la brevedad.

IV.- A fs. 929 se tiene por desistido el recurso de a pelación de fs. 906, interpuesto por la citada en garantía Surco Cía. Argentina de Seguros.

A fs. 931 se tiene por desistido el recurso de apelación de fs. 907, interpuesto por la Asociación del Fútbol Argentino.

A fs. 945 se declaró desiertos a los recursos de fs. 905 y 908, interpuestos por la Provincia de Mendoza y por el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba.

IV. La solución.

a.- Es de advertir que en el caso nos encontramos ante un supuesto específico de daños causados a espectadores durante el desarrollo de un espectáculo deportivo, siendo de aplicación la normativa específica de espectáculos deportivos (leyes 23.184 y 24.192).-

El deber de seguridad que asume el organizador obliga antes, durante y después de concluido el espectáculo a que los asistentes no sufran daños en su persona; de esta manera, ese deber se prolonga durante todo el tiempo, desde el ingreso del espectador al recinto hasta su posterior egreso. En consecuencia, a la víctima le basta con probar el daño sufrido y la relación de causalidad, pero no tiene necesidad de acreditar la culpa del organizador, ya que esta última está presumida por el solo hecho del incumplimiento contractual, exteriorizado en el hecho de haber sufrido el espectador un perjuicio durante la realización y como consecuencia del desarrollo del evento en cuestión. No obstante lo cual, pese a que se ha puesto de resalto que la ley específica de espectáculos deportivos es aún más rigurosa que el art.1113 del Código Civil, pues este último consagra como eximente la culpa de un tercero por quien no se debe responder, no así aquella ley, debe advertirse que el incumplimiento de ese deber de seguridad que la doctrina ha entendido como una obligación de resultado que impone al organizador una responsabilidad objetiva y solidaria, es susceptible de ser excusada aunque en supuestos muy acotados, como son solamente los de culpa de la víctima o el caso fortuito o fuerza mayor previstos en los arts. 513 y 514 del Código Civil, siempre que ellos sean externos o ajenos a los presuntos responsables o al riesgo de las circunstancias o condiciones en que el acontecimiento se desarrolla (Jorge Bustamante Alsina, “Los concurrentes a los partidos de fútbol están amparados por la obligación de seguridad impuesta a los organizadores del espectáculo por el art. 33 de la ley 23.184”, L.L. T. 1994-D, p. 428 y 429; Roberto Antonio Vázquez Ferreyra, “La violencia en espectáculos deportivos: Responsabilidad civil en la ley 23.184”, L.L. T. 1985-E, p. 587).-

“En materia de responsabilidad civil por daños sufridos por concurrentes, organizadores y protagonistas de espectáculos deportivos, se consagra en forma inequívoca la existencia de una obligación de seguridad, de resultado, que gravita solidariamente sobre “las entidades o asociaciones participantes” en el espectáculo deportivo. Es una responsabilidad objetiva, basada en la idea de riesgo de empresa, por lo que las eximentes son limitadas: hecho o culpa de la víctima y el caso fortuito o fuerza mayor. La normativa vigente en materia de espectáculos públicos, debe ser complementada con las disposiciones de la Ley 24.240 de defensa del consumidor, cuya normativa es aplicable al espectáculo público, a tenor de los arts. 1°, 2°, 3° y concs. (Conf. Pizarro, Ramón D. “El fallo de la Corte Suprema de Justicia y la violencia en el fútbol:una bocanada de aire fresco”, RCyS 2007, 448).-

De ahí que ante la alegación realizada por la apelante, sobre la existencia de culpa de la víctima en la producción de los daños, la misma debe ser examinada conforme los elementos de convicción aportados al proceso a fin de determinar si se ha probado tal eximente de res-ponsabilidad.-

La juez de grado en base a los testimonios de los señores Peleytay y Medrano tuvo por probado que el accidente se produjo al ser el actor empujado por un grupo de personas mientras observaba y festejaba el resultado del partido de fútbol al que había concurrido con sus amigos.-

