Se condenó a una asociación mutual de salud a abonar las facturas emitidas por la empresa en quien tercerizó sus servicios mediante un contrato de gestión sanitaria.

pqs-facturaPartes: Investigaciones Vasculares S.A. c/ Centro Gallego de bs as Asociación Mutual s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: A

Fecha: 2-nov-2015

Cita: MJ-JU-M-98099-AR | MJJ98099 | MJJ98099

Se condenó a una asociación mutual de salud a abonar las facturas emitidas por la empresa en quien terciarizó sus servicios mediante un contrato de gestión sanitaria, por aplicación de las normas del mandato.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la acción por cobro de facturas intentada por una sociedad que prestó servicios de medicina por imágenes a afiliados de una asociación mutual más allá de que esos instrumentos se hayan emitido a nombre de un tercero, pues, si bien no se demostró que este haya invocado la representación de la demandada, administró las prestaciones propias de su actividad en exclusivo interés de esta y bajo su control, con lo cual mal puede sostenerse que era ajena a las obligaciones derivadas de ese gerenciamiento, al que se le aplica las normas del mandato.

2.-Si la obra social o el ente mutual recurre al gerenciamiento para la prestación de los servicios médicos esenciales que caracterizan su existencia no puede resultar ajena a la deuda contraída en beneficio de sus afiliados por el mero hecho de haber apelado, para facilitar su gestión, a una empresa intermediaria, porque ese recurso configura un contrato de mandato y los actos del mandatario dentro de los límites otorgados y las obligaciones adquiridas por él son reputadas actos propios y personales del mandante.

3.-El contrato de gerenciamiento médico esaquél por el cual, un sujeto colectivo, denominado gerenciado , a cuyo cargo se encuentra el proveimiento de asistencia médica a un número determinado de personas físicas (beneficiarios), delega en otro, denominado gerenciador , la gestión y la administración de los recursos financieros destinados a la atención sanitaria de tales beneficiarios, obligándose a abonarle periódicamente una suma determinada o determinable que servirá para solventar los honorarios del segundo y el costo de los servicios médicos involucrados.

4.-La cesión de posición contractual consiste en un negocio jurídico por el cual se transmite el conjunto de derechos y obligaciones que están adheridos a la calidad de parte y que se encuentran unidos a la posición contractual del cedente; es requisito imprescindible la existencia de deberes recíprocos pendientes, pues de lo contrario se estaría frente a una simple cesión de crédito o de deuda.

5.-La recepción sin observaciones por parte de la gerenciadora de las facturas emitidas por servicios médicos extiende sus efectos a la gerenciada de forma tal que también son para estacuentas liquidadas, en los términos del art. 474 del CCom.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 02 días del mes de noviembre de dos mil quince, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con asistencia de la Señora Secretaria de Cámara, para entender en los autos caratulados “INVESTIGACIONES VASCULARES S.A. C/ CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES ASOCIACIÓN MUTUAL S/ ORDINARIO” (Expte. N° 029353/2011), originarios del Juzgado del Fuero Nro. 1, Secretaría Nro. 1, en los cuales, como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido en el art. 268 C.P.C.C.N., resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctora María Elsa Uzal, Doctora Isabel Míguez y Doctor Alfredo Arturo KöllikerFrers. El Señor Juez de Cámara, Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers no interviene en el presente Acuerdo por hallarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Estudiados los autos se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, la Señora Juez de Cámara Doctora María Elsa Uzal dijo:

I. Los hechos del caso.

1.) La accionante “Investigaciones Vasculares S.A.” promovió demanda por cobro de sumas de dinero contra “Centro Gallego de Buenos Aires Asociación Mutual” (rectius:”Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad, Cultura y Acción Social” en adelante “Centro Gallego”), solicitando el pago de la suma de pesos un millón doscientos ochenta y cinco mil quinientos noventa y siete con 17/100 ($ 1.285.597,17.-), ello con más los respectivos intereses y las costas del litigio.

Refirió ser una sociedad dedicada a la prestación de servicios de medicina por imágenes y, en el marco de su actividad comercial, se vinculó con la demandada, que es una asociación mutual destinada a proveer servicios de salud a los inmigrantes gallegos venidos a la Argentina y a sus descendientes.

Manifestó que, en el mes de diciembre del año 2002, mediante la remisión de una nota, la accionada le informó que las facturas que se emitiesen a partir del día 01.01.2003, deberían ser confeccionadas a nombre de “Fundación Galicia Saude” (en adelante “Fundación”), en razón de que dicha entidad procedería a administrar las prestaciones para los pacientes afiliados a “Centro Gallego”.

Adujo que su parte cumplió en forma regular con las obligaciones asumidas, no obstante lo cual, la gerenciadora designada (“Fundación”), a partir del año 2008, comenzó gradualmente a retrasarse con los pagos, al principio, por escasos días, luego con mayor demora, siendo que a mediados del año 2010 el retraso del pago era de, aproximadamente, ciento ochenta (180) días desde la emisión de cada factura.

Sostuvo que en el mes de enero de 2011 “Fundación”, aduciendo dificultades financieras graves, le solicitó la restitución de un conjunto de cheques de pago diferido, ofreciendo nuevos cheques diferidos a abril de ese mismo año, lo cual fue aceptado por su parte.

Aseveró que, antes de poder percibir los cartulares, “Centro Gallego” le informó que finalizaba su vínculo con “Fundación”, retomando la gestión integral de los servicios de salud, lo que motivó que esta última se presentara a solicitar su concursamiento preventivo.