Es de destacar que dichos testimonios no fueron cuestionados ni tachados por los de-mandados.-

También valoró la magistrada que la protección ofrecida por el estadio a los concurrentes -muro de contención- no tenía la altura reglamentaria exigida, ello fue expuesto por el ingeniero Marañón en su informe pericial y mencionado por el testigo Zárate.-

No puedo soslayar que de algunas de las testimoniales rendidas, surge que el actor se habría ubicado en un lugar peligroso, pero ello no alcanza para configurar la eximente esgrimida.-

La aplicación de las reglas de la sana crítica a la valoración de las pruebas colectadas me permite formar convicción acerca que no existe otra causa del siniestro que la relatada por el actor en su demanda.En el caso concreto la apelante no ha probado la eximente invocada – culpa de la víctima-, con lo cual no ha logrado la ruptura del nexo causal, por lo que su agravio pierde sustento, debe ser rechazado y en consecuencia confirmar el razonamiento de la juez de grado al respecto.-

El argumento de falta de valoración del informe del Ministerio de Seguridad, no resulta conducente para modificar el razonamiento de la magistrada, máxime cuando el ingeniero Marañón informa que el muro de contención no tenía la altura reglamentaria.-

b.- A continuación trataré los agravios pertinentes a los montos otorgados en concepto de incapacidad sobreviniente y daño moral, cuestionados por la apelante.-

El daño a la persona incide, en cualquier aspecto del ser humano, designándoselo como daño a la integridad psicosomática, con lo cual se cubre lo que de naturaleza posee y tiene el hombre. Se entiende por salud, según la definición formulada por la Organización Mundial de la Salud, “.un estado de completo bienestar psicofísico, mental y social”. –

Todo daño a la persona repercute en la salud del sujeto al alterar, en alguna dimensión, su estado de bienestar integral y general. En la especie, estamos frente a un daño a la salud, mientras compromete el entero modo de ser de la persona y representa un déficit en lo que atañe al bienestar integral de la persona humana. Por ello la afectación de dicha integridad configura un daño indemnizable. No se trata de reparar una incapacidad, sino todo daño real ocasionado a una persona humana, en cuanto ésta tiene derecho a conservar frente a lo demás aquella integridad, a que su cuerpo no se vea dañado o alterado (art. 1.068, 1.069, 1.083 del Cód.Civ.). –

Dentro del concepto de incapacidad sobreviniente corresponde que se incluya a toda disminución psico-física, que deje una secuela permanente para el trabajo o la vida de relación al sujeto que lo sufre, considerando el juzgador de tal forma a la salud en su cabal integridad. Las secuelas aunque parciales, habrán de acompañar siempre a la víctima del accidente, produciéndole una minusvalía que la indemnización pecuniaria tratará de remediar en una suerte de equivalencia, sobrellevando de tal manera el menoscabo de su plenitud psicofísica, que la víctima solía gozar con total plenitud y con la debida amplitud y libertad. En suma, se trata de resarcir a la persona humana por la totalidad de los menoscabos que la hayan afectado en la integridad material y espiritual que constituye (art. 5-1 Convención Americana de Derechos Humanos). –

Cuando la incapacidad es parcial y permanente – caso de autos- debe en primer lugar establecerse el déficit de capacidad en que quedó afectada la víctima en comparación con la aptitud completa del sujeto para el trabajo, lo que se mide en términos de porcentaje y a partir de pericas médicas. Sobre dicha base el juez efectúa la estimación del monto indemnizatorio teniendo presente la actividad desplegada normalmente y los ingresos que la misma significa, es decir lo que produciría un sujeto en un 100 % de su capacidad.

La doctrina judicial ha elaborado en este tema las siguientes pautas: el cómputo de la incapacidad se hace atendiendo a las posibilidades genéricas de la vida y no sólo al déficit para determinado trabajo; a tal fin se computarán las cualidades personales de la víctima, edad, sexo, salud, etc., la lesión de carácter permanente debe ser indemnizada ocasione o no un daño económico actual, pues su reparación no comprende solamente el aspecto laborativo sino el valor del que la víctima se ve privada en el futuro, sobre todas las consecuencias que afecten su personalidad. –

Dice la Dra.Kemelmajer de Carlucci que en nuestros días tiende a prevalecer el criterio de que todo menoscabo o detrimento que se sufra en áreas como las relaciones sociales, deportivas, artísticas, sexuales, etc., debe también computarse como incapacidad materialmente indemnizable. ( Mosset Iturraspe, Responsabilidad por daños, II-B, n° 234, b, p. 208. CNCiv. Sala D, 5/6/79, ED, 87-643; CNCiv. y Com. Fed. Sala III, 11/11/81, LL, 1982-C-182, cit. por Kemelmajer de Carlucci A., en la obra colectiva de Belluscio-Zannoni, Cód. Civ. Co

Mentado Ed. Astrea año 1990, p. 220).-

La incapacidad física permanente sea para las actividades laborales o de otra índole, deber ser indemnizada aunque la víctima no haya dejado de ganar, pues la integridad física o corporal, tiene en sí misma un valor indemnizable. Se entiende por incapacidad cualquier disminución de las aptitudes físicas o psíquicas, que afecten la capacidad productiva o que se traduzca en un menoscabo de su plenitud, provocando la imposibilidad o dificultad en las actividades, ya sean productivas o no productivas que el lesionado solía realizar con la debida plenitud, amplitud y libertad. En suma, por el bien afectado, estas incapacidades físicas pueden afectar la capacidad laboral o la vida de relación social, familiar, de esparcimiento o entretenimiento, etc., en todas sus gamas. En definitiva, lo que se resarce o indemniza -reponiendo las cosas al estado anterior (art. 1.083 del Cód.Civ.)- y en forma subsidiaria mediante una compensación dineraria, es precisamente ese daño a la integridad corporal, o ese ataque a la vida de relación social.-

Es innegable que el daño a la vida de relación de un sujeto que puede haber sufrido, debe ser contemplado al momento de fijar el resarcimiento integral por el daño patrimonial, toda vez que la denominada “vida de relación familiar y social o de esparcimiento o de recreación y de disfrute”, debe ser merituada al momento de fijar la indemnización por incapacidad sobreviniente, y está destinada a poner de relieve una comprensión integral de la proyección existencial humana, pues refiere un conjunto de actos de desenvolvimiento productivo del sujeto, incluidos los cotidianos que generan bienestar o proporcionan servicios a sí mismo y a la familia, y actividades íntimas como lo son vivir en pareja, tener sexo libremente, procrear y cultivar el contacto con terceros, sin ser objeto de prevención o discriminación. El daño que las facetas extralaborativas del individuo sufran, constituye también un daño indemnizable. También es indemnizable la incapacidad de quien sólo se dedicaba a tareas del hogar, ya que las mismas han sido tenidas en cuenta por la sociedad, que otorga beneficios previsionales a las amas de casa, pudiendo computarse por analogía el monto de un salario mínimo. Es que el derecho civil a diferencia del derecho laboral que toma en cuenta la capacidad funcional o productiva, atiende la tutela de la integridad psicofísica de la víctima en cualquiera de sus manifestaciones, por consiguiente la reparación por la incapacidad sobreviniente comprende no sólo el aspecto laborativo sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad íntegramente considerada (Trigo Represas- López Mesa, Tratado de la responsabilidad civil, Cuantificación del daño, Ed. La Ley, Bs. As., año 2.006, págs.238/9).-

A fs.609/12 1058 obra pericia médica traumatológica en la cual el perito concluye que el actor presenta como secuela de las lesiones sufridas una incapacidad parcial y permanente del 30%.-

De la atenta lectura de los dictámenes periciales obrantes en la causa y demás circuns-tancias referenciadas en la sentencia, estimo que el monto otorgado por la juez de grado resulta ajustado a derecho y que el mismo debe ser confirmado.-