Detalló el funcionamiento de las gerenciadoras en el ámbito de la prestación de los servicios de salud, sosteniendo que mediante estafigura la obra social, empresa de medicina prepaga o el financiador de prestaciones, dispone la delegación de la prestación de los servicios médicos a sus afiliados en un tercero, no obstante lo cual aquellas continúan siendo responsables.

Aclaró que “Fundación” prestaba el servicio de gerenciamiento también para la obra social de los inmigrantes españoles y sus descendientes residentes en la República Argentina (“OSPAÑA”), no obstante lo cual la facturación de los servicios brindados a afiliados de esta última era realizada en forma diferenciada.

Arguyó que entre la demandada y “Fundación” existió un contrato de gerenciamiento cuyo objetivo era “tercerizar” la administración de la accionada, debiendo considerarse que la administración cumplida por la gerenciadora se realizó en nombre y representación de “Centro Gallego”, razón por la cual esta última era responsable por la actuación de “Fundación”.

Expuso que, al momento de solicitar el concurso preventivo de “Fundación”, subsistían facturas impagas por prácticas brindadas a afiliados de “Centro Gallego” por la suma de pesos un millón doscientos ochenta y cinco mil quinientos noventa y siete con 17/100 ($ 1.285.597,17.-), importe que fue insinuado -junto con los respectivos intereses- en el marco del proceso concursal.

Reclamó, en consecuencia, el pago de la suma de pesos un millón doscientos ochenta y cinco mil quinientos noventa y siete con 17/100 ($ 1.285.597,17.-), con más sus respectivos intereses y las costas del litigio.

2.) Corrido el pertinente traslado de ley a “Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad, Cultura y Acción Social”, esta última se presentó a juicio y contestó la demanda incoada, solicitando su rechazo con expresa imposición de costas.

Efectuó una pormenorizada negativa de los extremos expuestos por su contraria y negó la autenticidad de la totalidad de la documentación por ésta acompañada, no obstante lo cual reconoció la vinculación existente con “Fundación” mas sostuvo que no se trató de un contrato de gerenciamiento.

Brindó su versión de los hechos, relatando que en fecha 18.09.2002 celebró un “contratode gestión sanitaria” con “Fundación” mediante el cual se estableció que esta última asumiría la gestión sanitaria del establecimiento hospitalario de “Centro Gallego” por el término de veinte (20) años, para lo cual le cedió en comodato los bienes muebles e inmuebles de su propiedad, los que debían ser devueltos una vez finalizado el plazo indicado.

Aseveró que su parte no realizó actividad sanitaria alguna en el establecimiento hospitalario desde el mes de enero de 2003 -oportunidad en la que “Fundación” tomó posesión efectiva de la gestión sanitaria-, hasta el día 14.01.2011 -momento en el que reasumió la gestión-, razón por la cual su parte no pudo nunca haber contratado los servicios que reflejaban las facturas acompañadas por su contraria.

Arguyó que su vinculación con “Fundación” no constituyó un clásico “contrato de gerenciamiento” como sostuvo su contraparte, debido a que “Fundación” no gestionaba la administración sanitaria del centro asistencial en representación de “Centro Gallego”, sino que lo hacía por su cuenta y riesgo, con lo cual la obligación de los servicios prestados por los distintos proveedores constituyó una obligación propia y autónoma de aquella.

Remarcó que, en la especie, la figura de la representación siempre estuvo ausente en el “contrato de gestión sanitaria” de marras, agregando que “Fundación” no solo prestaba servicios asistenciales a socios de “Centro Gallego”, sino que también lo hacía a terceros.

Expuso, por otro lado, que el controlante de “Fundación” lo constituía un ente público extranjero estatal (“Xunta de Galicia”) que, por definición, posee una finalidad política, circunstancia que descartaba la participación de cualquier ente simulado y refutaba, por ende, la existencia de un contrato de mandato entre su parte y “Fundación”.

Puntualizó que los términos del “contrato de gestión sanitaria” daban cuenta de una administración absolutamente autónoma e independiente por parte de “Fundación”, no actuando esta última nunca en nombre y representación de “Centro Gallego”.

Afirmó que mediante el contrato en cuestión lo que se produjo, en los hechos, era una “cesión de posición contractual”, toda vez que “Fundación” sustituyó a su parte en la posición jurídica activa y pasiva que tenía frente a la aquí actora.

Desarrolló las características propias de esta figura jurídica, indicando que si bien es requisito necesario para la operatividad de la cesión el consentimiento de la contratante cedida, lo cierto es que, en la especie, tal extremo se hallaba cumplido en razón de que el consentimiento había sido prestado en forma tácita.

Expuso, en esa línea, que su parte le comunicó a la actora, mediante un nota remitida en fecha 17.12.2002, que a partir del día 01.01.2003 debía emitir su facturación a nombre de “Fundación”, lo cual fue aceptado tácitamente por la accionante al efectuar la facturación a nombre de esta última sin realizar objeción alguna.

Agregó que mediando aceptación tácita de la actora a la cesión en cuestión, su parte quedaba liberada de la totalidad de las obligaciones asumidas con motivo del contrato cedido, razón por la cual resultaba improcedente el reclamo aquí formulado.

Solicitó, a todo evento, que en el supuesto de receptarse el reclamo se dedujesen del importe de condena, las sumas que la accionante hubiese percibido en el marco del proceso concursal de “Fundación”, indicando que, en la oportunidad prevista por la LCQ: 36 se había declarado admisible el monto de pesos un millón cuatrocientos treinta y dos mil ciento sesenta con 65/100 ($ 1.432.160,65.-) en concepto de capital y la cantidad de pesos ciento diecisiete mil doscientos treinta con 63/100 ($ 117.230,63.-) en concepto de intereses.