Daño moral

Surge del art. 1.078 del C. Civ. con claridad suficiente que el bien perjudicado puede ser la persona humana y se requiere una traducción o estimación pecuniaria, directa o indi-recta. De donde no habría daño a la persona por un mal a ella causado, si no fuera posible una cuantificación dineraria. El llamado daño moral no es, entonces, un daño extraeconómico o extraordinario; aunque puede calificárselo, como extrapatrimonial porque recae sobre la persona y no sobre el patrimonio (Mosset Iturraspe, J. Responsabilidad por daños, t. V, El daño moral, Rubinzal Culzoni, Santa fe, 1999, p. 9 y ss. , Pizarro R. D., Daño moral, Hammurabi, Bs. As., 1996, p. 35 y ss. Zabala de González, M. Resarcimiento de daños, Hammurabi Bs. As., 1999, p. 178 y ss.). En cuanto al monto de la indemnización, en el estado actual del derecho argentino, la determinación de la cuantía de la indemnización por daño moral constituye un problema de solución aleatoria y subjetiva, librado al criterio del juzgador. Ello es así, evidentemente, por la falta de correspondencia entre un perjuicio espiritual y el patrón dinerario con que se resarce. Pero, además, debido a que falta todo criterio normativo regulador, que establezca algunas pautas comunes, con lo cual el tema queda abandonado a la intuición y discrecionalidad judicial.-

Sin perjuicio de ello considero oportuno fijar pautas a efectos de contar con ciertos parámetros orientadores en la materia, a saber:edad de la víctima, sexo, sus circunstancias personales, aspectos que hacen a la vida de relación, condición socio-económica, posibilidades de reinserción en el mercado laboral, gravedad del daño, repercusión de las secuelas en la vida de relación, como también la índole del hecho generador del daño, las circunstancias vividas y protagonizadas en el momento del accidente, las angustias vividas durante la asistencia médica, y los demás sufrimientos y padecimientos, etc. Como se observan todas estas pautas giran en torno a la víctima y no alrededor del victimario pues la tendencia generalizada de la jurisprudencia apunta a la teoría resarcitoria que le da fundamento jurídico.-

Atento a las pautas vertidas, las circunstancias personales de la víctima, estimo que el monto fijado por la juez de grado debe ser confirmado.-

Por todo lo expuesto y si mi voto es compartido por mis colegas, propiciaré el rechazo del recurso de apelación en trato y la confirmación de la sentencia en crisis.-

Así voto.

Las doctoras Miquel e Isuani adhieren, por sus fundamentos, al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión la Dra. Alejandra Orbelli dijo:

Las costas correspondientes a la alzada deberán ser soportadas por la apelante vencida.-

Así voto.

Los doctores Miquel e Isuani adhieren, por sus fundamentos, al voto que antecede.

Con lo que se dio por concluido el presente acuerdo, dictándose sentencia, la que en su parte resolutiva dice así:

SENTENCIA:

Mendoza, 25 de abril de 2016.-.

Y VISTOS: Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE:

1°.- No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 903 y en consecuencia confirmar la sentencia de fs. 891/900 en todas sus partes.-

2°.- Imponer las costas a la apelante vencida (arts. 35 y 36 C.P.C.).-

3°.- Regular los honorarios de la segunda instancia a los Dres. Manuel Linares, Federico Hilger Siri y Pedro García Espetxe en las sumas de ($.), ($.) y ($.), a cada uno respectivamente, más I.V.A. respecto de los profesionales que acrediten su condición de res-ponsables inscriptos ante la A.F.I.P. a cargo de la apelante vencida.-

NOTIFÍQUESE Y BAJEN.

Dra. ALEJANDRA ORBELLI

Juez de Cámara

Dra. SILVINA MIQUEL

Juez de Cámara

Dra. MARINA ISUANI

Juez de Cámara