II.- La sentencia recurrida.

El fallo de primera instancia -dictado a fs. 659/64- receptó la demanda deducida por “Investigaciones Vasculares S.A.” contra “Centro Gallego de Buenos Aires Asociación Mutual” (rectius:”Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad, Cultura y Acción Social”), condenando a esta última al pago de la suma de pesos un millón doscientos ochenta y cinco mil quinientos noventa y siete con 17/100 ($ 1.285.597,17.-) con más sus respectivos intereses y las costas del litigio.

El juez de grado consideró, en primer lugar, que si bien la interpretación dada por el juez interviniente en el concurso de “Fundación” al contrato aquí involucrado no lo obligaba, lo cierto es que compartía el parecer adoptado por este último en relación a que en la especie había mediado un “mandato oculto” de parte de “Centro Gallego” para con “Fundación” .

Sostuvo, en esa dirección, que la existencia de un consejo de administración integrado por la demandada, el hecho de que en el contrato se indicase que “Fundación” tenía a su cargo “la realización de cualquier actividad lícita ligada al buen gerenciamiento del área hospitalaria del Centro Gallego” y que la fiscalización de “Fundación” se encontraba a cargo de la demandada, eran extremos que permitían concluir en la existencia del mandado oculto referido.

Juzgó, por otra parte, que el hecho de que la actora hubiese tolerado seguir prestando los servicios pero facturándoselos a “Fundación” no debía interpretarse como una renuncia a perseguir el cobro de la demandada, toda vez que no medió una liberación expresa por parte de la actora y que la intención de renunciar no se debía presumir.

Agregó que la circunstancia de que las facturas hubiesen sido redactadas a nombre de “Fundación” no resultaba un óbice para considerar obligada a su pago a la mutual demandada, en tanto tales instrumentos tenían su causa en la prestación de servicios médico-asistenciales a los afiliados de la mutual durante el periodo en que aquella gerenciaba esa prestación.

En otro orden de ideas, entendió que la accionada no había logrado desbaratar lo sostenido por la actora en relación a la existencia de pagos en concepto de “capitas” a “Fundación”,debido a que sus libros contables no eran llevados en debida forma.

Añadió que había sido demostrado que la accionada tenía una participación del 50 % en “Fundación”, lo cual reforzaba la conclusión respecto a la estrecha vinculación entre ambas sociedades, así como también la existencia de un gerenciamiento.

Expuso, finalmente, que el hecho de que se hubiese efectuado algún pago a la demandante en el marco del concurso preventivo de “Fundación”, no resultaba un óbice para disponer la condena, sino que, en todo caso, podría hacerse valer el eventual pago que hubiese sido realizado en la oportunidad de la ejecución de la sentencia.

III.- Los agravios.

Contra dicho pronunciamiento se alzó, en primer lugar, la parte actora quien dedujo el recurso de apelación obrante a fs. 675, no obstante lo cual éste fue desistido a través de la presentación agregada a fs. 776.

Por su parte, la accionada interpuso idéntico recurso a fs. 680, el que fue fundado con la expresión de agravios que luce glosada a fs. 871/81, presentación que fuera contestada por la accionante a través del escrito de fs. 882/92.

Cuestionó la recurrente, en primer lugar, la valoración efectuada por el sentenciante respecto del “contrato de gestión sanitaria” suscripto entre su parte y “Fundación”, alegando que no correspondió considerar que en la especie había mediado un “mandato oculto”.

Adujo, en esa línea, que de lo expresado en el contrato en cuestión se desprendía claramente que su parte no actuó a través de interpósita persona, ni tampoco realizó una actuación simulada, remarcando que “Fundación” era un persona jurídica controlada por un ente público estatal, extremo que descartaba de por sí, la participación de cualquier ente simulado.

Expuso, asimismo, que mediante las probanzas de autos se hallaba acreditado que:i.) “Centro Gallego” no tuvo a su cargo el contralor de “Fundación”; ii.) La “Xunta de Galicia” ejerció dicho control y, por ende, el control de la gestión; iii.) “Centro Gallego” solo se reservó una facultad de auditoria; iv.) “Fundación”, al concursarse, no denunció mandato de ninguna naturaleza; v.) “Fundación” denunció a “Centro Gallego” como acreedor, sin invocar la existencia de ningún mandato; vi.) La función política asistencial asumida por “Fundación” no era la única función a cargo de esta última; y vii.) El contrato no fue gratuito, toda vez que se cedió (en comodato) la totalidad de los bienes muebles e inmuebles, así como la gestión de cobro e importantes activos como disponibilidades, saldos de caja, etc. Agregó que todos esos extremos descalificaban la figura del “mandato oculto” invocada por el juez a quo.

Arguyó, en la misma línea, que de los términos del contrato y de la prueba producida surgía que “Fundación” contrataba en forma directa y en nombre propio los servicios médicos brindados por la actora y que no lo hacía por cuenta y orden de “Centro Gallego” -presupuesto, este último, característico del “mandato”-.

Aseveró, por otra parte, que se encontraba probada la inexistencia de pagos efectuados por su parte a “Fundación” -presupuesto básico para tener por configurado un “contrato de gerenciamiento” o de “management”-, siendo que ésta última era la encargada de percibir las cuotas sociales -reservando su parte un 7 % de ese monto para atender las tareas de acción social y de cultura- lo que evidenciaba la existencia de una gestión independiente.

Expuso que, las pruebas rendidas en autos, demostraban que entre “Fundación” y su parte había mediado una “cesión de posición contractual”, por lo que a partir del 01.01.2003 “Centro Gallego” le había transferido a “Fundación” la relación contractual que hasta entonces mantenía con la actora, siendo que tal cesión fue tácitamente aceptada por esta última al comenzar a facturar sus servicios a nombre de “Fundación”. Agregó que, de ladocumentación adjuntada por la propia accionante, se desprendía que su parte había notificado la cesión y que había mediado un supuesto de aceptación tácita de ésta, por lo que había quedado liberada de todas las obligaciones asumidas.

Sostuvo, por otra parte, que la prueba pericial contable demostraba claramente la inexistencia de pagos en concepto de “capitas” u “honorarios por gerenciamiento”, siendo que el hecho de que existiesen registraciones anteriores a la rúbrica en nada obstaba a la validez de esa conclusión.

Refirió, asimismo, que los testimonios obrantes en autos resultaban concluyentes para sostener que toda la facturación fue efectuada a nombre de “Fundación” y que “Centro Gallego” no tenía injerencia alguna en la prestación de los servicios, así como tampoco en la contratación de proveedores.

Agregó que, también se hallaba demostrado que la propia actora había insinuado el crédito aquí reclamado en el proceso concursal de “Fundación”, circunstancia que implicaba un sometimiento a las condiciones de la propuesta allí formulada.

Como corolario de todo lo expuesto, concluyó que la sentencia no constituía una derivación razonada del derecho vigente con referencia a las circunstancias de la causa, exhibiéndose como un conjunto de afirmaciones dogmáticas, debiendo reputarse como “arbitraria”.

En subsidio, se agravió de que se hubiese dispuesto que los intereses debían computarse desde la fecha de vencimiento de cada factura, alegando que toda vez que la actora jamás le reclamó de modo fehaciente el pago de éstas, su parte no se encontraba en mora, debiendo computarse los accesorios, por ende, desde la fecha de notificación de la demanda.

IV.- La solución propuesta.

1.) El themadecidendum.

Delineados del modo precedentemente expuesto los agravios deducidos por la apelante en esta instancia, el themadecidendum en esta Alzada se encuentra centrado en determinar, en definitiva, la procedencia misma de la acción articulada, debiendo para ello establecer, en primer término, la naturaleza y el alcance del “contrato de gestión sanitaria” suscripto entre la demandada y “Fundación”, toda vez que ello permitirá determinar si “Centro Gallego” resultabaresponsable por el pago de las facturas cuyo cobro aquí se reclama, las cuales fueron originalmente emitidas a nombre de “Fundación”.

Previo a ingresar en el tratamiento de la cuestión sometida a consideración, cabe efectuar una breve reseña de los aspectos fácticos relevantes del pleito en la medida que se los aprecia conducentes para la dilucidación del conflicto.

2.) Reseña de los antecedentes relevantes del litigio.

Liminarmente, debe puntualizarse que no se encuentra discutido en esta instancia que la actora se vinculó originalmente con “Centro Gallego” prestando servicios de medicina por imágenes a afiliados de aquella.

Tampoco es materia de controversia, que en el mes de diciembre de 2002 “Centro Gallego” le comunicó a la accionante que la facturación por los servicios prestados a sus afiliados a partir del día 01.01.2003 debía ser realizada a nombre de “Fundación” (véase fs. 9), encontrándose controvertido el alcance de dicha comunicación y su significación contractual, en su caso.

Asimismo, las partes resultan contestes en que, a partir de esa fecha, todos los servicios brindados por la demandante fueron efectivamente facturados a “Fundación”, incluso la totalidad de las facturas cuyo cobro aquí se reclama (véase fs. 10/196).

También resultan coincidentes en que, desde ese momento, “Fundación” se hallaba a cargo de la administración de la totalidad de las prestaciones de salud para los afiliados de “Centro Gallego”, encontrándose discutido si dicha gestión era llevada a cabo en nombre propio o por cuenta y orden de esta última.

Por otra parte, se encuentra reconocido que “Fundación” cesó dicha administración a principios del año 2011 -retomando ésta “Centro Gallego”- y que se presentó en concurso preventivo, el cual tramitó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 20 Secretaria N° 40.Cabe señalar que también se encuentra reconocido que, en el marco de dicho proceso concursal, la aquí actora insinuó un crédito -el cual fue verificado- por la suma de pesos un millón cuatrocientos treinta y dos mil ciento sesenta con 65/100 ($ 1.432.160,65.-), con causa – principalmente- en la falta de pago de las facturas aquí reclamadas (véase fs. 197/200 y copias certificadas del concurso preventivo de “Fundación”, reservadas en sobre N° 101.250).

Finalmente, se encuentra debidamente acreditado que en fecha 18.09.2002 “Centro Gallego” suscribió con “Fundación” un “contrato de gestión sanitaria”, mediante el cual esta última tomó a su cargo la gestión sanitaria de la entidad mutual por un plazo de veinte (20) años (véase fs. 287/326, c láusulas 3ª y 5ª), siendo el nudo de la controversia, la naturaleza y el alcance de dicho contrato.

3.) Las figuras jurídicas invocadas por las partes en sustento de sus respectivas posiciones.

Ahora bien, toda vez que las posturas asumidas por cada una de las partes se sustentan en la diversa interpretación realizada sobre la naturaleza de la relación habida entre “Centro Gallego” y “Fundación”, cabe efectuar ciertas precisiones respecto de las figuras jurídicas invocadas por cada una de las litigantes y sobre la base de ello, habrá de analizarse el contrato que vinculara a las citadas.

Recuérdase que para la actora, la “Fundación” actuaba por cuenta y orden de “Centro Gallego” a través de un “contrato de gerenciamiento” -al cual se le aplicaban las reglas de un “mandato”-, mientras que para esta última, “Fundación” actuaba en forma autónoma e independiente, agregando que, al suscribirse el contrato en cuestión, operó una “cesión de posición contractual” respecto de la relación habida con la accionante.

Así las cosas, he de recordar que el contrato de gerenciamiento médico, ha sido definido como aquél por el cual, un sujeto colectivo, denominado “gerenciado”, a cuyo cargo se encuentra el proveimiento de asistencia médica a un número determinado de personasfísicas (beneficiarios), delega en otro, denominado “gerenciador”, la gestión y la administración de los recursos financieros destinados a la atención sanitaria de tales beneficiarios, obligándose a abonarle periódicamente una suma determinada o determinable que servirá para solventar los honorarios del segundo y el costo de los servicios médicos involucrados” (conf. CNCom. esta Sala A, 27.11.2007, in re: “Instituto Médico Constituyentes S.A. c/ SEMEDYC S.A. y otro s/ ordinario”; Romero, Miguel Álvaro, “Gerenciamiento Médico y Responsabilidad de la Obra Social: la consolidación de una línea jurisprudencial”, LL, T.2003-D, pág. 824).

El gerenciamiento puede abarcar todo el universo de prestaciones médicas a cuyo suministro está legalmente obligada la entidad gerenciada, o estar circunscripto a una porción determinada de tales servicios. La retribución del gerenciador es comúnmente fijada a partir de un valor determinado con relación a cada beneficiario activo (afiliado), de modo que el importe periódicamente abonado por la entidad gerenciada surge de multiplicar el número de afiliados amparados por la cobertura, en un período preestablecido. Esta modalidad retributiva en nuestro medio es ordinariamente denominada “cápita”.

El negocio posee la finalidad de tercerizar la atención médica de los afiliados de la entidad gerenciada, delegando en una persona física o jurídica -altamente calificada- la gestión burocrática y financiera de la cobertura prestacional. Con ello se persigue, en principio, racionalizar la aplicación de los recursos con que cuenta la entidad gerenciada, de manera que el grueso de su recaudación sea destinado a la prestación efectiva de servicios a sus beneficiarios (conf. Romero, “Gerenciamiento .”, obra supra referida, pág.824).

Llegado este punto, cabe anotar que el gerenciamiento médico, más allá de su particular -y esencialmente variable- modalidad para retribuir los servicios del gerenciador, posee una singular semejanza con la figura anglosajona del management que denomina a un negocio mercantil, en virtud del cual el titular de una hacienda empresaria “delega en otro sujeto, profesionalmente idóneo, la gestión y administración de la misma, retribuyendo generalmente dicha labor”.

Si bien el contrato anglo-americano no ha sido objeto de profuso tratamiento por la doctrina local, se ha señalado -en un enfoque destinado a analizar sus implicancias en al ámbito de las sociedades comerciales- que existe contrato de management o gerenciamiento cuando se cede o transfiere el “manejo” o “gerenciamiento” de una sociedad (la gerenciada), a otra compañía (la sociedad gerente, denominada manager), en condiciones que suelen estipularse en función del caso concreto (conf. Romero, “Gerenciamiento .”, obra supra referida, pág. 824).

A la luz de la caracterización expuesta, se ha señalado que el “gerenciamiento” es subsumible en la figura del mandato (art. 1869, Cód. Civil).

En efecto, según postulan la doctrina y jurisprudencia mayoritarias, existe entre las partes del contrato de gerenciamiento médico una relación de mandato, a través de la cual la gerenciada (o mandante) otorga prerrogativas de intermediaria a la gerenciadora (o mandataria) para que ésta la represente en las negociaciones con sus prestadores. Tratándose de un acuerdo por el cual el titular de un negocio jurídico encomienda la realización de determinados actos en su nombre y representación, pues, el mandatario debe actuar dentro de tal ámbito, estableciendo vínculos con terceros para comprometer al mandante (conf. CNCom. esta Sala A, 27.11.2007, in re: “Instituto.”, supra citado; id. Sala B, 14.08.2002, in re: “Ceprinef SRL c/ OSPIP”; íd. íd., 13.03.2003, in re:”Investigaciones Médicas SA c/ OSPIP”).

Este encuadre jurídico ha sido ratificado por la propia Superintendencia de Servicios de Salud en los considerandos de su resolución 7/2004, de los que surge que la figura del gerenciamiento, si bien no encuentra definición en normativas de alcance general, es asimilable legalmente a la del mandato -arts. 1869 ss. y cc.Cód.Civ.- (conf. CNCom, esta Sala A, “Centro Ronald de Kinesiología S.A. c/ OSME Obra Social del Ministerio de Economía s/ ordinario”, del 28/12/06).

Por otra parte, la “cesión de posición contractual” consiste en un negocio jurídico por el cual se transmite el conjunto de derechos y obligaciones que están adheridos a la calidad de parte y que se encuentran unidos a la posición contractual del cedente. Es requisito imprescindible de esta figura la existencia de deberes recíprocos pendientes, pues de lo contrario se estaría frente a una simple cesión de crédito o de deuda (conf. Lorenzetti, Ricardo; “Tratado de los contratos” T. II, pág. 90, citado en Borda, Guillermo; “Tratado de Derecho Civil. Contratos”, T. I, pág. 486).

Ahora bien, en este tipo de contratos el contratante cedido puede o no liberar al cedente, en el primer caso, el cesionario sucede en la posición contractual al cedente y éste queda eximido de toda obligación y, a la vez, pierde su derecho; en el segundo caso, el cedido mejora su posición pues, al no liberar al primitivo deudor, suma uno nuevo (el cesionario) al que ya tenía (el cedente), quien sigue obligado en toda la extensión del deber originario. El hecho de que el cedido no libere al cedente no importa ningún menoscabo en los derechos del cesionario ya que éste podrá ejercer siempre los derechos de su transmitente, esto es, exigir el cumplimiento, plantear la exceptio non addimpleticontractus y demandar la nulidad, resolución o rescisión contractual (conf. Lorenzetti, “Tratado.” ob. cit., pág.97/8).

4.) El “contrato de gestión sanitaria” suscripto por la demandada y “Fundación”.

Efectuadas las breves precisiones precedentes, cabe pasar a analizar las cláusulas principales -en lo que aquí nos atañe- del “contrato de gestión sanitaria” suscripto entre “Centro Gallego” y “Fundación”, en fecha 18.09.2002.

Mediante dicho convenio, que puede leerse a fs. 287/326, “Fundación” tomaba a su cargo la gestión sanitaria de la entidad mutual, teniendo bajo su responsabilidad la explotación de toda la estructura de propiedad de “Centro Gallego” que estuviera afectada a la actividad de asistencia sanitaria, permitiéndose la prestación del servicio tanto a los socios de esta última, así como a cualquier otro paciente que debiera ser atendido en la entidad con motivo de contratos o acuerdos suscriptos para la prestación de servicios médico asistenciales (véase fs. 288/9, cláusula 3ª).

El mencionado contrato tenía pactada una duración de veinte (20) años prorrogable, no obstante lo cual se convino que éste se daría por finalizado en el supuesto de que la gestión diere resultados económicos negativos durante dos (2) ejercicios consecutivos o tres (3) alternos en un período de cinco (5) años, debiendo restituirse, al finalizar el contrato, la totalidad de los bienes muebles e inmuebles cedidos en uso (véase fs. 292/3, cláusula 6ª).

Asimismo, se dejó constancia que “Centro Gallego” cedía en comodato a “Fundación”, para el cumplimiento de la gestión sanitaria, todos los bienes muebles e inmuebles que componían la estructura afectada a la actividad sanatorial (véase fs. 294, cláusula 7ª).

Se expuso -además- que serían beneficiarios de las prestaciones de “Fundación” la totalidad de los socios de “Centro Gallego”, agregando que la primera no podría incorporar prestaciones aranceladas a cargo de los socios de este último, sin previo acuerdo de “Centro Gallego” (véase fs.298, cláusula 13ª). También se señaló que “Fundación” tenía a su cargo la captación de nuevos asociados, no obstante lo cual la decisión sobre su aceptación a rechazo continuaba en cabeza de la mutual (véase fs. 298/9, cláusula 14ª).

Por otra parte, se indicó expresamente que “la atención de las contingencias sanitarias que afecten a los socios de Centro Gallego estará a cargo de la Fundación, por cuenta y orden de Centro Gallego, actuando ésta como agente de cobro de las cuotas sociales y de los aranceles prestacionales que correspondieren, encargándose de su facturación y posterior liquidación”, agregándose que “Fundación” debía liquidarle el 7% del importe de las cuotas que abonasen mensualmente los socios y que el remanente -así como cualquier otro ingreso- debía ser utilizado exclusivamente para el cumplimiento de la gestión sanitaria (véase fs. 299/301, cláusulas 15ª y 17ª).

También se pactó que “Centro Gallego” sería el encargado de determinar en forma anual el listado de socios alcanzados por el régimen de reducción de cuota y de condonación temporal de cuota, asimismo, la suspensión de los servicios a cualquiera de sus socios, debía ser ratificada por “Centro Gal lego” y cualquier aumento en la cuota debía ser sometido a consideración de este último (véase fs. 302/6, cláusulas 20ª, 21ª, 25ª y 27ª).

En otro orden, cabe puntualizar que las partes acordaron que “Fundación” tomaba a su cargo la totalidad de los pasivos del “Centro Gallego” y, paralelamente, este último transfería a la primera ciertos activos consistentes en créditos y cuentas cobrar, bienes de consumo y activos intangibles (véase fs.318/20, cláusula 47ª).

Respecto de las obligaciones contractuales, se señaló expresamente que “Fundación toma también a su cargo la totalidad de las obligaciones contractuales conocidas y documentadas que el Centro Gallego hubiera asumido, efectuando las gestiones e instrumentaciones que correspondieran y afrontando las consecuencias jurídicas de las decisiones tomadas en torno a ellas” (véase fs. 320, cláusula 47ª in fine).

Por último, se convino que “Centro Gallego” tenía a su cargo la función de auditoria de “Fundación”, debiendo esta última prestar toda la colaboración necesaria para el cumplimiento de tal función (véase fs. 322/3, cláusulas 51ª y 52ª).

5.) La implicancia del “contrato de gestión sanitaria” respecto de la prestación de servicios efectuada por la actora.

Ahora bien, analizadas las principales disposiciones del convenio de marras, debe concluirse que éste se trata de un contrato jurídico complejo, el cual contiene una gestión por parte de un tercero -“Fundación”- en interés exclusivo de “Centro Gallego”, verificándose, en definitiva, una relación atípica de gerenciamiento, con cesión de derechos de uso sobre diversos bienes y cesión de ciertos contractos.

En efecto, nótese que si bien no se demostró que “Fundación” hubiese invocado la representación de “Centro Gallego”, lo cierto es que, en definitiva, administró y gestionó las prestaciones propias de la actividad sanitaria de esta última, en su exclusivo interés, cumplimentando uno de los objetos fundamentales de “Centro Gallego”, todas ellas características propias del contrato de gerenciamiento.

Véase, en esa línea, que los beneficiarios de las prestaciones eran, en definitiva, la totalidad de los socios de “Centro Gallego” (véase fs.298, cláusula 13ª), es decir, de todos aquellos que eran beneficiarios de la atención de la demandada y a los cuales esta última tenía obligación de prestarles su servicio.

Agréguese que frente a los socios, “Fundación” siempre actuaba por cuenta y orden de “Centro Gallego”, pues en la cláusula 15ª del contrato suscripto entre partes se indicó, expresamente, que “la atención de las contingencias sanitarias que afecten a los socios de Centro Gallego estará a cargo de la Fundación, por cuenta y orden de Centro Gallego” (véase fs. 299, cláusula 15ª, el destacado me pertenece), siendo que la retención y el depósito de la cuota societaria que correspondiese ingresar en el INAES, también era efectuada por cuenta y orden de “Centro Gallego” (véase fs. 301, cláusula 17ª).

Añádase también, que en virtud del citado convenio, “Centro Gallego” no solo poseía funciones de “auditoria” como sostuvo la apelante en su memorial (véase fs. 322/3, cláusulas 51ª y 52ª), sino que conservaba amplias facultades de control respecto de la actividad desplegada por “Fundación”, circunstancia que es plenamente consistente con la existencia de un gerenciamiento.

Nótese, en ese sentido, que se pactó que “Fundación” debía contar con la conformidad de “Centro Gallego” para incorporar prestaciones aranceladas, así como también para aceptar nuevos asociados (véase fs. 298/9, cláusulas 13ª y 14ª). Asimismo, esta última determinaba qué socios se encontraban alcanzados por el régimen de reducción de cuota, así como también decidía respecto de la suspensión de los servicios o la condonación de cuotas, siendo que cualquier aumento en el valor de éstas debía ser sometido a su consideración (véase fs. 302/6, cláusulas 20ª, 21ª, 25ª y 27ª). Además cabe señalar que “Fundación” ni siquiera podía disponer de los importes percibidos por cualquier concepto, en razón de que éstos debían ser destinados exclusivamente al cumplimiento de la gestión sanitaria asumida (véase fs.300/1, cláusula 17ª).

Finalmente, no puede dejar de mencionarse que el hecho de que “Fundación” se trate de una institución sin fines de lucro, no presupone la gratuidad de la gestión realizada. No debe olvidarse que, conforme el contrato, “Fundación” era la encargada de percibir los importes correspondientes a las cuotas de los socios de “Centro Gallego” reteniendo el 93 % de ese monto para el cumplimiento de la gestión sanitaria (véase fs. 300/1, cláusula 17ª), debiendo considerarse que dentro de la suma afectada a dicha gestión se encontraban incluidos los honorarios por el gerenciamiento efectuado.

En ese contexto, no cabe sino concluir que, más allá de si el contrato en sí posee todas las características típicas de un contrato de “gerenciamiento” hospitalario, lo cierto es que, tal como fuera supra expuesto, en los hechos, “Fundación” administró y gestionó las prestaciones propias de la actividad sanitaria de “Centro Gallego” -en su exclusivo interés y bajo su control-, razón por la cual, mal puede sostener este último que era ajeno a las deudas contraídas por la primera en cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho gerenciamiento.

En ese sentido, ha sido dicho en casos análogos al presente que si la obra social o el ente mutual, en este caso, recurrió al gerenciamiento para la prestación de los servicios médicos esenciales que caracterizan su existencia, no puede resultar ajena a la deuda contraída en beneficio de sus afiliados por el mero hecho de haber apelado, para facilitar su gestión a una empresa intermediaria, porque ese recurso al gerenciamiento de facturaciones y pagos, configura un contrato de mandato, y los actos del mandatario dentro de los límites otorgados y las obligaciones adquiridas por él, son reputadas actos propios y personales del mandante (conf. Cám. Nac. Fed. Civ. y Com. Sala II, 21.05.2002, in re: “Clínica Privada San Jorge S.A.c/ Obra Social del Personal de Fábrica de Pinturas s/ ordinario”).

No obsta a la conclusión sostenida, el hecho de que la controlante de “Fundación” se trate de un ente público estatal (“Xunta de Galicia”), toda vez que, contrariamente a lo sostenido por la apelante, tal extremo no constituye óbice alguno para la existencia de un gerenciamiento.

Más allá de que lo precedentemente expuesto resulta suficiente para disponer el rechazo del recurso, a mayor abundamiento, cabe señalar que, aun en el supuesto de entender que, al pactarse que “Fundación toma también a su cargo la totalidad de las obligaciones contractuales conocidas y documentadas que el Centro Gallego hubiera asumido, efectuando las gestiones e instrumentaciones que correspondieran y afrontando las consecuencias jurídicas de las decisiones tomadas en torno a ellas” (véase fs. 320, cláusula 47ª in fine) se hubiera verificado una suerte de “cesión de posición contractual” respecto de los contratos en curso de ejecución que “Centro Gallego” hubiese celebrado con terceros, lo cierto es que este último frente a la actora, igualmente resultaba responsable por la totalidad de las deudas contraídas por “Fundación”. Es que, conforme al esquema de esta figura que ya hemos referido, quien resultara contratante cedido, siempre tiene la facultad de liberar, o no, al cedente y, en el supuesto de no liberarlo, este último sigue obligado en toda la extensión del deudor originario (conf. Lorenzetti, “Tratado.” obra citada, pág. 97/8).

En la especie, a poco que se examine la pieza de fs. 9, no se advierte que hubiese mediado liberación alguna de parte “Investigaciones Vasculares S.A.” respecto de “Centro Gallego”, sino que solo se verificó un cambio en la facturación, la cual a partir del 01.01.2003 comenzó a ser emitida a nombre de la “Fundación”, mas ello obedeció al propio pedido de “Centro Gallego” y en modo alguno surge evidente la voluntad del prestador de liberar a “Centro Gallego” de su posición contractual inicial (véase nota de fs.9).

Repárase que en el sub lite la supuesta “cesión” ni siquiera aparece debidamente notificada a la contratante cedida, en tanto la nota remitida por “Centro Gallego” y por “Fundación” a “Investigaciones Vasculares S.A.”, en fecha 17.12.2002, solo “informa” sobre la celebración de un acuerdo de colaboración entre el “Centro Gallego” y la “Xunta de Galicia”, que se ha creado la “Fundación” y que, en adelante, tendría a su cargo la “gestión” de la actividad sanitaria de “Centro Gallego”, indicando que la facturación debía emitirse a nombre de aquélla a partir del 1 de enero de 2003, mas en ningún párrafo se invoca la existencia de cesión alguna, ni mucho menos, fue acompañada copia del contrato en el que pudiera sustentarse la existencia o el propósito de una cesión con los efectos pretendidos (véase fs. 9).

En ese contexto, cabe concluir en que, aún en el supuesto de entender que la intención de “Centro Gallego” y de la “Fundación” al suscribir el “contrato de gestión sanitaria”, hubiera sido la de “ceder la posición contractual” que detentaba la primera en relación a la aquí actora, lo cierto es que, tal instrumentación no resultó idónea para liberar a “Centro Gallego” de las obligaciones asumidas para con terceros como la aquí accionante, debido a que esta supuesta cesión no fue debidamente notificada y, tampoco, se reitera, medió liberación expresa de parte de la contratante cedida, razón por la cual, no cabe sino disponer el rechazo de todas las quejas en lo que a la cuestión tratada se refiere.

Así las cosas, toda vez que con las probanzas rendidas en autos, se acreditó en debida forma la existencia de la deuda aquí pretendida (véase pericia contable obrante a fs.511/5, respuesta 3ª), no corresponde sino confirmar, por las razones aquí desarrolladas, la condena a satisfacer la suma de pesos un millón doscientos ochenta y cinco mil quinientos noventa y siete con 17/100 ($ 1.285.597, 17.-) dispuesta en la anterior instancia.

6.) El dies a quo de los intereses.

Encontrándose determinado el rechazo del recurso de la accionada y, por ende, la procedencia del reclamo deducido, solo resta ingresar en el tratamiento del reproche subsidiario deducido por la apelante en orden al momento a partir del cual corresponde computar los intereses fijados en la sentencia de grado.

Recuerdase que esta última sostuvo que su parte no se encontraba en mora en razón de que la actora jamás le reclamó de modo fehaciente el pago de las facturas cuyo cobro aquí se pretende, debiendo computarse los accesorios, por ende, desde la fecha de notificación de la demanda.

Ahora bien, toda vez que en el sub examine se ha concluido que la gerenciadora actuaba, en los hechos, en representación de “Centro Gallego”, cabe considerar que la presentación de las facturas ante aquélla y su falta de cancelación en tiempo oportuno, importó la constitución en mora de esta última.

En efecto, se comparte el criterio que postula que la recepción sin observaciones, por parte de la gerenciadora, de las facturas emitidas por servicios médicos, extiende sus efectos a la gerenciada, de forma tal que, también son para ésta, “cuentas liquidadas”, en los términos del art. 474 del Código de Comercio (conf. CNCom. Sala B, 24.07.2009, in re: “Med-Inter S.A. c/ Medicina Asistencial Solidaria S.A. y otros s/ordinario”).

Sobre la base de todo ello, corresponde desestimar el reproche subsidiario articulado por la parte accionada y, en consecuencia, deberá también confirmarse este aspecto de la sentencia apelada.

V.- Conclusión.

Por todo lo expuesto, propicio al Acuerdo:a.) Rechazar íntegramente el recurso de apelación deducido por la demandada y, en consecuencia; confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide; b.) Imponer las costas de esta Alzada a la recurrente en su calidad de vencida en esta instancia (CPCC: 68).

He aquí mi voto.

Por análogas razones la Señora Juez de Cámara Dra. Isabel Míguez adhiere al voto precedente.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron las Señoras Jueces de Cámara Doctoras:

Isabel Míguez y María Elsa Uzal.

Ante mí, María Verónica Balbi.

Es copia del original que corre a fs. del libro N° 125 de Acuerdos Comerciales – Sala A.

María Verónica Balbi

Secretaría de Cámara

Buenos Aires, 02 de noviembre de 2015.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve: a.) Rechazar íntegramente el recurso de apelación deducido por la demandada y, en consecuencia; confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide; b.) Imponer las costas de esta Alzada a la recurrente en su calidad de vencida en esta instancia (CPCC: 68). c.) Notifíquese a las partes y devuélvase a primera instancia; d.) A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1 de la ley 25.856, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN y con el objeto de implementar esa medida evitando obstaculizar la normal circulación de la causa, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará, mediante la pertinente notificación al CIJ, una vez transcurridos treinta (30) días desde su dictado, plazo durante el cual razonablemente cabe presumir que las partes ya habrán sido notificadas.

El Señor Juez de Cámara, Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers no interviene en el presente Acuerdo por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

Isabel Míguez

María Elsa Uzal

María Verónica Balbi

Secretaría de Cámara